Garré, ante el desafío de los juicios a militares por la represión ilegal
Actualmente hay 175 ex represores detenidos, que deberán ir a juicio oral. Los mandos de las fuerzas coinciden en que es un tema estrictamente judicial.
Guido Braslavsky.
Cuando todavía regían las leyes del perdón y la Corte Suprema debía fallar sobre su constitucionalidad, muchos políticos y uniformados desaconsejaban la revisión judicial de los años de plomo con el argumento de los supuestos riesgos institucionales que podía tener un "desfile de militares" en tribunales de todo el país para responder en causas por violaciones a los derechos humanos.
La semana pasada, todavía sorprendido por la designación de Nilda Garré como ministra de Defensa, un alto jefe militar trasladó aquella premonición a números: sólo el Ejército debió convocar en los últimos dos años a 400 uniformados para que concurrieran a la Justicia. Hay 175 ex represores detenidos (de Fuerzas Armadas y de seguridad) en sus casas o en unidades militares y 92 pertenecen al Ejército, la fuerza más involucrada en la represión.
No dijo el alto militar si estos números alcanzan volumen de desfile; sí estimó, en cambio, que la etapa más "difícil" para la gestión de Garré llegará cuando los procesos por derechos humanos sean elevados a juicio oral, lo que debería ocurrir con las megacausas ESMA y Primer Cuerpo de Ejército en los próximos meses. A esto se refirió también su antecesor José Pampuro la semana pasada, cuando avisó de "dificultades que pueden presentarse" y anticipó que "mucha gente va ser citada" todavía.
Es muy probable que estos días, en las reuniones entre ambos Pampuro le haya aconsejado a Garré mantener el perfil bajo en asuntos de derechos humanos. "No creo que Garré vaya a levantarlo como tema y comprarse un problema en un área con mucho por resolver", evaluó un experto del área de Defensa consultado por Clarín.
La vía silenciosa fue la estrategia que adoptó Pampuro, en acuerdo con los jefes militares, más aun después de que la Corte anuló las leyes del perdón el pasado 14 de junio. No faltaron, se dice, los pedidos de discreción mediática a algunos jueces con causas calientes entre manos.
En igual reserva, las fuerzas respondieron a la Justicia. "Ningún juez puede decir que se negó o retaceó colaboración. Hay que separar a quienes tuvieron responsabilidades y que decida la Justicia", afirmó a Clarín el jefe del Ejército, Roberto Bendini. Palabras similares se escuchan también en las otras fuerzas.
La discreción ante las citaciones, bien lejos de cualquier repercusión en la prensa, funcionó en uno de los casos que por su posible impacto más inquietaba al Ejército, ya que involucraba a altos oficiales en actividad. Según pudo saber este diario, el general Rodolfo Dick —ex director de Fabricaciones Militares— ya concurrió a Catamarca a declarar como testigo por haber integrado la plana mayor del Regimiento de Infantería 17 cuando en 1976 hubo cuatro desapariciones. Dick puede partir ahora a EE.UU. con las alforjas alivianadas, para asumir la agregaduría militar en Washington, un cargo de máxima relevancia.
En temas de derechos humanos, la posición de Garré parece ser clara. Estos días, en algunos despachos militares se recordó que en 2000 envió una carta al Senado para que denegara cinco ascensos cuestionados por organismos de derechos humanos. Era el gobierno de la Alianza, en Defensa estaba Ricardo López Murphy y Garré era segunda de Federico Storani en Interior. Pero no vaciló en intervenir en otra área, aún cuando la Alianza crujiera. En otro contexto, el manejo del tema está ahora enteramente en sus manos y las del Presidente.

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