Pedirán más controles por el lavado de dinero

La Nación
 
Una misión internacional de seguimiento llegará al país
 

  • Pasado mañana arriba el presidente del GAFI, Kader Asmal
  • Anticipó su preocupación por la falta de cumplimiento argentino en la lucha contra el lavado de dinero

 
El 21 del mes pasado, Jorge Taiana recibió una carta que encendió una luz de alerta en la Cancillería. En ella se anticipaba que pasado mañana arribaría al país una misión de alto nivel del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional de lucha contra el lavado de dinero, que expresará su preocupación por la "falta de cumplimiento en las recomendaciones formuladas a la Argentina" en materia de legislación sobre este delito y por el financiamiento del terrorismo.

La noticia causó cierta inquietud en esferas de la Cancillería, del Ministerio de Economía, del Banco Central y también del Congreso. Para la Argentina es de suma importancia continuar como miembro pleno del GAFI pues implica no ser un "país de riesgo" y, por lo tanto, poder ejecutar sin mayores inconvenientes sus transacciones financieras internacionales y recibir créditos del Banco Mundial y del BID.

Sin embargo, desde 2003, este organismo ha venido advirtiendo a las autoridades nacionales por diversos incumplimientos y demoras en adaptar a nuestra legislación las sugerencias del GAFI en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Si bien se realizaron importantes avances desde entonces, el organismo decidió enviar a su presidente, Kader Asmal, y a su secretario ejecutivo, Alain Demais, al comando de una misión de alto nivel, con el propósito de seguir de cerca los pasos que va dando nuestro país.

Para ello solicitó, en la carta que envió a Taiana y a la que accedió LA NACION, sendas entrevistas con el canciller; la ministra de Economía Felisa Miceli; el ministro de Justicia Alberto Iribarne, el titular del Banco Central, Martín Redrado, y legisladores de ambas cámaras, entre otros.

Fuentes legislativas argentinas se mostraron confiadas en que no haya sanciones a nuestro país, ya que durante los últimos dos años se cumplió con algunos de los requisitos exigidos por el GAFI. De hecho, esta misma semana -justo cuando arriba la misión del organismo-, la Cámara de Diputados tiene previsto apurar una de las leyes requeridas, un proyecto que elimina las excusas absolutorias y el secreto de las operaciones bancarias y bursátiles.

"Convocamos para el martes [por hoy] a un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Justicia y Legislación Penal para emitir dictamen y tratarlo cuanto antes en el recinto", confirmó el diputado Jorge Argüello (Frente para la Victoria-Capital), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores. Argüello es el principal impulsor de la iniciativa, que tuvo media sanción en junio último en la Cámara baja, pero que fue modificada luego, en el Senado. Por eso, tras un año de trámite parlamentario, vuelve a Diputados.

Secreto bancario

El proyecto en danza propone levantar el secreto bancario, bursátil o profesional para facilitar la labor de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que depende del Ministerio de Justicia, encargado de recibir toda operación sospechosa con dinero de origen ilícito. La iniciativa revoca la necesidad de un consentimiento judicial antes de levantar el secreto bancario y bursátil, como exige la ley actual.

Así, los obligados a informar sobre transacciones sospechosas (bancos, escribanos, aseguradoras, entre otros) deberán darle los datos a la UIF sin intermediación de la Justicia. Habrá una excepción en la nueva norma: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Este organismo sólo podrá revelar el secreto fiscal en aquellos casos en que el reporte de la operación inusual o sospechosa hubiera sido realizada por dicho organismo y con relación a la persona o personas físicas o jurídicas involucradas directamente en la operación reportada.

"En los restantes casos -dice el texto- la UIF requerirá el levantamiento del secreto fiscal al juez federal competente, el que deberá expedirse en un plazo máximo de 30 días."

El levantamiento sólo parcial del secreto por parte de la AFIP suscita controversia entre los legisladores. "Si la UIF no puede acceder a la principal fuente de información, que es la AFIP, entonces no puede cumplir con su función y el lavado queda impune", advirtió Federico Pinedo (Pro-Capital).

Por otra parte, el oficialismo tiene previsto imponer su número para aprobar la iniciativa y dar un gesto positivo al GAFI. "A más tardar, en 15 días aprobamos la ley", confió Agustín Rossi (FV-Santa Fe). La pregunta es si, aun con la sanción de la ley, los ánimos se tranquilizarán en el GAFI. "Quedará pendiente un reclamo importante del organismo, que es la tipificación penal del delito de terrorismo. Quizás haya un reclamo en ese sentido. Pero es indudable que hemos hecho avances", expresó Argüello.

Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION

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