Leandro Andrada fue el motorman que condujo la formación hasta la estación de Castelar, donde se la entregó a Marcos Córdoba, quien conducía el tren al momento del accidente; los gremios dicen que «no descartan» otros motivos además del robo.

Leandro Andrada, uno de los testigos de la causa que investiga el accidente ferroviario de la estación de Once fue hallado muerto con cuatro balazos en la espalda en una parada de colectivos del partido bonaerense de Ituzaingó.

El hallazgo ocurre a poco de que se cumpla un año de la tragedia, qué provocó la muerte de 51 personas y una por nacer, además de 800 heridos.

Andrada fue el motorman que condujo la formación de la línea Sarmiento hasta la estación de Castelar, donde se la entregó a Marcos Córdoba, quien es investigado por haber sido quien conducía el tren cuando ocurrió el accidente. Podía constituirse en un testigo central de la causa que lleva el juez Claudio Bonadío.

El conductor fallecido había declarado ante la Justicia que el tren partió de la localidad bonaerense de Moreno (a unos 40 kilómetros de Buenos Aires) con un retraso de 20 minutos y por ese motivo a lo largo de las estaciones llegó a acumular el triple de su capacidad.

Según su testimonio, la sobrecarga provocaba que el convoy circulase con mayor lentitud y para frenarlo era necesaria una antelación superior a la habitual.

Según informaron fuentes de la causa, Andrada -que tenía 53 años, estaba casado y tenía dos hijos- fue encontrado con cuatro balazos en la espalda en la parada de colectivos ubicada en el cruce de las calles José María Paz y Malabia, en el partido bonaerense de Ituzaingó y sólo le fue sustraído el teléfono celular.

«NO DESCARTAMOS NADA»

Horacio Caminos, secretario de prensa del gremio que nuclea a los maquinistas del sector ferroviario, La Fraternidad, dijo a LA NACION que si bien en un primer momento llegó la información sobre un robo a Andrada, no descartan otros posibles móviles. Por eso, expresó, están a la espera de las conclusiones judiciales sobre el caso.

El cuerpo de Andrada aún no fue entregado a la familia ya que todavía no le realizaron la autopsia.

Según Caminos, los delegados del gremio advirtieron desde ayer que «Andrada ni ningún compañero han tenido amenazas» o, por lo menos, que no había denuncias al respecto.

Sin embargo, el jefe de prensa expresó que todavía no se puede descartar «absolutamente nada». En ese sentido, comentó que con las primeras pericias se habría concluido que Andrada recibió tiros de lejos y uno de cerca, «lo cual hace suponer un remate».

Por su parte, Mario «Oso» Rodríguez, secretario de Relaciones Institucionales de la Unión Ferroviaria, opinó que la situación es «como mínimo confusa».

«Lo han asesinado de cuatro tiros y le han robado el celular en un país donde hay varios hechos de delincuencia o inseguridad. El compañero pudo haber sido víctima de un acto de delincuencia; pero no descartamos otros móviles, para nada», dijo.

«La Justicia tiene que resolver rápidamente esta situación para que no se generen otras situaciones que puedan crear más sospechas y confusión a poco de cumplirse un año de la tragedia de Once», agregó.

En tanto, la abogada María del Carmen Verdú, que, en carácter de querellante, representa a un grupo de familiares de las víctimas, dijo a la agencia DyN: «Suena todo muy raro, y un robo evidentemente no fue».

JUICIO ORAL

En la causa, el fiscal Federico Delgado acusó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi , y otros ex funcionarios que debían controlar a las empresas ferroviarias.También serán juzgados los empresarios de TBA, que fueron acusados por el fiscal por los mismos delitos: estrago culposo -sin intención- y fraude, al malversar los subsidios recibidos del Estado.

En tanto, el maquinista Marcos Córdoba quedó procesado por el estrago culposo, por lo que la fiscalía pretende sólo juzgarlo por su imprudencia al conducir al formación.

El expediente, que es llevado por Bonadío, fue elevado a juicio oral y público, un proceso que podría demandar al menos dos años.

Sobrevivientes y familiares de víctimas vienen realizando fuertes críticas hacia el Ejecutivo Nacional. Reclaman asistencia y denunciaron que las mejoras anunciadas son puramente «estéticas».

Ya convocaron a una movilización para el próximo 22 de febrero, cuando se cumpla un año de la tragedia, a las 19 e hacia la Plaza de Mayo. «Pedimos que la gente vaya con banderas de pedido de Justicia. Sin otras consignas», indicaron los familiares, y advirtieron: «No nos extrañaría que armen un acto o un anuncio para opacar nuestro acto. No se confundan. Es un acto nuestro. Es un día de duelo nacional y así deberían considerarlo».