Alternativa Socialista.
Por Marcelo Parrilli, ex diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el MST en Proyecto Sur.
El 14 de octubre de 2011, Cristina Kirchner envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley que había firmado el día anterior bajo el Nº 1643. Su objetivo era “fortalecer y reordenar las disposiciones normativas en materia de prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista”. Por eso, según el decreto, “se intensifica la pena de cualquier delito que sea cometido con finalidad terrorista”
Cumpliendo con los deseos de la presidente, el 22 de diciembre el Congreso sancionó la ley 26.734, conocida como “ley antiterrorista”. Se incorporó así como agravante de pena el art. 41 quinquies: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
La ley fue votada por todo el kirchnerismo, una parte significativa del PJ no kirchnerista y por los diputados del supuestamente progresista Nuevo Encuentro: Martín Sabatella, Carlos Raimundi y Carlos Heller.
Buscando disimular que ese artículo es claramente inconstitucional, a este andamiaje pseudo-jurídico le agregaron un párrafo: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
Pero esto último es sólo un pretexto. Si el juez entiende que un delito, cualquiera sea, fue con la finalidad de “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, se duplicarán las penas.
Más criminalización de la protesta social
Que el gobierno nacional pretende utilizar esta ley contra las luchas populares surge claramente de su contenido, de la criminalización que ya aplica y del discurso de Cristina en el Congreso al asumir su segundo mandato, cuando cuestionó el derecho de huelga diciendo que había “derecho a la huelga pero no a la extorsión”.
La palabra extorsión tiene un contenido inequívoco y desnuda la intención política de la presidente de emparentar el legítimo ejercicio de un derecho constitucional, como es el de huelga, con un acto o hecho cuyo objetivo sea -según la ley antiterrorista- “obligar a las autoridades públicas nacionales… a realizar un acto u abstenerse de hacerlo”.
En ese marco tan general y abstracto que, a propósito, establece la nueva ley, quedan comprendidos desde un paro de estatales por aumento salarial a una movilización contra el FMI por el no pago de la deuda externa y desde un corte de ruta para evitar despidos hasta una marcha ambientalista contra la megaminería. ¡Siempre una protesta es para exigir que un gobierno cambie tal o cual medida!
El porqué de esta ley no es un secreto. Ante la llegada de la crisis capitalista a nuestro país, Cristina eligió el camino del ajuste y, como sabe que habrá resistencia popular, construye nuevos instrumentos represivos. El fogonero de esta ley fue el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo creado años atrás por las potencias del G7 para “combatir el lavado de dinero” y el “financiamiento al terrorismo”. En realidad, el GAFI es un grupo de presión del imperialismo y los bancos, o sea de los mismos que generan las crisis y diseñan los planes de ajuste
Unidad por la anulación de la ley
La represión del gobierno K a los movimientos populares comenzó hace ya bastante y está jalonada con muertos en casi todo el país. A su vez hay más de 5.000 dirigentes y activistas políticos, sindicales y sociales procesados -entre ellos nuestra compañera Vilma Ripoll- por participar en marchas, cortes de ruta o acciones en defensa del trabajo, el salario, la vivienda, la salud o la educación públicas y, en general, en defensa de todos los derechos populares. Se los acusa de extorsión, coacción agravada, entorpecimiento de circulación, daños, amenazas, atentado y resistencia a la autoridad… A este cuadro se suma ahora esta nueva vuelta de tuerca que es la “ley antiterrorista”, destinada a tratar de frenar las luchas que irán en aumento.
Pero Cristina va a pagar costo político. Por más que trate de que pase desapercibido, este engendro represivo es un duro golpe a su fachada de gobierno defensor de los derechos humanos. Han tenido que salir a criticar la ley sectores cooptados y figuras pro-oficialistas, como Madres de Plaza de Mayo y Hebe Bonafini, Abuelas, Horacio Verbitsky y el CELS, así como el juez Eugenio Zaffaroni y Carta Abierta. Y muchos militantes kirchneristas de base sienten decepción y bronca.
Es entonces una tarea fundamental denunciar su existencia y sus efectos en todos los terrenos -judicial, político, social- en las escuelas, universidades, lugares de trabajo y barrios. También es clave buscar la mayor unidad posible para movilizarnos contra ella hasta lograr su derogación o anulación, como ya lo hicimos alguna vez con las leyes inconstitucionales que pretendieron consagrar la impunidad de los genocidas.
[ 10 febrero, 2012; 18:00 a 20:00. ] Viernes 10 de febrero – 18 hs Con: Beinusz Szmukler, Diana Kordon y Alejandro Bodart Moderador: Herman Schiller Legislatura porteña (Salón Montevideo)
