Desde la Unión de Gremios y Jubilados Estatales reafirmamos la unidad de criterio y acción en nuestra lucha y ratificamos la continuidad de las medidas de fuerza votadas por la Asamblea General. Aclaramos que la nota firmada por los Secretarios Generales es un recibido a lo que escribió el Legislador Oscar Rubinos y no al revés como lo informaron algunos medios que aclararemos más adelante. También informamos que se solicitará el juicio de residencia a todos los funcionarios del Gobierno de Ríos. Desde la Unión, se está organizando una convocatoria multisectorial para analizar en conjunto la política del gobierno de Rosana Bertone, debido a que el sector privado está comenzando a recibir el impacto de los ajustes del paquete de leyes y comienzan a manifestarse.
Queremos aclarar que cuando hablamos de unidad de criterio y acción nos referimos a que las medidas que se realizan están consensuadas entre los gremios y se votó en Asamblea General que parte de la profundización de la lucha era el “repudio social” a los legisladores y funcionarios de Gobierno. Esto no quiere decir que no se realicen gestiones y reuniones para alcanzar la realización de una mesa técnica. Siempre dimos garantías de buen trato a los Legisladores o funcionarios de Gobierno que han venido al acampe con la intención de alcanzar una vía de diálogo o a manifestar su postura.
La nota firmada por los Secretarios Generales de ninguna manera expresan un acuerdo en todo lo que escribe el Legislador Oscar Rubinos. Es un “recibido” donde el parlamentario se compromete a gestionar una reunión para el 5 de abril donde dice que: “… resulta conveniente suspender las medidas de acción directa…”. Esto es opinión del Legislador y no es un condicionamiento. No es un acta acuerdo. Creemos necesario aclararlo porque algunos medios se han confundido con esto y han confundido a su audiencia. También queremos aclarar que los Secretarios Generales quieren dialogar sobre todo el paquete de leyes y no solo las dos leyes que nombra Rubinos.
Desde la Unión de Gremios se solicitará el juicio de residencia a todos los funcionarios del Gobierno de Fabiana Ríos, ya que la actual Gobernadora Rosana Bertone manifestó en los medios radiales que no realizará ninguna denuncia ni investigará a la gestión saliente por no haber pagado los aportes y contribuciones al IPAUSS y ningún CPPM de la deuda que indicaba la Ley 676. Repudiamos que funcionarios de la anterior gestión como Rubén Bahntje, que fue Ministro de Economía, haya sido nombrado presidente del IPAUSS. Repudiamos también que el ex vicegobernador y candidato a Gobernador por el PSP, también sea ahora funcionarios de esta gestión. Gran preocupación nos invade el saber que quien preside y está al frente del Banco Tierra del Fuego, Miguel Angel Pesce fue citado a indagatoria por el Juez Federal, Claudio Bonadío, en una causa compartida con la ex presidenta Cristina Kirchner quien también fue citada junto a varios funcionarios por una operatoria de dólar a futuro que provocó pérdidas por más de $ 45.000 millones. Pesce en sus funciones nombró al ex vicegobernador Roberto Crocianelli como asesor de marketing en el Banco de Tierra del Fuego, quedando bien claro el acuerdo de impunidad durante la transición. Nos preguntamos si Crocianelli quedará como presidente del Banco en caso de que Pesce deba renunciar por el procesamiento judicial.
En la misma línea de Pesce, es muy preocupante y repudiable la incorporación de Luis María Capellano al Gobierno de Bertone, uno de los mentores de la Agencia de Recaudación Fueguina y del paquete de leyes, actual Secretario de Ingresos Públicos de la Provincia que es investigado por la Oficina Anticorrupción e imputado en dos causas penales en el caso “Lázaro Báez”.
La responsable del conflicto social en Tierra del Fuego es la Gobernadora Rosana Bertone que ha implementado una fuerte política de ajuste completamente contraria al proyecto político por el cual los ciudadanos la votaron. La ley más rechazada por toda la sociedad es la 1072, Ley de RUPE, que afecta gravemente a las personas con discapacidad, las más vulnerables. Les descontaron un 5% de su pensión, les prohibieron salir de la isla sin autorización y les quitaron la obra social de un día para otro sin aviso previo e interrumpiendo tratamientos. Debieron peregrinar en la justicia presentándose ante la Jueza Battaini del STJ y la Defensoría Pública. Rosana Bertone es responsable también de que no puede garantizar una mesa de diálogo que sirva para resolver el conflicto, ni siquiera con la mediación de jueces. Tampoco ayuda a acercar las partes con sus declaraciones mediáticas completamente provocativas.
La situación que hoy atraviesa la provincia no es responsabilidad de los trabajadores que solo realizan medidas de fuerza para recuperar los derechos que le quitaron.
Instamos a toda la clase política a que arbitren los medios para que no se agudice este conflicto social.

Ni un derecho menos en Tierra del Fuego!