QUITO.- El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, advirtió que el país va camino del caos y de una ruptura constitucional debido a las protestas lideradas desde hace días por indígenas contra un tratado de libre comercio con Estados Unidos y en demanda de la expulsión de una petrolera norteamericana.

"Se está fomentando un ambiente de caos que puede ser terreno propicio para nuevas rupturas constitucionales y golpes de Estado. Se ha reactivado la criminal demolición de nuestras instituciones fundamentales", dijo Palacio anteanoche en su primer mensaje al país desde que se inició el levantamiento, el lunes pasado.

El mandatario, un médico que asumió la presidencia en abril de 2005, tras la caída de Lucio Gutiérrez, enfrenta la creciente presión de miles de manifestantes que bloquearon con barricadas varios tramos de la principal autopista ecuatoriana, vital para el comercio interno.

Las protestas, que paralizaron a ocho de las 22 provincias del país, provocaron choques entre indígenas y la policía. Diversos sectores advirtieron que la violencia podría propagarse, en un país marcado por la caída de tres presidentes en la última década en medio de revueltas populares.

Dos de las ocho provincias que se habían sumado a las protestas, Tungurahua y Cotopaxi, suspendieron ayer las medidas de fuerza después de que el gobierno accedió a desembolsar cifras millonarias para destinarlas a asistencia social y proyectos de infraestructura. Sin embargo, los dirigentes indígenas de Cotopaxi (100 kilómetros al sur de Quito) aclararon que la suspensión de la medida en esa zona tiene como objetivo "preparar un levantamiento" que incluirá movilizaciones hacia la capital si el gobierno firma el tratado de libre comercio (TLC).

Capital cercada

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo que unos 2000 militares fueron movilizados para restaurar el orden "con el uso progresivo de la fuerza" y para crear una barrera alrededor de Quito.

La firmeza con la que se propone actuar el gobierno precipitó anteayer la renuncia del ministro del Interior, Alfredo Castillo, que dejó el cargo aduciendo su desacuerdo con el uso de la fuerza. "Lamentablemente, hay quienes todavía creen que los fusiles son la mejor forma de resolver la situación", dijo Castillo.

Según el presidente Palacio, las protestas demuestran que la estructura estatal está desgastada y que es necesario desempolvar una reforma política rechazada por el Congreso que apunta a instaurar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. "La única solución posible frente a este avance de la disolución nacional es la reestructuración política del Estado", afirmó el mandatario.

Por otra parte, Palacio rechazó la posibilidad de suspender las tratativas en busca del acuerdo con el principal socio comercial del país, que según indígenas y campesinos arrasará con el aparato productivo local.

El diálogo entre Quito y Washington se retomará el próximo jueves con el objetivo de cerrar el acuerdo, que aseguraría el acceso del 50% de las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), el movimiento indígena que impulsa las manifestaciones, advirtió que los cortes de rutas se intensificarán a menos que Palacio ordene la suspensión de las negociaciones con Estados Unidos. También exige la expulsión de la petrolera norteamericana Oxy, acusada de violar la ley.

Sin embargo, tanto la Conaie como su brazo político, el partido Pachakutik, desmintieron que estuvieran conspirando contra Palacio.

Analistas advirtieron que el reclamo de la Conaie tiene motivaciones políticas y que su intención es recuperar el apoyo perdido antes de las elecciones presidenciales previstas para el último trimestre del año.

El movimiento que representa a los indígenas -que conforman el 37% de la población ecuatoriana- ganó poder durante la década pasada blandiendo demandas territoriales, pero su influencia se desgastó por su oposición a cualquier reforma de mercado.

La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, acusó hoy a Irán de ser el "banco central del terrorismo" e instó a ese país a reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear.

Tras reunirse con el ministro australiano de Asuntos Exteriores, Alexander Downer, Rice manifestó en una rueda de prensa conjunta que Irán es un "estado problemático" y "el banco central del terrorismo", sin argumentar las acusaciones.

"Irán es un reto porqué busca un programa nuclear que le permitiría crear un arma nuclear, y lo va a hacer, creemos, bajo la cobertura del TNP (Tratado de No Proliferación Nuclear)", dijo Rice.

"Ha mentido sobre sus actividades, y por lo tanto está en contradicción con sus obligaciones bajo el TNP…evidentemente está implicado como banquero central del terrorismo…y tenemos razones para estar preocupados sobre Irán", insistió.

Rice expresó también su convencimiento de que el Consejo de Seguridad de la ONU encontrará la manera de "expresar a los iraníes el deseo y la exigencia de la comunidad internacional de que Irán vuelva a las negociaciones".

Añadió que Irán está gobernado por "un pequeño grupo no electo que reprimen los deseos de la población…y por tanto es un estado problemático".

Asimismo, manifestó la preocupación de EEUU sobre el crecimiento militar de China, país que, según Rice, ha de ser más transparente y respetar los derechos humanos.

Se espera que Rice, quien llegó anoche a Australia para celebrar su primera visita oficial a ese país desde que ocupa el cargo, se centre en la potencialidad económica y militar de China cuando se reúna con su homólogo japonés, Taro Aso, el sábado, la última etapa de su gira.

QUITO AFP Y DPA

El gobierno de Ecuador intenta extinguir el fuego de una protesta indígena contra el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (TLC), que se propaga por las provincias con bloqueos de rutas y choques con la Fuerza Pública, que precipitaron la renuncia del ministro del Interior, Alfredo Castillo. En algunos mercados de Quito ya hay desabastecimiento.

Al cabo de tres días de levantamiento, que dejan siete heridos y 16 detenidos, el gobierno se acercó a los indígenas en una gestión que coincidió con la dimisión de Castillo, un ex comunista que adujo desacuerdos con el manejo oficial de las manifestaciones de los sectores sociales.

"Lamentablemente, hay quienes todavía creen que los fusiles son la mejor forma de resolver la situación", dijo el funcionario, cuya renuncia "verbal" fue aceptada por el presidente Alfredo Palacio. Castillo, el tercer ministro del Interior que deja sus funciones en once meses de gobierno, consideró en su momento legítimos los reclamos sociales defendiendo siempre el diálogo, en contraste con otros miembros del gabinete opuestos a una salida bajo presión y partidarios del uso de la fuerza. Horas antes de la renuncia, su viceministro, Felipe Vega, sostuvo un diálogo con los indígenas en uno de los escenarios del levantamiento.

Tras el diálogo, Vega, posible sucesor de Castillo, dijo que el Ejecutivo dará respuesta en las próximas horas a las inquietudes de los indígenas. Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), afirmó: "Nosotros no nos cerramos al diálogo."

"Si es que Palacio no tiene la voluntad de hablar con el pueblo; si no está en la voluntad de consultar el TLC, nosotros le estamos diciendo que como él ha dicho que se quiere ir a la casa, ése es el mejor camino", añadió.

La conversación se desarrolló en el marco del levantamiento que mantiene bloqueadas carreteras de 10 de las 22 provincias y la ocupación pacífica de la Catedral de Quito. La protesta recibió ayer el apoyo de estudiantes quiteños, que protagonizan disturbios. La Conaie y otros sectores sociales reclaman al presidente Alfredo Palacio que se retire inmediatamente de las negociaciones del TLC con EE.UU. y que convoque una consulta popular para decidir sobre el acuerdo.

Además, plantean la nacionalización del crudo, la expulsión de la petrolera norteamericana Oxy (que tiene un pleito con el Estado) y la anulación de un acuerdo antidrogas que permite a EE.UU. el acceso y uso de una base militar ecuatoriana por diez años.

Los cuerpos de 24 ciudadanos subsaharianos que intentaban llegar al territorio europeo en una embarcación ilegal fueron rescatados hoy en el mar de Canarias por las autoridades españolas. La tragedia, sumada a la llegada masiva de estos inmigrantes provenientes de Mauritania hizo que el gobierno de José Luis Zapataro implementara un plan de emergencia.

Ante la "intensificación" del número de embarcaciones con inmigrantes ilegales procedentes de Mauritania y de otros países subsaharianos que en  las últimas semanas han llegado al archipiélago canario, el ejecutivo  socialista activará un Plan Urgente de Cooperación con Mauritania.

La decisión de las autoridades españolas surge luego de que al menos 24 cadáveres fueran hallados por el buque hospital español "Esperanza del Mar" a 400 millas náuticas (720 km) al sur de las islas Canarias, en aguas internacionales.

Se trata de  ciudadanos subsaharianos que habrían fallecido al volcar la canoa en la que pretendían llegar al archipiélago canario como forma de entrar en territorio europeo. El hallazgo se produjo a 400 millas de Canarias y en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania.

En tanto, también se registró la llegada de precarias embarcaciones con 123 inmigrantes a bordo, entre éstos seis menores, que arribaron a las costas del sur de Tenerife, donde el fin de semana también se recibió a otros 211 subsaharianos .

La autoridades estiman que la fuerte afluencia de inmigrantes por esta frontera se debe al incremento de la vigilancia en el estrecho de Gibraltar, en el norte de Marruecos, los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, zonas donde el verano pasado hubo asaltos masivos de inmigrantes africanos, en los que murieron 11 de ellos.

PARIS.- Los estudiantes franceses seguían adelante ayer con sus protestas y huelgas para mostrar su oposición a un contrato laboral especial para jóvenes apadrinado por el gobierno conservador del primer ministro Dominique de Villepin, que no parece dispuesto a dar marcha atrás y recibió el respaldo del presidente Jacques Chirac.

Unas 60 universidades de un total de 84 estaban cerradas, bloqueadas por los estudiantes o con problemas para mantener una actividad normal. Apoyados por los partidos de izquierda y por los sindicatos, los estudiantes desean presionar a Villepin para que retire el llamado Contrato Primer Empleo (CPE), destinado a los menores de 26 años y por el cual, durante un período de dos años, la empresa podrá despedir al trabajador sin indemnización.

De norte a sur del país se multiplicaron las asambleas de estudiantes, las manifestaciones y la ocupación de centros educativos.

La prestigiosa Universidad de la Sorbona de París seguía cerrada después de haber sido ocupada por decenas de jóvenes el fin de semana.

Centenares de estudiantes se congregaron en la plaza que da acceso a las aulas, protegida por decenas de policías antidisturbios. Por la tarde se registraron algunos enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas del orden.

Los estudiantes planean nuevas manifestaciones para mañana, antes de la gran jornada de movilización del sábado, en la que participarán sindicatos y oposición de izquierda.

Mientras la protesta cobra fuerza en las calles, el gobierno intentó ayer defender este polémico proyecto. "El CPE es justo, equilibrado y va a funcionar. Creará puestos de trabajo para los jóvenes", dijo Villepin.

Desde Berlín, el presidente Jacques Chirac envió todo su apoyo a Villepin, considerado por muchos su sucesor político, y garantizó que defenderá con firmeza el CPE. "Está claro que apoyo totalmente la acción llevada a cabo por el primer ministro", declaró Chirac, que dialogó con la canciller alemana, Angela Merkel, sobre la política energética europea y la cuestión inmigratoria.

Agencias AFP y ANSA

WASHINGTON.- El gobierno de George W. Bush ha lanzado una campaña diplomática, política y financiera en los últimos meses para desgastar y, en lo posible, desestabilizar desde adentro a los líderes políticos y religiosos iraníes más duros, como parte de su estrategia para evitar que el régimen teocrático de Irán obtenga armas nucleares.

El plan consiste en aumentar la presión internacional en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), fortalecer la presencia diplomática estadounidense en los países que rodean a Irán, y financiar a la oposición y a la sociedad civil iraní, entre otras medidas reveladas ayer por el diario The Washington Post.

Apenas siete horas después de publicada esa investigación, el presidente George W. Bush acusó a Irán de promover el terrorismo. Afirmó que contribuye a la desestabilización de Irak, al aportar los explosivos para que los insurgentes ataquen a las tropas estadounidenses desplegadas allí desde la invasión de 2003 y a los civiles iraquíes.

"Algunos de los IEDS (artefactos explosivos improvisados, por su sigla en inglés) que estamos viendo en Irak hoy incluyen componentes traídos de Irán", dijo Bush durante un discurso en esta capital, destinado a defender la guerra contra el terrorismo y la campaña militar en Irak.

Citando al director nacional de inteligencia, John Negroponte, Bush responsabilizó a Irán por al menos parte de los últimos y más letales ataques ocurridos en territorio iraquí. "Las fuerzas de la coalición han incautado IEDS y componentes que claramente fueron producidos en Irán", señaló.

"Esos actos, unidos al apoyo de Irán al terrorismo y a su voluntad de obtener armas nucleares, aumentan el aislamiento de Irán, y Estados Unidos seguirá movilizando al mundo para oponerse a estas amenazas", agregó.

Afectado por una baja tasa de aprobación debido a la complicada situación en Irak, que aleja las esperanzas de Estados Unidos de retirar sus tropas en un futuro cercano, Bush dio el primero de una serie de discursos planeados para convencer al país de que tiene una estrategia para la victoria, casi tres años después de la invasión liderada por Washington.

En ese sentido, Bush pidió a los iraquíes que se comprometieran con las negociaciones abiertas para consensuar un nuevo gobierno de unidad, y exigió "paciencia" a los estadounidenses ya que, según dijo, "Irak se ha alejado del abismo" de la guerra civil, tras varias semanas de ataques entre chiitas y sunnitas.

"El pueblo iraquí ha hecho su elección. Miraron el abismo y no les gustó lo que vieron", argumentó Bush, que registra índices por debajo del 40% desde hace varias semanas.

El fantasma de una posible guerra civil en Irak obsesiona a la Casa Blanca, desgastada por el debate sobre su decisión de derrocar a Saddam Hussein, que se basó en información de inteligencia distorsionada.

Pero en las últimas semanas, y con el principal arquitecto de la política exterior de Bush durante su primer mandato, el vicepresidente Dick Cheney, relegado a un segundo plano, Irán acapara más esfuerzo y dinero estadounidense, según reveló ayer The Washington Post.

Bush está dedicando cada vez más tiempo y trabajo al desafío que implica Irán, y su consejero de Seguridad Nacional, Stephen Hadley, invitó a unos 40 especialistas a la Casa Blanca para que expusieran sus ideas ante el presidente en los últimos meses.

"El mensaje que recibimos es que están buscando separar al pueblo iraní del régimen", contó Esmail Amid-Hozour, una empresaria iraní-estadounidense que integra el directorio de la Institución Hoover de la Universidad Stanford, dos semanas después de reunirse con Bush y Hadley en la Casa Blanca.

Cheney participó de esa reunión, pero es la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, quien trazó y lidera la estrategia de la administración republicana para presionar a Irán junto con Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania.

"Creemos que el foco de nuestras actividades debería estar ahora en el Consejo de Seguridad [de la ONU]", explicó ayer el vocero adjunto del Departamento de Estado, Thomas Casey. "Lo que estamos haciendo -dijo- es dar el próximo paso de nuestro proceso diplomático para tratar de convencer a Irán de hacer lo que debe hacer."

El objetivo de los Estados Unidos en la ONU es lograr lo que no obtuvo para la ofensiva contra Irak. Aumentará para eso la presión sobre los miembros del Consejo de Seguridad de manera gradual, sin forzar una resolución inmediata, detallaron diplomáticos estadounidenses al Post.

"Hemos tomado la posición desde el vamos, de que creemos que es importante trabajar con todos los países que podamos", explicó el número tres del Departamento de Estado, Nicholas Burns. "Queremos tener a toda la comunidad internacional de nuestro lado para poder presionar a Irán", agregó.

Los primeros pasos

El primer paso sería consensuar entre todos los países miembros una declaración que sería firmada por la presidencia del Consejo, que este mes ocupa el embajador argentino César Mayoral, en la que se ultime a Irán a suspender su programa de enriquecimiento de uranio. Según Casey, ese primer llamado podría concretarse "en los próximos días". Y si ese llamado es ignorado, el embajador estadounidense ante la ONU, John Bolton, podría pedir que se impusieran sanciones económicas o, en última instancia, la aprobación de una resolución que autorice la fuerza militar.

Mientras tanto, la estrategia de Rice también incluye planes de reforma dentro del Departamento de Estado. El área diplomática que cubre Irán pasó de dos a diez funcionarios -en comparación, apenas una funcionaria cubre la Argentina en el Departamento de Estado-, se aumentó la capacitación para aprender el idioma iraní, el farsi, y se enviarán diplomáticos a los Emiratos Arabes Unidos y otros vecinos de Irán para "vigilar" al régimen.

La administración también lanzó un programa de US$ 75 millones para promover la democracia en Irán, fortalecer las ONG, financiar a los partidos de la oposición y hasta transmitir programas radiales adversos al régimen las 24 horas del día.

Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.

Londres reducirá su presencia en Irak