NUEVA YORK.- Con el arresto de más de un millar de trabajadores indocumentados y sus empleadores, en redadas realizadas en 26 estados, las autoridades de Estados Unidos lanzaron ayer una masiva ofensiva contra la inmigración ilegal, en momentos en que el Congreso debate el destino de los 12 millones de inmigrantes que viven en el país sin papeles.
"Tanto empleadores como trabajadores deben saber que el statu quo ha cambiado", advirtió el secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff, durante una conferencia de prensa en la que anunció la nueva postura de tolerancia cero respecto del empleo de indocumentados.
"Avanzaremos más allá del actual nivel de actividad a un nivel mayor cada mes y cada año -prometió-. Trataremos a los empleadores de indocumentados de la misma manera en que tratamos a las organizaciones criminales."
Y el primer blanco fue la compañía de origen alemán IFCO Systems. Se trata del mayor fabricante de cajas de transporte y almacenaje del país, que vio anteayer cómo 40 de sus sucursales en 26 estados eran tomadas por agentes federales.
En el operativo, el mayor hasta ahora en Estados Unidos, fueron arrestadas 1187 personas, entre ellas siete gerentes de la empresa, acusados de conspiración para transportar, alojar y alentar a extranjeros indocumentados a vivir en Estados Unidos a fin de obtener beneficios comerciales y mayores ganancias. Los directivos, que deberán comparecer ante los tribunales el 4 de mayo próximo, enfrentarán, si son hallados culpables, penas de hasta 10 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares por cada extranjero indocumentado contratado.
Con la excepción de los que tenían antecedentes delictivos, los trabajadores sin papeles, provenientes en su mayoría de México, América Central y Brasil, no quedaron detenidos, sino que fueron deportados o procesados de manera administrativa, con multas y citaciones judiciales.
Hasta el momento, los representantes diplomáticos de la Argentina no habían recibido notificación de que hubiera compatriotas entre los arrestados, según informó a LA NACION Rodolfo Cerviño, jefe de la sección consular de la embajada argentina en Washington.
"Las comunidades de nuestra nación no pueden convertirse en un frontera salvaje donde extranjeros indocumentados y empleadores inescrupulosos subviertan las leyes de nuestro país", destacó durante la conferencia de prensa Julie Myers, jefa de la Oficina de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interior.
Según explicó, la compañía no les pagaba horas extras a los empleados indocumentados, mantenía entre 10 o 20 personas por casa, las inducía a falsificar documentación fiscal y las transportaba en malas condiciones de un lugar a otro de trabajo.
Más de la mitad de los cerca de 5800 empleados de IFCO Systems tenían números de la seguridad social que eran inválidos o no coincidían con sus nombres, de acuerdo con el gobierno.
Esos números identifican a los empleados y son necesarios para poder trabajar legalmente. La agencia de seguridad social había advertido en 13 ocasiones a IFCO sobre estas discrepancias en su personal. "Estamos observando a aquellas personas que adoptan la violación sistemática de la ley estadounidense como modelo empresarial […]. Luego usamos todas las herramientas que tenemos, sea la aplicación de la ley penal o de las leyes migratorias, para romper la espalda de esas organizaciones", dijo Chertoff.
Las autoridades de IFCO Systems se limitaron ayer a emitir un comunicado en el que se comprometían a cooperar con la investigación. "Es nuestra política cumplir con todos los requisitos de empleo federales y estatales", afirmaron.
La nueva estrategia del gobierno de George W. Bush para combatir el empleo de indocumentados llega en momentos en que el Senado se apresta a reanudar, la semana próxima, el acalorado debate sobre la reforma migratoria que podría legalizar a los 12 millones de extranjeros sin documentos que se calcula que viven actualmente en el país, según una propuesta presentada por el demócrata Ted Kennedy y el republicano John McCain.
Sin embargo, la postura de la Cámara de Representantes en cuanto al espinoso tema es bastante diferente, con la aprobación a fines del año pasado de un proyecto de ley que busca criminalizar a los indocumentados, construir un muro de más de 1000 kilómetros en la frontera con México y aumentar las penas para quienes empleen o ayuden a los migrantes.
De todas maneras, no es la primera vez que hay redadas contra los ilegales; otras recientes han reavivado la necesidad de una reforma migratoria, pero hasta ahora los legisladores no se han puesto de acuerdo sobre cómo solucionar el asunto. En noviembre de 2003, la cadena Wal-Mart fue blanco de las autoridades migratorias, que arrestaron a 250 trabajadores indocumentados que habían sido subcontratados para servicios de limpieza en 60 sucursales repartidas en 21 estados.
Y la semana pasada, tres restaurantes de Baltimore fueron acusados de contratar indocumentados, mientras que dos agencias de empleo temporal con oficinas en Nueva Jersey, Ohio y Pennsylvania fuero procesadas por dar trabajo a extranjeros sin papeles.
El plan de lucha
Para los grupos de inmigrantes -en su mayoría, latinos- que en las últimas semanas organizaron multitudinarias manifestaciones a favor de la legalización en todo el país, la renovada ofensiva del gobierno obligará a replantear su estrategia de lucha, que incluye un paro nacional y boicot de productos estadounidenses para el 1º de Mayo. Sobre todo, luego de que hubo varios casos de personas que perdieron sus trabajos y de estudiantes que fueron castigados por asistir a las marchas de protesta.
"Temo que el clima antiinmigrante vaya en aumento -dijo a LA NACION Rafael Abdo, director ejecutivo de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior, con sede en Los Angeles-. Tendremos que reevaluar los acontecimientos y hacer ajustes para que nuestras acciones no tengan efectos contraproducentes como estos, pero se reconozca el aporte económico que hacemos a Estados Unidos."
Por Alberto Armendáriz
Para LA NACION
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