Esa tendencia constituye un fenómeno político que va más allá de los resultados electorales coyunturales: Europa, continente de polarizaciones, parece tantear a ciegas buscando la mejor forma de protegerse contra los excesos de la globalización. Mientras los sectores más frágiles se dejan tentar por la extrema derecha, los segmentos moderados miran con interés la alternativa que propone un nuevo socialismo.

En poco tiempo, los electores llevaron a la izquierda al poder en 13 países de la UE. Esa tendencia, que se confirmó en las últimas semanas con las victorias de Romano Prodi en Italia y de Ferenc Gyurcsany en Hungría, podría acelerarse en el futuro si, como predicen los sondeos, los socialistas ganan las elecciones presidenciales de 2007 en Francia.

Los socialdemócratas controlan el poder en Suecia, Gran Bretaña, España, Portugal, Hungría, Lituania y la República Checa. También participan en gobiernos de coalición -dirigidos por la derecha- en Alemania, Bélgica, Chipre, Finlandia y Luxemburgo.

Esa nueva izquierda que se instala en el Viejo Continente tiene, sin embargo, características particulares: no es radical ni altermundialista ni, mucho menos, anticapitalista. Se trata, en general, de una izquierda moderada, que pide a sus administrados y a la UE aceptar las reformas sin padecer los efectos deshumanizadores del ultraliberalismo.

Esa izquierda votó por el proyecto de Constitución Europea, lamenta la actual parálisis de la UE y no teme hablar de flexibilización, de mercado o de competencia.

Giorgio Napolitano es el símbolo de ese aggiornamento . Después de la caída del Muro de Berlín, ese apparatchik del Partido Comunista Italiano (PCI) abandonó sus ilusiones de imponer la dictadura del proletariado y se recicló en la ideología "transformista" de la socialdemocracia.

La inflexión ideológica de los partidos de izquierda quedó sacralizada con el giro al centro de Tony Blair, que fundó el Nuevo Laborismo, con el que pudo acceder al poder en 1997.

Romano Prodi pertenece a esa misma línea. Lo probó cuando fue presidente del Consejo italiano, entre 1996 y 1998, y lo confirmó cuando ocupó, de 1999 a 2004, la presidencia de la Comisión Europea. Entonces, Prodi estuvo estrechamente asociado a la llamada "estrategia de Lisboa", cuyo objetivo es adaptar Europa a la globalización.

Otro socialista, el flamante primer ministro de Portugal, José Sócrates, acaba de anunciar la supresión de un tercio de los organismos o instituciones estatales del país, lo que significará una reducción del 15% de los 500.000 agentes del Estado. La medida, sorprendentemente reformista, es parte de un vasto programa tendiente a reducir los déficit públicos.

El primer ministro húngaro, Ferenc Gyurcsany, también encarna esa izquierda moderada. "Los primeros 100 días de mi segundo mandato se traducirán en más de 100 reformas", afirmó ese millonario de 42 años, tras su reciente victoria.

Otros tiempos

Cuando nació, en 1889, la socialdemocracia sueca estaba mucho más cerca de un modelo marxista alemán que de la tradición utopista del socialismo francés o británico. Hoy, el partido del primer ministro Göran Persson defiende un modelo que combina el control del sector público y la economía de mercado.

En 1999, Suecia fue uno de los primeros países de la UE en poner en marcha una profunda reforma del sistema de pensiones. Ese modelo ha sido tomado como ejemplo por el resto de sus socios europeos.

Tampoco se puede acusar de ortodoxia socialista al español José Luis Rodríguez Zapatero. En España, un tercio de los asalariados tiene contratos de corta duración.

Por su parte, los socialistas que participan en gobiernos de coalición, como en Alemania o en Bélgica, han aceptado compromisos con la derecha para impulsar políticas de reforma.

A pesar de todo, los gobiernos europeos tienen serias dificultades en convencer a sus opiniones públicas de los beneficios de una decidida política de reformas. Todo sucede como si esos cambios debieran hacerse discretamente, sin provocar miedo.

"Los europeos tienen terror a los efectos devastadores de la globalización. Quieren reformas, pero dentro de un sistema muy social, que tenga al hombre como centro. Esto explica ese retorno paulatino hacia la izquierda", afirma André Grebjine, director de investigación en el Instituto de Ciencias Políticas de París.

En la imaginación de los electores, una izquierda moderada podría ser garantía de reformas y, al mismo tiempo, de rechazo a las peores consecuencias de la mundialización: el desempleo, las deslocalizaciones, la precariedad laboral, las sociedades fracturadas entre los opulentos y los más rezagados.

Pero, simultáneamente, los europeos también se niegan a dar a esas izquierdas una fuerte mayoría, como sucedió en Alemania, en Italia o en España. En esos casos, ¿cómo saber si los electores votaron a favor o en contra de las reformas? La respuesta no es fácil, porque siempre hay fuerzas modernizadoras y conservadoras en ambos lados.

Quizá la fórmula adecuada sea la que suele utilizar el liberal Louis Michel. Para el ex viceprimer ministro belga, "contar con fuertes mayorías puede ser muy útil. Pero lo esencial para realizar reformas es una cualidad cada vez más escasa en política: el coraje".

Por Luisa Corradini
Para LA NACION

En respuesta, Abbas, que había prohibido la creación de esa nueva fuerza, ordenó a los servicios de seguridad existentes un despliegue de urgencia, dejando a los territorios palestinos al borde de un nuevo derramamiento de sangre.

La puesta en marcha de la nueva fuerza de seguridad, anunciada por el ministro del Interior palestino, Said Siam, habría sido una consecuencia de la misteriosa muerte de dos milicianos de Hamas ayer en la Franja de Gaza, que algunos atribuyen al grupo Al-Fatah, al que pertenece Abbas.

El grueso de los 3000 miembros que conforman la nueva fuerza de seguridad -denominada Fuerza Especial- son milicianos del brazo armado de Hamas y el equipo se completa con hombres de Jihad Islámica y de grupos disidentes de Al-Fatah.

Abbas había declarado recientemente que se trataba de una decisión "ilegal" del gobierno del primer ministro Ismael Haniyeh, con quien está enfrentado, entre otros motivos, por discrepancias acerca de sus respectivas atribuciones en relación con los organismos de seguridad de la ANP.

En tanto, un responsable palestino dijo que Abbas ordenó a las fuerzas de seguridad que se desplieguen de forma inmediata en las ciudades palestinas y que "se nieguen a obedecer órdenes que no provengan de la autoridad" presidencial.

La semana pasada, las tensiones entre Al-Fatah y Hamas, a la cabeza del gobierno palestino tras su victoria en las legislativas de enero pasado, dieron lugar a enfrentamientos armados de una magnitud sin precedente desde la llegada al poder de los islamistas.

Hace casi un mes, Hamas había hecho pública su intención de crear una nueva fuerza de seguridad para hacer frente al caos en los territorios palestinos.

El grupo extremista nombró como responsable de la fuerza al jefe de los Comités de Resistencia Popular, Jamal Abu Samhadana, a quien Israel busca por su presunta implicación en numerosos atentados.

Abbas, que ejerce la responsabilidad global sobre el conjunto de los temas de seguridad, rechazó posteriormente la creación del nuevo organismo de seguridad y la designación de Samhadana, subrayando que se trataba de dos medidas inconstitucionales.

El mandatario palestino afirmó ayer que Hamas "no puede sobrevivir" si sigue ignorando las demandas internacionales para que abandone la violencia y reconozca a Israel.

"Deberían ser parte de la comunidad internacional. Si no, no creo que puedan sobrevivir", auguró.

Las naciones occidentales han recortado su ayuda financiera a la ANP, dejando a 165.000 empleados públicos sin salario desde marzo.

Agencias AP, AFP, EFE y ANSA

Marcos Willians Herbas Camacho, alias “Marcola”, de 38 años, habría dado la orden de detener las acciones terroristas contra fuerzas policiales, bancos y colectivos el lunes por la tarde.

La decisión fue tomada después de un encuentro del jefe del PCC con autoridades policiales y su abogada, Irascema Vasciaveo, que viajó a bordo de un avión de la Policía Militar hasta Presidente Prudente, el municipio del interior de San Pablo donde se encuentra detenido Marcola en una cárcel de máxima seguridad. “Fue una muestra de buena voluntad”, dijo la abogada sobre la situación insólita de que el gobierno de San Pablo le pusiera a su disposición un avión para ir a ver a su cliente.

La orden de “Marcola”, que controla el PCC –también conocido como Partido del Crimen por ser una especie de agremiación para todo tipo de delincuentes- tuvo un acatamiento casi automático y el lunes, al finalizar el día, no hubo más atentados.

En tres días, desde el viernes a la noche hasta el lunes, fueron cometidos 270 ataques contra fuerzas policiales y blancos civiles. Murieron 56 policías y civiles, a los que se suman 13 presidiarios eliminados en ajustes de cuentas en medio de los motines y otros 80 sospechosos abatidos en enfrentamientos -casi 150 muertes en total-.

La decisión de detener los ataques fue transmitida con la misma eficiencia con que se inició todo: vía celulares y en forma exponencial. Es decir, la cúpula le avisa a un número de comandados, que le avisa a un número mayor, y así hasta alcanzar a miles de "soldados", delincuentes que funcionan como células dormidas del PCC.

Después del aviso de tregua, las rebeliones que había en 73 penitenciarías de todo el estado cesaron como por arte de magia. En la noche del lunes casi ya no quedaban presos amotinados. La decisión de negociar causó polémica y las autoridades negaron durante todo el día el encuentro. Sin embargo, el comandante de la Policía Militar, Elizeu Eclair Teixeira Borges, se contradijo y aceptó que hubo "una conversación".

"Supe que «Marcola» quería una abogada. Ustedes saben que es una persona inteligente y conoce la legislación como pocos", comentó, admitiendo que sabía que iba a haber una reunión. "No sé qué hubo y qué no hubo. Ese no es un asunto de la Policía Militar", evadió. Sin embargo, según trascendió en medios brasileños, participaron de la negociación además de la abogada del "jefe de jefes", un comandante de la Policía Militar, un representante del servicio penitenciario y un comisario de la Policía Civil.

El comandante dijo que es ridículo pensar en un acuerdo si el lunes había 19 presos y ayer ya eran 113, si había 19 bajas en la organización como resultado de los enfrentamientos y ayer ya había casi 80. "¿Qué rayos de acuerdo es ése?", se irritó. "No hice ningún acuerdo, mucho menos con bandidos", respondió también el comisario de la Policía Civil, Marco Antonio Desgualdo.

Exigencias

Haber hecho una reunión con un preso que tenía las visitas prohibidas le restó crédito a la versión de los dos policías. El "cese del fuego" ocurrió apenas después de la reunión.

No trascendieron detalles del acuerdo, pero el motivo de la ola de terror disparada por "Marcola" puede dar un indicio de cuál puede haber sido el tema de la negociación. "Marcola" y otros 765 integrantes del PCC fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad a casi 600 kilómetros de San Pablo.

Todos fueron puestos bajo el RDD -Régimen Disciplinario Diferenciado-, lo que les impedía cualquier contacto con abogados o visitas durante treinta días, apenas una hora de sol por 23 de reclusión, prohibición de televisión y otras restricciones. Para alguien como "Marcola", que se niega a aceptar una pizza del servicio penitenciario y ordena que le traigan picanha -colita de cuadril, el corte preferido en Brasil-, se puede intuir que las condiciones de su detención pueden haber guiado tanto el ataque en masa que lanzó como la aceptación de decretar una tregua. Según trascendió, "Marcola" habría exigido, entre otras cosas, la instalación de televisores de plasma para ver los partidos de Brasil en el Mundial de Alemania.

La responsabilidad política por la sensación de impotencia en que quedaron las fuerzas de seguridad quedó dividida entre el oficialismo y la oposición. Las huestes del presidente Luiz Inacio Lula da Silva intentan transferirle la responsabilidad al gobierno de San Pablo, gobernado por una alianza opositora. Esa oposición, sin embargo, responsabiliza al gobierno nacional de no haber lanzado el plan nacional de seguridad y de no haber resuelto mejor el problema social que originaría la violencia.

Los paulistas volvieron ayer a la normalidad, todavía en estado de shock. Los colectivos funcionaron y los negocios abrieron, pero los efectos del caos todavía se hacían sentir. El subte registró medio millón menos de pasajeros que lo normal y los embotellamientos fueron mayores, debido a que la gente prefería evitar el transporte público, posible blanco de ataques.

La eliminación en menos de 24 horas de 80 supuestos delincuentes que respondían al PCC fue una demostración de poder de las fuerzas de seguridad para aplacar el miedo en la población. Pero también quedó en el aire, como en aquellas películas de terror que tendrán una segunda parte, que el caos se detuvo sólo porque el "capo" dio la orden.

Por Luis Esnal
Corresponsal en Brasil

Detenidos argentinos, a salvo

En su edición de ayer, The New York Times señaló que Cheney fue uno de los más firmes defensores de ampliar las escuchas telefónicas sin autorización judicial a millones de estadounidenses tras los atentados del 11 de Septiembre.

Cheney y su principal asesor legal, David Addington, dijeron entonces que las escuchas privadas "podían hacerse y debían hacerse" si cualquier persona sospechosa de estar relacionada con Al-Qaeda realizaba llamadas dentro de Estados Unidos, según fuentes de inteligencia citadas por el periódico.

El vicepresidente y su equipo, añadieron las fuentes, argumentaron entonces que la Constitución permitía a las agencias de espionaje tomar ese tipo de medidas para defender al país de posibles amenazas terroristas. Los abogados de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) fueron los que se opusieron a la extensión del programa de interceptación de llamadas telefónicas y correos electrónicos, añadió el diario.

Dos funcionarios de inteligencia de alto rango, que solicitaron el anonimato, precisaron al diario que el equipo de Cheney presionó hasta que los responsables de la NSA rechazaron su propuesta de forma rotunda, arguyendo que había que poner límites. Los abogados de la NSA insistieron en que las escuchas sin autorización legal deberían limitarse a comunicaciones de sospechosos de terrorismo con el exterior.

Varios miembros de la Casa Blanca han reiterado públicamente que todas las actividades de inteligencia son legales y tienen como prioridad indiscutible la protección de los ciudadanos ante amenazas terroristas. Pero muchos legisladores consideran que los norteamericanos deben recibir garantías de que el gobierno cumple las leyes a la hora de proteger los intereses del país y, a su vez, los derechos constitucionales de cada estadounidense.

En ese sentido, varios senadores republicanos y demócratas reafirmaron ayer su intención de someter a un duro interrogatorio al candidato a dirigir la CIA y uno de los principales artífices del programa de escuchas, Michael Hayden. El general Hayden, director de la NSA en ese momento, fue quien diseñó y supervisó la puesta en marcha del controvertido programa de espionaje, que ahora amenaza con obstaculizar la confirmación de su nombramiento en el Senado.

Nuevas pruebas

En tanto, documentos difundidos ayer dejan al descubierto una participación mayor a la admitida del vicepresidente en la divulgación, en 2003, del nombre de una agente encubierta de la CIA cuyo esposo había criticado la guerra de Irak.

En los documentos presentados ante un tribunal, Patrick Fitzgerald, fiscal especial del caso, reveló que Cheney escribió una serie de apuntes sobre la agente Valerie Plame -aunque sin nombrarla- antes de que su identidad fuera divulgada públicamente.

Esas notas muestran que Cheney y su ex jefe de gabinete, Lewis Libby, ya estaban muy interesados en un artículo escrito por Joseph Wilson -ex diplomático y marido de Plame-, poco antes de que se produjera la filtración. Fitzgerald presentó una fotocopia de un artículo que Wilson escribió en The New York Times, en el que planteaba la posible manipulación de información de inteligencia por parte del gobierno poco antes de la invasión de Irak en 2003.

Poco después de que se publicara su artículo, el 6 de julio de 2003, se produjo la filtración de la identidad de su esposa. El fiscal pidió al tribunal que admitiera el artículo en la investigación, con las anotaciones manuscritas de Cheney, porque muestra, dijo, la atención que suscitaban entonces los asuntos a los que se refería Wilson.

Agencias AP y EFE

¿Se puede caer más bajo? Siempre es posible, pero no es fácil que George W. Bush tenga menos del 29% de respaldo que esta semana le da el sondeo de The Wall Street Journal. ¿O el presidente menguante no tiene límites? A menos de seis meses de las legislativas, Bush está en caída libre y casi todo lo que toca se convierte en plomo. No es extraño que parte de los republicanos que buscan la reelección le consideren un apestado político, ni que los demócratas quieran convertir las elecciones del 7 de noviembre en un referéndum sobre el presidente.

La debilidad de Bush no es discutible. La tendencia que arrancó con el Katrina en septiembre de 2005 no se ha detenido; después del huracán siguió sin vislumbrarse una salida en Irak y los soldados no dejaron de morir, y el gasto público no dejó de crecer, ni el precio de la gasolina de subir. La coalición republicana que llevó a Bush al poder en 2000 y que le revalidó en 2004 se ha resquebrajado.

La fotografía de otro sondeo, de The New York Times y CBS, da las claves de la situación de un Bush obligado un día sí y otro no a ponerse a la defensiva, algo mortal para un político. Con un 70% de norteamericanos que creen que el país va en dirección equivocada, a pesar de que la situación económica es buena, las constantes del presidente se desploman. Sólo 4 de cada 10 le ven como un líder fuerte, el factor con el que ganó en 2004. Y, lo que es peor electoralmente, los conservadores rebajan notablemente su apreciación presidencial.

Como a perro flaco todo son pulgas, sólo el 13% cree que maneja bien la escalada de los precios de la gasolina, en la que su responsabilidad es marginal; recibe elogios por su plan para reformar la inmigración, pero no en la opinión pública, que le da un 25% de respaldo. Y cuando despide al director de la CIA, Porter Goss, y nombra al general Michael Hayden, su confirmación coincide con las revelaciones sobre la afición de la Agencia de Seguridad Nacional de tener sus propias páginas blancas y amarillas.

Nixon y Carter

Si el presidente tiene tiempo y humor para las comparaciones, sabrá que en el último medio siglo sólo Nixon y Carter le ganaron en impopularidad -aunque aún le quedan dos años para disputar la clasificación- y que sus sondeos son similares a los de su padre en el verano de 1992, poco antes de perder ante Bill Clinton. Aunque Bush ya no se va a presentar, su papel en el partido y sus apuestas históricas -básicamente la de Irak- le obligan a luchar para tratar de frenar el posible cataclismo de noviembre. Por eso está cambiando -demasiado poco, demasiado tarde- a su equipo, desde el jefe de Gabinete hasta el portavoz. Y por eso se multiplica: cuando el USA Today reveló la historia de las bases de datos telefónicos, el presidente salió a defender la legalidad y la eficacia de las medidas; mañana, Bush hablará desde el Despacho Oval para saludar el acuerdo sobre la inmigración y -mensaje a la base conservadora, muy incómoda con el plan- prometer un fuerte incremento en la seguridad de la frontera.

Su estratega, Karl Rove, prepara el último combate de ambos, las elecciones de otoño. Rove tiene mucho trabajo: vender a los jubilados el plan de asistencia médica, publicitar los recortes de impuestos, articular la reforma de la inmigración para no perder ni el apoyo más conservador ni las simpatías hispanas y trazar con los congresistas escenarios de batalla centrados en temas locales, para contrarrestar la estrategia del referéndum sobre Bush. Otros factores -un descenso en el precio de la gasolina o una mejora en Irak- son incontrolables incluso para el todopoderoso Rove.

Para estimular a las bases -las elecciones se pierden por la abstención del fiel- Rove usa una amenaza real: si los demócratas ganan una o las dos Cámaras, el Capitolio se convertiría en un infierno para Bush. Y tiene razón: John Conyers, que sería presidente del Comité Judicial de una Cámara demócrata, ya ha anunciado un posible proceso de destitución por Irak. Lo mismo ocurriría con el debate de las escuchas electrónicas. Los demócratas -que, a pesar del viento de cola, carecen de líder nacional y tienen mediocres dirigentes parlamentarios- se han puesto nerviosos y prefieren que no se hable de eso. El mensaje cae en oídos sordos de una base hambrienta de victoria y de reivindicaciones.

¿Es real la perspectiva de descalabro? Faltan seis meses y muchas cosas por pasar. Los demócratas tendrían que ganar seis escaños en el Senado y 15 en la Cámara sin perder ninguno de los que están en juego. El diseño de los distritos electorales complica los cambios, pero nada parece imposible a estas alturas. Uno de los más perspicaces analistas, Charles Cook, lo explica así: "Parece innegable que un fuerte huracán golpeará a los republicanos en noviembre. Si es de categoría 1, 2 o 3, mantendrán el Senado y probablemente la Cámara. Si tiene categoría 4, la Cámara cambiará de manos, y quizá el Senado. Si el huracán es de categoría 5, las mayorías republicanas pasarán a la historia".