Reclamaron, además, la independencia del País Vasco, con inclusión expresa de la provincia de Navarra, y la amnistía de los etarras presos, como condición de la negociación por la tregua.

En una entrevista con el diario vasco Gara -convertido en su medio habitual de comunicación- dos encapuchados, de los que se ignora nombre y género, reconocieron sin ambages la persistencia del chantaje económico de la banda. Con la llamativa peculiaridad de definirlo como "una oferta" de los ciudadanos vascos" para financiar "las necesidades de la lucha".

De paso negaron toda responsabilidad en los ataques registrados días atrás en Getxo y Barañain -escenarios habituales de la ira de jóvenes cachorros de la banda- y los explicaron como "una manifestación de enfado y de respuesta popular" sobre los que ETA "no tiene paternidad alguna".

La primera comparecencia de miembros de la banda, desde que el 22 de marzo último anunció el cese del fuego, incluyó reclamos y reproches a los gobiernos de España y de Francia. Y restó perspectiva a eventuales nuevos pasos al afirmar que la banda "ya hizo el principal aporte".

Formularon, también, una críptica advertencia en el sentido de que el alto el fuego será o no permanente "en función del desarrollo del proceso", la certeza de que no piensan en la paz "de modo irreversible" y que tal pretensión es "irresponsable". Y de paso, extendieron el argumento a que su decisión de tregua "no parte de una situación de debilidad" sino -por el contrario- de "recoger los frutos de la lucha".

Pese a esa dura prédica, los casi dos meses de declaración formal de cese del fuego parecen haber tenido ya algún efecto en tierra vasca (ver aparte).

Para endurecer posiciones

El otro dato fue que el discurso terrorista se produjo apenas 48 horas después de que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero evaluara de forma positiva "el cumplimiento efectivo" del cese del fuego. Así, hubo quien explicó la inesperada presentación como un intento por endurecer posiciones puertas hacia adentro.

Más allá de conjeturas, la entrevista -que, pese a las preguntas, en el caso de los terroristas pareció ceñirse a un guión estudiado- dejó claro que la banda no abandona su plan de independencia para el País Vasco, que quiere que eso incluya a Navarra y que, por el momento, no piensa disolverse ni reciclarse. Y que en su discurso no figura la idea reclamada de dejar las armas.

De los tres grandes diarios, El País, El Mundo y ABC, sólo este último incluyó el pronunciamiento de ETA en su página editorial. Y lo hizo en tono muy crítico, al advertir que "la sospecha de que el proceso, de que ese «inicio del principio del fin» [como lo definió Zapatero] de ETA sea un fracaso, se perfila cada día como una hipótesis, por desgracia, cada vez más verosímil".

Fue un pronunciamiento llamativo en un diario que, en todas estas semanas, mantuvo un tono de prudente esperanza y acompañamiento en el llamado proceso de paz.

Uno de los habituales socios del gobierno, la minoritaria Izquierda Unida (IU), tampoco pudo ocultar indignación. "Es todo cinismo que ETA justifique la violencia callejera como hartazgo popular", dijo Gaspar Llamazares, que se mostró preocupado por el hecho de que "no se le haya dicho a ETA cuáles son sus límites". El dirigente se abstuvo de precisar a quién cabía esa tarea o involucrarse en ella.

Los dos partidos mayoritarios, el Socialista Obrero Español (PSOE) en el gobierno y el derechista Popular (PP), en la oposición, reaccionaron con su prédica habitual. El primero restó importancia al discurso etarra al afirmar que "es más de lo mismo", con el añadido habitual de que "el único pronunciamiento que se espera de ETA es el que anuncie el abandono de las armas", según dijo su secretario, José Blanco.

El PP, en tanto, replicó cargando contra el gobierno, al que reclamó que responda "desarticulando la banda", ya que esta "no tiene intención de disolverse", sino que busca "imponerse a la sociedad democrática", según dijo su vocero en el País Vasco, Leopoldo Barreda.

De paso, la acusó de "dar cobertura al terrorismo callejero" y de mantener inalterables "sus extorsiones y su apetencia sobre Navarra".

El texto publicado por Gara incluye reclamos de la banda para que los gobiernos español y francés "respeten sus compromisos" y le exigió al de Rodríguez Zapatero que "cese la persecución judicial" -en alusión a la detención de allegados a la banda encontrados culpables de delito- porque, de lo contrario "será muy difícil seguir adelante".

Por Silvia Pisani
Corresponsal en España

En su edición de ayer, The New York Times señaló que Cheney fue uno de los más firmes defensores de ampliar las escuchas telefónicas sin autorización judicial a millones de estadounidenses tras los atentados del 11 de Septiembre.

Cheney y su principal asesor legal, David Addington, dijeron entonces que las escuchas privadas "podían hacerse y debían hacerse" si cualquier persona sospechosa de estar relacionada con Al-Qaeda realizaba llamadas dentro de Estados Unidos, según fuentes de inteligencia citadas por el periódico.

El vicepresidente y su equipo, añadieron las fuentes, argumentaron entonces que la Constitución permitía a las agencias de espionaje tomar ese tipo de medidas para defender al país de posibles amenazas terroristas. Los abogados de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) fueron los que se opusieron a la extensión del programa de interceptación de llamadas telefónicas y correos electrónicos, añadió el diario.

Dos funcionarios de inteligencia de alto rango, que solicitaron el anonimato, precisaron al diario que el equipo de Cheney presionó hasta que los responsables de la NSA rechazaron su propuesta de forma rotunda, arguyendo que había que poner límites. Los abogados de la NSA insistieron en que las escuchas sin autorización legal deberían limitarse a comunicaciones de sospechosos de terrorismo con el exterior.

Varios miembros de la Casa Blanca han reiterado públicamente que todas las actividades de inteligencia son legales y tienen como prioridad indiscutible la protección de los ciudadanos ante amenazas terroristas. Pero muchos legisladores consideran que los norteamericanos deben recibir garantías de que el gobierno cumple las leyes a la hora de proteger los intereses del país y, a su vez, los derechos constitucionales de cada estadounidense.

En ese sentido, varios senadores republicanos y demócratas reafirmaron ayer su intención de someter a un duro interrogatorio al candidato a dirigir la CIA y uno de los principales artífices del programa de escuchas, Michael Hayden. El general Hayden, director de la NSA en ese momento, fue quien diseñó y supervisó la puesta en marcha del controvertido programa de espionaje, que ahora amenaza con obstaculizar la confirmación de su nombramiento en el Senado.

Nuevas pruebas

En tanto, documentos difundidos ayer dejan al descubierto una participación mayor a la admitida del vicepresidente en la divulgación, en 2003, del nombre de una agente encubierta de la CIA cuyo esposo había criticado la guerra de Irak.

En los documentos presentados ante un tribunal, Patrick Fitzgerald, fiscal especial del caso, reveló que Cheney escribió una serie de apuntes sobre la agente Valerie Plame -aunque sin nombrarla- antes de que su identidad fuera divulgada públicamente.

Esas notas muestran que Cheney y su ex jefe de gabinete, Lewis Libby, ya estaban muy interesados en un artículo escrito por Joseph Wilson -ex diplomático y marido de Plame-, poco antes de que se produjera la filtración. Fitzgerald presentó una fotocopia de un artículo que Wilson escribió en The New York Times, en el que planteaba la posible manipulación de información de inteligencia por parte del gobierno poco antes de la invasión de Irak en 2003.

Poco después de que se publicara su artículo, el 6 de julio de 2003, se produjo la filtración de la identidad de su esposa. El fiscal pidió al tribunal que admitiera el artículo en la investigación, con las anotaciones manuscritas de Cheney, porque muestra, dijo, la atención que suscitaban entonces los asuntos a los que se refería Wilson.

Agencias AP y EFE

¿Se puede caer más bajo? Siempre es posible, pero no es fácil que George W. Bush tenga menos del 29% de respaldo que esta semana le da el sondeo de The Wall Street Journal. ¿O el presidente menguante no tiene límites? A menos de seis meses de las legislativas, Bush está en caída libre y casi todo lo que toca se convierte en plomo. No es extraño que parte de los republicanos que buscan la reelección le consideren un apestado político, ni que los demócratas quieran convertir las elecciones del 7 de noviembre en un referéndum sobre el presidente.

La debilidad de Bush no es discutible. La tendencia que arrancó con el Katrina en septiembre de 2005 no se ha detenido; después del huracán siguió sin vislumbrarse una salida en Irak y los soldados no dejaron de morir, y el gasto público no dejó de crecer, ni el precio de la gasolina de subir. La coalición republicana que llevó a Bush al poder en 2000 y que le revalidó en 2004 se ha resquebrajado.

La fotografía de otro sondeo, de The New York Times y CBS, da las claves de la situación de un Bush obligado un día sí y otro no a ponerse a la defensiva, algo mortal para un político. Con un 70% de norteamericanos que creen que el país va en dirección equivocada, a pesar de que la situación económica es buena, las constantes del presidente se desploman. Sólo 4 de cada 10 le ven como un líder fuerte, el factor con el que ganó en 2004. Y, lo que es peor electoralmente, los conservadores rebajan notablemente su apreciación presidencial.

Como a perro flaco todo son pulgas, sólo el 13% cree que maneja bien la escalada de los precios de la gasolina, en la que su responsabilidad es marginal; recibe elogios por su plan para reformar la inmigración, pero no en la opinión pública, que le da un 25% de respaldo. Y cuando despide al director de la CIA, Porter Goss, y nombra al general Michael Hayden, su confirmación coincide con las revelaciones sobre la afición de la Agencia de Seguridad Nacional de tener sus propias páginas blancas y amarillas.

Nixon y Carter

Si el presidente tiene tiempo y humor para las comparaciones, sabrá que en el último medio siglo sólo Nixon y Carter le ganaron en impopularidad -aunque aún le quedan dos años para disputar la clasificación- y que sus sondeos son similares a los de su padre en el verano de 1992, poco antes de perder ante Bill Clinton. Aunque Bush ya no se va a presentar, su papel en el partido y sus apuestas históricas -básicamente la de Irak- le obligan a luchar para tratar de frenar el posible cataclismo de noviembre. Por eso está cambiando -demasiado poco, demasiado tarde- a su equipo, desde el jefe de Gabinete hasta el portavoz. Y por eso se multiplica: cuando el USA Today reveló la historia de las bases de datos telefónicos, el presidente salió a defender la legalidad y la eficacia de las medidas; mañana, Bush hablará desde el Despacho Oval para saludar el acuerdo sobre la inmigración y -mensaje a la base conservadora, muy incómoda con el plan- prometer un fuerte incremento en la seguridad de la frontera.

Su estratega, Karl Rove, prepara el último combate de ambos, las elecciones de otoño. Rove tiene mucho trabajo: vender a los jubilados el plan de asistencia médica, publicitar los recortes de impuestos, articular la reforma de la inmigración para no perder ni el apoyo más conservador ni las simpatías hispanas y trazar con los congresistas escenarios de batalla centrados en temas locales, para contrarrestar la estrategia del referéndum sobre Bush. Otros factores -un descenso en el precio de la gasolina o una mejora en Irak- son incontrolables incluso para el todopoderoso Rove.

Para estimular a las bases -las elecciones se pierden por la abstención del fiel- Rove usa una amenaza real: si los demócratas ganan una o las dos Cámaras, el Capitolio se convertiría en un infierno para Bush. Y tiene razón: John Conyers, que sería presidente del Comité Judicial de una Cámara demócrata, ya ha anunciado un posible proceso de destitución por Irak. Lo mismo ocurriría con el debate de las escuchas electrónicas. Los demócratas -que, a pesar del viento de cola, carecen de líder nacional y tienen mediocres dirigentes parlamentarios- se han puesto nerviosos y prefieren que no se hable de eso. El mensaje cae en oídos sordos de una base hambrienta de victoria y de reivindicaciones.

¿Es real la perspectiva de descalabro? Faltan seis meses y muchas cosas por pasar. Los demócratas tendrían que ganar seis escaños en el Senado y 15 en la Cámara sin perder ninguno de los que están en juego. El diseño de los distritos electorales complica los cambios, pero nada parece imposible a estas alturas. Uno de los más perspicaces analistas, Charles Cook, lo explica así: "Parece innegable que un fuerte huracán golpeará a los republicanos en noviembre. Si es de categoría 1, 2 o 3, mantendrán el Senado y probablemente la Cámara. Si tiene categoría 4, la Cámara cambiará de manos, y quizá el Senado. Si el huracán es de categoría 5, las mayorías republicanas pasarán a la historia".

Anoche, según el gobierno del estado de San Pablo, los asesinatos a sangre fría de policías, militares, bomberos, guardias metropolitanos y agentes penitenciarios llegaron a 35 (otros 17 civiles murieron por estar en compañía de las víctimas o en enfrentamientos con la policía).

Casi 60 penitenciarías estaban tomadas por rebeliones en ese estado y en los de Paraná y Mato Grosso do Sul.

El PCC es una organización creada por ladrones hace 13 años en una cárcel de San Pablo. Creció y se ramificó dentro de todas las prisiones y en el mundo del robo y el narcotráfico. Hoy, con una fortuna estimada en 51,7 millones de dólares, tiene más poder -de fuego y de capacidad de tráfico de drogas- que su equivalente de Río de Janeiro, el Comando Vermelho.

La orden de iniciar la ola de atentados el viernes fue dada por la cúpula del PCC después de que la Secretaría de Seguridad de San Pablo decidiera transferir a 760 presos a una cárcel del interior, de máxima seguridad.

Ayer el gobernador de San Pablo, Claudio Lembo, admitió que el gobierno sabía que corría riesgos al ordenar la transferencia de los presos. "Pensamos en los riesgos que podíamos correr. Pero era necesario combatir lo que estaba ocurriendo", afirmó Lembo, en referencia al control total que el PCC tenía de las penitenciarias del estado paulista.

La represalia de los líderes del PCC fue la mayor acción del crimen organizado contra el Estado en Brasil, además de una demostración de poder perturbadora. "Aislamos lo peor de la mala vida; por eso estamos sufriendo esta represalia", declaró Lembo.

Los asesinatos contra policías son ejecutados por criminales en deuda con el PCC, conocidos como "benladens". Según el diario Folha de São Paulo, son llamados así porque tienen que hacer el papel de hombre bomba para cometer acciones de alto riesgo.

Cuando el PCC planea una acción, activa a los "benladens" desde las prisiones mediante celulares. Quien prefiere no ejecutar la orden tiene que conseguir el dinero para pagar la deuda de inmediato. La opción elegida, en general, es realizar la "misión".

El líder del PCC es conocido por su vanidad. Se llama Marcos Willians Herbas Camacho, alias "Marcola" o "Playboy". Tiene unos 35 años y está preso por robo a bancos. El sábado, cuando los atentados se iniciaron, fue trasladado al Departamento de Combate del Crimen Organizado. Las acciones, sin embargo, continuaron.

Los blancos principales fueron, en su mayoría, policías en patrullas, en garitas o hasta dentro de comisarías. Pero todos los uniformados se transformaron en blancos y el temor se esparció por todas las fuerzas de seguridad. Los atentados eran rápidos, realizados por hombres que bajaban de motos o de autos, disparaban a quemarropa y huían. En el Servicio Penitenciario la orden fue clara: ante el menor riesgo, todos los agentes debían retroceder hasta el portón de entrada.

El PCC tiene un riguroso estatuto. Los socios -casi todos los presidiarios y buena parte de la delincuencia paulista que no está en organizaciones menores- tienen que pagar 50 reales (25 dólares) de mensualidad. Los que están libres pagan 500 (250 dólares). Como en un club de elites, para ingresar hay que ser presentado por otro socio.

La mensualidad es una especie de seguro del crimen: con ese dinero se garantiza protección, contactos y hasta un eventual rescate de algún presidio, cuando la jerarquía lo vale.

La historia del PCC está plagada de historias macabras. Los adversarios suelen ser asesinados en las prisiones y quienes violan los códigos son decapitados. El líder anterior a Herbas Camacho fue eliminado al mejor estilo mafia: asesinado a golpes por sus propios laderos, tras una reunión en el patio de la penitenciaría.

Uno de los códigos del estatuto del PCC advierte: "El partido no admite mentiras, traición, envidia, codicia, calumnia, egoísmo, intereses personales, y sí la verdad, la fidelidad, la hombría, la solidaridad y el interés común para el bien de todos, porque somos todos para uno y uno para todos".

El director de la Asociación de Oficiales de la Policía Militar, Sergio Olimpio Gomes, hizo una síntesis cruda de la situación: "Los presos mandan dentro y fuera de las cárceles."

Por Luis Esnal
Corresponsal en Brasil

Se cree que las restricciones, impuestas en 2002 en medio de intensos enfrentamientos entre israelíes y palestinos, han impedido a cientos, y probablemente a miles de palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza mudarse a Israel para convivir con sus cónyuges e hijos.

A pesar de los reclamos de organismos de derechos humanos, el máximo tribunal consideró que la legislación no viola los derechos básicos del ciudadano y, en caso de perjudicarlos, se trata de "un daño ponderado".

Sin embargo, la ley es considerada "una flagrante violación de los derechos civiles" y "racista a ultranza" por los diputados que representan a la comunidad árabe de Israel y por organizaciones no gubernamentales, porque viola el derecho de sus ciudadanos a contraer matrimonio libremente y residir en su país con su pareja.

"Tenemos un serio problema porque lo que nos ha dicho el tribunal es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El fallo es una vergüenza para la legislación israelí", sostuvo la diputada Zehava Galón, del Partido Meretz.

La ley que la Corte se niega a anular fue aprobada en los momentos de mayor violencia durante la segunda intifada y a instancias de un informe de los organismos de seguridad que señalaba que 26 de los 146 atentados cometidos entre 2000 y 2002 fueron obra de palestinos que llegaron a Israel en el marco de la antigua ley de reunificación familiar.

Con la actual legislación, los palestinos de Cisjordania o de la Franja de Gaza que se casan con árabes israelíes no pueden obtener el permiso de residencia "por razones de seguridad".

En tanto, entre dos y nueve palestinos murieron ayer en una serie de operaciones militares realizadas ayer por el ejército israelí en Cisjordania, principalmente en la aldea de Kabatia.

Los soldados buscaban a un activista de la Jihad islámica, hermano de un palestino que perpetró un atentado suicida en Israel.

Además, un turista estadounidense de 16 años, herido en el atentado perpetrado por un suicida palestino el 17 de abril en Tel-Aviv, murió ayer, con lo que se eleva a 11 el número de personas que perdieron la vida en ese ataque.

Con las víctimas de ayer ascienden a 5049 los muertos, en su mayoría palestinos, desde que comenzó la segunda intifada, en septiembre de 2000, según un cómputo de la agencia de noticias AFP.

Agencias AP, AFP y ANSA

Préval prestó juramento -por un período de cinco años- ante los parlamentarios haitianos y en presencia de algunas personalidades extranjeras, mientras la capital vivía en un ambiente de celebración.

Sin embargo, poco menos de dos horas antes de que Préval apoyara una mano sobre la Constitución y jurara respetar las leyes, se escucharon disparos cerca de la principal prisión de Puerto Príncipe, situada a menos de un kilómetro del Parlamento.

Una decena de prisioneros trató de fugarse de la prisión, según versiones oficiales. Hacia el mediodía retornó la calma a la zona, donde se mantenía un importante dispositivo policial.

"Juro obedecer la Constitución, respetar y hacer respetar las leyes haitianas, velar por la soberanía de la nación y velar por que este país no ceda ninguna parcela de su territorio", prometió el nuevo mandatario antes de recibir la banda presidencial de manos del presidente de la Asamblea Nacional, Joseph Lambert.

En creole

El jefe de Estado prestó juramento en creole ante el nuevo Parlamento, electo en los comicios celebrados a principios de febrero.

Entre los asistentes figuraban personalidades extranjeras como Michaelle Jean, gobernadora general de Canadá; Jeb Bush, gobernador del sureño estado norteamericano de Florida y hermano del presidente George W. Bush; y Philippe Douste-Blazy, ministro francés de Relaciones Exteriores. Este último prometió, al margen de la ceremonia, aumentar la ayuda bilateral de Francia a Haití.

Préval, de 63 años -que presidió el país durante el período 1996-1991- fue primer ministro del primer gobierno de Jean Bertrand Aristide, que hoy vive exiliado en Sudáfrica.

Si bien ambos mantuvieron estrechos vínculos durante largo tiempo, hoy Préval asegura haber tomado distancia del polémico Aristide hace dos años, cuando Haití estuvo a punto de ser invadido por una guerra entre los partidarios del entonces presidente y sus opositores. Aristide fue derrocado en febrero de 2004.

Préval ganó las elecciones presidenciales con el 51,21% de los votos en unos comicios calificados por la OEA como históricos por la alta participación. El voto en favor de Préval provino de todos los sectores, pero especialmente de la clase media, del campo y de los barrios marginales de la capital.

La investidura tuvo lugar bajo la estrecha vigilancia de un dispositivo de 4500 hombres de la policía haitiana y Cascos Azules de la Misión de la ONU en Haití (Minustah).