Dejó 30 muertos una contraofensiva de la policía en San Pablo

La Nación
 
La ola criminal en Brasil
 
Eran sospechosos de los ataques de los últimos días; aprobaron leyes más duras
 
SAN PABLO.– Comenzó la contraofensiva: en las últimas 24 horas fuerzas policiales de San Pablo eliminaron a más de 30 sospechosos de integrar la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC), que durante los últimos tres días había estremecido a la ciudad con una ola de atentados que causó más de 150 muertos.

A pesar del polémico acuerdo que las autoridades habrían negociado anteayer con el jefe del PCC para poner fin a los atentados, en las calles paulistas la policía seguía ayer sólo una regla: ante la menor duda, disparar a matar.

“La cacería continúa. Estamos matando a quien tenga la osadía de enfrentarnos”, advirtió, sin medias palabras, el comandante de la Policía Militar, Elizeu Teixeira Borges.

El impresionante desafío del crimen organizado contra el Estado, con 270 atentados, 70 motines y poco más de 40 miembros de las fuerzas de seguridad muertos, dejó una sensación de paranoia en la sociedad paulista.

El estupor que la violencia causó en Brasil llevó al Senado a sancionar de urgencia once proyectos de ley contra el crimen organizado. Entre las medidas,

que todavía deben ser aprobadas por la Cámara de Diputados, se encuentra la posibilidad de recluir bajo un régimen especial a los miembros del crimen organizado durante 720 días, prorrogables por otros 720. Bajo ese régimen podrán conversar con sus abogados sólo una vez por mes y con un vidrio de por medio. Los abogados de estos grupos suelen transformarse en integrantes de la organización, que actúan como voceros del "capo" y llevan sus órdenes afuera de la cárcel.

Por otro lado, el gobierno anunció que las operadoras de telefonía celular serán obligadas, mediante un decreto presidencial, a comprar, instalar y administrar bloqueadores de celulares en las cárceles. Los teléfonos móviles son el principal medio de comunicación de los líderes del PCC, que los usan para enviar órdenes al exterior.

Los piquetes policiales continuaban ayer esparcidos por toda la ciudad. Al pasar frente a una comisaría en la avenida Angélica, una de las principales de la ciudad, este cronista fue bloqueado por dos policías que le apuntaron fusiles directamente al cuerpo, mientras gritaban: "¡Los autos con vidrios polarizados tienen que pasar con las ventanillas bajas delante de un comisaría!"

Nuevas informaciones mostraron ayer que los tentáculos del crimen organizado llegan más lejos de lo que se podía imaginar. Hace algunas semanas, los jefes de policía de San Pablo fueron interpelados por los legisladores de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Tráfico de Drogas.

Como la información que podía surgir de la interpelación era confidencial, la declaración fue a puertas cerradas. Horas después de la reunión, Marcos Willians Herbas Camacho, alias "Marcola", el líder del PCC, escuchaba en su celda la grabación en la que se planificaba la transferencia de todos los miembros del PCC a una cárcel de máxima seguridad en el interior de San Pablo. Fue entonces cuando comenzó a planear la ofensiva, que terminó cuando el gobierno negoció el fin de los ataques a cambio de condiciones especiales de prisión para él y su grupo.

El líder del PCC tuvo acceso a la información por medio de un empleado del Congreso que vendió a abogados de la organización dos CD con las conversaciones de los jefes policiales.

Pasado el estupor, comenzó la utilización política de los atentados. Primero, el candidato del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), Geraldo Alckmin, que era gobernador de San Pablo hasta hace 40 días -cuando pidió licencia para iniciar su campaña electoral-, acusó al gobierno nacional por la inseguridad, por no haber enviado a los estados fondos de coparticipación.

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva respondió en el mismo tono. "Lo que ocurrió en San Pablo es algo grave porque muestra el peso del crimen organizado. Por los artículos que leí ayer, parece que hubo un acuerdo entre policías y bandidos", atacó Lula, y acusó a las autoridades paulistas. "Lo que tiene que quedar muy claro es que todo lo que el gobierno federal podía ofrecer se lo ofrecimos al gobernador Claudio Lembo", dijo.

Sin ayuda

El ministro de Relaciones Institucionales, Tarso Genro, subió todavía más el tono y provocó la ira de la oposición. "El gobierno paulista prefirió negociar con criminales antes que aceptar la ayuda del gob ierno", disparó.

Lula y Alckmin, los adversarios en las elecciones presidenciales de octubre, están prácticamente igualados en cuanto a la responsabilidad por lo ocurrido, según la opinión de los paulistas. Una encuesta de Datafolha reveló ayer que el 39% considera que Lula tuvo "mucha responsabilidad" en los atentados, y otros 37% culparon a Alckmin. La Justicia, sin embargo, fue para los paulistas la responsable mayor: el 55% consideró que el problema se debe a su funcionamiento ineficiente, blando y lento.

Lembo, el actual gobernador paulista, pasó el día de ayer intentando explicar la negociación con "Marcola", que permitió que los ataques pararan. Enredado en justificaciones, Lembo llegó a decir que había autorizado que un avión de la policía militar trasladara a la abogada del líder del PCC hasta el presidio para "agilizar el diálogo" con el jefe de la organización criminal. Y dijo que se había permitido el diálogo con la abogada y que los presos recibieran televisores nuevos para ver el Mundial de Alemania para evitar que en un futuro se lo acusara de no respetar los derechos humanos.

Por Luis Esnal
Corresponsal en Brasil

Derechos humanos

  • SAN PABLO (EFE).- Organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaron a la policía de responder vengativamente a la ofensiva del crimen organizado y denunciaron la posible muerte de inocentes, en lo que algunas consideran una "matanza". Las críticas se suman a las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA), que urgió a las autoridades a "adoptar medidas para resolver la grave situación".

Las nuevas medidas carcelarias

Visitas restringidas

  • Los presos podrán recibir sólo dos visitas de familiares por mes (estarán separados por un vidrio).

Mayor aislamiento

  • La principal medida crea un régimen especial de aislamiento para presos de alta peligrosidad, que puede durar 720 días, prorrogables por otros 720 (actualmente es un año).

Ni alimentos ni teléfonos

  • Además, los presidiarios no podrán recibir alimentos externos traídos por sus visitas ni aparatos electrónicos, como teléfonos o televisores, y sólo tendrán derecho a un contacto por mes con su abogado.

Bloqueo de señal

  • Ordenaron un plazo de seis meses para que sean instalados bloqueadores de señal de telefonía móvil en las cárceles.

 

 

 

 

 

 

Clarín

CONMOCION EN BRASIL : RECORRIDA POR LAS ZONAS POBRES DE LA CIUDAD

En las favelas de la ciudad la gente dice que el comando narco ganó "una gran batalla"

Cuentan a Clarín que la violencia de los últimos días fue "necesaria". 
 
 
Gustavo Sierra SAN PABLO ENVIADO ESPECIAL

gsierra@clarin.com

Mientras hay muerte, hay esperanza. No lo dijo con esas palabras, pero eso es lo que me quiso decir Joao cuando intentaba explicarme por qué la ciudad de San Pablo quedó tres días sitiada, con 115 cadáveres por las calles y enfrentamientos con la policía por todos los barrios; allí, en la ciudad más grande de Sudamérica y su periferia. "En todas las guerras hay bajas y acá las hubo. Esto fue necesario", dice este moreno de un metro setenta, buena contextura y pocos dientes. Joao asegura que no pertenece al Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal con más de 20.000 hombres que lanzó una verdadera guerra contra la policía el viernes pasado y que siguió luchando hasta esta madrugada. Pero los que me lo señalaron me dijeron que él conoce perfectamente a este sindicato del crimen y su organización. "Tú ves que yo no voy armado ni nada. Yo conozco y por eso te digo que aquí hubo una gran batalla y la ganó el PCC", me dice, mientras se rasca la barriga por debajo de su camiseta verde con el escudo amarillo y el número 10 al frente.

A Joao lo encontré después de recorrer durante casi todo el día varias favelas de los alrededores de San Pablo en busca de información sobre el PCC y los hombres que tuvieron en jaque al gobierno brasileño durante 72 horas. Pregunté a decenas de personas y todas me dijeron lo mismo: "El PCC no es una de esas organizaciones que les gusta mostrarse. Trabajan en lo suyo (drogas, asesinatos, asaltos) sin mostrarse demasiado."

¿No hacen acciones a lo Robin Hood y reparten comida en el barrio?, pregunté. "No, eso lo pueden llegar a hacer hasta los del Comando Vermelho (los sicarios que azotan a Río De Janeiro), pero el PCC está en otra cosa. Eso no quiere decir que si eres un allegado de algún jefe importante no recibas tus prebendas."

Joao fue mucho más específico. Según él, se trata de centenares de bandas que se fueron armando desde los años noventa en las cárceles de San Pablo y que se mueven como abejas. "Tienen todo bien organizado", dice mientras mueve la cabeza de arriba abajo con una media sonrisa.

Hablamos de parados en un recodo de una casa de ladrillos huecos y hierros oxidados saliendo por todos lados. Estamos en el medio de Heliópolis, la favela más grande de San Pablo, con 140.000 habitantes. Desde este lugar se puede ver una buena parte de la ciudad. La casa está ubicada justo sobre la parte más alta del morro y por debajo se pueden ver dos grandes autopistas y al fondo los rascacielos de la poderosa zona bancaria paulista. Este es feudo del Partido de los Trabajadores del presidente Lula da Silva. A la entrada se puede leer un gran cartel que dice "Heliópolis avante com Lula e Mercadante".

De aquí salieron varios dirigentes del PT y se la reconoce como una de las favelas más politizadas. "Es un gran semillero. Tenemos dirigentes para todo. Hay muy buenos activistas políticos desde que comenzaron las luchas acá hace más de 30 años. Y hoy están los mejores ”de otras actividades”", cuenta Joao hasta que se para en seco. Pasa una moto y el conductor observa con atención al extranjero que habla con Joao. No tengo idea de quién es, pero Joao dice que ya no puede charlar más, que se tiene que ir. Me señala cómo llegar nuevamente hasta la calle que desemboca en el centro comunitario del barrio. El PCC tiene cientos de ojos y orejas escuchando todo en las favelas paulistas.

En el centro comunitario hablo con una de las asistentes. "Acá no se ve, no se escucha ni se habla", es lo primero que me dice. Pero si no publico su nombre promete contarme lo que pasó hoy en el gimnasio mientras conversaba con los 35 chicos de 13 y 14 años que ella dirige. "Salió el tema y un grupo empezó a hacer un cantito como de la cancha de fútbol vivando al PCC. Uno de los que más cantaba era el hijo del jefe (el capo narco) de acá de este barrio. Decía que había sido una gran victoria, que habían ganado. Pero otro de los chicos le dijo que no habían ganado nada porque la gente no pudo ir a trabajar y perdieron tres días de sueldo. Para que no se armara ahí mismo, les propuse comenzar el partido de vóley, y se terminó… Bueno, por ahora. Esto muestra que la gente está dividida, pero que el PCC tiene a muchos que lo apoyan", me dice la asistente social mientras nos permite subir al techo para hacer una fotos panorámicas de las favelas. "¿Fotos a nosotros? ¡Ni se te ocurra! Y cuando veas un garoto de más de 13 o 14 años, no levantes la cámara porque no salís de acá", nos advierte.

Recibo un llamado de un colega brasileño que conozco de hace tiempo y que es un experto en temas de seguridad. Me pide que vaya a un lugar tranquilo y comienza a pasarme datos del hombre que organizó la revuelta de los sicarios y el máximo líder del Primer Comando de la Capital. "Sin duda, hoy es el narcotraficante más notorio de América latina desde la muerte de Pablo Escobar, el jefe del Cartel de Cali", me dice el colega.

Marcos Williams Herbas Camacho, más conocido como Marcola, tiene 38 años y dirige con mano de hierro el PCC desde agosto de 1993. En esa época Marcola estaba preso en la cárcel de Taubaté, a 130 kilómetros de San Pablo. Allí, en la cancha de fútbol del presidio, el capo y otros ocho reclusos idearon la organización, que fue creciendo de tal manera que 13 años más tarde cuenta con más de 20.000 hombres, entre los que están en las cárceles —un amplio porcentaje— y los que siguen delinquiendo afuera. El principal negocio del PCC es el narcotráfico, pero opera como cualquier otra organización mafiosa y son los propios miembros los que terminan manteniéndola. Los "hermanos" (así se llaman entre ellos) del PCC que están en libertad deben entregar 500 reales al mes y los que están presos, 50, para recibir protección.

La organización tiene "hermanos" y "primos", que son los simpatizantes y ejecutores de "tareas". Entre ellos hay un grupo selecto al que llaman "los binladen", en referencia a Osama bin Laden, el líder de la red terrorista Al Qaeda. Son los encargados de atacar a la policía y poner bombas.

Marcola se cree un intelectual. "Leí más de 3.000 libros", dice cada vez que puede. Según los informes de los carceleros que lo conocen muy bien, su libro de cabecera es El arte de la guerra, escrito hace más de 2.500 años por el filósofo chino Sun Tzu y cuyo lema básico es "para derrotar a un enemigo es preciso conocerlo muy bien". El líder del PCC estuvo casado con la abogada Ana María Olivatto Herbas Camacho, que fue asesinada con dos tiros en la cabeza en la noche del 23 de octubre del año pasado en medio de una lucha por el poder dentro de la organización. Tienen una hija adolescente, que dicen que "está más guardada y protegida que la reina de Inglaterra".

En las favelas que recorrí aseguran no saber nada de Marcola. En realidad, es un hombre que pasó casi toda su vida en las cárceles y muy pocos lo conocen personalmente. Anoche estaba en la penitenciaría de máxima seguridad de Presidente Bernardes, donde había sido trasladado poco antes de que comenzara la revuelta.

Un rumor que corre dice que en realidad todo comenzó porque había un acuerdo para que Marcola pudiera escapar durante ese traslado y que por razones desconocidas el pacto no se cumplió. Lo cierto es que antes de que cayera la madrugada pasada, Marcola negoció como si fuera el canciller de una potencia con un coronel de la Policía Militar, un delegado del gobierno y una abogada. No se sabe a ciencia cierta los términos del acuerdo, pero el capo del PCC volvió a usar el teléfono celular con el que se comunica constantemente con sus lugartenientes, para decir esta vez: "Salve, general… Dejemos todas las ”facultades” (presidios) que se encuentran en nuestras manos."

Ya anochece y antes de que sea imposible entrar viajamos hasta la favela de Jaguaré, al oeste de San Pablo. Ahí, en unos paredones de una fábrica se pueden ver pintadas descoloridas con los números 15-3-3, por el lugar de ubicación en el alfabeto de las letras P-C-C. Las calles empinadas y cubiertas de cascotes están con total calma. Acá, como en las otras favelas y barrios de la ciudad, la orden de Marcola ya se viene cumpliendo a rajatabla desde la mañana.

Me encuentro con Antonio Marcos Gomes Cardoso, el joven jefe comunal que me asegura que ya todo está normalizado. "Esto, por ahora, terminó. Pero lo que no terminaron son las condiciones de marginalidad en las que vive la mayoría de la gente por acá. Y eso, a la larga, va a traer más violencia. Hoy es el PCC, mañana puede ser otra organización. Pero va a ser así."

El sol cae, unos chicos hacen jueguito con una pelota de fútbol y otros se tiran por la pendiente del morro con una bicicleta. El levantamiento del PCC del mayo negro de San Pablo parece haber llegado a su fin como un samba melancólico al que se le pierden las palabras en la boca de Jobim y las notas en el aire. Pero Antonio Marcos me lo advierte: "Esto no puede acabar así como si nada hubiera pasado. Acá lo peor está por venir."

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