Plataforma 2012

En el análisis de la década de los gobiernos de Néstor y Cristina F. de Kirchner  tanto el oficialismo como quienes colaboran en la elaboración de la fundamentación de sus políticas y acciones, tienden a colocar el tema de los derechos humanos en un lugar central. Ciertamente, el gobierno nacional se autodefine como “el gobierno de los derechos humanos”, promocionando con ello la idea de que su política en este campo ha sido y es inobjetable. Esta idea ha tenido tanta pregnancia en una parte de nuestra sociedad que aun muchos de los que disienten con el conjunto de la política del gobierno nacional tienden a naturalizar este enunciado.

Desde Plataforma 2012 consideramos que este enunciado debe ser cuestionado en la medida en que se contradice con dimensiones y aspectos muy importantes de la realidad. 

Por un lado, desde Plataforma 2012 consideramos que la política iniciada en 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner, vinculada al juzgamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, no debe ser leída de modo exclusivo como producto de la acción de un gobierno determinado, sino también como el resultado de la historia y la acumulación de luchas de un amplio abanico de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos. Asimismo, creemos que en el campo de los derechos humanos hoy en día existen elementos importantes que dan cuenta de la persistencia de la impunidad.

Por otro lado, a pesar de su obturación y denegación por parte del oficialismo, en la última década los gobiernos del matrimonio Kirchner fortalecieron el entramado legal que sostiene la recurrente y creciente violación de los derechos humanos en el país mediante las políticas de criminalización de las luchas sociales. De este modo, durante los últimos diez años se ha ido consolidando una política de judicialización de la protesta y de la pobreza, así como la tendencia a la represión de los movimientos sociales y comunidades indígenas, que ha dejado como saldo un elevado número de muertos en manos de las fuerzas represivas del Estado.

Por último, no podemos dejar de mencionar dos inflexiones que revelan de manera directa la fractura misma de la política de derechos humanos y muestran su contradicción con el discurso oficial, como es el caso de las dos leyes antiterroristas promovidas por el ejecutivo y votadas por el oficialismo en 2006 y 2011, y la designación del general César Milani al mando del ejército, sobre quien pesan graves acusaciones por la violación de derechos humanos bajo la última dictadura militar.

En el siguiente documento nos proponemos desarrollar algunas de estas cuestiones fundamentales que ponen en evidencia las preocupantes violaciones de derechos humanos verificadas en la última década en el país.

I- UN RECORRIDO POR LA DÉCADA

Los logros de la sociedad argentina en materia de derechos humanos reconocen una larga historia en contextos muy disímiles y que fueron creando las condiciones para que el país sea reconocido internacionalmente como un ejemplo en la materia. Así, los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad cuentan ya con una larga historia en la Argentina. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el momento histórico en que se realizaron los primeros juicios a las Juntas Militares, bajo el gobierno de Raúl Alfonsin, los protagonistas de la represión seguían ocupando sus posiciones en las fuerzas armadas. El enunciado mismo de los juicios, por los “excesos en la lucha contra la represión”, ilustraba el estado de la cuestión.

Asimismo, para analizar los hechos ocurridos en relación al juzgamiento de los culpables de las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar es imprescindible reconocer el papel relevante del conjunto del movimiento en defensa de los derechos humanos que, iniciado durante el período de la dictadura por las Madres de Plaza de Mayo, mantuvo su vigencia a lo largo de todos los gobiernos constitucionales al tiempo que fue incorporando nuevos temas y nuevas generaciones de militantes. Gracias a las luchas de las diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, y a pesar del objetivo que tenían tanto las leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas en 1987 durante el gobierno de Alfonsín como los indultos otorgados por Menem (1990 y 1991), la exigencia de justicia por las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar continuó teniendo plena vigencia durante todos estos años. Como ejemplo, basta señalar que al cumplirse 20 años del último golpe de Estado militar se produjo una gran reactivación del movimiento de derechos humanos, y surgieron en todo el país las agrupaciones de Hijos de desaparecidos, que a través de la metodología conocida como “escrache” mantuvieron vigente en la agenda pública la denuncia de la impunidad de los represores en libertad.

Posteriormente, durante el breve gobierno de la Alianza fueron derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero su efecto fue nulo debido a que no podía tener aplicación retroactiva. En cambio, el amplio movimiento de derechos humanos continuó exigiendo la anulación de dichas leyes, para poder realizar los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad. En ese contexto, la declaración de estado de sitio por parte del entonces presidente Fernando De La Rúa detonó la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. Esta rebelión, que liberó una enorme energía social contestataria que recorrió la Argentina, cuestionó las instituciones del sistema a través de la consigna “Que se vayan todos” y abrió el escenario a una crisis de representación y gobernabilidad que, entre otras cosas, amenazó con la propia estabilidad institucional y generó una honda preocupación en los sectores dominantes. Como dato sobresaliente de este contexto, el asesinato de los jóvenes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el 26 de junio de 2002, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, volvió a colocar en el centro de la agenda pública el tema de derechos humanos y la memoria de “la gran represión” de los años ´70. Todo esto produjo una respuesta social que puso nuevamente en cuestión la estabilidad del sistema institucional y obligó al entonces presidente interino Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones generales.

Después de febriles negociaciones, en 2003, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional el proyecto de ley que anulaba las leyes de impunidad (encabezado por la entonces diputada Patricia Walsh). Esta ley implicó un cuestionamiento a las instituciones formales, ya que la anulación permitió actuar sobre hechos previos, generando una situación inédita en el campo de lo legislativo. El protagonismo social de numerosas organizaciones populares impuso la legalidad de aquello que había sido legitimado durante muchos años de protesta y movilización social y que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final habían pretendido cancelar.

La anulación de estas leyes permitió la realización de los juicios contra los responsables de violaciones de derechos humanos. Estos juicios tienen una enorme importancia histórica y simbólica, porque implican el reconocimiento por parte del Estado del genocidio perpetrado, algo que estuvo ausente durante los primeros juicios, realizados bajo el gobierno del entonces presidente Alfonsín.

Es necesario señalar, no obstante, que los juicios iniciados durante la etapa kirchnerista presentan enormes falencias. Enumeremos dos de ellas:

– Por la magnitud de la represión hubiera sido necesario implementar las medidas que garantizaran que el objetivo de justicia se hiciera realidad mucho más rápida y ampliamente. Tal como señalan numerosos organismos de DDHH independientes, las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas. Mientras algunos casos se repiten en varios juicios y los mismos testigos tienen que recorrer juzgados una y otra vez, son miles los casos que no llegan a juicio oral.

Organismos de DDHH independientes vienen sosteniendo desde hace tiempo la necesidad de que los juicios sean por campo de concentración y por circuito represivo, incluyendo a todos los represores y por todos los detenidos desaparecidos. Después de 10 años de demanda persistente se ha logrado que algunos juicios se realicen por un número amplio de casos y de represores (ESMA, La Perla en Córdoba, Jefatura y Arsenal en Tucumán).

– El gobierno no abrió todos los archivos de la dictadura. Sólo fue dada a conocer una parte del archivo del Batallón 601. Esta apertura hubiera permitido contar con información fundamental, por ejemplo, datos sobre el destino de niños apropiados, nombres de represores que revistaban en aquella época, permitiendo conocer cuáles siguen en actividad y en qué función. A raíz de la información que tomó estado público sobre el archivo del batallón 601, por ejemplo, pudieron conocerse las actividades de inteligencia de Gerardo Martínez, Secretario General de la UOCRA. Recientemente, el Ministerio de Defensa informó del “descubrimiento” de un nuevo archivo que se haría público el 24 de marzo próximo. Esto vendría a demostrar lo que numerosas organizaciones de DDHH vienen denunciando desde hace tiempo: que los archivos existen, y que es posible acceder a ellos.

Durante la los gobiernos del matrimonio Kirchner, comienza a desarrollarse una política de incorporación al Estado de dirigentes y organizaciones de DDHH (puestos, cargos oficiales, entre otros). Lo fundamental de esta “incorporación” es que se traduce en una falta de independencia de las organizaciones y personalidades referentes en la materia con respecto al gobierno: exige no sólo apoyo al oficialismo, sino el silencio respecto de temas relativos a violaciones actuales de los DDHH, cuando la denuncia de las violaciones a los DDHH ha sido y debería seguir siendo la razón de ser de dichos organismos. Asimismo, la subordinación de diferentes organizaciones y personalidades al gobierno se profundizó, acompañada, en algunos casos, con acuerdos económicos espurios (tal como ha sido el caso de la cooperativa “Sueños Compartidos”).

Al mismo tiempo, muchas organizaciones y espacios de DDHH que mantuvieron su independencia respecto del gobierno nacional, sufrieron intentos de fracturas o divisiones. Por último, fechas históricas como el 24 de marzo, día que moviliza al conjunto de las organizaciones de derechos humanos y fuerzas políticas y sociales, han sido motivo de conflictos y disputas absurdas y aberrantes (en algunos casos hubo incluso hasta situaciones de agresión física), a causa del intento de apropiación de las organizaciones oficialistas, quienes han tratado de impedir el ingreso a la Plaza de Mayo de las organizaciones históricas de defensa de los derechos humanos, no alineadas con el gobierno.

-La persistencia de la impunidad

La desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, el 18 de septiembre de 2006, fue un punto de inflexión que dio por tierra con la ilusión del Nunca Más y aparece por ende como un ejemplo paradigmático de la persistencia de impunidad.

En este punto no hay dudas: el gobierno tenía la responsabilidad de impulsar las medidas necesarias para lograr la aparición con vida de Julio López, así como la búsqueda y sanción de los responsables de su secuestro y de todas las agresiones, amenazas y secuestros posteriores. Sin embargo, la presidenta Cristina Kirchner jamás mencionó el nombre de Julio López. Por su parte, su ministro Aníbal Fernández presuponía, al igual que Hebe Bonafini, que se trataba de una “desaparición voluntaria”.

Hubo otros hechos también muy graves: así, en circunstancias que indican claramente un crimen político, en marzo de 2010, fue asesinada en la provincia de Santa Fe Silvia Suppo, querellante y testigo en la “Causa Brussa” (2009). Quedaron impunes también secuestros transitorios y amenazas a querellantes y testigos. Por último, el “suicidio” del prefecto Héctor Febres, torturador y responsable de crímenes de lesa humanidad, ocurrido en 2007 mientras se hallaba en prisión preventiva en la Prefectura Zona Delta, aún no fue esclarecido.

II. EL DERECHO A LA PROTESTA

Desde Plataforma 2012 consideramos que la protesta puede entenderse como aquel derecho que sirve para mantener en pie al resto de los derechos. Ello es así, de modo especial, si pensamos al derecho en relación con el contexto para el que se crea y en donde se aplica, y comprobamos que nuestro derecho nace en el marco de sociedades definidas por la desigualdad. Hasta hace pocas décadas, nuestra sociedad no tenía los niveles de pobreza y desigualdad que hoy tiene. Tanto la dictadura militar, como la década menemista y el breve gobierno de la Alianza, conllevaron una multiplicación de las desigualdades. Durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, algunas de estas desigualdades se redujeron, especialmente en los primeros años. Pero muchas persistieron y otras se ampliaron en los últimos años (salariales, regionales, territoriales, acceso a los servicios básicos, entre otras). Estas asimetrías persistentes reafirman la centralidad del derecho a la protesta social, el cual además merece ser interpretado del modo más amplio.

En un contexto de profundas desigualdades hay más razones para el reclamo social. Ello, por un lado, porque entonces tienden a aparecer mayores niveles de maltratos, agresiones y situaciones de abuso sobre los sectores más vulnerables; y por otro lado, porque en contextos de desigualdad es más frecuente que aparezcan derechos que son violados por sistemáticas acciones y omisiones por parte del poder (tales violaciones son las que, al menos en parte, explican la presencia y sobre todo el mantenimiento de la desigualdad).

Asimismo, el derecho a la protesta resulta más relevante en países como el nuestro, en donde existen tradiciones y repertorios de movilización y de protesta, esto es, donde el pueblo se pone de pie en reclamo de lo que considera que le corresponde. Y más todavía, el derecho de protesta se hace acreedor de un respaldo especial cuando tales repertorios y prácticas de movilización, que acostumbran a canalizarse institucionalmente a través de estructuras sindicales, adoptan nuevas características y lenguajes movilizacionales, dados los cambios operados en la estructura socio-económica y la ampliación de las fronteras del conflicto social (menores niveles de afiliación sindical; comisiones internas que enfrentan a las direcciones sindicales, sindicatos más dispersos; mayores niveles de desempleo y trabajo en negro, emergencia y multiplicación de reclamos y organizaciones territoriales y ambientales), que exigen el reconocimiento de las nuevas formas de reclamo.

Finalmente, el derecho a la protesta de los grupos más vulnerables requiere niveles de protección mayores cuando reconocemos que tales grupos han quedado en su situación de desventaja por razones que son ajenas a su propia responsabilidad –una situación que se corresponde con faltas y ausencias del Estado-; que el nivel de las violaciones de derechos que sufren es muy alto (sobre todo, a la luz de los compromisos de resguardo asumidos constitucionalmente por el Estado); y que el cierre de los canales de expresión (canales informales que implican el recurso, muchas veces, a medios improvisados), o el desaliento de la protesta, implicaría dejar a tales grupos, virtualmente, sin posibilidades efectivas de tornar audibles sus reclamos más básicos.

De lo que se trata, en definitiva, es de repensar los modos en que entendemos la democracia, en contra de una visión que emana habitualmente desde el poder y que sugiere que la democracia se reduce al voto que se ejerce en elecciones que se dan cada dos o cuatro años. La democracia se ejerce y merece ser ejercida todos los días, en el desafío y cuestionamiento permanente a autoridades y poderes que concentran el manejo de los medios productivos, comunicativos y represivos.

-La legislación represiva sancionada desde 2003

En nuestro país, el repertorio global de acciones y prácticas de control social con las que los grupos de mayor poder organizan la gobernabilidad se desarrolló de manera intensiva en la década de los `90 bajo el gobierno de Carlos Menem, a través de la criminalización de la protesta sindical, de las organizaciones de desocupados y otras luchas socio-territoriales, de la criminalización de la pobreza y el avance del gatillo fácil en el marco de la doctrina de seguridad ciudadana.

Desde Plataforma 2012 consideramos que, en la última década, el gobierno nacional ha fortalecido el complejo entramado legal que sostiene la política represiva. Así, a nivel nacional se han impulsado distintas modificaciones al Código Penal: la reforma Blumberg y la sanción de la Ley Antiterrorista. Todas las reformas tuvieron un mismo contenido: agravar las penas, dar más facultades a los fiscales y crear nuevos tipos de juicios que restringen la posibilidad del acusado de defenderse legalmente.

Respecto de las leyes Antiterroristas debe recordarse que Néstor Kirchner manifestó su compromiso en la lucha contra el “terrorismo”, siendo por su iniciativa que la República Argentina aprobara el 30 de marzo de 2005 la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Un año después y ante la presión de los Estados Unidos, Kirchner envió un proyecto de ley antiterrorista de su propia autoría al Congreso Nacional el 20 de diciembre de 2006. Posteriormente, a fines de 2011, se sancionó la segunda Ley antiterrorista.

Asimismo, en la ciudad de Buenos Aires, el actual oficialismo porteño, en un acuerdo con el Frente para la Victoria y sus aliados, junto con otras fuerzas, pactaron y sancionaron el Código Contravencional de la Ciudad, creando una herramienta que ha sido utilizada para criminalizar las luchas sociales.

Por último, se ha vuelto a poner en debate la propuesta de bajar la edad de imputabilidad.

-Leyes antiterroristas

El término terrorista cuenta con una larga historia en el lenguaje político, pero se ha utilizado muy especialmente a los efectos de demonizar a los opositores políticos.

La sanción de leyes antiterroristas intenta producir dos efectos simultáneos: por un lado castigar, por otro lado, intimidar, paralizar, dividir, romper lazos de solidaridad. Además, la figura de terrorista busca producir un particular efecto en la subjetividad de masas a fin de generar un consenso favorable para aislar a aquellos que luchan en defensa de sus derechos. Todos los gobiernos crean mecanismos para la generación de consensos favorables, ya que éste es el instrumento principal para garantizar el control y disciplinamiento social. Obviamente que no es posible comparar la represión implementada por los diferentes gobiernos constitucionales con el terrorismo de Estado de la dictadura militar, pero la sanción de esta ley opera no sólo como instrumento represivo directo sino que conlleva una alta eficacia simbólica.

Por otro lado, el estrecho vínculo que existe entre la recientemente aprobada reforma de la  Justicia¹ y la ya sancionada ley antiterrorista resulta evidente. La última tiene como principal objetivo mantener bajo amenaza a los militantes populares y luchadores sociales, mientras que la primera se interesa en mantener bajo amenaza a los jueces díscolos.

La reforma a la Justicia promete por arriba lo que la ley antiterrorista ya obtiene por abajo, esto es, apremiar y desalentar a los críticos, objetivos que comparten con tantas otras herramientas, abierta u ocultamente empleadas desde el Gobierno (y que incluyen desde las amenazas impositivas hasta el recurso frecuente a los servicios de inteligencia).

Ninguna novedad, más bien una rutina para el oficialismo. Se trata, en ambos casos, de reformas antipopulares y antidemocráticas, situadas lejos de la retórica grandilocuente que vino a rodearlas.

Pero volvamos atrás. El momento en que el oficialismo aprobó la ley antiterrorista resultó singular y curioso. Con debida obediencia, sus defensores sostuvieron que aprobaban la ley pero que nunca la aplicarían. El argumento era notable, y ello por varias razones. Primero, porque el Gobierno dictaba una ley que al mismo tiempo juraba que jamás utilizaría; segundo, porque hasta ayer al menos, los políticos oficialistas no eran los jueces encargados de aplicar frente a un conflicto las normas que ellos mismos dictaban; y tercero, porque el oficialismo hablaba como si no existiera posibilidad de que un gobierno de signo diferente lo reemplazara. En todo caso, debe decirse que con la ley antiterrorista primero, y con la reforma a la justicia luego, el oficialismo pudo ofrecerle dos regalos invalorables e inesperados a un futuro gobierno: a ese gobierno, el oficialismo le sirvió en bandeja dos normas que otras fuerzas con tradición más reaccionaria o de derecha no se hubieran animado a dictar, y no hubieran podido jamás hacerlo.

Cabe agregar que la presidente de la Nación envió el proyecto al Congreso. El discurso presidencial fue marcado por el silencio, mientras la ley se aprobaba entre gallos y medianoche. Por último, la sanción de la ley antiterrorista no debe ser leída como una anomalía, ni tampoco como un aspecto disruptivo con relación a la política de derechos humanos del gobierno. Antes bien, ésta guarda coherencia con la política oficial de DDHH, que contrapone la épica de un discurso nacional, popular a una realidad de criminalización de la protesta y la pobreza que nos golpea día  a día.

Ahora bien, la afirmación sobre la ley que el Gobierno dicta para no aplicar nunca parece graciosa, pero en realidad es falsa: la ley antiterrorista ya está en vigor y sus efectos se sienten con independencia de que un juez se decida a imponerla.

Para los militantes sociales, y en particular para los miles de luchadores de base hoy procesados, la sola existencia de la ley representa una amenaza para su destino. Hoy ellos saben que si se deciden a manifestarse en contra del Gobierno corren el riesgo de perder incondicionalmente la libertad de la que hoy gozan, pero pendiente de un hilo. No importa, entonces, lo que luego hagan o dejen de hacer los jueces o funcionarios adictos: la amenaza ya existe, es grave, y con eso basta.

Son diversos los casos en los que las autoridades políticas o judiciales amenazaron con aplicar la ley antiterrorista. Esta amenaza funcionó por ejemplo en el caso de las puebladas contra la megaminería en 2011 (sobre todo en la provincia de Catamarca, donde durante 2012 se sucedieron 7 episodios de represión y numerosas detenciones en sólo siete meses), y, recientemente, en Neuquén, contra el movimiento de rechazo al fracking y de denuncia del acuerdo entre YPF y Chevron.

Así, a las personas que salen a manifestar su legítimo derecho a la protesta se las sustantiva: han dejado de ser miembros de una comunidad, de un movimiento social, de un grupo comunitario: son terroristas. Y esto conlleva un efecto subjetivo y estigmatizador con el sólo hecho de amenazar con la aplicación de la ley, no con su implementación efectiva.

Por último, la probable aprobación del proyecto de reforma del código civil y comercial –cuya aprobación por parte de la Cámara Baja fue pospuesto por el oficialismo para marzo de 2014- plantea varios problemas. Entre ellos, los que se advierten en materia de derechos indígenas, en donde lo escrito está en directa contradicción con lo establecido por la Constitución vigente, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El proyecto no ha asegurado la participación y consulta previa requeridas por la normativa vigente (lo cual amenaza la constitucionalidad del mismo); incorpora el régimen de propiedad comunitaria indígena en un marco de derecho privado regido por principios que le son ajenos; otorga la titularidad del derecho sólo a las comunidades indígenas registradas como personas jurídicas (hoy, en ocasiones, el Estado reconoce la personería a agrupaciones no reconocidas a nivel provincial, y viceversa, lo que preanuncia los problemas y manipulaciones por venir); y vincula la propiedad indígena sólo con inmuebles rurales.

Asimismo, las intervenciones del Ejecutivo Nacional en el anteproyecto se han dirigido a dos objetivos centrales: darle un giro más conservador al Código, y evitar la investigación de funcionarios involucrados en hechos de corrupción. Ha eliminado del anteproyecto original de reforma del Código Civil un artículo sobre el acceso al agua como derecho humano fundamental, pese a que la inclusión de este derecho fue reafirmada por diferentes organizaciones y juristas en las audiencias públicas. Ha eliminado la regulación de la «acción colectiva», y también la categoría de «derechos individuales de incidencia colectiva». Al mismo tiempo, ha ordenado que los funcionarios públicos queden eximidos de la responsabilidad civil por los daños cometidos en el ejercicio de sus funciones.

III- LA CRIMINALIZACIÓN Y LA REPRESIÓN DE LA PROTESTA

La criminalización de las luchas sociales no es algo que ocurre solo en Argentina o en otros países de América Latina, ya que ésta forma parte de una estrategia global de disciplinamiento y búsqueda de gobernabilidad en la dinámica de la acumulación del capital, marcada por la ampliación de las brechas de la desigualdad y por fuertes procesos de exclusión.

Algo que es necesario enfatizar es que el proceso de criminalización incluye tanto los procesos de reproducción ampliada del capital (sobreexplotación de la fuerza laboral y precarización), como los nuevos procesos de acumulación por desposesión (avance y expropiación del territorio y de los bienes naturales).

Durante la década del gobierno del matrimonio Kirchner, la criminalización de las luchas sociales se ha venido expresando en un sostenido avance del proceso de judicialización de los conflictos, visible en la ampliación, multiplicación y forzamiento de las figuras penales, en el número de encarcelamientos y procesamientos a dirigentes y militantes sociales, sindicales y estudiantiles, en la estigmatización mediática y social de las poblaciones y grupos movilizados (que apunta a la deslegitimación de los reclamos frente a la sociedad) y en el incremento de las fuerzas represivas y la creación especial de cuerpos de élite (sobre todo, en las provincias), orientados a la represión de la protesta social. A esto hay que agregar que, en los últimos años, existe una tendencia a la tercerización de la represión (Hospital Francés, Casino de Bs As, Indec, asesinato de Mariano Ferreyra, Parque Indoamericano, ciudad de Rawson, entre otros casos), a través de la utilización de barras bravas, sindicatos (la UOCRA, sobre todo), guardias blancas y sicarios contratados especialmente por latifundistas y propietarios sojeros (en el caso de diferentes provincias, como en Chaco, Formosa y Santiago del Estero).

Por otro lado, en los últimos diez años, con la expansión de la frontera extractiva que exige concentración de tierras y ocupación de territorios, la criminalización se ha ampliado a las comunidades indígenas y campesinas, así como a nuevos grupos y asambleas socio-ambientales y organizaciones territoriales. En esta línea, existe una relación directa entre extractivismo, política de concentración de la tierra y deterioro de los derechos. En otros términos, la profundización del extractivisimo en todas sus variantes (expansión del agronegocios, megaminería a cielo abierto, expansión de la frontera hidrocarburífera, megaempremprendimientos turísticos y residenciales, mega-represas, entre otros) se expresa también en una exacerbación de las asimetrías propias de la dinámica entre lo local (sostenido por comunidades originarias, por asambleas multisectoriales y militantes políticos y sociales) y lo global (las empresas multinacionales, avaladas por el poder regional y nacional). Como consecuencia de ello, la creciente territorialización de los conflictos ha derivado tanto en el desplazamiento de comunidades originarias y campesinas como en una mayor persecución de dirigentes y militantes territoriales y ambientales, en un marco de militarización creciente y de salidas represivas.

Desde Plataforma 2012 consideramos falaz adjudicar la responsabilidad exclusiva de la represión a los gobiernos provinciales, no sólo porque esto se revela como contradictorio con la fuerte concentración de poder del actual gobierno nacional (un gobierno “unitario” en su estilo de conducción política), sino también porque dicha represión está ligada a la implementación de modelos de (mal)desarrollo, de carácter excluyente, que son sostenidos activamente a nivel nacional desde políticas de Estado. Así, la represión y la política de criminalización dan cuenta de la estructura de alianzas políticas que el gobierno nacional alienta y promueve, con los gobernadores y con los grandes actores económicos.

La década de gobierno del matrimonio Kirchner deja un saldo de militantes asesinados con motivo de la represión de la protesta social, en demanda de tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios.

La nómina de los asesinados desde 2003 con motivo de la protesta social en defensa de derechos y del avasallamiento de las poblaciones originarias es la siguiente: 

Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy, 2003)- Sandra Cabrera (2004, Rosario), Martín Cisneros (2004) C.A.B.A – Esteban Armella (2004)- Carlos Fuentealba (2007) y Lázaro Duarte (2008) (Neuquén)- Juan Carlos Erazo ( 2008, Mendoza)- Javier Chocobar (2009, Tucumán)- Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (2010, Bariloche)- Facundo Vargas (2010, Mendoza) – Mariano Ferreyra (2010)- Roberto López y Mario López (2010, Formosa)- Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (2010, Indoamericano) – Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (2011, Jujuy)- Mártires Lopez (2011, Chaco)- Cristian Ferreyra (2011, Santiago del Estero) – Diego Jáuregui (2011, Avellaneda)- Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (2012, Rosario, Santa Fe)- Noemí Condorí (2012, Escobar)- Miguel Galván (2012, Santiago del Estero) – Celestina Jara y su nieta de ocho meses (2012, Formosa)- Imer Flores (2013, Chaco)- Juan Manuel Asijak de 16 años (2013, Formosa). Continúa desaparecido Daniel Solano, de 27 años, trabajador de Río Negro, secuestrado el 5 de noviembre de 2011.

Por otro lado, una serie de hechos a lo largo de estos años evidencian la política de criminalización y judicialización, entre ellos:

–Judicialización de la protesta social, a través del procesamiento de militantes populares, que ha incluido desde las organizaciones de desocupados, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos, asambleas y grupos ambientalistas, partidos políticos, organizaciones territoriales, estudiantiles, entre otros.

-Según el Informe de Criminalización del Espacio Memoria, Verdad y Justicia, actualmente existen en nuestro país más de 4000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70. -“Sobre un total de 2198 casos que cuentan con fecha de judicialización se puede observar el incremento de esta medida represiva a partir del año 2003, siendo el pico más alto registrado en los años 2009 y 2010 ascendiendo al 47,1% del total de los casos en esos dos años”.²

-La judicialización ha apelado a las siguientes figuras penales: Detención y/o procesamiento de los manifestantes ante un corte de ruta (a esos fines, se invoca el art. 194 del Código Penal); Imputación de usurpación (pueblos originarios), Imputación del delito de sedición (en estos casos se invoca el art. 230 del Código Penal); Imputación del delito de intimidación pública; Imputación del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad; Imputación del delito de coacción o extorsión; Imputación del delito de daños, e incluso imputación de homicidio, entre otros.

-El arrinconamiento y despojo de los Pueblos Originarios y Campesinos

Tanto las provincias del norte argentino como de la región patagónica viven una realidad de exclusión y racismo, que cae sobre los cuerpos siempre sacrificables de pueblos originarios y se extiende a las organizaciones campesinas. Basta con recorrer el informe presentado en 2012 por James Anaya, el relator especial de las Naciones Unidas, sobre los pueblos indígenas en Argentina³,  para advertir la gravedad de la situación: las conclusiones subrayan el impacto ambiental y cultural, la falta de cumplimiento del convenio 169 de la OIT (que exige la consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto extractivo en territorios indígenas), el incumplimiento de la ley 26160, que ordena relevar los territorios indígenas y suspende los desalojos (los cuales continúan y de modo violento); la dificultad en el acceso a la justicia, lo cual se traduce por el fallo sistemático de los tribunales provinciales a favor de las corporaciones transnacionales y de los grandes propietarios privados; en fin, la criminalización y represión de la protesta.

Solo contabilizar las denuncias recogidas por James Anaya genera escalofríos. Por hacer una mención incompleta: hay 20 comunidades con conflictos en Neuquén, vinculados a la explotación petrolera y minera; 23 sobre 24 reclamos en Río Negro están ligados al problema de tierras, a latifundistas, al impacto ambiental y la minería; de 15 en Formosa, 10 están vinculados al reclamo de tierras y a la criminalización; de 56 reclamos de pueblos originarios en Jujuy, 47 están ligados al problema de tierras, al impacto ambiental y la falta de consulta a las comunidades relacionadas con la minería (sobre todo, el litio); de 50 reclamos en la provincia de Salta, 42 están ligados a conflictos por la tierra, la persecución, la criminalización, el impacto ambiental, la falta de consulta…

Asimismo, tal como afirma el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), la criminalización de los pueblos originarios no se da tanto en el ejercicio del legítimo derecho de protesta, sino cuando se hace uso de derechos reconocidos jurídicamente (reclamo de tierras y territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y provincial existente). El informe del ODHPI destaca, solo para el caso de Neuquén, 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que criminalizan a 241 personas mapuches⁴.

La criminalización incluye figuras penales tales como el delito de Usurpación y el delito de desobediencia a orden judicial o impedimento de acto judicial.

Por otro lado, el informe citado más arriba sobre criminalización de la protesta según sector, que hizo un relevamiento sobre 2198 casos, entre 2001 y 2012, señala que el 31,4% del total corresponde a los pueblos originarios, esto es, casi un tercio del total, equiparando éste al sector de las luchas sindicales. Si ya sorprende por su magnitud, mucho más impacta si tenemos en cuenta que en Argentina hay menor cantidad de protestas de pueblos originarios en relación a las luchas sindicales (que son cotidianas), con lo cual pareciera desprenderse que una gran cantidad de las protestas de los pueblos originarios terminan por ser criminalizadas.

Pero si en el sur del país la situación de los pueblos originarios da cuenta de la reducción de la cuestión indígena a una cuestión penal, en el norte del país, la situación de los pueblos originarios aparece directamente ligada a la muerte violenta: desde asesinatos directos por parte de las fuerzas de seguridad y de los terratenientes, hasta “extraños” accidentes de tránsito, o aparentes delitos comunes, hoy suman casi dos decenas el número de muertes de miembros de las comunidades originarias.

Un caso paradigmático es el hostigamiento y represión sistemática de la comunidad Qom. Por ejemplo, en noviembre de 2010, luego de 5 meses de lucha cortando la ruta, la policía de la Provincia reprimió la protesta y asesinó al miembro Qom, Roberto López, por un tiro por la espalda, en la colonia La Primavera. Ese mismo mes murió Mario López, dirigente del Pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa), atropellado intencionalmente por un automóvil conducido por personal policial. Este hecho colocaba en la mira al gobernador Gildo Insfrán. Sin embargo, un día después del asesinato la presidenta Cristina Kirchner se mostró en la inauguración de una obra pública con el gobernador Insfrán, a través de una teleconferencia.

Ante esta situación el dirigente de la Comunidad, Felix Díaz, viajó a Buenos Aires y tuvo una reunión con el Ministro del Interior Florencio Randazzo quien prometió retirar a las fuerzas de seguridad, realizar un censo sobre la situación de la comunidad y empezar a estudiar la situación de las tierras objeto de reclamo. Estas promesas nunca se cumplieron. Por el contrario, se saturó la región con efectivos de la gendarmería nacional, que, según denuncian los pobladores, en lugar de defenderlos, efectúan un control constante de todos sus movimientos. A tal extremo llegó el incumplimiento de las promesas efectuadas por el gobierno nacional que el cacique Félix Díaz retornó a Buenos Aires para reunirse nuevamente con el Ministro del Interior, y ante la negativa de éste a recibirlo inició una huelga de hambre durante varias semanas. Debió levantar la medida sin lograr que ningún funcionario lo recibiera, a excepción del Subsecretario de Derechos Humanos. Vale la pena recordar también la posterior maniobra realizada por el gobierno nacional para desalojar a los Qom en 2011, durante el acampe en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, para impedir la visibilización de sus demandas y el despliegue de manifestaciones de solidaridad.

El hostigamiento a la comunidad Qom y a la familia de Felix Díaz continuó en 2012 y 2013. Así, en junio de 2012 una patota atacó con armas blancas a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz, que terminó en el hospital local con lesiones varias. En mayo de 2013 fueron golpeados brutalmente dos jóvenes Qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh ubicada en Formosa y terminaron hospitalizados. Además, el domingo 5, un niño QOM de 6 años murió al ser aplastado por un camión de basura, cerca de un basural ilegal que la comunidad venía denunciando que se erradicara. En agosto, se sumó el asesinato de la joven qom, Juana Gómez, de 15 años, que se agrega a las numerosas muertes y agresiones físicas con graves secuelas que vienen sufriendo los miembros de dicha comunidad⁵.

Recientemente (noviembre de 2013) la justicia formoseña volvió a procesar a Félix Díaz y otros tres miembros de la Comunidad La Primavera. En dicha causa armada no sólo se imputa a éstos por usurpación, por los delitos de instigación a cometer delitos, atentado a la autoridad a mano armada y lesiones graves y leves, sino que también se los está intentando imputar por abuso sexual y homicidio⁶.

Otra de las muertes ocurridas “por accidente” en el período es la del dirigente indígena y campesino de Chaco, Mártires López, Presidente de la Federación Nacional Campesina quien, luego de sufrir un “accidente” de moto, quedó en coma y finalmente murió en Junio de 2011. Frente a los elementos que señalan el carácter intencional del hecho, a dos años de su muerte, la Fiscalía de la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad de Resistencia resolvió la reapertura de la causa que investiga las circunstancias en que ocurrió el accidente de tránsito donde Mártires López perdió la vida. Como consecuencia de esa decisión, el fiscal de Investigación Nº 1 de General San Martín, José Ricardo Sorabella, quien había enviado el expediente a archivo, se apartó de la causa.

-Protesta Sindical, Precarización laboral y Desocupados

También han sido numerosos los casos de represión de la protesta sindical durante los últimos años.

El asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén en 2007 en el marco de una lucha nacional contra la política educativa, la represión en Fate, Ate Neuquén, las patotas paraestatales, como el caso del INDEC, el Hospital Francés, el Casino de Buenos Aires y los chóferes de la línea 60. Hechos de represión seguidos, en muchos casos, de procesamientos de dirigentes sindicales y trabajadores.

Desde la intervención al INDEC en el año 2007 se mantienen los desplazamientos y despidos de empleados y la existencia dentro del mismo de patotas paraestatales que hostigan a los trabajadores que reclaman por sus derechos y denuncian la manipulación que hace el gobierno de las estadísticas.

Una situación emblemática de represión al movimiento obrero fue la de la empresa Kraft, (ex fábrica Terrabusi) en septiembre de 2009. A partir de un conflicto por las condiciones de una guardería (se trata de una fábrica en la que la mayoría de los trabajadores son mujeres), la empresa despidió a numerosos trabajadores y trabajadoras, lo que determinó medidas de lucha del personal, que contaron con amplia solidaridad de movimientos sociales y políticos. La Policía Bonaerense reprimió violentamente a los trabajadores que ocupaban la planta, haciendo funcionar la fábrica como una prisión en la cual las leyes argentinas no regían. Asimismo, se produjeron detenciones masivas (más de 65 trabajadores). Hasta el día de hoy siguen procesados numerosos dirigentes obreros, mientras los responsables políticos y materiales de la represión siguen impunes.

Es importante subrayar que fue a partir de esos hechos que se hizo pública la actividad planificada y sistemática del Proyecto X de Gendarmería, de infiltración y espionaje a organizaciones de trabajadores, militantes sociales, de DDHH y políticos.

Asimismo, un aspecto importante ha sido el aumento de las protestas que denuncian la precarización laboral. En octubre de 2010, en una manifestación de trabajadores tercerizados donde se exigía el pase a la planta permanente en la Línea Roca de ferrocarriles, fue asesinado el joven Mariano Ferreyra y fue herida gravemente Elsa Rodríguez, producto de la represión de una patota perteneciente a la Unión Ferroviaria protegida y garantizada en su ejecución y retirada por la policía. La movilización popular de repudio logró llevar a juicio al dirigente sindical Pedraza, un emblema del modelo del sindicalismo empresarial, crecido al amparo del Estado, con sus fronteras porosas entre mafia patoteril, disciplinamiento interno y vínculos privilegiados con el gobierno. Finalmente Pedraza fue juzgado y condenado en primera instancia a 15 años de prisión. La querella exige perpetua. Los funcionarios estatales responsables políticos del asesinato fueron absueltos.

Algunas de estas protestas han culminado con una militarización de los territorios. Por ejemplo, en febrero de 2006, en la provincia de Santa Cruz, frente a la movilización popular que exigía la liberación de Mario Navarro, delegado de los trabajadores petroleros de Las Heras, la Policía de la Provincia reprimió ferozmente a las 4000 personas (el pueblo tiene 15000 habitantes) que se encontraban manifestándose fuera de la Alcaldía, produciéndose escenas de desesperación. En medio de la confusión fue asesinado el agente de policía Sayago. Este hecho fue utilizado para desplegar una fuerza especial de gendarmería nacional de más de 400 efectivos y comenzar una caza de brujas contra los trabajadores en lucha y vecinos solidarios con ellos. Así se detuvo a 17 personas, las cuales denunciaron que fueron brutalmente torturadas. A tal extremo llegaron los vejámenes que cuando la policía con asiento en Las Heras transporta a los detenidos a la Alcaldía de Puerto Deseado, el Comisario a cargo denuncia penalmente que los detenidos fueron torturados. De los 17 imputados, 6 estuvieron presos durante 3 años sin que existiera ninguna prueba en su contra. Durante los primeros tiempos los presos eran trasladados periódicamente entre un pueblo y otro de la Zona Norte de la Provincia para evitar que la población se manifestara. Actualmente se está realizando el juicio y se espera la sentencia para el 12 de diciembre de este año. Las querellas y el fiscal han pedido cadena perpetua para 5 trabajadores y coacción agravada para 6, a pesar de que no cuentan con ninguna prueba concreta que incrimine a los trabajadores. Por su parte, la causa donde la justicia debería investigar las torturas fue cajoneada. A esto agreguemos que también en Santa Cruz el recurso a la represión por parte de la UOCRA a los docentes de 28 de noviembre, realizada en abril de 2009.

El 26 de abril de 2013 la Policía Metropolitana dependiente de la CABA reprimió violentamente a trabajadores y pacientes del Hospital Borda cuando estos intentaron impedir la demolición de un taller protegido. La represión en un hospital psiquiátrico es un hecho que no reconoce antecedentes. Los responsables siguen impunes, mientras se procesa a los trabajadores que fueron reprimidos. Vale la pena señalar que la demolición del taller está inscripta en un proyecto de creación de un Centro Cívico en Barracas, en el predio del hospital y que fue acordado por el Pro y el kirchnerismo, en el marco de los “negocios inmobiliarios” que comparten⁷.

Por último, quisiéramos consignar que existen numerosos informes y textos sobre las organizaciones de desocupados, cuyo pico de criminalización se estableció entre 1997 y 2005. Cierto es que, a partir de 2005, las organizaciones de desocupados fueron perdiendo centralidad, por diferentes motivos que no cabe analizar aquí, y en pos de una mayor complejidad del espacio de las luchas sociales (corrimiento de las fronteras del conflicto hacia las luchas socio-ambientales, incremento del conflicto sindical, y conflictos por la tierra y vivienda). Sin embargo, como consigna el informe sobre criminalización ya citado anteriormente, sobre un total de 2238 casos relevados que cuentan con identificación de sector criminalizado, se observa que los sectores desocupados ocupan el 11,4%, muy cerca de las organizaciones partidarias (11,5%) y detrás de las protestas sindicales (31.6%)y de los pueblos originarios (31,4%)⁸.

Un caso paradigmático de persecución y criminalización recurrente es el de la Unión de Trabajadores de Desocupados, de Gral Mosconi, Salta, y muy especialmente de uno de sus dirigentes históricos, José Pepino Fernández, sobre quien pesan una cincuentena de causas. En noviembre de este año, Fernández se encontraba declarando en el juzgado en lo civil y comercial de Tartagal, nuevamente procesado, ahora “por entorpecer la extracción de maderas en las yungas mosconenses”, hoy saqueadas por parte de los madederos de la zona, autorizados por el gobierno salteño, pese a la ley de preservación del bosque nativo, actualmente vigente.

Otra situación emblemática respecto de criminalización de la protesta de desocupados que quisiéramos destacar, es la ocurrida el 30 de agosto de 2012, cuando fueron detenidas 68 personas (incluidos niños y adolescentes) que se encontraban manifestando en Panamericana a la altura de la Ruta 197, en reclamo de mayor inclusión y mejoras en los planes Argentina Trabaja. Inmediatamente fueron trasladadas y demoradas en la Unidad de Procedimientos especiales Judiciales ubicado en CAMPO DE MAYO, donde funcionara el ex centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. El procedimiento fue dirigido personalmente por el Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni. Este hecho significo una grave violación de las libertades democráticas más básicas y fue una afrenta a la memoria colectiva del pueblo argentino.

-Las luchas socioambientales: megaminería, fracking y agronegocios

Hemos dicho que el proceso de criminalización abarca no sólo la protesta sindical y de los desocupados, sino también los procesos de acumulación por desposesión, vinculados al avance y concentración del territorio y la expropiación de los bienes naturales. En esta línea, el proceso de expansión de las fronteras del capital a través de la megaminería, los agronegocios, las mega-represas hidroeléctricas, los megaemprendimientos turísticos y residenciales y, más recientemente, la explotación de los hidrocarburos no convencionales con la metodología del fracking, ha traído como resultado un fuerte aumento de la conflictividad. Dicha conflictividad coloca en el centro demandas ligadas al cuidado del ambiente, la defensa del territorio y los bienes comunes.

La criminalización de la protesta ambiental tuvo una inflexión en el caso de la Asamblea de Gualeguaychú, que mantuvo un largo corte en el puente internacional del río Uruguay. Luego de que en 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner declarara que los reclamos de Gualeguaychú contra la pastera Botnia, situada en el costado uruguayo, constituían una “causa nacional”, en 2010, el gobierno nacional pidió la indagatoria de diez miembros de la asamblea por una quincena de delitos, que incluían desde homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del funcionamiento de los transportes, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento.

La criminalización de la protesta contra la megaminería arrancó en Esquel (2003), localidad en la cual se realizó una consulta popular que rechazó la posibilidad de implantación de una empresa minera en su territorio. En esa ocasión, varios miembros de la Asamblea de Esquel fueron querellados por la empresa minera por “violación de secretos empresariales”, aunque luego dicha acusación fue desestimada por la Justicia.

En los últimos tiempos, las protestas contra la megaminería han conocido diferentes formas de criminalización y represión: Recordemos que en enero de 2012⁹  la pueblada de la localidad de Famatina (La Rioja) colocó de modo transitorio la cuestión de la megaminería en la agenda nacional. A raíz de ello, en febrero de ese mismo año, la presidenta Cristina F. de Kirchner anunció la apertura de un debate público sobre minería, aunque en realidad deberíamos hablar de un debate anunciado que nunca tuvo lugar, ya que inmediatamente después se creó OFEMI (Organismo Federal de Estados Mineros, compuesto por las diferentes provincias promineras), a espaldas de la sociedad, con el fin de bloquear cualquier discusión real sobre el tema, que incluyera, por ejemplo, la modificación de las leyes mineras sancionadas en los `90. Pero, lejos de abrir un “debate serio y responsable”, la creación de OFEMI puso en evidencia las intenciones de los gobiernos nacional y provinciales de renovar sus apoyos al modelo extractivo y clausurar de este modo rápidamente cualquier posibilidad de una discusión de fondo sobre la espinosa cuestión de la megaminería. Así, ésta se insertó en un escenario marcado por una gran conflictividad social y una escalada represiva en el noroeste argentino, cuyo epicentro fue Tinogasta (Catamarca), donde hubo fuertes episodios represivos, y luego se trasladó a Andalgalá, donde entre febrero y marzo de 2012 se implantó un virtual e inédito estado de sitio, sostenido por sectores promineros, que no dejaron ingresar a la localidad a periodistas, organizaciones de DDHH (Serpaj) y diferentes personas que iban a manifestar su solidaridad.

Así, en 2012 la oleada represiva tuvo su récord en la provincia de Catamarca, donde hubo 7 represiones en 7 meses (incluyendo, además de Tinogasta, Andalgalá, Belén y Santa María), pero se extendió a Amaicha del Valle (Tucumán), e incluyó varias detenciones y procesamientos. El posterior alineamiento entre poder político, poder económico y poder mediático volvió a enclaustrar la cuestión de la megaminería en la lógica criminalizadora de las provincias, donde la territorialización de los conflictos apunta a configurar una situación de fuerte asimetría entre las poblaciones y las grandes empresas, aliadas a los gobiernos provinciales.

Como contracara del realineamiento estratégico entre los diversos poderes, y el aumento de la criminalización y represión de las luchas socio-ambientales, observamos una importante estigmatización del ambientalismo y un mayor cierre de los canales de expresión. El “ambientalismo” aparece como una figura demonizada no sólo desde el discurso empresarial sino desde los diversos oficialismos (provinciales y nacional). Los ambientalistas aparecen descalificados como “fundamentalistas”, cuando no –como es el caso en Catamarca, La Rioja y San Juan-, imputados como “foráneos”, como si éstos no fueran ciudadanos argentinos con plenos derechos, sea cual fuere el territorio provincial en el cual se encuentren. Esto se evidenció en el desalojo violento del campamento de Cerro Negro, en julio de 2012, que derivó en la expulsión de la provincia de Catamarca de activistas que realizaban un acampe, imputados como “ambientalistas”, “hippies” y “foráneos”.

Dos últimas inflexiones marcadas por la represión se destacan en este escenario: una, en Chubut, ocurrida el 27 de noviembre de 2012, contra una manifestación de vecinos autoconvocados, en frente a la legislatura provincial, en Rawson, movilizados en contra de la derogación de la ley 5001 (que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en esa provincia)¹⁰.  Dicha represión causó numerosos heridos, varios de ellos hospitalizados. Por otro lado, se trató de una represión tercerizada, que utilizó las patotas del sindicato de la construcción (UOCRA), dirigido por Gerardo Martínez, quien fuera agente de inteligencia del Batallón 601 y oficial del Destacamento 201 de Campo de Mayo. Otra, en La Rioja, donde hubo un episodio represivo en marzo de 2013, en contra de los pobladores de Famatina, en ocasión de la realización de un acto oficial donde supuestamente participaría el gobernador de esa provincia.

Así, respecto de la megaminería y en nombre de un discurso seudofederalista, asistimos a una mayor consolidación de provincias “feudos”, cuyos gobiernos, aliados estratégicos del gobierno nacional, muestran el gran desfase existente entre la realidad incontestable de los hechos y la sobreactuación de una épica progresista en clave nacional y popular.

Otras de las caras del modelo extractivo está vinculada a la explotación de los hidrocarburos no convencionales. En julio de 2012, desde Plataforma¹¹  argumentamos que la anunciada “recuperación” de YPF presentaba numerosos problemas, ya que la ley no proponía cambio del marco regulatorio ni política de nacionalización de los hidrocarburos ni tampoco asistíamos a una verdadera estatización de la empresa. Lamentablemente, el escandaloso acuerdo firmado entre YPF y Chevron refrenda este diagnóstico, confrontándonos con una nueva estafa realizada por el gobierno nacional a la sociedad argentina. El acuerdo con Chevron, cuyo contenido no es público –ni siquiera para los legisladores de la provincia del Neuquén- interna a la Argentina de modo ciego e incontrolado por una senda cercada por enormes riesgos sociales y ambientales, a través de la explotación masiva y a gran escala de los hidrocarburos no convencionales con la metodología del fracking.¹²

Tamaña prepotencia fue consumada no sólo sin llamado a audiencia pública y sin que el acuerdo haya pasado por la comisión de medio ambiente, sino también en el marco de una flagrante violación del Convenio 169 de la OIT, que exige el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Mapuches sobre lo que pueda ocurrir en sus territorios. En este sentido, cabe señalar que en el sur de nuestro país, en Gelay Ko (Neuquén), así como en la zona del yacimiento de Vaca Muerta, son varias las comunidades mapuches que se encuentran ante la amenaza y violencia del despojo de sus tierras, debido al avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Así, cuando en diferentes partes del mundo existe un descreimiento cada vez más fundado de parte de las sociedades locales ante este tipo de extracción, el oficialismo nacional y neuquino desestima el reclamo democrático de las poblaciones locales, provenientes tanto de las comunidades mapuches como de las multisectoriales y asambleas de autoconvocados.¹³ Por otro lado, YPF eligió como socio la empresa que tiene la mayor condena ambiental de la historia, prófugo de la justicia ecuatoriana, responsable de la contaminación de 500 mil hectáreas de la Amazonia y de la grave violación de derechos de los pueblos indígenas.

Finalmente, el 28 de agosto de este año, durante horas el gobierno del Neuquén reprimió una amplia movilización en repudio a la aprobación del acuerdo entre esa provincia e YPF, que habilitaba el convenio con Chevron, ocurrida frente a la legislatura provincial, y convocada por una multisectorial de organizaciones sociales, pueblos originarios, partidos políticos, organizaciones estudiantiles y sindicales, en simultáneo con un paro provincial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Como producto de la represión, se registraron 28 heridos, entre ellos, dos con bala de fuego. La acción fue defendida por el gobierno neuquino que calificó de “violentos” a los manifestantes y minimizó la envergadura de la movilización, mientras que el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, sostuvo que la protesta contra el acuerdo YPF-Chevron fue armada para “generar caos y desorden», y agradeció al gobernador Sapag por poner “la cara y el pecho”.¹⁴

Así, de diversos modos, el gobierno apostó claramente a la profundización del modelo extractivista, con las consecuencias que eso conlleva (represión, criminalización y judicialización, destrucción de territorios, pérdida de soberanía, entre otros).

Por último, uno de los temas más obturados y negados por el gobierno y los grandes actores económicos en lo que respecta a la violación de derechos humanos tiene que ver con el modelo de agronegocios. La expansión de la frontera de los agronegocios, al servicio del monocultivo de la soja transgénica, con utilización de agrotóxicos, desplaza a poblaciones enteras de su entorno, arrasa con los bosques, reduce la biodiversidad e implica la degradación de los suelos y produce un fuerte impacto socio-sanitario.

Así, en lo que respecta a la violación de derechos humanos, esto presenta dos tipos de impactos diferentes:

-Primero, en la zona de expansión de la frontera de explotación (por ejemplo, en provincias como Salta, Chaco, Santiago del Estero, entre otras), ésta se manifiesta de modo brutal, a través de la expulsión y desplazamiento de poblaciones y, en el límite, en el asesinato encubierto bajo la forma de accidentes o de ataques “tercerizados” a miembros y dirigentes de poblaciones campesinas e indígenas. Una parte importante de los nombres que componen la lista de muertos que hemos detallado en la página 9 de este documento está vinculada a la expansión de la frontera sojera.

En 2010, el gobierno nacional, lejos de pensar en colocar controles a la sojización y plantear una transición hacia una matriz productiva más diversificada, optó por redoblar la apuesta: así, a través de la aprobación del PEA (Programa Estratégico Agroalimentario), propone como objetivo para el año 2020 producir 157 millones de toneladas de granos, incrementando en un 60% la producción ya existente, para erigir a Argentina en líder mundial en el sector, a sabiendas de que este proceso generará un mayor acaparamiento de tierras, más desmontes, más expulsión de poblaciones campesino-indígenas y más criminalización y represión de la protesta.

Segundo, pese al persistente silenciamiento del tema, ya existen claras evidencias del impacto socio-sanitario del modelo sojero, producto del uso de agrotóxicos. En este sentido, es de destacar el rol pionero que el movimiento de Madres del Barrio Ituzaingó, de la ciudad de Córdoba, ha tenido en el tema, a través de las denuncias que iniciaron a partir de 2002, vinculadas al uso de plaguicidas y su impacto en la salud.

Esta tarea hoy ha sido asumida también por un conjunto de organizaciones de afectados y profesionales, entre ellos, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, la cual ha venido realizando informes detallados sobre el impacto de las fumigaciones sobre la salud humana. Así, en su declaración del Segundo Encuentro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, realizada en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario en 2011, da cuenta de la gravedad de la situación:

“Que es muy importante la agresión a la salud en las poblaciones de localidades sometidas a fumigaciones constantes en la Argentina, y que la situación se agrava día a día, detectándose con mucha mayor frecuencia, enfermedades severas como cánceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimientos de hijos con malformaciones congénitas”, “Que distintos trastornos, como los respiratorios, endócrinos, neurológicos, hematológicos y psíquicos, son mucho más frecuentes en las poblaciones sistemáticamente fumigadas como consecuencia del actual modelo de producción agroindustrial” “Que, valiéndonos de un conjunto suficientemente fuerte de datos, que no pueden ser negados al analizarse con objetividad la situación sanitaria de nuestros pueblos, la información científica explica la causalidad biológica de las manifestaciones clínicas que observamos en nuestros pacientes, y las revisiones sistemáticas de los estudios clínicos y epidemiológicos de observación, generan evidencia, suficientemente sólida y consistente”¹⁵

-Por último, respecto de este tema cabe mencionar que en 2012 el gobierno profundizó su alianza privilegiada con los grandes actores económicos del modelo sojero, entre ellos, con Monsanto, al autorizar la construcción de dos plantas experimentales en Córdoba. Por esa misma razón, a fines de septiembre de 2013, en el barrio Malvinas Argentinas, de la ciudad de Córdoba, diferentes organizaciones sociales y vecinos encararon una protesta, a través de un corte y acampe en el predio, impidiendo el avance de la construcción. Los vecinos denuncian que la empresa no cuenta con licencia social y exigen una consulta pública que garantice su derecho a decidir sobre el emplazamiento de dicha planta. Durante esta protesta, que ya lleva dos meses, hubo un intento de desalojo violento que incluyó detenidos y envió al hospital a Sofía Gatica, una de las conocidas Madres del Barrio Ituzaingó¹⁶.  Asimismo, la empresa Monsanto envió una carta documento a la Asamblea de Autoconvocados del Bloqueo en Malvinas Argentinas, intimándolos a abandonar el corte. Las amenazas recibidas posteriormente, sumado al grave ataque que Sofía Gatica sufrió el 22 de noviembre pasado, ponen en evidencia la existencia de una acción orquestada para violentar a una sus protagonistas y a quienes participan en la protesta contra Monsanto. Finalmente, cuando estábamos cerrando este documento, el 28 de noviembre pasado, tuvo lugar una nueva represión a vecinos y asambleístas, por medio de una patota de la UOCRA, que dejó un saldo de 20 heridos.

-La Protesta en reclamo por tierra y Vivienda

El acceso a la vivienda es también uno de los derechos básicos consagrados por nuestra constitución y otras de las grandes deudas para con los sectores más vulnerables, luego de años de retórica progresista. En este sentido, los diferentes gobiernos (nacional, provinciales, municipales) suelen considerar que un “boom inmobiliario” es un proceso benéfico en sí mismo, que favorece al conjunto de la sociedad porque genera empleo, riqueza y oferta de viviendas. Sin embargo, detrás de este supuesto están en juego poderosos intereses y se ocultan grandes falencias que están haciendo colapsar las ciudades y perjudican sobre todo a los sectores más vulnerables.

La contracara del boom inmobiliario es la dificultad cada vez mayor de acceso a la vivienda por parte de los sectores populares y clases medias, así como del hacinamiento en villas, barrios, hoteles e inquilinatos de los carenciados.

Así, desde Plataforma 2012 consideramos que existe una relación directa entre urbanización descontrolada, especulación inmobiliaria y conflictividad creciente.¹⁷ Dicho modelo especulativo que implica socializar costos y privatizar beneficios ha generado el aumento exponencial de la población en villas, convertidas hoy en el blanco de las “políticas de seguridad” del ejecutivo nacional y municipal. Por ejemplo, solo en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos diez años, la población en asentamientos aumentó un 50%.  Por otro lado, las formas dominantes de la apropiación del territorio (agronegocios, megaminería, concentración de tierras, vinculada a los desarrollos inmobiliarios como megaemprendimientos turísticos y residenciales), son fenómenos que están en el origen de la expulsión y desplazamiento de poblaciones vulnerables hacia las ciudades. Dichas poblaciones migran al cinturón urbano de las ciudades, en busca de soluciones a la falta de tierra y vivienda.

La prueba más contundente de la falta de vivienda para los sectores populares fue el conflicto desencadenado por la ocupación del predio del Parque Indoamericano. En diciembre de 2010, aproximadamente 1500 familias realizaron un acampe en el llamado “Parque Indoamericano”, reclamando por tierra y vivienda. El gobierno nacional y el gobierno de la ciudad en un operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía Metropolitana, desalojaron el lugar mediante una feroz represión que dejó un saldo de tres personas muertas por las fuerzas de seguridad. Mientras los responsables de ese operativo fueron absueltos, dirigentes barriales de la zona están procesados.

Asimismo, en julio de 2011, una toma de tierras realizada en Libertador General San Martín (Jujuy), por la Corriente Clasista y Combativa, culminó en un desalojo y represión, a cargo de la policía de Jujuy, y en connivencia con el gobierno provincial y la empresa Ledesma. En esa ocasión, más de 700 familias fueron desalojadas de un terreno de 12 hectáreas, por reclamar el inmediato cumplimiento de un acta firmada 7 años atrás, donde el Ingenio Ledesma se comprometía a ceder esas tierras para la construcción de viviendas populares. Gases lacrimógenos, balas de plomo y de goma, perdigones de acero, alrededor de 25 detenidos y detenidas, más de 30 heridos y 3 muertos.

IV. CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA, PRECARIZACIÓN Y CRIMENES SOCIALES

La política de seguridad ciudadana y el accionar de las fuerzas de seguridad se han venido expresando a través del agravamiento de la criminalización de la pobreza y la juventud, que abarca desde el aumento de los casos de gatillo fácil, el empleo de torturas en las comisarías, hasta el empeoramiento de las condiciones de detención, a niveles infrahumanos, en las cárceles argentinas, hoy superpobladas de hombres y mujeres provenientes de los sectores populares.

El avance de dicha política de selectividad penal aparece ilustrado por la tendencia a la militarización, a través del traslado de la gendarmería a los barrios carenciados y, recientemente, de la utilización del ejército para la represión interna, como sucedió recientemente en Santa Cruz.

La criminalización naturaliza la asociación entre “pobreza” y “delito”, a través de la categorización de las poblaciones pobres como “clases peligrosas,” distinguiéndolas del resto de la sociedad y señalando sus núcleos habitacionales como mera fuente del delito. Sin embargo, esta correlación que se establece entre “inseguridad,” “delito” y “pobreza,” pone de manifiesto la emergencia de nuevas fronteras políticas y jurídicas y con ello, abre las puertas a la posibilidad de que, en nombre de la conservación del orden social, se instituyan zonas despojadas de derecho -zonas de no derecho o “estados de excepción”, en donde la autoestima y el respeto colectivo no cuentan, y en donde vuelve a primar una pura lógica de acción policial y la violación de los derechos más elementales.

Entre los casos de secuestro y desaparición de jóvenes, se encuentra el de Luciano Arruga, quien desapareció el 31 de enero de 2009, secuestrado por la policía bonaerense en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Su desaparición fue una represalia por su negativa a robar para los oficiales. Un peritaje con perros determinó que Arruga había estado en la comisaría 8ª de Lomas de Mirador y en uno de los patrulleros. Su caso es emblemático de lo que ocurre con decenas de jóvenes en el gran Buenos Aires. Rubén Carballo fue herido por la Policía Federal el 15 de noviembre de 2009 cuando asistía a un recital en el estadio de Vélez Sarsfield, y murió tras 23 días de agonía.

Un caso en el cual se conjugan criminalización de la pobreza con “gatillo fácil” es el ocurrido en Bariloche, en la provincia de Río Negro, en julio de 2010. Un procedimiento de identificación por parte de la policía local derivó en el asesinato de Diego Bonefoi, de 15 años, hecho que produjo una reacción por parte de los barrios pobres. Barrios enteros del Alto Bariloche protestaron espontáneamente y fueron reprimidos con brutalidad. Producto de esta represión fueron asesinados por las fuerzas de seguridad otros dos jóvenes, Nicolás Carrasco (16 años) y Sergio cárdenas (28 años) y hubo numerosos heridos.

– Precariedad, corrupción y crímenes sociales

La precariedad de las relaciones sociales se ha venido manifestando no solo en el ámbito laboral, sino de diferentes formas, frente a la ausencia de control y regulación estatal que se advierte en las más diversas esferas y afecta notoriamente a la juventud y a los sectores más empobrecidos. En esta línea, son varios los hechos que conmovieron al país durante la década kirchnerista.

Uno de los hechos que más conmovió a la sociedad argentina fue la muerte de 194 jóvenes en un incendio ocurrido en una disco (Cromañon) en la ciudad de Buenos Aires, en diciembre de 2004. Cromañón podría ser incluido en la larga lista de muertos producidos por la ampliación de las fronteras de la precariedad, con su trama oscura de complicidades, aquiescencias, corrupciones e impunidad, estatal y privada. Sin embargo, a esto hay que añadir un segundo elemento que marca su carácter único y explosivo: la presencia de los jóvenes, de muchos jóvenes, casi niños, como víctimas de esta maquinaria criminal. Por otro lado, el “efecto Cromañón” conllevó una primera desnaturalización de la precariedad social. Esto generó múltiples efectos, algunos de los cuales fueron expresándose en las protestas de estudiantes secundarios y de vecinos, que denuncian la precariedad como algo anormal e insoportable, a través de acciones directas, interpelando la responsabilidad del Estado como agente regulador y proveedor. Estas demandas pueden sintetizarse en la contundente frase “Que no se repita”, que instaló un nuevo umbral desde el cual pensar ciertos hechos, antes vividos como naturales o simplemente trágicos. En suma, más allá de la destitución del entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires y del largo juicio que desembocó en la condena del exgerenciador de la disco, del líder de la banda Callejeros y exfuncionarios del gobierno porteño, el “efecto Cromañon” quedó trunco, pues si bien mostró cuál es el lugar que este tipo de sociedad reserva a la juventud, considerada como “población sobrante”, esto no conllevó replanteamiento alguno, operándose así un nuevo ocultamiento.

En 2012, otra tragedia develó la ampliación de las fronteras de la precariedad social y las complicidades políticas. Nos referimos al crimen social en la Estación de Once, ocurrido el 22 de febrero de 2011, que costó la vida de 52 personas, y tuvo 702 heridos. La política de vías férreas concesionadas a empresarios privados, iniciada por Carlos Menem, que provocó el despido de 80.000 trabajadores, la desaparición de decenas de pueblos y el saqueo del patrimonio nacional, se mantuvo sin variaciones durante la década kirchnerista. Distintas corporaciones se beneficiaron de las ganancias que producen los trenes de carga mientras que los millonarios subsidios estatales que tenían que ser destinados al mantenimiento y al funcionamiento eficiente y seguro de los trenes de pasajeros terminaron engordando los bolsillos de grupos amigos como los hermanos Cirigliano de TBA, cuya relación con el gobierno fue denunciada desde que se iniciaron los juicios al ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime. A más de un año y medio de la masacre, y a pesar de los avances de la causa penal – que al agravar los procesamientos contra los ex funcionarios Jaime, Schiavi y Luna e incluir dentro de los procesados al ex interventor de la CNRT Antonio Sicaro reconoce la ineludible responsabilidad del Estado – el Poder Ejecutivo soslaya una y otra vez, mediante un agraviante silencio, toda referencia a las víctimas. Los rimbombantes anuncios sobre el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria evitan toda mención a la tragedia. La tragedia de Once expresa de modo paradigmático un “modelo” cuya base fue impulsada por las reformas neoliberales de los años ’90, y que fue profundizada y consolidada, bajo diversas metodologías y alianzas, en los últimos diez años. No fue una fatalidad ni un accidente, sino un crimen social largamente anunciado.

A MODO DE SÍNTESIS

Desde Plataforma 2012 consideramos que el umbral de violencia política que una sociedad es capaz de tolerar es siempre una construcción social y cultural, muy ligada a los ciclos de su historia nacional y a sus devenires traumáticos. En nuestro país, el gran trauma social producido por la dictadura militar impactó sobre el modo en cómo la sociedad procesa, comprende y tolera la violencia política ejercida desde el aparato represivo estatal. Este es uno de los grandes legados de las organizaciones defensoras de derechos humanos, resumido en la fórmula del “Nunca más”, que con el correr de los años apuntaló un cierto consenso respecto de los límites de la violencia política desde arriba, a saber, el rechazo a toda forma de terrorismo de Estado y de la alternativa del asesinato o exterminio político de los ciudadanos.

Por otro lado, desde sus inicios, el gobierno de los Kirchner buscó hacerse eco de esta representación social –el rechazo a la represión abierta y selectiva contra militantes sociales o políticos-, retomando y apropiándose del paradigma de los derechos humanos. Sin embargo, pese a esta reiterada reivindicación discursiva, la década kirchnerista abre enormes cuestionamientos que colocan en el tapete la distancia entre el discurso oficial y los hechos y abren nuevos interrogantes acerca del umbral de violencia estatal que nuestra sociedad está dispuesta a tolerar y permitir.

Las formas de disciplinamiento y violencia política estatal han ido mutando y tienden a mostrar una realidad cada vez más alarmante:

Pese a la defensa del derecho de protesta, la criminalización de la protesta social se ha multiplicado y consolidado a través de un fuerte entramado legal, que encuentra prolongación en una serie de medidas sumamente preocupantes. En esta línea se colocan, por ejemplo, el nombramiento del general C. Milani a cargo de la Comandancia en jefe del Ejército, al que se suman el de Alejandro Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal y el de Granados en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad de los menores, el Plan de Espionaje X y la utilización del ejercito para la represión en la provincia de Santa Cruz, entre otros hechos, tienen un alto valor emblemático y simbólico.

La precariedad y el notorio deterioro de los transportes públicos (servicios ferroviarios, especialmente), potenciados por los negociados entre empresarios y agentes estatales, ha mostrado que la corrupción también mata y, por ende, termina por violar derechos humanos. La denuncia de la precarización laboral y los reclamos salariales–en los más diversos ámbitos- han derivado, en varios casos, en el asesinato de militantes.La política de criminalización de la pobreza y el aumento de los casos de “gatillo fácil” hoy aparecen desplegados en la totalidad del territorio nacional, a lo cual se suman situaciones de “nuevo conflicto social”, ligados al avance del trabajo esclavo, la trata y el narcotráfico. Aunque no ha sido parte de este informe, no se puede obviar la importancia creciente de estas tres problemáticas, que cuentan con la participación necesaria de diferentes sectores de poder (político, económico, judicial, policial).

Incentivados y promovidos por políticas públicas nacionales, la megaminería, la expansión de la frontera de los agronegocios, el avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking) generan concentración y despojo, avanzando sin consulta pública ni licencia social, segando el camino de territorios y cuerpos sacrificables. Desde la lógica de esos modelos excluyentes, ya no son –como sucedía en los `90- los desocupados la “población sobrante” (para ellos el poder político prevé planes sociales masivos), sino otros cuerpos y comunidades, principalmente indígenas y campesinos, víctimas del racismo endémico, que hoy devienen un obstáculo, una piedra en el camino frente a la imperiosa expansión del capital.

Estos hechos, lejos de afianzar un paradigma de los derechos humanos, tal como ha venido afirmando los gobiernos del matrimonio Kirchner a lo largo de estos diez años, ilustran la permanencia y profundización de una política de violación de los derechos individuales y colectivos, cuyo responsable último es el Estado.

1 Ver nuestro documento de abril de 2013, http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/16-actualidad/12-una-reforma-judicial-antipopular-y-antidemocraticaReforma Judicial    (Volver)

2 Informe sobre Criminalización de la Protesta, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, 2012.http://encuentromvyj.org/criminalizacion-de-la-protesta/ (volver)

3 Informe Definitivo del Relator Especial de los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indigenas en Argentina, 2012. http://odhpi.org/wp-content/uploads/2013/01/INFORME-DEFINITIVO-ARGENTINA.pdf

4 Informe de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Patagonia, año 2013,http://odhpi.org/2013/04/2714/

5 http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/16-actualidad/83-exterminio-qom

6 http://www.argenpress.info/2013/11/argentina-formosa-procesan-nuevamente.html

7 Véase http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/pronunciamientos/52-vivienda-especulacion-inmobiliaria-y-desigualdad-en-la-ciudad-de-buenos-aires-version-reducida

8 Informe sobre Criminalización de la Protesta, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, 2012. http://encuentromvyj.files.wordpress.com/2012/03/informe-criminalizacion-de-la-protesta-organismos-ddhh-emvj-marzo-2012.pdf

9 Vease http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/16-actualidad/13-la-megamineria-y-los-derechos-ambientales

10 http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/pronunciamientos/37-repudio-represion-rawson

11 http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/pronunciamientos/67-de-la-falsa-estatizacion-a-la-entrega-de-ypf-a-chevron

12 http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/pronunciamientos/86-llamado-a-la-reflexion-a-los-legisladores-neuquinos

13 Cabe señalar que el fracking ha sido prohibido en Francia y en Bulgaria, así como en el estado de Vermont (USA) y en Quebec (Canadá); mientras que en otros lugares se aprobó una moratoria, como sucedió en Nueva York y en varias regiones de Europa, basada en el principio precautorio, pilar del derecho ambiental, también presente en nuestra legislación.

14 http://www.clarin.com/politica/Gobierno-justifico-represion-Neuquen-izquierda_0_983901947.html

15 La declaración continúa: http://www.permahabitante.com.ar/declaracion-2-encuentro-medicos-pueblos-fumigados.php

16 Recientemente se conformó una Comisión Veedora de los DDHH en el conflicto generado por la instalación de dicha planta de Monsanto.

http://ecoscordoba.com.ar/exhortan-a-la-provincia-a-evitar-la-violencia-en-el-conflicto-con-monsanto/?fb_action_ids=10201389443156778&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B»10201389443156778″%3A534422293309054%7D&action_type_map=%7B»10201389443156778″%3A»og.likes»%7D&action_ref_map=%5B%5D

17 http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/pronunciamientos/52-vivienda-especulacion-inmobiliaria-y-desigualdad-en-la-ciudad-de-buenos-aires-version-reducida

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