- Los fondos de los ahorristas perjudicados se depositarían en cuentas bancarias
- La entidad se había concursado en 1991, quebró en 1995 y busca reanudar algunas actividades
La información sobre los pasos que se darán en los próximos meses fue proporcionada a LA NACION por Rubén Zeida, vicepresidente del Consejo de Administración de la entidad que comenzó el largo calvario de su crisis a fines de 1990 (ver aparte).
"Por primera vez estamos en el camino de salida", expresó Zeida.
En cuanto a la modalidad con que los ahorristas y proveedores que tienen Tip-Hogar podrán recuperar su dinero -después de más de 15 años-, el directivo señaló que se espera poder evitar "el bochorno" de lo ocurrido en febrero de 2004, cuando las personas, muchas de ellas de edad avanzada, debieron hacer largas colas para acceder a un monto equivalente al 14,81% de sus acreencias.
El objetivo es que, esta vez, se abran cuentas bancarias a nombre de los beneficiarios para depositar allí los fondos. "Esperamos que la gente no tenga que desplazarse", se esperanzó Zeida. Según el directivo, el Consejo de Administración no tiene datos exactos sobre la cantidad de deuda que, después de aquel pago parcial de 2004 está pendiente. Pero, según se estima, se trata de unos $ 100 millones, mientras que habría otros $ 60 millones en obligaciones con ex trabajadores, con el Fisco y con ex proveedores.
En rigor, es el Banco Ciudad la entidad que lleva adelante el proceso de venta de inmuebles y el pago posterior a los acreedores.
Actualmente, El Hogar Obrero está saldando su deuda con el Banco Nación. "Ya pagamos 30 millones de dólares y restan 16 millones", relató Zeida, tras recordar que la cooperativa había recibido el préstamo en 1990 "por 7,5 millones de dólares".
Además, el directivo especificó que la cooperativa tuvo más de 5000 juicios laborales de sus ex empleados (eran 14.500 en total).
Un dato que Zeida destacó especialmente es la renuncia del juez en lo comercial Eugenio Bavastro, que fue aceptada por el Poder Ejecutivo a partir del 1° de este mes. Según los directivos de la cooperativa, el magistrado había puesto palos en la rueda en el proceso del concurso de acreedores y había enviado a la entidad a la quiebra "por un subterfugio".
En junio de 2004, Bavastro había prorrogado una disposición de la jueza Julia Villanueva que ordenaba la intervención judicial de la cooperativa. La restitución a las antiguas autoridades se concretó en mayo de 2005, por decisión del Juzgado Comercial N° 18, a cargo de Germán Páez Castañeda.
Entre las propiedades que saldrán a la venta hay inmuebles ubicados en la Capital Federal (departamentos y locales comerciales), y bienes en varias localidades bonaerenses y en las provincias de Jujuy, La Pampa, Río Negro, Santa Fe y Tucumán. En el caso de La Pampa y Río Negro, además de locales comerciales, hay plantas de empaque de frutas.
El regreso
Según Zeida, existen planes para reflotar la actividad de la cooperativa, en función de los bienes que logre retener y "de cómo hacemos para recuperar la confianza de la sociedad".
Entre los proyectos, según apuntó el directivo en su diálogo con LA NACION, está el de reactivar una planta de elaboración de fideos secos en la ciudad de Lanús, que tuvo una capacidad de producción de un millón de kilos por mes.
Además, se proyecta la construcción de un complejo de 132 viviendas, en un terreno que es propiedad de El Hogar Obrero, ubicado en Paso del Rey.
Según una nota de Zeida publicada en el sitio web Mundo Cooperativo, la entidad está en campaña de búsqueda de asociados. La cuota de capital vale 10 pesos.
Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION
Una entidad pionera de la actividad cooperativa en el país
A lo largo de toda su historia la entidad desarrolló varios e importantes emprendimientos de índole comercial e inmobiliaria.
La emblemática cadena de supermercados Supercoop llegó a contar con más de 300 sucursales y fue precursora en algunas modalidades de venta, como la de tener productos con su marca.
La entidad cooperativa llegó a 2 millones de asociados y sus locales fueron el lugar de trabajo para 14.500 personas.
Además de otorgar créditos para la vivienda y el consumo, El Hogar Obrero tuvo participación en el sector de la industria alimentaria y en la fabricación de máquinas electrónicas para puntos de venta.
En los años 1989 y 1990 ocupó el 6° lugar en el ranking de empresas nacionales del sector comercio y servicios, detrás de cinco compañías encargadas de la provisión de servicios públicos. En ese momento, según recordó a LA NACION Rubén Zeida, vicepresidente de la entidad, se contaba con un patrimonio de 650 millones de dólares.
El largo proceso de crisis de la institución comenzó a fines de 1990, cuando el entonces ministro de Economía Erman González instrumentó el llamado plan Bonex, por la denominación de los títulos públicos que recibieron los ahorristas por sus plazos fijos. Después de esa medida de confiscación estatal de fondos, El Hogar Obrero pagó dinero en efectivo a sus depositantes, y después, "por necesidades de caja, se vendieron los Bonex al 27%", según relató ayer el directivo.
La hiperinflación de esos años ya había causado también graves efectos en momentos en que se habían encarado grandes proyectos.
Con toda la mochila de problemas, en marzo de 1991 la cooperativa se presentó en concurso de acreedores al argumentar la existencia de una situación de "iliquidez transitoria con solvencia patrimonial", tal como consigna la página web actual de la entidad.
En 1992, la cooperativa entregó a quienes tenían depósitos sin recuperar los llamados Títulos Patrimoniales El Hogar Obrero (Tip-Hogar), en representación de las acreencias por el dinero que habían confiado a la ya casi centenaria institución, fundada con premisas de solidaridad y cooperación.
En la historia del proceso que a partir de allí siguió la causa hubo un período, entre diciembre de 2003 y mayo de 2005, en el que la cooperativa estuvo intervenida judicialmente.
Fue hace un año cuando las autoridades originarias -el consejo de administración hoy es presidido por Daniel Martínez- pudieron ingresar nuevamente en la sede social y retomar sus actividades.
Ahora, junto a las proyecciones de un pago a los acreedores que se haría efectivo antes de que terminara 2006, los directivos hacen planes para ganar nuevos asociados y, a la vez, reactivar fábricas y encarar proyectos de construcción de viviendas.
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