La Corte Suprema intimó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y al gobierno porteño para que, en un plazo de 30 días, presenten un plan integrado de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y un estudio de impacto ambiental sobre la actividad que desarrollan 44 empresas, entre las que figuran varias petroleras, petroquímicas, curtiembres y alimentarias de primer nivel.
Además, el máximo tribunal convocó a esos tres gobiernos, a los vecinos que presentaron la demanda y a las empresas a una audiencia pública, que se realizará el 5 de septiembre, a las 11.
Hace dos años, diecisiete vecinos demandaron al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad y a 44 firmas en reclamo del pago de daños y perjuicios, la recomposición del medio ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca. Pero no presentaron precisiones ni pruebas sobre cuál es el impacto que produce cada empresa en el medio ambiente.
Ahora, la Corte, que nunca llegó tan lejos en materia ambiental, quiere poner las cosas en su lugar: les pidió a las empresas que indiquen cómo tratan sus efluentes, y a los citados gobiernos que diseñen un plan integral para sanear la cuenca y recomponer el medio ambiente.
La resolución, que fue anticipada hace dos semanas por LA NACION, lleva las firmas del presidente del máximo tribunal, Enrique Petracchi, y de los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay.
Para el momento en que se realice la audiencia, los tres Estados y las empresas ya habrán presentado sus respectivos informes, que estarán en poder de los ministros de la Corte, por lo cual ese acto procesal podría convertirse en la oportunidad para llegar a una acercamiento de las pares.
La demanda por la contaminación de la cuenca de Matanza-Riachuelo (caratulada como causa Beatriz Mendoza y otros) fue presentada hace dos años por diecisiete vecinos, algunos de los cuales se identifican como parte de Villa Inflamable, un asentamiento crítico de Dock Sud.
Pero el planteo está plagado de imprecisiones. Por ejemplo, no dice en qué medida es responsable cada planta de esa contaminación. Ayer, una consulta de LA NACION con algunas empresas (una automotriz, por ejemplo) reveló que tienen un moderno sistema de saneamiento. Otras compañías, en cambio, pueden estar contaminando, pero no se sabe con precisión cuál es el área de su influencia.
La demanda permaneció dormida por dos años, pero hace dos meses la Corte reflotó el tema ambiental, en coincidencia con la notoriedad que cobró en la agenda pública por el conflicto de las papeleras con Uruguay,
La demanda, que cuenta con el patrocinio del jurista Jorge Mossert Iturraspe, está dirigida contra los gobiernos nacional, porteño y bonaerense y contra 44 empresas de primera línea, entre las que figuran varias petroleras (Shell, YPF, Eg3, Sol Petrol, Dapsa, entre otras), la petroquímica Indupa, el supermercado Coto, Aguas Argentinas y varias curtiembres.
Los vecinos del Riachuelo presentaron en forma conjunta varios reclamos, que la Corte optó por dividir en varios expedientes:
- Uno de los reclamos de los vecinos fue la indemnización por los daños individuales sufridos por cada uno de ellos, para reparar los gastos por tratamientos médicos, daño moral y psíquico y la nueva radicación de las familias. En total, pidieron 5,2 millones de pesos. La Corte, consciente de que este reclamo podría sumergirla en una infinidad de causas y de trámites probatorios, encontró un argumento técnico para deshacerse del pedido: se declaró incompetente.
- En cambio, la Corte sí se declaró competente para estudiar el daño colectivo: es decir, la parte del reclamo que solicita que se recomponga el medio ambiente y se realicen obras de saneamiento. "Tiene una prioridad absoluta la prevención del daño futuro, ya que se trata de actos que seguirán produciendo contaminación. En segundo lugar, debe perseguirse la recomposición de la polución ambiental y, finalmente, para el supuesto de daños irreversibles, el resarcimiento", dice el tribunal.
- Y, a partir de allí, la Corte ordena que las partes presenten varios informes. Las empresas demandadas deberán informar, en el plazo de 30 días, sobre los líquidos que arrojan al río, su volumen y cantidad; si tienen sistemas de tratamientos de residuos y si tienen seguros contratados, conforme con lo que les ordena la ley 25.675, de política ambiental.
- Por su parte, los gobiernos nacional, porteño y de la provincia de Buenos Aires deberán presentar un "plan integrado", basado sobre el principio de progresividad, es decir, que los objetivos de mejora deberán ser logrados en forma paulatina. Ese plan deberá tener un ordenamiento ambiental del territorio, el control que tiene el Estado sobre las actividades industriales y deberá incluir el estudio de impacto ambiental de las 44 empresas.
- La Corte, por ahora, no se pronunció sobre el pedido de los vecinos para que se cree un Fondo Común de Recomposición, al que deberían aportar los tres gobiernos, para solventar los gastos de saneamiento. El tribunal no quiso, por el momento, crear un fondo de difícil control. Además, nadie puede sostener que los estados o las empresas, que deben contar con seguros, vayan a insolventarse.
También ordena la Corte que los vecinos de esa zona puedan tener acceso a esa misma información y que el Estado desarrolle un programa de educación ambiental.
Por Adrián Ventura
De la Redacción de LA NACION
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