El informe, al que tuvo acceso LA NACION, sostiene: "De producirse una contingencia ambiental nos encontraríamos ante una catástrofe sanitaria, ya que se registran en el área al mismo tiempo altos niveles de contaminación en las aguas superficiales, suelos y en las aguas subterráneas, y una población vulnerable debido a que tiene necesidades básicas insatisfechas, lo que aumenta los niveles de riesgo".

Y agrega que en la red que operaba la empresa Aguas Argentinas, ahora en manos del Estado, "la toma de agua de General Belgrano se encuentra entre el emisario de Berazategui (que vierte cloacales sin tratamiento) y la desembocadura del Riachuelo, por lo que, en el caso de una contingencia meteorológica especial, podría producirse una contaminación que generaría emergencia sanitaria".

Según detalla el informe oficial, el vertido cloacal sin tratamiento es una de las principales fuentes de contaminación de las aguas por su aporte de materia orgánica, aunque también agrega que la situación se torna más compleja con la presencia en altos niveles de hidrocarburos y de metales pesados.

"A esto se le suma que en el área de Dock Sud [en el partido de Avellaneda] hay alrededor de 50 establecimientos industriales, entre los que se destacan, por su magnitud, dos refinerías de petróleo, ocho plantas de recepción y almacenaje de petróleo y sus derivados; el almacenaje de productos químicos y una central eléctrica", describe el trabajo. Las promesas oficiales hablaban de la mudanza gradual del Polo Petroquímico en una década. Pero los avances son lentos.

El informe también se refiere al área que cubre la Cuenca Matanza-Riachuelo, la que presenta una alta sensibilidad social: "Parte de los terrenos, depreciados, de bajo valor fiscal, se convirtieron en asiento del bolsón de pobreza más extendido del país: existen 13 villas de emergencia ubicadas en el curso inferior del río".

La Auditoría, además, observa que el Comité Ejecutor creado en la década del 90 fue casi un sinsentido. "Aunque el Comité nunca fue constituido como autoridad de cuenca y carecía de las funciones para cumplir con su cometido, se pretendió que llevara adelante un programa de saneamiento ponderado en más de 800 millones de dólares y que ponderó un préstamo BID que, junto a los aportes argentinos, significaba un presupuesto de 500 millones de dólares".

A esto se agrega -dice el informe-que "la ejecución del préstamo BID fue muy baja". Según el detalle, los fondos directos aportados por el organismo internacional sólo alcanzó a 7.762.790 dólares, de los 250 millones originales. Y, en cuanto a los fondos propios, la inversión llegó a 45.312.675 pesos/dólares. La mayor parte de ese dinero estuvo destinada a las tareas de consultoría y obras hidráulicas. Y, en 2002, 150 millones fueron redireccionados a Desarrollo Social.

Hace dos años, un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación había declarado la emergencia ambiental. Las alarmas siguen sonando.

Laura Rocha

Rodríguez reiteró la intención del gobierno de "conformar una red de empresas industriales y de servicios, ya que la ciudad de Buenos Aires posee condiciones óptimas para lograrlo teniendo en cuenta que el 75 por ciento de las empresas son pymes". A su vez, agregó que "se trabajará junto al Banco Ciudad que aportará 40 millones de pesos para la producción".

Durante la audiencia, de la que participaron más de 60 oradores, también habló Vensentini, quien resaltó la importancia de esta reforma que "representa la oportunidad para generar el desarrollo sustentable de la ciudad que incentiven el cuidado del medio ambiente".

También hubo lugar para las opiniones de pequeños empresarios, la mayoría en favor de la reforma propuesta por los legisladores, y de los vecinos, varios de los cuales presentaron sus opiniones en contra. María Rosa Virgilio, representante de la asociación vecinal Mirando al Sur, de Parque Patricios dijo: "El eje debe pasar por el esquema de fiscalización. Nos oponemos a este proyecto en tanto no exista control ciudadano. ¿O lo vamos a dejar en manos del gobierno de la ciudad? Ya tenemos experiencia de cómo nos va. Hace 13 años que denuncié penalmente a una empresa química y nadie hizo nada".

Las conclusiones de la audiencia pública, que no son vinculantes, serán elevadas a la comisión de Planeamiento Urbano, que deberá emitir un despacho para que el pleno del cuerpo defina si aprueba el proyecto en segunda lectura y lo convierte en ley.