La Nación.
Luego de 18 días de protesta contra la explotación minera en la localidad de Famatina, en La Rioja, el gobierno nacional se hizo hoy eco de la polémica y rompió el silencio. «La minería no es un demonio», sostuvo el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi.
En una entrevista grabada para radio Continental, Mussi afirmó: «La comunidad no debe decir que no a la minería«.
«Si los vecinos aprueban que la metodología que se utiliza en sus provincias es la misma que utilizan los inversores en sus países de origen, no hay problema. Lo que hay que cuidar es que los argentinos no seamos chanchitos de indias», agregó el secretario de Medio Ambiente.
La alusión pública por parte de la Casa Rosada sobre el conflicto ambiental en La Rioja llegó más de dos semanas después de que miles de habitantes iniciaran protestas en las localidades de Famatina y Chilecito, que se oponen a que la firma canadiense Osisko Mining Corporation inicie la exploración de oro, como acordó con el gobierno provincial de Luis Beder Herrera. En una medida apoyada por el propio intendente de Famanita, Ismael Bordagaray, los vecinos acampan sobre la ruta provincial 11, impidiendo así el paso de los vehículos de la empresa hacia la mina La Mejicana.
Bajo la consigna «El agua vale más que el oro», ayer los reclamos contra la minería se sintieron en el centro de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, y para hoy se espera una masiva convocatoria en el Obelisco porteño, a las 19. También habrá manifestaciones en La Plata y en Córdoba.
EL RECLAMO DE LOS VECINOS
«Es escandalosa la devastación que producen en nuestras montañas. Quieren volarlas. Acá el único negocio es de los funcionarios de turno y de las empresas. Nada para el pueblo. Por eso, una vez más estamos en contra de un nuevo emprendimiento», contó ayer a LA NACION Carina Díaz Moreno, residente en Famatina.
Según supo este diario, las autoridades provinciales insistieron ayer en el proyecto: el presidente de la empresa Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), que está asociada con Osisko, Héctor Duran Sabas, sostuvo que «es una política de gobierno, una decisión del Estado de dar cumplimiento a los contratos y avanzar en la prospección y la explotación en caso de darse», y acusó de mentir a los asambleístas.
En 2006, Beder Herrera era vicegobernador de la provincia y estuvo en contra de que la compañía canadiense Barrick Gold intentara asentarse en La Rioja. Hasta impulsó normas contrarias a la minería a cielo abierto.
Dos años después, ya siendo gobernador, cambió su política y derogó las leyes, además de crear la empresa estatal EMSE, encargada de firmar los acuerdos con las mineras.
Un proyecto de ley que autoriza la utilización de cianuro en la explotación minera fue aprobado en diciembre por la legislatura rionegrina, tras el impulso que le brindó el ex gobernador Carlos Soria.
La norma derogó una anterior que, desde 2005, prohibía en la Provincia el uso de «cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos», tal como establece la Ley Nacional de Ambiente 25.675.
El bloque kirchnerista votó en favor de la iniciativa promovida por Soria, en tanto los bloques de la oposición rechazaron el texto debido a los daños en el medio ambiente que podría ocasionar el cianuro.
El proyecto de ley establece la creación, en el ámbito de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería, de un Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam), que analizará los estudios de impacto ambiental que la actividad minera pudiera producir, destacó el diario Río Negro.
Soria justificó la derogación de la norma al destacar el «notorio deterioro sobre las actividades económicas» de la provincia que ocasionó la acción del volcán chileno Puyehue, que entró en erupción en mayo pasado.
El Consejo Provincial de Evaluación estará integrado por funcionarios gubernamentales de la provincia, tres legisladores, un representante del municipio en el que se desarrolle la actividad minera, uno de la Universidad de Río Negro, uno de las ONGs ambientalistas y uno de la Empresa de Tecnología (INVAP).
La nueva ley, en tanto, permite que las empresas o personas que, al momento de entrar en vigencia la norma, posean la titularidad o derechos de concesiones de yacimientos minerales y hubieren obtenido la declaración de impacto ambiental, podrán reanudar sus tareas.
En los últimos días, organizaciones sociales, religiosas, ambientales, estudiantiles y gremiales expresaron su rechazo a la derogación de la ley que impedía la utilización del cianuro en la provincia.
El documento fue firmado por la Pastoral Social Diócesis de Bariloche y de Viedma, el Decanato Centro Universitario Regional Zona Atlántica, la Universidad Nacional del Comahue y ATE Río Negro, entre otras. «No es posible una convivencia entre una minería metalífera a cielo abierto, que utiliza profusamente el agua, como sabemos, escasa en la zona, y el desarrollo» agrícolo-ganadero, planteó el documento.
