Así lo informaron ayer fuentes de la cartera militar, y precisaron que se ofrecerá a las provincias el traslado de las responsabilidades educativas para evitar el cierre de los establecimientos.

“Si el Ministerio de Educación no tiene escuelas a su cargo, por qué debe tenerlas el de Defensa; no queremos ocasionar un problema a los alumnos y por eso se buscará una transferencia organizada a las provincias, pero no creemos en la educación militarizada a esa edad”, comentaron allegados a la ministra Nilda Garré.

Las tres fuerzas cuentan con liceos de educación secundaria distribuidos en siete provincias y en la Capital Federal. El primero fue el Liceo General San Martín, fundado en 1938. En los seis liceos del Ejército estudian unos 7000 alumnos.

Fuentes de las Fuerzas Armadas explicaron a LA NACION que esa cantidad de estudiantes permite la autofinanciación de los liceos, varios de los cuales fueron creados durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. El Ministerio de Defensa encaró una reorganización global de los planes de estudio militares, y allí no figura conservar a los liceos. En tanto se concrete la transferencia a las provincias, esos institutos de formación de adolescentes perderán gradualmente sus atributos militares.

Mirada castrense

Hoy son dirigidos por coroneles o sus grados similares en las otras fuerzas. También tienen un sistema de convivencia interna reglamentado según la mirada castrense, lo que incluye sanciones disciplinarias como "arrestos" que se cumplen anulándose los francos de fin de semana. De todas maneras, la inscripción y permanencia en esos establecimientos es voluntaria y a criterio de padres y alumnos.

Los egresados de esos liceos obtienen, además del título de bachiller, el grado de subtenientes de reserva. Una proporción no mayor de quienes egresan de los liceos continúan la carrera de oficiales en el Colegio Militar, en la Escuela Naval o en la Escuela de Aviación Militar.

En algunos casos, como el Liceo General Roca, fundado en 1966, en Comodoro Rivadavia, la educación ofrecida se extiende al jardín de infantes y a la escolaridad primaria. En todos los liceos los cursos son mixtos desde mediados de los años 90.

En la opinión del Ministerio de Defensa, la oferta educativa a nivel nacional ya vuelve obsoletos a estos liceos militares. Aceptan en las cercanías de Garré que esos institutos cuentan con un prestigio social ganado luego de tantos años de funcionamiento, por eso no se optó por cerrarlos sin más trámite. La idea es que continúen con un régimen civil de educación, aunque en la práctica eso significa una modificación absoluta del sentido para el que fueron creados. Pasarán a ser simples y normales escuelas secundarias.

Funcionan actualmente el Liceo Militar General San Martín (en Buenos Aires), el Liceo Militar General Espejo (Mendoza), el Liceo Militar Manuel Belgrano (Santa Fe), el Liceo Militar General Paz (Córdoba), el Liceo Militar General Roca (Comodoro Rivadavia), el Liceo Militar Aráoz de Lamadrid (Tucumán), el Liceo Naval Almirante Brown (Capital Federal), el Liceo Naval Almirante Storni (Misiones) y el Liceo Aeronáutico (Santa Fe).

En el Ministerio de Defensa garantizaron la continuidad de la educación para aquellos alumnos que ya cursan en los liceos, aunque con las variantes ya detalladas.

Para los militares, esta decisión de quitarles la responsabilidad sobre los liceos tiene una desventaja práctica inmediata: la ruptura de la formación de cuadros de oficiales de reserva.

Puede ser ese un argumento poco entendible para quienes no están familiarizados con la situación castrense, pero, en realidad, tiene una dimensión interesante de analizar. Las Fuerzas Armadas son una especie de póliza de seguro que tienen los países, la cual siempre se espera no utilizar. Pues bien, llegado el ahora impensable caso de ser necesaria una movilización ante un conflicto bélico son esos subtenientes de reserva egresados de los liceos militares los únicos capacitados para sumarse a los cuadros permanentes de oficiales.

La Argentina, al desprenderse del servicio militar obligatorio y sin una ley de movilización y reservas, depende en una urgencia de los pocos hombres que se adiestraron voluntariamente en la doctrina militar.

Contenido humanístico

Los cambios que se estudian para los planes de estudio militares, ya a nivel de formación de oficiales, apuntan a dotar esa carrera de mayores materias humanísticas, según afirman en el Ministerio de Defensa.

Una modificación radical en la formación del Ejército ya se produjo durante la gestión del fallecido teniente general Ricardo Brinzoni. Por su decisión, para integrarse en la carrera de oficial un joven no debe pasar obligatoriamente ni por el liceo militar ni por el Colegio Militar de la Nación. Con un título universitario en cualquier disciplina, y un curso básico de instrucción militar de seis meses, un aspirante puede ingresar directamente en las escuelas de las armas y convertirse en subteniente de infantería, caballería o artillería.

La intención buscada por Brinzoni con esa modificación fue insertar en el Ejército a jóvenes que llegasen a la fuerza formados en el ámbito civil, para evitar de esa manera que la institución castrense quedase encerrada en una mirada parcial de la vida construida naturalmente con el ingreso a los liceos militares a los 12 años.

Ese fue un cambio revolucionario cuyo fruto se verá en las próximas décadas. Por ahora, las primeras iniciativas sobre la educación militar conocidas en el Ministerio de Defensa apuntan a desprender totalmente a las Fuerzas Armadas de los primeros niveles de enseñanza.

En la práctica, la decisión de la cartera a cargo de Garré puede resumirse con el concepto de que los liceos militares dejarán de existir.

Por Daniel Gallo
De la Redacción de LA NACION

Reunión y confirmación

Y advierte que los recursos prometidos en la ley de financiamiento educativo pueden ser insuficientes si no van acompañados de un fuerte control social sobre el uso de los fondos. "Hoy el control social es casi inexistente. El sistema educativo tiene mucho de caja negra y debería ser lo contrario, porque tiene cosas muy buenas para mostrar. Hay que asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan", comenta Llach, en una entrevista con LA NACION, pocas horas antes de que el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Educación, Daniel Filmus, lancen hoy, a las 18, en la Casa de Gobierno, una amplia convocatoria para discutir una nueva ley nacional de educación (ver nota aparte).

Invitado por Filmus, Llach asistirá al lanzamiento y, así, pisará por primera vez la Casa Rosada después de casi seis años, cuando se retiró del Ministerio de Educación, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. A los 62 años, podrá aportar a la discusión, además de su experiencia, las propuestas contenidas en su último libro, "El desafío de la calidad educativa", que la Academia Nacional de Educación presentará la semana próxima.

A partir de las bases de datos de los operativos nacionales de evaluación, encuestas en el Gran Buenos Aires y el estudio de 16 casos, Llach resume en su obra tres prioridades impostergables para sacar la educación a flote, todas orientadas a la atención de los chicos más pobres: políticas de desarrollo infantil, la universalización de las salas de jardín y la extensión de la doble jornada escolar, para intensificar las posibilidades de aprendizaje.

El libro, editado por Granica, incluye un capítulo escrito por Silvina Gvirtz, sobre la necesidad de renovar los modelos de gobierno de las escuelas y fortalecer los lazos con la comunidad. En ese escenario, se propone avanzar en la figura de los consejos de escuelas, con un compromiso activo de los padres de los alumnos.

"Tenemos que evitar situaciones irrecuperables, como la descripta por una docente del conurbano que reveló que, sin la experiencia previa del jardín de infantes, un chico que entra en primer grado en una escuela de zonas postergadas en realidad está cursando la sala de cuatro", advirtió el ex ministro Llach, que hoy dirige el Centro de Estudios de Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía del IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral.

-¿Qué problemas hay que atender hoy en educación?

-El diagnóstico central es que hay escuelas pobres para los pobres. Existe una segregación social en el sistema educativo, incluso dentro mismo del sector estatal. En promedio, las escuelas que atienden a chicos de bajos recursos son de peor calidad tanto en infraestructura y equipamiento como en materiales pedagógicos y didácticos y en mantenimiento.

-¿Por qué ocurre eso?

-No hay una explicación lógica, salvo que los sectores de ingresos medio y alto tienen más influencia en los procesos de tomas de decisiones y logran, así, más recursos. Es un problema serio. Impide que la educación pueda cumplir la función de integración social y de acceso de todos al conocimiento. En una sociedad fragmentada, con tanta exclusión, la cuestión social trasciende al sistema educativo. Pero la educación no está haciendo todo lo que tendría que hacer.

-¿Qué podría hacer y no hace?

-Mejorar de manera sustancial la calidad de las escuelas que atienden a la población de escasos recursos. Privilegiar a los más chicos y a los más pobres. Ahora hay una herramienta que antes no había: la ley de financiamiento educativo. Pero ¡cuidado! Hay que asegurar que esos recursos lleguen a los sectores que los necesitan en primer lugar.

-¿Hay peligro de que no lleguen?

-Por supuesto que sí. Si ha pasado hasta ahora, podría continuar si no se hacen esfuerzos por evitarlo.

-¿Hacia dónde deberían destinarse los recursos?

-Las tres prioridades son: políticas de desarrollo infantil, la universalización del nivel inicial y la extensión de la doble jornada escolar. Para ampliar el acceso al jardín de infantes y extender la doble escolaridad para todos los chicos que viven en hogares del quintil de menores ingresos serían necesarios $ 1314 millones anuales y $ 2408 millones por única vez en infraestructura. Esto equivale al 0,24% y al 0,37% del PBI y representa aumentos del 7,7% y del 11,7% de la inversión pública en educación básica.

-¿Esas metas no están contempladas en la ley de financiamiento educativo?

-No con la intensidad deseada. La ley prevé extender la jornada escolar en el 30% de los colegios para 2010. Hay que ser más ambiciosos y empezar por las zonas que más lo necesitan. Los chicos de sectores medios y altos no sólo aprenden lengua, matemática, ciencias sociales y naturales. También acceden a expresiones artísticas, deportes, idiomas, tecnologías, conocimientos hoy vedados a los sectores más pobres.

-¿Hay forma de controlar el destino de los recursos?

-La ley de financiamiento educativo tendría que haber previsto mecanismos de control social en la asignación de recursos. Ojalá se puedan prever ahora, en la discusión de la nueva ley de educación. Hay que fortalecer las escuelas e integrarlas más a la comunidad para que la sociedad siga de manera más transparente la asignación y la ejecución de recursos. Tendría que haber mecanismos de control con la participación de representantes de los padres, autoridades políticas, maestros, la comunidad educativa. Corremos el riesgo de que los recursos no se usen bien.

-¿Hubo controles en la asignación de los recursos durante la reforma educativa de los años 90?

-No lo hubo de manera sistemática. Existió el Plan Social Educativo, que cumplió una función compensadora.

-¿Cómo se mejora la calidad de la enseñanza?

-Es necesario mejorar la calidad de las estructuras de gobierno de las escuelas. Habría que formar una Agencia Nacional de Evaluación e Información Educativa, con independencia del poder político, que lleve de manera sistemática el monitoreo del sistema. Es posible que con las leyes de educación técnica y de financiamiento educativo, sancionadas el año último, la mejora en las remuneraciones y las posibilidades que se abren con la discusión de la nueva ley de educación estemos en un punto de inflexión hacia un sistema de mejor calidad y más equidad. Pero para eso hay que generar controles de la sociedad civil, hacer una revolución de la transparencia del sistema educativo. Hoy el control social es casi inexistente. El sistema educativo tiene mucho de caja negra y debería ser lo contrario, porque tiene cosas muy buenas para mostrar.

-¿Qué instrumentos hay para medir la calidad de los aprendizajes?

-Aunque sean cada dos años, los operativos de evaluación de la calidad deben hacerse en todas las escuelas y no en forma muestral, como se hacen. Los padres tienen derecho a saber cómo está posicionada la escuela de sus hijos, qué calificaciones obtiene, cómo está en relación con el promedio, cómo mejora.

-¿Hoy los indicadores son insuficientes?

-Hoy ninguna provincia muestra cuánto gasta por alumno. Los padres tienen derecho a saber cómo se usa el dinero. Los contribuyentes, también. Hay que movilizar a la sociedad y lograr que la preocupación por la educación sea constante y no espasmódica.

-¿La constitución de consejos de escuela no podría afectar la autoridad de los directores?

-No sería un cogobierno. Pero podrían hacer sugerencias sobre cómo mejorar la calidad de la enseñanza.

-¿No se corre el riesgo de promover un ámbito que quedaría sometido a la lucha por espacios de poder?

-Los principales protagonistas en los consejos de escuela serían los padres de los alumnos. Se habla mucho de la ley 1420, sancionada en 1884, pero muy pocos la leyeron. Ya se contemplaba en ese tiempo la idea de transparencia en el sistema educativo, la participación de los padres, la concepción de la educación como un bien público. La escuela tiene que redescubrir sus raíces con la comunidad.

-¿Cómo se puede comprometer a los maestros?

-Estas políticas requieren fortalecer la formación y capacitación de los docentes. Gran parte de los maestros admite que no fueron preparados para educar en contextos sociales desfavorables. Los maestros se encuentran solos y desprotegidos.

-Ante estas prioridades, ¿no se desatienden los graves problemas del secundario?

-Para mejorar el secundario hay que apostar al nivel inicial. Los chicos llegarán mejor a la enseñanza media. No se trata de incorporar tecnologías inaccesibles. Es algo que se puede hacer. Requiere recursos, organización y capacitación. Y ponerlo en la agenda como un objetivo prioritario.

Por Mariano de Vedia
De la Redacción de LA NACION

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