Por Teresa Sofía Buscaglia |La Nación

No existen el registro ni los protocolos creados por la norma en 2009.

«Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.» Así fue bautizada la norma número 26.486, sancionada el 11 de marzo de 2009, y cuya nula aplicación fue el eje central de la marcha #NiUnaMenos, que el miércoles reunió a más de 150.000 personas frente al Congreso y movilizó otras decenas de miles en todas las provincias.

No existe un registro único y centralizado de femicidios con información de todo el país (su creación se anunció por segunda vez después de la marcha) y no hay suficientes hogares refugio para contener a las víctimas que deben dejar sus casas.

Tampoco existe un plan nacional contra la violencia, que debería «elaborar, implementar y monitorear» el Consejo Nacional de las Mujeres, «organismo rector» de la ley, que depende de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

Así, la ley es letra muerta. De sus 45 artículos, apenas ocho están reglamentados y once, sólo de manera parcial.

De los artículos ley que sí están reglamentados, la mayoría no se cumple por falta de coordinación entre las jurisdicciones y entre los distintos poderes; la escasez de presupuesto y la falta de organismos específicos que se ocupen de la problemática y apliquen protocolos de seguridad y atención médica y acompañamiento psicológico para las víctimas. Se podrían haber evitado muchos casos de violencia, abusos y femicidios si en estos seis años hubiera habido voluntad política de aplicar la ley.

«No podemos seguir pensando que con la declaración de voluntades las cosas suceden y no es así. Para mí el énfasis está en la falta de implementación. Es complejo trabajar en la prevención de la violencia, porque requiere articulación de esfuerzos de diferentes instituciones. Que la Presidenta sea mujer, hace que la gente tenga más expectativas, creyendo que tendrá una política y un discurso más tendiente a la igualdad de género, pero no es así», explica Natalia Gherardi, directora de Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA).

Mientras tanto siguen ocurriendo casos como el de Corina Rodríguez, que el miércoles pasado participó del #NiUnaMenos. «Cuando me fui de mi casa, él me acosaba. Me seguía, me amenazaba y me insultaba. Todos los días era así. Una mañana, camino a mi trabajo, yo estaban en el andén esperando el subte. Él se acercó de la nada, cuando el subte venía a toda velocidad y me dijo: «Mirá qué fácil puede ser tirarte», haciendo el amago de empujarme. Hice 80 denuncias durante un año y medio, hasta que el 2 de agosto de 2010 fue a la puerta del colegio de mis hijas y me baleó.» Corina se separó de su marido, pero cuando se fue de su casa, siguió el calvario con él y empezó otro con la Justicia, que no le daba protección. «A los dos años de su intento de matarme, tuvimos un juicio que sentó jurisprudencia. Fue la primera vez que se usó la figura de femicidio. Lo condenaron a 21 años de prisión, pero ni los jueces ni los fiscales están preparados, aún, para investigar y juzgar este tipo de violencia. Si no me hubiera baleado, hoy seguiría acosándome. Te tiene que matar para ir preso», reclama Corina.

La ley contra la violencia se gestó gracias al trabajo de ONG que ayudaron en su redacción. Mabel Bianco, de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), acompañó aquel proceso y ahora sostiene: «El problema no es que falten reglamentar unos artículos, sino que la ley no se cumple. El registro nacional es uno de esos puntos. En septiembre de 2012, en un gesto de querer demostrar que algo se hacía, el Consejo Nacional de las Mujeres [que actualmente preside Mariana Agustina Gras Buscetto] firmó un convenio con el Indec para empezar a recopilar los datos. El Indec venía muy cuestionado desde hacía años, pero nosotros pensamos que era el único organismo con gente capacitada para hacer ese trabajo. Generó mucho entusiasmo la noticia, pero pasaron tres años y no se hizo nada. Recién dos días después de la marcha, la Secretaría de Derechos Humanos anunció la creación de Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios agravados por el género».

La ley prevé, también, la creación de un Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Siempre la mira está puesta en unificar las acciones y centralizar la información para poder actuar de una manera coherente y efectiva. Si eso estuviera en funcionamiento, las mujeres víctimas de violencia no tendrían tantas diferentes formas de ser tratadas, contenidas y asesoradas. En Buenos Aires, funciona la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, que está abierta las 24 horas los 365 días del año. En algunas provincias hay oficinas similares, pero en otras no existe nada parecido. «Hay que hacer un mea culpa: se necesita capacitación, y concientización en los jueces, en el personal judicial y en la población en general», reconoció la jueza de la Corte, Elena Highton.

Karina Gonella es otra víctima de la doble violencia que ejercieron en ella su pareja y la Justicia. Luego de dos años de una convivencia de maltrato y violencia física, cuando se animó a denunciarlo, su vida se derrumbó. A casi dos años de aquello, perdió su casa, vive amenazada y su victimario está libre gracias a que no se aplica el protocolo que la ley prevé para estos casos. «Sufrí de todo: desde quererme incendiar hasta internarme porque no me dejaba comer. Me quiso ahorcar, me gatilló en la cabeza y se gatilló una vez él, reclamándome que no entendía que yo era el amor de su vida. Hice la denuncia en la comisaría, pero como él tiene un puesto de jerarquía en Gendarmería, todo fue peor. Luego de dos años de lucha, lo único que obtuve de la Justicia es una cautelar para que no se me acerque y que le quiten el arma. Sigue libre y trabajando», relata Karina.

La ley prevé protección de las víctimas con monitoreo electrónico de los victimarios. También, el reparto de pulsadores antipánico para las mujeres. También prevé refugios para las víctimas, en caso de necesitar irse de sus casas y no ser perseguidas por los victimarios y el asesoramiento jurídico gratuito. Este tipo de acciones se ponen en práctica muy aleatoriamente, en forma no centralizada y dependiendo de cada jurisdicción.