A mediados del mes próximo, la Cámara de Diputados resolverá cuál será el destino del ex comisario Luis Patti: si aceptará que asuma la banca para la cual fue elegido el 23 de octubre último o bien rechazará su ingreso por supuestas violaciones de los derechos humanos.
Esa decisión será el corolario del proceso parlamentario que arrancó a principios de este mes y que esta semana promete adquirir voltaje. En efecto, mañana Patti deberá presentar las pruebas y los testigos para su descargo, mientras que el martes la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja comenzará a recopilar documentación y citará a testigos propuestos por los impugnantes de Patti.
La Comisión de Peticiones -que deberá recomendar al resto de los diputados si Patti debe asumir o no- tiene tres meses para consumar la investigación; según su presidente, Gerónimo Vargas Aignasse (Frente para la Victoria-Tucumán), el trámite estará listo a mediados de mayo.
El primer paso que adoptó la comisión fue abrir el proceso: tanto el kirchnerismo como la UCR, ARI y un sector del Peronismo Federal dieron curso favorable a las impugnaciones presentadas contra el ex comisario.
En minoría protestaron el Paufe y Propuesta Federal (que reúne a los diputados de Mauricio Macri, de Ricardo López Murphy y de partidos provinciales): argumentaron que Patti no tiene antecedentes penales ni impugnación judicial a su candidatura como para rechazar su ingreso.
"Como prueba vamos a presentar el certificado del Registro Nacional de Reincidencias, que indica que Patti no tiene antecedentes penales, y las sentencias judiciales en ese mismo sentido. No vamos a proponer testigos; a cada acusación que nos endilguen, lo rebatiremos con documentación", anticipó a LA NACION el diputado Juan Carlos Bonacorsi (Paufe).
Pedido de un fiscal
La comisión se prepara para solicitar pruebas y recibir testigos. Entre estos últimos figurarán el fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, que propicia la reapertura de una causa en la que Patti aparece involucrado, la que investiga el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Precisamente, también serían citados familiares de Cambiaso para que aporten su testimonio, adelantó Vargas Aignasse.
Las otras dos causas judiciales que afectan a Patti y que están incluidas en las impugnaciones en su contra se refieren, por un lado, al secuestro y a la muerte de Roberto Goncalvez, militante de Montoneros, y, por el otro, al encubrimiento del teniente coronel Jorge Granada por la desaparición y muerte de varios militantes en 1980.
En el entorno del ex comisario hay convencimiento absoluto de que no hay argumento legal para impedir el ingreso de Patti en la Cámara baja. "Pero por más que lo demostremos con sentencias judiciales inapelables, el problema es que el ingreso de Patti no se resolverá en términos jurídicos, sino políticos", advierte Bonacorsi.
En efecto, en nombre de los derechos humanos el kirchnerismo vernáculo hará lo imposible por impedir el ingreso del ex comisario; en esta jugada se sumarán ARI y la izquierda. En la vereda contraria se ubican las fuerzas de centro y de centroderecha, como también ex duhaldistas críticos del Gobierno.
Aquí la clave serán el radicalismo y otras fuerzas menores. Para impedir el ingreso de Patti, el oficialismo necesita los dos tercios de los votos. Pero la UCR aún no definió su postura. "No hay todavía argumentos jurídicos de peso para impedir el ingreso de Patti, pero nuestro bloque no quiere quedar «pegado» al ex comisario, de pasado polémico durante la última dictadura. Es realmente un dilema", confiesan entre susurros los radicales.
Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION
Bajo la lupa
Luis Patti (Paufe)
- El diputado electo recibió tres impugnaciones por supuestas violaciones de los derechos humanos; por tal motivo no pudo asumir en diciembre último.
- El ex comisario presentará mañana su descargo. Aduce que no tiene antecedentes penales ni impugnaciones a su candidatura como diputado nacional.
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