Por su lado, los ambientalistas que bloquean desde hace dos semanas el puente que une Gualeguyachú con Fray Bentos, sumaron a la protesta el corte de la ruta que comunica Colón y la localidad uruguaya de Paysandú. Así, sólo permanece habilitado uno de los tres puentes que comunican a la Argentina y el Uruguay.

Al mismo tiempo, trascendió que el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, les comunicó a sus ministros que mantiene en pie la idea de recurrir a otros organismos internacionales, tales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, para denunciar los perjuicios que ocasionan a su país los cortes de ruta del lado argentino.

El canciller Jorge Taiana fue quien reveló que las autoridades argentinas estudian solicitar una medida cautelar al Tribunal de La Haya para que se congelen las papeleras. Eso, si finalmente el Gobierno lleva el caso ante el organismo. Posteriormente, funcionarios de la Casa Rosada le confirmaron a Clarín que la conveniencia de utilizar esa vía es motivo de "profundo análisis".

La novedad se conoció en el marco del informe que Taiana ofreció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con el propósito de defender el proyecto enviado por el Gobierno para que el Congreso anticipe su apoyo a una eventual denuncia del conflicto en La Haya.

Para justificar la postura, el canciller argumentó que "el gobierno uruguayo violó el derecho ambiental internacional al autorizar unilaterlamente la construcción de las plantas industriales, incumpliendo con el Tratado Bilateral del Río Uruguay".

Dos días antes, Taiana esgrimió idénticos fundamentos en la comisión de Diputados, donde ayer se aprobó el dictamen. Se estima que en las sesiones de la próxima semana ambas cámaras lo votarán afirmativamente.

Fuentes del Gobierno admitieron que los ambientalistas ya habían manifestado su interés en que se solicite la suspensión preventiva de las papeleras ante el Tribunal Internacional, durante la entrevista que varios de sus representantes mantuvieron la semana pasada con el presidente Néstor Kirchner en la Rosada.

El grupo que encabeza las protestas sobre la costa entrerriana pidió la adopción urgente de esa medida, al exponer en la reunión del Senado donde minutos antes había estado el canciller.

Allí también concurrió el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, quien dejó un escrito con los pormenores de las gestiones realizadas por la provincia para prevenir riesgos de contaminación ambiental si se ponen en marcha las dos papeleras —una de capitales españoles y la restante de finlandeses— en las proximidades de la costa uruguaya.

Busti recordó que su gobierno ya elevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que depende de la Organización de Estados Americanos.

Otra de las vías que exploró el gobernador en la escalada del conflicto fue la judicial. El 19 de enero presentó una denuncia en la Justicia Federal de Concepción del Uruguay contra nueve ejecutivos de las dos papeleras, bajo el cargo de "contaminación ambiental en grado de tentativa". El expediente del caso podría aterrizar hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de que el juez entrerriano Guillermo Quadrilli se declarara incompetente, según afirmó ayer a Clarín la abogada que patrocina al gobernador de Entre Ríos, Romina Picolotti.

Los acompañaban asambleístas de Gualeguaychú. Decidieron en principio seguir hasta las 20, hora en que en una asamblea votaron continuar con la medida hasta hoy, cuando se realice una nueva asamblea.

Fuerzas de la Gendarmería nacional custodiaron el orden aunque la protesta se desarrolló sin incidentes, mientras que en Gualeguaychú también continuaba el corte de la ruta 136.

Así, dos de los tres puentes que conectan Argentina y Uruguay permanecen cortados desde ayer a las 12. Los viajeros que tienen que cruzar el río Uruguay para ir a Fray Bentos deben recorrer ahora 250 kilómetros más rumbo al norte para poder pasar por el puente que une Concordia con Salto, y bajar el mismo trayecto, con un extra de 500 kilómetros en total respecto de las previsiones usuales.

"Colón ha tomado conciencia de que el problema ambiental es algo que nos compete a todos", dijo Adriana Viola, integrante de la Asamblea Ambiental de esa ciudad

"Colón es una ciudad eminentemente turística por lo que tiene un enorme respeto al medioambiente", agregó.

Por su parte, otra de las referentes de la movida, Poly Echeverría, apuntó que a la Asamblea de Colón no le agradan los cortes de ruta, dado que mantienen una relación excelente con sus vecinos de Paysandú.

"Somos como del mismo barrio, pero es la única manera de presionar al gobierno uruguayo para que detenga la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos y poder iniciar un diálogo tranquilo", afirmó.

También ayer se realizó el último de los recitales de la "movida cultural" propuesta por el gobierno entrerriano.

Antonio Tarragó Ros, que venía de cantar el día anterior en Concordia y Concepción del Uruguay ante un promedio de 25 mil per sonas, llegó al corte en la ruta 136 a las dos y media de la tarde. Dialogó con los vecinos presentes y les dedicó su chamarrita "El río herido". Luego, a partir de las 22, cantó ante 15 mil personas junto a Víctor Heredia y Soledad Pastorutti.

En cuanto a las medidas legales, el juez federal de Concepción del Uruguay Guillermo Quadrini remitió ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la causa penal contra directivos de Ence y Botnia.

Esta es una acción penal promovida por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, quien acusa a las empresas de "tentativa de contaminación". El expediente ingresará hoy en la Corte.

"Este es un río compartido y las decisiones deben ser en conjunto. Debe haber un estudio previo de impacto ambiental. Lo único que nosotros hemos reclamado es que se cumpla del Tratado Internacional del Río Uruguay, incumplido por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay en el año 2003. Desde octubre de ese año venimos pidiendo que Argentina vaya a La Haya", dijo ayer a Clarín el intendente de Gualeguaychú Daniel Irigoyen.

El gobierno provincial de Leyte confirmó hasta el momento cuatro muertos y 50 heridos, ya hospitalizados, pero se estima que hay unos 1.500 desaparecidos.

El deslave se registró por la mañana sobre el poblado de Guinsaugon, cerca de la ciudad de Saint Bernard, que quedó sepultado por el desprendimiento de parte de un monte. Una funcionaria local dijo que sólo tres casas quedaron en pie. En las últimas semanas se registraron en la región intensas lluvias.

En declaraciones a la agencia AP, el director de la Cruz Roja de Filipinas, Richard Gordon, señaló que aunque no hay por ahora un recuento oficial de víctimas su oficina estima que el alud habría dejado “200 muertos y 1.500 desaparecidos”, y caracterizó a la zona como “tristemente famosa por sus deslizamientos”.

“Sonó como si explotara la montaña y todo crujiera”, dijo un sobreviviente a una radio de Manila.

A la zona fueron enviados helicópteros, barcos y grupos de rescatistas, y la Cruz Roja de Filipinas ya pidió ayuda a las tropas de Estados Unidos desplegadas en el país. Como medida de precaución, fueron evacuadas 1.500 personas de localidades cercanas al lugar del desastre.

La proclamación llega después de graves denuncias de irregularidades (Edición impresa) y de cinco días de protestas que dejaron por lo menos un muerto (Archivo 14/02).

Con el cambio en la forma del escrutinio de los votos en blanco, que el gobierno anuncio poco antes de que la Comisión Electoral informara los resultados, Preval, un ex protegido del depuesto presidente Jean Bertrand Aristide, logró el 51,15% de los votos.

Incluso antes de que se anunciara el acuerdo, los seguidores de Preval, que ya lo daban por descontado, habían salido a las calles a festejar su triunfo. Desde el lunes, los simpatizantes del ex mandatario reclamaban que se lo declarara ganador de los comicios.

La versión inicial del informe, que podría ser modificado antes de ser oficializado en los próximos días, establece que "el uso excesivo de la violencia en numerosos casos durante el transporte (…) y la alimentación forzosa de los detenidos que mantienen una huelga de hambre deben ser evaluados como equivalentes a la tortura". Los autores se basan en los testimonios de los abogados de los presos según los cuales muchos huelguistas fueron sometidos a la introducción por vía nasal de gruesas sondas destinadas a inyectar alimento en su estómago, a veces hasta que "vomitaron sangre".

Al no poder verificar los hechos personalmente, los autores afirman que se deben "juzgar exactos" los testimonios sólidamente fundamentados donde se denuncian estas técnicas de alimentación forzada que, según ellos, son "inequívocamente, equivalentes a la tortura".

Los autores del informe también censuran las técnicas de interrogatorio autorizadas por el Pentágono: someter al detenido a temperaturas extremas o a música fuerte, privarlo de la luz, aislarlo, manipular su ciclo de sueño… "Si se las utiliza si multáneamente, equivalen a un tratamiento degradante", afirman los expertos. "Si, en casos individuales, la víctima experimenta un dolor o un sufrimiento intensos, estos actos son asimilables a la tortura", continúan.

También afirman que "las condiciones generales de detención (…) equivalen a un tratamiento inhumano".

Los juristas de la ONU estiman que "incluso en situaciones de emergencia o de conflictos armados" rigen las leyes relativas a los derechos humanos. En su opinión, las leyes sobre conflictos armados no se cumplen en "la guerra contra el terrorismo" reivindicada por el gobierno estadounidense para justificar la situación de excepción que reina en Guantánamo. Los recursos jurídicos que se ofrecen a los prisioneros "carecen de bases legales adecuadas", opinan los autores del informe, según los cuales "el gobierno estadounidense opera como juez, fiscal y defensor".

En estas condiciones, "la detención de todas las personas que se encuentran en Guantánamo equivale a una detención arbitraria", afirma el documento.

El informe también advierte a Washington sobre "la ausencia de toda investigación imparcial sobre las acusaciones de tortura", las técnicas de interrogatorio "basadas en discriminaciones religiosas" y "el deterioro de la salud mental de los detenidos" causado por las condiciones de detención y la prolongación del aislamiento durante períodos que pueden llegar hasta los 18 meses.

El informe exige al gobierno estadounidense "juzgar rápidamente" a los detenidos, conforme a las leyes pertinentes, o "liberarlos sin demora". También sugiere que "los supuestos terroristas sean juzgados por un tribunal internacional competente". Hasta la clausura de la cárcel de Guantánamo, aconsejan, "el gobierno estadounidense debería abstenerse de toda práctica equivalente a la tortura".

El movimiento radical palestino Hamas cesará su lucha armada contra Israel si el Estado hebreo se retira de todos los territorios palestinos ocupados, declaró el jefe de su buró político, Jaled Mechaal, al diario ruso Nezavisimaya Gazeta, en una entrevista publicada ayer.

"Si Israel reconoce nuestros derechos y se compromete a retirarse de todos los territorios ocupados, Hamas, y con él el conjunto del pueblo palestino, decidiremos poner término a la resistencia armada", declaró Jaled Mechaal.

Aunque en declaraciones anteriores el responsable palestino había ya dicho que estaba de acuerdo con una "tregua de larga duración" con Israel si el Estado hebreo aceptaba volver a las fronteras de 1967 y reconocía los derechos de los palestinos, hasta ahora no había hablado, como en la entrevista citada, de un eventual cese de la lucha armada.

Antes había declarado a la BBC desde su exilio de Damasco: "Ahora decimos que si Israel se retira detrás de las fronteras de 1967 (la guerra de los Seis Días), podría haber paz y seguridad en la región, y acuerdos entre las partes, hasta que la comunidad internacional halle el medio de resolver los problemas de todos".

En la presente ocasión, sin embargo, Mechaal declara que no se siente obligado por la "Hoja de Ruta" que fijó condiciones para la paz. "En la medida que nadie respeta las disposiciones de la Hoja de Ruta, los palestinos piensan que no es oportuno suscribirla", manifestó al diario ruso.

El primer ministro interino de Israel. Ehud Olmert, en tanto, dijo que Israel cuenta con el apoyo de la comunidad internacional en su negativa a negociar con Hamas, pero prometió que no se cerrarán las puertas a otros diálogos de paz.