Buenos Aires, 12 de enero (Télam).- El ex jefe naval Carlos Daviou seguirá detenido en el penal de Marcos Paz luego de que la Cámara Federal negara su traslado a una unidad militar, tal como lo había solicitado la defensa del represor que actuó en la ESMA durante la última dictadura militar.
De este modo, Daviou sufrió un nuevo revés judicial al fracasar en su intento de que la Justicia declarase la inconstitucionalidad de la Resolución 983/08 del Ministerio de Defensa, que prohibió el alojamiento en unidades militares de procesados o condenados por delitos de lesa humanidad.
En sintonía con lo que ya había resuelto en primera instancia el juez federal Sergio Torres, la Sala II de la Cámara Federal resolvió que "no corresponde proceder a la declaración" solicitada por el abogado Alfredo Solari, defensor del represor procesado por gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Así lo consignaron hoy a Télam fuentes judiciales, quienes precisaron que la decisión fue tomada antes de que se iniciara la feria judicial.
El letrado argumentó que desde que su asistido fue derivado al Complejo Penitenciario de Marcos Paz (en octubre último), comenzó a sufrir inconvenientes en sus traslados para consultas médicas psiquiátricas por lo que reclamó la inconstitucionalidad de la Resolución 983/08 del Ministerio de Defensa.
En su decisión, los camaristas Martín Iruzun y Eduardo Farah -de la Sala II- desestimaron los argumentos de la defensa de Daviou y aseguraron que el represor "ha sido trasladado a las entrevistas psiquiátricas a los fines del cumplimiento de los análisis y estudios físicos encomendados".
Los magistrados describieron una a una las numerosas ocasiones en las que el ex jefe naval fue sometido a estudios médicos y sostuvieron que no se advierte que "las contadas ocasiones en que aquellos no lograron efectivizarse acarrearan inconvenientes de imposible reparación ulterior".
En marzo del año pasado, el juez Torres había ordenado la detención de Daviou junto a otra decena y media oficiales de la Armada, policías y miembros de la Prefectura Naval, entre ellos los marinos Luis Wis Navarro, Rodolfo Remoti, José Néstor Estévez, Leopoldo Suárez del Cerro, Mario Palet, Rubén Franco, Eduardo Girling, Edgardo Aroldo Otero, Ricardo Lynch Jones, Alberto Vigo, y Miguel García Velazco.
Los oficiales de la Armada Miguel Angel Alberto Rodríguez, Julio Binotti y Carlos Octavio Capdevilla, junto al miembro de la Prefectura Naval Jorge Manuel Díaz Smith y a los policías Juan Carlos Fotea (extraditado desde España en 2007) y Claudio Pittana, también estaban incluidos en las órdenes de detención dispuestas por Torres.
Los informantes explicaron que algunos de los oficiales de la Marina "deben responder por su propia actuación", entre ellos García Velazco, Rodríguez, Wis Navarro, Lynch JOnes, Daviou, Binotti y Capdevila.
Por su parte, Remoti, Estévez, Suárez del Cerro, Palet, Franco, Girling, Otero y Vigo aparecen involucrados "por la responsabilidad que les correspondería en razón de su posición en la cadena de mandos".
A Remoti se le imputan 64 hechos ocurridos entre 1980 y 1982; a Estévez 89, entre 1978 y 1979,; a Suárez del Cerro 169, entre 1978 y 1982; a Palet 8, en 1983; a Franco 225, entre 1977 y 1981; a Girling 64, entre 1979 y 1982; y Otero 319, entre 1977 y 1982 al igual que Vigo.
Las mismas fuentes recordaron que "la inmensa mayoría de ellos estaban en libertad y es la primera vez que se libran órdenes de detención en su contra", por delitos de lesa humanidad.
Cuatro ex oficiales continuaran detenidos Télam
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