Habrían robado los datos de 12 millones de personas

La Nación
 
Irregularidades en el Estado: tráfico de información confidencial
La justicia federal busca determinar si la Anses filtró registros a una empresa privada
 
 
Un empleado de comercio, casado por segunda vez, a cargo de tres hijos propios y dos de su actual mujer, pide un crédito bancario de 30.000 pesos para mudarse a un departamento más grande. Después de varios meses de trámite, el banco rechaza la solicitud. Hasta aquí, una historia común. Lo que nunca sabrá ese empleado es que para denegar el pedido la entidad contó con información confidencial que salió en forma ilegal de los archivos del Estado.

Miles de casos similares a éste pudieron haber ocurrido durante los últimos meses: la justicia federal investiga si desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se traficó a una empresa privada una base de datos con información confidencial sobre 12 millones de afiliados a obras sociales y beneficiarios de planes para desocupados.

Esos archivos contenían datos básicos de los empadronados, como nombre, número de documento y domicilio, y otros que sirven para establecer su perfil socioeconómico, como puesto de trabajo y cantidad de personas a cargo.

Después de más de un año de investigación y de un allanamiento en la sede central de la Anses, el juez federal Julián Ercolini citó a declarar como sospechosos del posible tráfico de información al ex gerente de Control del organismo Manuel Prieto; al actual gerente de Control Prestacional, Gustavo Xamena, y al empresario cordobés Diego Pizarro. Así lo informaron a LA NACION dos funcionarios que intervienen en el expediente.

Pizarro declarará hoy, y Xamena, mañana; Prieto, que también estaba citado para la semana que viene, pidió una prórroga y será indagado el 20 de abril.

El magistrado sospecha que a fines de 2004 los funcionarios de la Anses traspasaron (o vendieron) la base a P&P Datos, la compañía de Pizarro, con sede en la ciudad de Córdoba. P&P, también conocida como BDP SA, es una firma de evaluación de riesgo crediticio, actividad que en la Argentina se hizo famosa con la compañía Veraz.

El caso se conoce cuando el Gobierno intenta ordenar, a partir de la instrumentación del Registro Nacional de Bases de Datos, el uso indiscriminado de los datos personales. Aprobada hace más de cinco años, la ley de hábeas data fijó las pautas para "la protección integral de la información personal asentada en archivos, registros y bancos de datos públicos y privados".

P&P es una de las 900 empresas inscriptas en el registro nacional. En su página de Internet se promociona como la poseedora de "la mayor base de datos de la República Argentina", integrada por más de 30 millones de personas físicas y jurídicas.

Duras penas

Prieto y Xamena deberán responder por la posible violación del artículo 157 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de cárcel "para el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos".

La causa se inició en febrero del año pasado por una denuncia de Guillermo Marijuán, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social (Ufises).

El fiscal trabajó a partir de un sumario administrativo de la Anses, que se había abierto a raíz de una denuncia anónima por correo electrónico. Esas actuaciones terminaron con el apartamiento de Prieto de la Gerencia de Control (hoy cumple funciones administrativas en otro sector) y con una presentación del director de la Anses, Sergio Massa, ante la Ufises.

"Estamos a la espera de lo que diga la Justicia. Mientras tanto, lo que hicimos nosotros fue correr de esos sectores a las personas sospechosas y cambiar las claves de las bases de datos para mejorar el control", dijo Massa a LA NACION.

Xamena, sin embargo, hoy sigue ocupando un cargo jerárquico en la Gerencia de Control. Desde el sector de prensa de la Anses señalaron que no sabían que también Xamena era investigado y transmitieron que Prieto negaba las acusaciones, pero que, de ser declarado culpable, abandonaría su cargo en el organismo.

LA NACION se contactó tres veces con P&P para hablar con Pizarro, pero el empresario no respondió las llamadas.

Cuando la investigación llegó a la Justicia se confirmó que el autor de la denuncia anónima era Lautaro Palamideci, un empleado de la Gerencia de Seguridad Informática.

De acuerdo con la denuncia de Marijuán, tras obtener por vía legal varios CD con la base de datos, Prieto hizo consultas a los empleados del área de sistemas sobre el manejo de los archivos. En una ocasión, incluso, pidió a una de sus asistentes que le transmitiera telefónicamente las instrucciones a Pizarro, según relataron las fuentes.

Ante la Justicia, Palamideci declaró que les había llamado mucho la atención que, pese a la insistencia por conseguir la base de datos, Prieto no hubiera dado ninguna instrucción precisa sobre qué hacer con ella.

La investigación se coronó con otro indicio: a fines de 2004 llegó a la Anses una encomienda de P&P con una botella de champagne para Prieto. En una presentación espontánea, el ex gerente de Control admitió que mantenía una relación previa con Pizarro, pero negó haberle pasado la base de datos. Se hicieron allanamientos en la Anses y en la empresa cordobesa y se peritaron computadoras. Eso arrojó que en los archivos de P&P figuraba gran parte de la información de la Anses.

Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION

Qué dice la Constitución

  • La protección de los datos personales tiene jerarquía constitucional en la Argentina. La Constitución Nacional, en el artículo 43, habilita a presentar una "acción expedita y rápida de amparo" a toda persona que quiera "tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes". Establece, además, que la acción de amparo también podrá ser utilizada "en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización" de esos datos personales.

 

 

Presunto espionaje: piden que se cumpla la ampliación de las pesquisas

 

Armada: el CELS reclama que se investigue en otras fuerzas

 El organismo quiere avances "más allá del caso" de inteligencia en la Marina
 

 El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó ayer que se diera curso efectivo a la iniciativa deslizada por la ministra de Defensa, Nilda Garré, para investigar las tareas en materia de inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea como reacción a la aparición de documentos que probarían la realización de trabajos de espionaje interno por parte de la Armada.

La solicitud se produjo un día después de que tomara estado público el caso de una presunta recopilación de datos personales, fotografías y fichas con información de dirigentes políticos, gremiales, sociales y periodistas elaborada desde la base aeronaval Almirante Zar, en Chubut.

El episodio, que derivó en el relevo de dos altos mandos de la fuerza -el jefe de Operaciones Navales, vicealmirante Eduardo Avilés, y el jefe de Inteligencia Naval, contraalmirante Pablo Rossi-, fue denunciado por el CELS a partir de información que la entidad recibió de un funcionario de la Armada que se había negado a cumplir esa orden prohibida por la ley. La intromisión de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interna es violatoria de la legislación nacional.

"No tenemos ninguna prueba ni indicio de que se haga lo mismo en las otras fuerzas. Cuando tuvimos la información de la Armada, hicimos la denuncia. Igual está claro que hay que investigar más allá del caso", dijo a LA NACION el director ejecutivo de CELS, Gastón Chillier.

Y agregó: "El mensaje que surge del caso de la Armada es fuerte porque los documentos, a pesar de las autocríticas que hicieron los altos mandos para condenar el terrorismo de Estado, sugieren que algunos miembros de las Fuerzas están comprometidos con mecanismos de la vieja usanza y que en algunos ámbitos aún se trabaja con la hipótesis del ciudadano como potencial enemigo".

"Parecería que existe una cultura institucional, más que algo aislado", completó Chillier.

En la Justicia

La denuncia del CELS que derivó en el desplazamiento de los dos altos mandos de la Armada quedó radicada ante el juzgado federal de Rawson, a cargo de Jorge Pfleger. Hoy podrían conocerse los primeros datos de los allanamientos dispuestos por el magistrado en la base militar.

El episodio cobró estado público cuando falta poco menos de una semana para el 30° aniversario del golpe de Estado de 1976 y en medio de una fuerte expectativa pública por el discurso que el presidente Néstor Kirchner brindará ante las fuerzas en una ceremonia que se realizará en el Edificio Libertador para conmemorar el comienzo de la última dictadura.

Al tomar conocimiento del presunto trabajo de inteligencia interna en la Armada, la ministra de Defensa ordenó una amplia investigación del caso. La propia Garré, además, deslizó la necesidad de abrir investigaciones en las otras fuerzas.

"Es un alerta rojo que nos motiva a investigar lo que sucede en materia de inteligencia no sólo en la armada sino también en las restantes fuerzas", había dicho Garré anteayer, tras conocerse la decisión de desplazar a los efectivos militares. Hasta ayer, ni en el Ejército ni en la Fuerza Aérea habían ingresado pedidos en ese sentido.

Por Lucas Colonna
De la Redacción de LA NACION

 
 
 

 

 

Más control sobre la información personal

Desde fin de mes, un registro de empresas
 
Casi cinco años y medio después de la sanción de la ley de hábeas data, el Gobierno comenzará a tener un control más riguroso del uso de los datos personales: a fin de mes habrá concluido la inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos, que comenzó el 1° de agosto pasado.

Ese padrón, en el que ya se inscribieron unas 900 empresas, agrupará a todas las organizaciones privadas que posean bases de datos personales, incluyendo las que hacen informes de riesgo crediticio y las que recolectan datos con fines comerciales.

Entre las empresas ya registradas figuran, por ejemplo, evaluadoras de riesgo crediticio, como Veraz y P&P; bancos, como el Patagonia y el Río, y compañías, como Aerolíneas Argentinas, Ibope y Peugeot.

La inscripción es obligatoria para los archivos, registros, bases y bancos de datos del sector privado que manejen el siguiente tipo de información:

  • Sobre clientes (con información sobre emisión de facturación, sobre la cual se hacen retenciones y liquidaciones a AFIP).
  • Proveedores (detalles de las retenciones de tributos, emisión de recibos, informaciones a las cámaras).
  • Personal (datos sobre liquidación de cargas sociales a la Anses, impuesto a las ganancias a AFIP, información al banco para depositar el sueldo, a la ART o al sindicato).
  • Marketing (datos con fines de publicidad y/o marketing directo).

La ley prevé penas de entre 100 y 50.000 pesos para las empresas que no se registren. Además, prohíbe la formación de archivos o registros que directa o indirectamente revelen datos sensibles (vinculados con el origen racial, la opinión política, las convicciones religiosas o la vida sexual).

Inspiración constitucional

De acuerdo con la ley de hábeas data, inspirada en el artículo 43 de la Constitución, los particulares también podrán acudir a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para conocer quién puede tener sus datos, quién es el responsable y luego exigir que se corrija, suprima o rectifique el asiento.

El director del área, Juan Antonio Travieso, que actúa en la órbita del Ministerio de Justicia, afirmó que una de las finalidades prácticas del registro será, por ejemplo, borrar de las bases de venta telefónica a las personas que así lo soliciten.

Las denuncias por eventuales errores en bases de datos deben dirigirse a la Dirección Nacional de Protección de Datos por medio de un formulario que figura en la página de Internet del organismo: www2.jus.gov.ar/dnpdp .

 
 
 
 

Investigan la relación con la masacre de Trelew

 En 2005 se reabrió la causa por los fusilamientos de 1972
 

  • Militares que prestaban servicio en la base Zar están acusados por aquellos asesinatos
  • Un abogado vinculado al CELS que actúa en el expediente denunció espionaje en su contra

TRELEW.- El escándalo que investiga el juez federal de esta ciudad, Jorge Pfleger, por supuesto espionaje en la base militar Almirante Zar de la Armada se vincula en esta provincia, según confirmaron fuentes judiciales, con la reapertura en el mismo juzgado de la causa por la llamada masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972 y que terminó con el fusilamiento de 16 presos políticos en esa dependencia militar.

En febrero último, familiares de los presos fusilados presentaron un escrito ante el juzgado de Rawson con el fin de convertirse en querellantes en la causa penal que se abrió por esos asesinatos.

El abogado que patrocina a los familiares es Eduardo Hualpa, un reconocido abogado de Trelew y militante de agrupaciones de derechos humanos, que elevó la documentación en la que se fundamentó la denuncia por espionaje realizada por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y que provocó la separación de altos jefes de la Armada.

Los hechos históricos que ahora se actualizan se desencadenaron en agosto de 1972, cuando un grupo de guerrilleros que permanecían presos en la dependencia de Trelew intentó escapar de la cárcel en dos grupos.

El primero de ellos logró secuestrar un avión en el aeropuerto de Trelew y escapar a Chile. Estaba comandado por Enrique Gorriarán Merlo y Mario Santucho. Pero el segundo grupo fue detenido en la estación aérea y trasladado hasta la base Almirante Zar, hoy investigada por tareas de inteligencia ilegales.

El 22 de agosto de aquel año, los guerrilleros recapturados fueron acribillados en sus celdas, tras un supuesto intento de fuga de la cárcel. Pero hubo tres sobrevivientes que relataron que unos oficiales de la Armada ingresaron en sus celdas y dispararon a quemarropa.

La presentación ante los tribunales realizada en febrero último reactiva la investigación: incorpora una acusación contra 11 personas, la mayoría militares, consideradas responsables de los hechos que marcaron un antecedente de lo que ocurriría cuatro años más tarde, tras el golpe de Estado de 1976.

La acusación

La acusación apunta a oficiales y a suboficiales que prestaban servicio en la base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972.

Los querellantes son familiares de tres de las víctimas: Humberto Toschi, Eduardo Capello y Rubén Bonet. Los familiares de las víctimas que por ahora figuran en la presentación son Ilda Irma Bonardi de Toschi, Soledad Dari de Capello, Alicia Noemí Lelchuk de Bonet y Hernán Diego y Mariana Paula Bonet.

"Algunos familiares nos firmaron este escrito de presentación inicial; otros nos dieron poderes, y hay otra documentación que está circulando. Hay que tener en cuenta que hay gente que vive en diferentes lugares del país e incluso fuera del país; entonces, los aspectos operativos son complicados", sostuvo Hualpa.

El abogado que patrocina a los familiares de las víctimas fue el que elevó al CELS la documentación por supuesto espionaje en la Armada.

Según relató, fundamentó esta última acusación en "fotocopias de algunos informes".

Hualpa explicó: "Uno [de esos informes], puntualmente, sobre una reunión que mantuve el 22 de agosto del año pasado con la secretaria de Derechos Humanos, Elisa Martínez, y con un grupo de familiares de las víctimas de la masacre de Trelew."

"Había detalles muy íntimos de aquella reunión, por lo que debo estimar que había alguien que presenció aquella charla o que recibió muy buena información", dijo.

Hualpa afirmó que había recibido la información de manera indirecta. "Alguien me acercó documentación sobre una presunta tarea de inteligencia contra mi persona que se estaría haciendo en la base Almirante Zar -relató-. Rápidamente me puse en contacto con el CELS en Buenos Aires y en coordinación con ellos nos presentamos en el Juzgado Federal de Rawson".

El expediente por la denominada masacre de Trelew fue abierto a fines del año último por el Juzgado Federal de Rawson.

En aquel entonces, se presentó una familiar indirecta, que no fue aceptada como querellante. Ahora, familiares directos de las víctimas esperan que el juez Pfleger -uno de los propuestos por el gobernador Mario das Neves para integrar una Sala Penal en el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia- investigue los hechos ocurridos en 1972.

Ana Tronfi

Causa

  • El gobierno de Chubut anunció que se presentará hoy ante la Justicia, a través de su fiscalía de Estado, para conocer el contenido de la causa abierta contra los jefes de la Armada acusados de espionaje. El fiscal de Estado de la provincia, Jorge Miquelarena, visitará junto con otros funcionarios provinciales el Juzgado Federal de Rawson, a cargo de Jorge Pflejer, para revisar el expediente.
 

Un comentario en “Habrían robado los datos de 12 millones de personas

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