Plataforma 2012

En agosto de 2012, desde Plataforma emitimos un documento sobre Vivienda, especulación inmobiliaria y desigualdad en la ciudad de Buenos Aires (1) en el que analizamos y denunciamos un proceso creciente de enajenación del espacio urbano público con el fin de incrementar el usufructo privado. En la ciudad de Buenos Aires, donde existe un 26% de viviendas nuevas sin ocupar, impera una vertiginosa lógica de especulación inmobiliaria que mercantilizó hasta el paroxismo las condiciones de acceso a la vivienda, cuestionando además la tradición de los espacios urbanos porteños ligados al modelo de una ciudad abierta. La contracara siniestra de esta modalidad, que no es reciente, pero tuvo un incremento exponencial con el gobierno de Mauricio Macri, es la falta de vivienda para los sectores populares, la desatención de la emergencia habitacional de los grupos vulnerables y el incumplimiento de las leyes que disponen la reurbanización de villas y asentamientos. Dicho modelo especulativo, que implica socializar costos y privatizar beneficios, ha generado el aumento intolerable de la población en villas, convertidas hoy en el blanco de las “políticas de seguridad” del ejecutivo nacional y municipal.

Prueba contundente de esto último fue el conflicto desencadenado por la ocupación del predio del Parque Indoamericano a fines de 2010, que culminó con tres asesinatos, sin que hasta el día de hoy se haya avanzado en soluciones concretas ni tampoco en la determinación de las responsabilidades de dichos crímenes, que involucran tanto la policía metropolitana como la federal.

El marco en el cual se desarrolla esta problemática forma parte de un modelo nacional de acumulación por desposesión que conduce a la concentración de la propiedad de la tierra (el territorio) e implica el desprecio por la naturaleza y los bienes comunes. En este contexto, la Argentina es hoy un país cada vez más subordinado a las corporaciones: la entrega de la Cordillera a transnacionales megamineras, como la Barrick Gold, Xstrata o Yamana Gold; en el campo, la expansión de la frontera de los agronegocios al servicio del monocultivo de la soja transgénica, con utilización de agrotóxicos, que desplaza a poblaciones enteras de su entorno, arrasa con los bosques, reduce la biodiversidad e implica la degradación de los suelos.

Este mecanismo de apropiación de los espacios vitales también se reproduce en la Ciudad de Buenos Aires a través de una espuria asociación entre el Kirchnerismo y el Macrismo. Más allá de los pirotécnicos cruces mediáticos, ambos oficialismos coinciden en un modelo de ciudad excluyente, privatizada, planificada desde la especulación inmobiliaria y las grandes corporaciones.

Producto de este “pacto”, cuyo primer anticipo fue la votación conjunta en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto oficial sobre ART, el pasado 1º de noviembre la Legislatura votó de forma express -y a espaldas de la sociedad- una serie de leyes (2) que, sintetizadas, permiten:

• La concesión por 30 años de treinta y siete hectáreas de espacio público (37 manzanas del Parque Roca) a un privado. sin canon alguno que será eximida de pagar los impuestos durante diez años.
• La subasta pública del Edificio del Plata, patrimonio histórico emblemático de la Ciudad
• La entrega de decenas de hectáreas a la especulación inmobiliaria con la consecuente rezonificación para construir viviendas de las playas ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers (a saber: no son para el plan Procrear, porque así expresamente lo excluye el decreto presidencial).
• La autorización al Poder Ejecutivo local de endeudarse por U$S 250 millones de dólares (la deuda de la Ciudad aumentó un 227 % desde que asumió Macri).
• El denominado “Distrito de las Artes” en la Boca promovido por el macrismo, pensado para los negocios con el arte -y no para los artistas- lo que provocará inevitablemente la gentrificación del barrio.
• Ley para generar un fondo con recursos públicos que será administrado por el Diputado Daniel Amoroso (Presidente a su vez del Sindicato de Juegos de Azar, ALEARA).

Siguiendo la lógica de la desarticulación social, y también como consecuencia de la asociación de los gobiernos de Macri y Kirchner, en los próximos días se pretenden sancionar, también a espaldas de la opinión pública:

• La llamada “Dubai de IRSA” en la ex Ciudad Deportiva de Boca: A cambio de 15 millones de dólares, el Municipio le rezonifica a la empresa IRSA un predio para construir, que le redundará nada menos que 5000 millones de dólares. Las partes de este pacto (Macrismo y Kirchnerismo) pretenden usar la urbanización del Barrio Rodrigo Bueno como moneda de cambio para la aprobación de este nuevo barrio lujoso pegado a la Reserva. El impacto ambiental que provoque esta rezonificación dañará irreversiblemente a la reserva ecológica.
• La rezonificación de la Isla Demarchi que, con el pretexto de construir un “polo tecnológico” por parte del gobierno nacional, también se la entrega a la especulación inmobiliaria.
• La autorización a la empresa IRSA para la construcción de un shopping en Caballito.
• La aprobación del denominado “Plan Maestro para la Comuna 8″ donde cientos de hectáreas de espacios verdes públicos pasarán a ser destinadas a explotaciones comerciales y con grandes y generalizadas exenciones impositivas.

Todas estas leyes tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazándolas y “liberando” territorios para que sean usufructuados por la lógica económica de las grandes corporaciones, generando procesos de expulsión, desplazamientos de poblaciones carenciadas, apropiación de lo público, agresiones contundentes al ambiente y degradación institucional. Esta asociación gobierno nacional y el de la CABA con IRSA es a la Ciudad lo que son los pactos del Gobierno Nacional con la Barrick a la cordillera y con Monsanto al campo.

En este proceso, la vivienda ha dejado de ser un bien de uso para transformarse exclusivamente en un bien de cambio, una mercancía sólo accesible a unos pocos económicamente privilegiados e incluso, en muchos otros casos, en un activo financiero. La progresiva demolición de la sustancia urbana, la indiscriminada construcción de torres obedecen exclusivamente a una lógica especulativa, cuya contracara es la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los sectores populares y clases medias, así como del hacinamiento en villas, barrios, hoteles e inquilinatos de los carenciados.

Así, el kirchnerismo y el macrismo -lejos de constituirse en una antinomia- confluyen en un mismo modelo de Ciudad que no la planifica el Estado, sino las corporaciones a través de los privilegios que le conceden quienes ocupan cargos en el Estado. Donde el indicador de éxito de las políticas urbanísticas es el aumento arbitrario de los valores de la tierra, con los desplazamientos de población que ello implica. Por eso fomentaron, durante todos estos años, la construcción indiscriminada, motorizada por la especulación inmobiliaria, que no sólo ha provocado la gradual pérdida de identidad y calidad de vida de los barrios, sino que ha generado una escandalosa cantidad de inmuebles ociosos en el marco de una grave profundización del déficit habitacional.

Desde Plataforma 2012 denunciamos este pacto espurio entre el kirchnerismo y el macrismo, nos solidarizamos con todos los movimientos y agrupaciones que defienden sus derechos a la vivienda, al aire puro y al espacio público. Hacemos un llamado urgente a toda la ciudadanía para oponerse a este pacto de manera activa porque:

• No existe Democracia en el Gobierno de la Ciudad. Tanto el Poder Ejecutivo y la mayoría de la Legislatura de la Ciudad parecen ser parte del directorio de las empresas de desarrollos inmobiliarios y que prestan servicios. Contraviniendo las leyes, bloquean permanentemente la participación de los colectivos afectados y de los órganos comunales en el tratamiento de los proyectos de ley y en la elaboración e implementación de políticas públicas.
• No existe Democracia en el acceso a los servicios públicos. La desigualdad en el acceso de los servicios públicos entre el sector formal e informal de la Ciudad se ha incrementado. La división entre el Norte y el Sur intenta solucionarse con la creación de “Polos” destinados a beneficiar a empresas eximiéndolas de impuestos, que a su vez expulsan a las familias de los barrios del Sur por el incremento de la valuación inmobiliaria y el costo de vida.
• No existe Democracia en el uso del espacio público. En la Ciudad, decenas de compañías pagan cánones irrisorios en función de la envergadura de los predios públicos que ocupan (3). Las costas están privatizadas. Los indispensables espacios verdes públicos se están reduciendo de manera progresiva: cada concesión y cada venta o subasta eliminan pulmones necesarios para que la ciudad pueda ser vivible.
• No existe Democracia en la posesión de la Ciudad. La empresa IRSA es la más grande terrateniente de la Ciudad y la mayoría de los proyectos acordados entre el gobierno nacional y el municipal la tienen como beneficiaria directa.
• No existe Democracia en el acceso a la Ciudad. El aumento de los alquileres, la mayor construcción de viviendas suntuosas, el aumento del precio del terreno, el incremento de los costos de vida y de los servicios públicos generan que cada vez más los que habiten la Ciudad y tengan prioridad sean los sectores de la sociedad de más altos recursos económicos.

El Derecho a la Ciudad implica democratizar la Ciudad para transformarla y a la vez para que sus habitantes se transformen en más solidarios, no competitivos, no consumistas, ambientalmente responsables, cercanos al espacio público y partícipes activos de las acciones de gobierno.

Firmantes: Osvaldo Acerbo, Mirta Antonelli, Abel Ayala, Mireya Baglietto, Jonatan Baldiviezo, Alfredo Barcia, Liliana Barletta, Enrique Bernis, Aníbal Guillermo Bibiloni, Héctor Bidonde, Mario Raúl Bordón, Andrés Borgetto, Jorge Brega, Alejandro Cabrera Britos, Cecilia Carrizo, Juan Antonio Cordoba, Nora Correas, Carola Degreef, Diana Dowek, Lucy Edelman, Federico Esswein, Juan Eduardo Fentanes, Mario Galvano, Amelia García Blanco, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Elsa Beatriz Gil, Facundo Giuliano, Pablo Godoy, Analía González, Alejandro Haimovich, Eduardo Heilbron, Roberto Iglesias, Beatriz Javkin, Mario Kiektik, Diana Kordon, Darío Lagos, Christian Lange, Alba Lanzilotto, Elena Lapuente, Cecilia Laskowski, Gabriel Levinas, Alicia Lissidini, Andrea Lopetegui, Julián López, María Cristina López, Rubén Lo Vuolo, Rosa Graciela Maciel, Diana Maffía, Emanuel Gatto Mainetti, Horacio Edmundo Manzotti, Miguel Marcos, Gabriela Massuh, María Carolina Mauri, Juan Ignacio Maurin, Maximiliano Mendoza, Horacio Micucci, Mauro Morgenfeld, Juan Pablo Mugnolo, Laura Nuguer, María Rosa Pfeiffer, Alberto Jorge Pinus, Marcelo Plana, Federico Pozzi, Irene Rabioglio, Hugo Ramos, Ana Riveros, Horacio Safons, Alicia Sánchez, Carlos Omar Scheiner, Hugo Scotte, Diego Miguel Segui, Maristella Svampa, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Jaco Tieffenberg, Luis Tiscornia, Enrique Viale, Dennis Weisbrot, Bernardino Zaffrani, Patricia Zangaro… (siguen firmas)

Para adherir escribir a plataforma.2012@yahoo.com.ar

Plataforma 2012| #Falacia

En agosto de 2012, desde Plataforma emitimos un documento sobre Vivienda, especulación inmobiliaria y desigualdad en la ciudad de Buenos Aires (1) en el que analizamos y denunciamos un proceso creciente de enajenación del espacio urbano público con el fin de incrementar el usufructo privado. En la ciudad de Buenos Aires, donde existe un 26% de viviendas nuevas sin ocupar, impera una vertiginosa lógica de especulación inmobiliaria que mercantilizó hasta el paroxismo las condiciones de acceso a la vivienda, cuestionando además la tradición de los espacios urbanos porteños ligados al modelo de una ciudad abierta. La contracara siniestra de esta modalidad, que no es reciente, pero tuvo un incremento exponencial con el gobierno de Mauricio Macri, es la falta de vivienda para los sectores populares, la desatención de la emergencia habitacional de los grupos vulnerables y el incumplimiento de las leyes que disponen la reurbanización de villas y asentamientos. Dicho modelo especulativo, que implica socializar costos y privatizar beneficios, ha generado el aumento intolerable de la población en villas, convertidas hoy en el blanco de las “políticas de seguridad” del ejecutivo nacional y municipal.

Prueba contundente de esto último fue el conflicto desencadenado por la ocupación del predio del Parque Indoamericano a fines de 2010, que culminó con tres asesinatos, sin que hasta el día de hoy se haya avanzado en soluciones concretas ni tampoco en la determinación de las responsabilidades de dichos crímenes, que involucran tanto la policía metropolitana como la federal.

El marco en el cual se desarrolla esta problemática forma parte de un modelo nacional de acumulación por desposesión que conduce a la concentración de la propiedad de la tierra (el territorio) e implica el desprecio por la naturaleza y los bienes comunes. En este contexto, la Argentina es hoy un país cada vez más subordinado a las corporaciones: la entrega de la Cordillera a transnacionales megamineras, como la Barrick Gold, Xstrata o Yamana Gold; en el campo, la expansión de la frontera de los agronegocios al servicio del monocultivo de la soja transgénica, con utilización de agrotóxicos, que desplaza a poblaciones enteras de su entorno, arrasa con los bosques, reduce la biodiversidad e implica la degradación de los suelos.

Este mecanismo de apropiación de los espacios vitales también se reproduce en la Ciudad de Buenos Aires a través de una espuria asociación entre el Kirchnerismo y el Macrismo. Más allá de los pirotécnicos cruces mediáticos, ambos oficialismos coinciden en un modelo de ciudad excluyente, privatizada, planificada desde la especulación inmobiliaria y las grandes corporaciones.

Producto de este “pacto”, cuyo primer anticipo fue la votación conjunta en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto oficial sobre ART, el pasado 1º de noviembre la Legislatura votó de forma express -y a espaldas de la sociedad- una serie de leyes (2) que, sintetizadas, permiten:

• La concesión por 30 años de treinta y siete hectáreas de espacio público (37 manzanas del Parque Roca) a un privado. sin canon alguno que será eximida de pagar los impuestos durante diez años.
• La subasta pública del Edificio del Plata, patrimonio histórico emblemático de la Ciudad
• La entrega de decenas de hectáreas a la especulación inmobiliaria con la consecuente rezonificación para construir viviendas de las playas ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers (a saber: no son para el plan Procrear, porque así expresamente lo excluye el decreto presidencial).
• La autorización al Poder Ejecutivo local de endeudarse por U$S 250 millones de dólares (la deuda de la Ciudad aumentó un 227 % desde que asumió Macri).
• El denominado “Distrito de las Artes” en la Boca promovido por el macrismo, pensado para los negocios con el arte -y no para los artistas- lo que provocará inevitablemente la gentrificación del barrio.
• Ley para generar un fondo con recursos públicos que será administrado por el Diputado Daniel Amoroso (Presidente a su vez del Sindicato de Juegos de Azar, ALEARA).

Siguiendo la lógica de la desarticulación social, y también como consecuencia de la asociación de los gobiernos de Macri y Kirchner, en los próximos días se pretenden sancionar, también a espaldas de la opinión pública:

La llamada “Dubai” en la ex Ciudad Deportiva de Boca: A cambio de 15 millones de dólares, el Municipio rezonifica un predio para construir, que le redundará nada menos que 5000 millones de dólares. Las partes de este pacto (Macrismo y Kirchnerismo) pretenden usar la urbanización del Barrio Rodrigo Bueno como moneda de cambio para la aprobación de este nuevo barrio lujoso pegado a la Reserva. El impacto ambiental que provoque esta rezonificación dañará irreversiblemente a la reserva ecológica.

• La rezonificación de la Isla Demarchi que, con el pretexto de construir un “polo tecnológico” por parte del gobierno nacional, también se la entrega a la especulación inmobiliaria.
• La autorización a empresas para la construcción de un shopping en Caballito.
• La aprobación del denominado “Plan Maestro para la Comuna 8″ donde cientos de hectáreas de espacios verdes públicos pasarán a ser destinadas a explotaciones comerciales y con grandes y generalizadas exenciones impositivas.

Todas estas leyes tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazándolas y “liberando” territorios para que sean usufructuados por la lógica económica de las grandes corporaciones, generando procesos de expulsión, desplazamientos de poblaciones carenciadas, apropiación de lo público, agresiones contundentes al ambiente y degradación institucional. 

En este proceso, la vivienda ha dejado de ser un bien de uso para transformarse exclusivamente en un bien de cambio, una mercancía sólo accesible a unos pocos económicamente privilegiados e incluso, en muchos otros casos, en un activo financiero. La progresiva demolición de la sustancia urbana, la indiscriminada construcción de torres obedecen exclusivamente a una lógica especulativa, cuya contracara es la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los sectores populares y clases medias, así como del hacinamiento en villas, barrios, hoteles e inquilinatos de los carenciados.

Así, el kirchnerismo y el macrismo -lejos de constituirse en una antinomia- confluyen en un mismo modelo de Ciudad que no la planifica el Estado, sino las corporaciones a través de los privilegios que le conceden quienes ocupan cargos en el Estado. Donde el indicador de éxito de las políticas urbanísticas es el aumento arbitrario de los valores de la tierra, con los desplazamientos de población que ello implica. Por eso fomentaron, durante todos estos años, la construcción indiscriminada, motorizada por la especulación inmobiliaria, que no sólo ha provocado la gradual pérdida de identidad y calidad de vida de los barrios, sino que ha generado una escandalosa cantidad de inmuebles ociosos en el marco de una grave profundización del déficit habitacional.

Desde Plataforma 2012 denunciamos este pacto espurio entre el kirchnerismo y el macrismo, nos solidarizamos con todos los movimientos y agrupaciones que defienden sus derechos a la vivienda, al aire puro y al espacio público. Hacemos un llamado urgente a toda la ciudadanía para oponerse a este pacto de manera activa porque:

• No existe Democracia en el Gobierno de la Ciudad. Tanto el Poder Ejecutivo y la mayoría de la Legislatura de la Ciudad parecen ser parte del directorio de las empresas de desarrollos inmobiliarios y que prestan servicios. Contraviniendo las leyes, bloquean permanentemente la participación de los colectivos afectados y de los órganos comunales en el tratamiento de los proyectos de ley y en la elaboración e implementación de políticas públicas.
• No existe Democracia en el acceso a los servicios públicos. La desigualdad en el acceso de los servicios públicos entre el sector formal e informal de la Ciudad se ha incrementado. La división entre el Norte y el Sur intenta solucionarse con la creación de “Polos” destinados a beneficiar a empresas eximiéndolas de impuestos, que a su vez expulsan a las familias de los barrios del Sur por el incremento de la valuación inmobiliaria y el costo de vida.
• No existe Democracia en el uso del espacio público. En la Ciudad, decenas de compañías pagan cánones irrisorios en función de la envergadura de los predios públicos que ocupan (3). Las costas están privatizadas. Los indispensables espacios verdes públicos se están reduciendo de manera progresiva: cada concesión y cada venta o subasta eliminan pulmones necesarios para que la ciudad pueda ser vivible.
• No existe Democracia en la posesión de la Ciudad. No existe Democracia en el acceso a la Ciudad. El aumento de los alquileres, la mayor construcción de viviendas suntuosas, el aumento del precio del terreno, el incremento de los costos de vida y de los servicios públicos generan que cada vez más los que habiten la Ciudad y tengan prioridad sean los sectores de la sociedad de más altos recursos económicos.

El Derecho a la Ciudad implica democratizar la Ciudad para transformarla y a la vez para que sus habitantes se transformen en más solidarios, no competitivos, no consumistas, ambientalmente responsables, cercanos al espacio público y partícipes activos de las acciones de gobierno.

Firmantes: Osvaldo Acerbo, Mirta Antonelli, Abel Ayala, Mireya Baglietto, Jonatan Baldiviezo, Alfredo Barcia, Liliana Barletta, Enrique Bernis, Aníbal Guillermo Bibiloni, Héctor Bidonde, Mario Raúl Bordón, Andrés Borgetto, Jorge Brega, Alejandro Cabrera Britos, Cecilia Carrizo, Juan Antonio Cordoba, Nora Correas, Carola Degreef, Diana Dowek, Lucy Edelman, Federico Esswein, Juan Eduardo Fentanes, Mario Galvano, Amelia García Blanco, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Elsa Beatriz Gil, Facundo Giuliano, Pablo Godoy, Analía González, Alejandro Haimovich, Eduardo Heilbron, Roberto Iglesias, Beatriz Javkin, Mario Kiektik, Diana Kordon, Darío Lagos, Christian Lange, Alba Lanzilotto, Elena Lapuente, Cecilia Laskowski, Gabriel Levinas, Alicia Lissidini, Andrea Lopetegui, Julián López, María Cristina López, Rubén Lo Vuolo, Rosa Graciela Maciel, Diana Maffía, Emanuel Gatto Mainetti, Horacio Edmundo Manzotti, Miguel Marcos, Gabriela Massuh, María Carolina Mauri, Juan Ignacio Maurin, Maximiliano Mendoza, Horacio Micucci, Mauro Morgenfeld, Juan Pablo Mugnolo, Laura Nuguer, María Rosa Pfeiffer, Alberto Jorge Pinus, Marcelo Plana, Federico Pozzi, Irene Rabioglio, Hugo Ramos, Ana Riveros, Horacio Safons, Alicia Sánchez, Carlos Omar Scheiner, Hugo Scotte, Diego Miguel Segui, Maristella Svampa, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Jaco Tieffenberg, Luis Tiscornia, Enrique Viale, Dennis Weisbrot, Bernardino Zaffrani, Patricia Zangaro… (siguen firmas)

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