Conflicto diplomático: tras el pedido del Presidente en el Congreso

La Nación
 

Uruguay no negocia si sigue el piquete

Así lo transmitió Tabaré por medio de su vicecanciller en respuesta a Kirchner; impulsan una ley para expulsar a extranjeros
 
 
 

MONTEVIDEO.- El presidente Tabaré Vázquez dio ayer dos pasos simultáneos en el tablero donde se desarrolla el diferendo rioplatense más importante de las últimas décadas.

Dio instrucciones a la vicecanciller Belela Herrera para que en su nombre respondiera el reclamo público del día anterior de su par argentino, Néstor Kirchner. Y envió al Parlamento un proyecto de ley sobre causales de expulsión de extranjeros debido a su preocupación ante posibles inconvenientes a causa de las protestas argentinas y de Greenpeace contra las plantas de celulosa que se construyen en Fray Bentos.

El gobierno tiene a técnicos trabajando en una "ley migratoria nacional" que incluye capítulos vinculados con "la inadmisión y expulsión de ciudadanos extranjeros", pero como eso iba a llevar un tiempo de redacción Vázquez ordenó al Ministerio del Interior que en forma urgente apurara una modificación de la vieja ley de indeseables a efectos de que se pueda expulsar a eventuales manifestantes extranjeros que entren en el país.

En tanto, la respuesta a Kirchner apuntó a tres objetivos simultáneos, según explicaron a LA NACION fuentes del gobierno oriental: exhibir rápida atención a un gesto argentino de reconocer que las plantas se instalarán en Uruguay; transmitir disposición al diálogo, y mostrarle a Kirchner que merecía la palabra de un funcionario menor, ya que no respondió una carta enviada por Vázquez y lo hizo en público dos semanas más tarde.

En definitiva, la idea es ratificar por enésima vez que el interés de Uruguay consiste en que se habilite el libre tránsito por los puentes y que no está dispuesto a pedir a las empresas papeleras que detengan sus obras, como pretende Kirchner.

El canciller Reinaldo Gargano retornó de Europa ayer y dijo que no quería hablar del conflicto, aunque ratificó que la instalación de las plantas es una cuestión de soberanía uruguaya y no se negocia.

No sabía que, mientras venía en el avión, Vázquez le había pedido a la ministra interina Herrera que respondiera a Kirchner, para lo cual le dio instrucciones precisas del mensaje. "El presidente está muy conmovido y le agradece [a Kirchner] infinitamente sus palabras y su gesto", dijo Herrera, pero inmediatamente agregó: "Al mismo tiempo le reitera muy especialmente la solicitud para que cesen los cortes de ruta".

Todavía sin diálogo

Ante versiones argentinas sobre supuestas negociaciones que incluyeran la detención de esas obras tanto de la casa de gobierno como del Palacio Santos (sede de la cancillería), la respuesta fue contundente: son falsas. Hicieron referencia a notas que incluían frases de la vicecanciller o del vocero de Botnia, con una interpretación que no se ajusta a la realidad.

ENCE está en tareas primarias de construcción y Botnia lleva 10 meses de obras de un total previsto de 24 meses: tiene 1400 obreros trabajando y 17 empresas contratistas.

En forma paralela, el envío del proyecto sobre extranjeros no es un hecho menor, hizo notar anoche una fuente del entorno de Vázquez. La decisión de modificar la vieja ley la tomó el propio presidente cuando vio por televisión cómo militantes de Greenpeace encadenaron un camión y se ataron a pilotes de la infraestructura portuaria de una de las papeleras. Las autoridades entendieron que había riesgos mayores de seguridad.

El ministro del Interior interino, Juan Faroppa, expresó públicamente la inquietud del gobierno. El lunes 21 de febrero estaba en el Teatro de Verano viendo el concurso de carnaval montevideano cuando lo llamaron por teléfono para contarle que la TV argentina informaba sobre un tiroteo en el río Uruguay a una lancha de pescadores. "Sinceramente me estremecí porque, como están las cosas, algo así puede suceder en cualquier momento", dijo entonces.

En diálogo con Vázquez, acordó dos medidas: intensificar los controles sobre el río Uruguay con la armada nacional y preparar de urgencia una ley para expulsar a los que lleguen al país con intenciones de violencia.

El proyecto enviado ayer al Parlamento sostiene que "se pretende ajustar el marco jurídico vigente" sobre "expulsión de extranjeros" a "efectos de prevenir circunstancias vinculadas con actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional por parte de ciudadanos" de otro país.

Se incluye entre las causales para expulsión (que ya comprendía a "los maleantes y vagos, los toxicómanos y ebrios consuetudinarios, expulsados de cualquier país en virtud de leyes de seguridad pública") las siguientes: "Alteración del orden público; intromisión en asuntos internos del Estado; realización de actos directos que atenten contra el honor de un jefe de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos".

Por Nelson Fernández
Corresponsal en Uruguay

 

Revista Barcelona Tapa Edición n° 77

Publicada el 3 de marzo

 

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