Por Pablo Vasco para Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.
Carlos Menem impuso una serie de reformas al viejo Código Minero para abrirle paso a las corporaciones. En 1993 se aprobaron las leyes mineras de Inversiones (24.196), Reordenamiento (24.224) y Acuerdo Federal (24.228)1. En 1995 avanzó con las de Devolución del IVA (24.402), Actualización Minera (24.498), Comercio Minero (24.523) y la tramposa “Protección Ambiental” (24.585).
Las mineras lograron concesiones y estabilidad fiscal por 30 años, exención de aranceles de importación a bienes de capital, exención del impuesto a los activos, eliminación de gravámenes a las exportaciones, tope de regalías y capitalización de reservas, entre otros beneficios.
La entrega siguió. En 1997 se eliminó el uranio como mineral estratégico (25.225), en el 2000 se aprobó el tratado con Chile sobre el proyecto Pascua Lama (25.243) y en 2001 se votó la Actualización de Inversiones (25.429) con nuevos favores a las transnacionales.
“Una legislación positiva”
Que Menem y De la Rúa hayan sido agentes de las mineras no asombra. Pero en estos ocho años de gobierno los K no sólo no derogaron todo ese dispositivo entreguista, sino que les dieron más concesiones a las megamineras. En 2004, Néstor dictó el Decreto 753 para permitir que los nuevos proyectos no ingresen al país los dólares obtenidos por sus exportaciones2. En 2004 también hizo aprobar la Ley 25.924, que acepta deducciones especiales en el Impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA por compra de bienes de capital. Como todas las leyes de Menem, esa también sigue vigente.
En enero de ese año, Néstor presentó el Plan Minero Nacional a los empresarios del sector. Entre otras perlas, dijo: “El sector minero es uno de los pocos que durante la década del ‘90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un punto de inflexión… y fue mostrando un crecimiento casi permanente. Más allá de una legislación que nosotros estimamos que fue positiva, que ayudó, hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y desarrollo minero en la Argentina… Desde el gobierno nacional vamos a jugar fuertemente a apoyar al sector… para garantizar las perspectivas de rentabilidad.”
¡Y vaya si jugó fuerte! En 2004, las inversiones en minería triplicaron las de 2003. En sólo un año, la producción y las exportaciones subieron más del 12% a valor real3. En 2008 las megamineras exportaron por 3.900 millones de dólares, sin obligación de ingresarlos al país. A fin de ese año, Cristina vetó la Ley de Glaciares para preservar los privilegios de las mineras. En 2010, La Alumbrera sola extrajo oro y cobre por unos 2.000 millones de dólares. Hoy existen casi 400 proyectos mineros.
¿Qué es la megaminería?
El deterioro de la industria nacional y el agotamiento mundial de los yacimientos metalíferos hicieron cambiar el perfil minero argentino. Se adecuó la legislación para permitir la irrupción de la megaminería metalífera a cielo abierto, en manos de multinacionales y con un tremendo impacto ambiental.
El oro y los metales se extraen por el proceso de lixiviación. Con explosivos destruyen los cerros para desprender grandes volúmenes de roca. La trituran y la mezclan con enormes cantidades de agua. Luego separan los metales valiosos utilizando solventes, sobre todo cianuro de sodio. La filtración de los residuos trae graves consecuencias para los suelos, napas, fauna, flora y población.
Esta contaminación criminal va de la mano con el saqueo. Pino Solanas lo muestra bien en su película Oro Impuro. La megaminería empobrece a las poblaciones afectadas y se lleva mucho más de lo que trae. La web oficial de la Agencia de Desarrollo de Inversiones4 informa los “incentivos sectoriales para la inversión minera”, que dan vergüenza ajena de sólo leerlos:
• Deducción del 200% de los gastos de exploración, deducción de hasta el 100% de los gastos en estudios de viabilidad, y amortización acelerada para las inversiones de capital, para el cálculo del Impuesto a las Ganancias.
• Devolución del IVA de los gastos de exploración; devolución anticipada y financiación del IVA para proyectos nuevos o ampliaciones, compra de bienes de capital e inversiones en infraestructura.
• Estabilidad fiscal por 30 años desde la presentación del estudio de factibilidad.
• Exención de aranceles de importación de bienes de capital, exención del Impuesto sobre los Activos y eliminación de gravámenes a las exportaciones, impuestos provinciales y municipales e impuesto de sellos.
• Tope de regalías al 3% del valor en boca de mina5 y capitalización de reservas mineras hasta un 50%.
• Durante los primeros 5 años de concesión, se exime a la propiedad de las minas de todo gravamen o impuesto a la producción y comercialización.
Todas estas prebendas que ofenden la dignidad nacional siguen en pie. Como bien denuncia Miguel Bonasso en su libro El Mal, la megaminería es un pilar del modelo K.
1 Se traspasó el dominio originario del subsuelo a las provincias, aberración que luego convalidó la Reforma Constitucional de 1994.
2 Cristina lo derogó recién en octubre pasado ante la falta de divisas; o sea, rigió siete años.
3 En el 2000 la inversión extranjera en actividades extractivas era el 20% del total de inversiones; en 2005 trepaba al 44%.
4 ADI: en la actualidad depende del Ministerio de Relaciones Exteriores.
5 Se calcula en base a las “declaraciones juradas” de las empresas, sin ningún control estatal.
Cristina salió a criticar a las empresas petroleras porque “no invierten” y porque cobran “precios abusivos”. ¡Chocolate por la noticia! Esos pulpos, a los que el gobierno K les vino prorrogando largamente sus contratos de concesión, pretenden subir […] Más»
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