Carta de la asociación docente  ADEMYS a los sindicatos docentes de la Ciudad.

Llevemos a la paritaria el mandato de la docencia. El cuadro de crisis económica en el que se enmarcan la devaluación, la inflación, los aumentos de tarifas, etc., afecta directamente el salario y las condiciones de vida de los trabajadores. Los ataques a las libertades democráticas son un recurso extremo del gobierno para imponer el ajuste y desactivar los conflictos.
La política del gobierno apunta a resolver el déficit del país desvalorizando nuestros salarios, por lo tanto, la pérdida del poder adquisitivo afecta directamente a nuestro gremio docente.
El gobierno de Macri-Bulrrich-Acuña ya anunció un techo salarial del orden del 20-30% (anualizado) en cuotas, cuando la inflación calculada excede el 35%. La oferta del gobierno del 22% en cuatro cuotas, constituye la demostración de la política de ataque al conjunto de los trabajadores y a la educación.
Al mismo tiempo, los docentes porteños hemos sido testigos de toda una serie de medidas que van en contra de la educación pública, como el ataque a las juntas, el instituto de evaluación
docente, la implementación de la NES, el achatamiento de la escala salarial, los problemas edilicios, la precarización laboral, el escandaloso caso de Elsa y Alejandra, todos puntos que deben ser colocados en la mesa de negociación.
Las iniciativas que ha llevado adelante el gobierno en nuestro gremio sólo se pueden derrotar con la intervención de los docentes. Las direcciones sindicales tenemos la oportunidad de abrir una vía de acción en este sentido, llevando la voz de nuestros compañeros a la propia mesa de negociación con una propuesta unificada, votada por los docentes en sus escuelas, que supere la fragmentación en 17 sindicatos con 17 propuestas distintas que la base del gremio desconoce.
Que sea el conjunto de la docencia la que intervenga en la Mesa Salarial a través de un plebiscito que unifique una propuesta que todos los sindicatos llevemos y defendamos a fin de poner en la primera línea de defensa el salario, las condiciones laborales y la educación pública de conjunto.
Proponemos llevar a cabo esto desde el 17 de febrero en todas las escuelas, y que cada sindicato ponga en consideración de la docencia su propuesta.
Ademys ha hecho público el pliego que presentamos en la Mesa Salarial: $12.000 de salario mínimo, no menos de 40% de aumento para todas las escalas y categorías, todas las sumas en blanco, en una sola cuota, retroactivo a enero, y la indexación mensual para enfrentar la inflación.
Esperamos su pronta y afirmativa respuesta para poner de pie una masiva votación e intervención de miles de docentes en la paritaria, como primer paso para construir un plan de lucha que dé una respuesta unitaria de toda la docencia para poder torcer el curso ajustador y anti educativo en la ciudad.

Consejo Directivo de ADEMYS

Elsa y Alejandra volvieron al Jardín

Foto: Ademys

Ademys acompañó a Elsa y Alejandra en su vuelta al jardín N° 2 de Flores. Con gran alegría compartimos el retorno de las compañeras luego de que el gobierno de la Ciudad las separara de sus cargos intentando culpabilizarlas de la trágica muerte del niño Agustín.
Gracias a la lucha de toda la docencia se logró esta importante victoria, que quedó plasmada en el fallo judicial que obligó al Ministerio a revertir la medida de separación de los cargos.
Seguiremos luchando por el cese del sumario a las compañeras que es también improcedente, injusto y arbitrario, como ya lo dijera la Junta de Disciplina.
SI TOCAN A UN@ NOS TOCAN A TOD@S!

Justicia por Iki

Foto: Ademys

Ante el ataque e intento de asesinato que sufrió Iki, militante popular del MP La Dignidad el pasado 12 de febrero, Ademys participó el lunes 15/2 de la masiva movilización exigiendo justicia por el compañero.
Nuestra solidaridad para todos los compañeros del movimiento.

Marcha en defensa de la Cultura Popular

LA JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ORDENÓ PROTEGER LOS EDIFICIOS CONSTRUIDOS O REGISTRADOS ANTERIORES A 1941

La Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires hizo  lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, ordenó que no se otorguen autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo el registro de planos), con respecto a la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada emplazados en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941, o en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral sea anterior a dicha fecha, así como de aquellos que se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría ´Edificios Representativos´, a menos que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales haya resuelto previamente, en forma expresa e individualizada, que el bien no posee valor patrimonial.

Asimismo, el Tribunal ordenó hacer saber públicamente la existencia y objeto de la causa judicial a efectos de que los interesados que así lo deseen puedan presentarse y tomar participación en la causa dentro del plazo común de quince (15) días hábiles judiciales. Aclaró que las eventuales presentaciones que tuvieren por objeto apoyar la pretensión deducida por la parte actora serán admitidas solamente si aportan una argumentación propia —es decir, que no replique la ya realizada en la demanda sino que proporcione nuevos fundamentos— cuyo contenido persuada al Tribunal de que su incorporación supone una contribución sustancial al desarrollo del proceso por su pertinencia al objeto de debate y su relevancia para la decisión del caso.

La sentencia fue dictada por el Dr. Aurelio Ammirato, Juez del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 10  en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL BASTA DE DEMOLER Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)” , Expediente N° 43501/0. Las causas judiciales fueron presentadas por la Asociación Civil Basta de Demoler –por la Preservación del Patrimonio Arquitectónico de Buenos Aires–, la Fundación Ciudad y la Asociación Civil y Vecinal S.O.S Caballito con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

A raíz de esta acción judicial, el día 26 de octubre de 2011 el Gobierno de la Ciudad y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires suscribieron un convenio para “la realización de tareas de asistencia técnica por parte de ´La FADU´ para definir un inventario de edificios de valor patrimonial a partir de la evaluación de 75.600 edificios (…) que forman parte de un universo de 134.000 inmuebles anteriores al año 1941 identificados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Facultad de Arquitectura fue remitiendo resultados parciales del relevamiento encomendado en el convenio, y de acuerdo a este relevamiento hasta el presente 5.284 inmuebles habrían sido incorporados[1] por la Secretaría de Planeamiento al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales, con carácter preventivo, hasta tanto sean evaluados de manera definitiva por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.

El Tribunal expresó que «los procedimientos que el ordenamiento jurídico establece para identificar y proteger los inmuebles cuyo valor histórico debe ser preservado no estarían concluidos y se encontrarían en curso de realización, de manera tal que no existiría aún un registro definitivo; y esta situación —cuya consecuencia es la falta de certeza sobre el conjunto de bienes a preservar— configura el peligro en la demora. Por tanto, a efectos de cumplir con el imperativo constitucional y legal de proveer adecuado resguardo a los bienes en cuestión, y de tal manera evitar la posible afectación del patrimonio histórico, resulta procedente hacer lugar a la medida cautelar solicitada».

Las organizaciones actoras denunciaron que la Ciudad había implementado una política de protección de los inmuebles de propiedad pública o privada cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría “Edificios Representativos“, a través de la creación del procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) instrumentado a través de la Ley Nº 2.548 cuyo plazo de vigencia culminó el 31/12/2011.

En virtud de ello, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentaron diversos proyectos de ley tendientes a la protección de aquellos inmuebles.  Sin embargo, el tratamiento legislativo de dichos proyectos no se llevó a cabo en forma previa a la fecha de finalización del plazo de vigencia de la Ley Nº 2.548.

Afirmaron, que en consecuencia, dicho proceso protectorio podría perder sentido si no se implementa una protección preventiva por el plazo que se extienda el debate legislativo en cuestión o hasta que se brinde una solución definitiva a la problemática[2].

Las organizaciones que impulsamos esta acción judicial invitamos a ser parte de este proceso judicial, tal como lo publicita y autoriza el juez de la causa, y nos ponemos a disposición para comentar el estado de la causa y cualquier otra colaboración que se requiera. Sentencia completa.