Tras el incendio, combaten el empleo ilegal

Clarín
 
Después de la tragedia de Caballito: responsabilidades compartidas
Renunció un funcionario y otro se puso plazo para hallar una solución; los gobiernos nacional y porteño harán anuncios el lunes
 

  • Anteayer, seis personas murieron en un incendio en un comercio clandestino
  • Se investigará si hubo coimas a la policía
  • El control que nadie parecía llevar adelante

El incendio que anteayer terminó con la vida de seis personas de origen boliviano y que dejó al descubierto un taller en donde vivían como esclavos decenas de indocumentados derivó en denuncias de pago de coimas, críticas desde los ámbitos público y privado, el desplazamiento de un funcionario porteño y una batería de anuncios que a partir del lunes pretenderán combatir el trabajo ilegal en el distrito.

Ayer, mientras se apuntalaba el edificio de dos plantas de Luis Viale 1269, en Caballito, donde sucedió la tragedia, el ministro de Producción porteño, Enrique Rodríguez, intervino la Dirección de Protección del Trabajo y se comprometió a que, dentro de tres meses, la explotación laboral muestre las primeras soluciones, pues de lo contrario -dijo-, se volvería a su casa. Por la mañana, además, se aceptó la renuncia de Florencio Varela, el funcionario que se desempeñaba al frente de esa área.

Casi al mismo tiempo, el jefe de gobierno, Jorge Telerman, se reunía con su ministros de Gobierno, Diego Gorgal; de Derechos Sociales y Humanos, Gabriela Cerruti; con la secretaria de Trabajo de la Nación, Noemí Rial; con el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, y con el director nacional de Migraciones, Ricardo Rodríguez, para diseñar un plan conjunto para combatir el tráfico de personas y el empleo ilegal.

Poco antes, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, había instruido a Valleca para que radicara una denuncia penal por el presunto cohecho que habría permitido el funcionamiento irregular del taller. Según pudo saber LA NACION, Asuntos Internos de la Federal instruye una investigación sobre las comisarías 13a. y 40a.

Es que la tragedia, que provocó la muerte de cuatro menores y de un hombre y una mujer, todos de nacionalidad boliviana, provocó un cimbronazo tanto en el gobierno porteño como en el nacional. Prueba de ello es el acuerdo que con urgencia se firmó ayer para pasar el poder de policía laboral a la Ciudad desde el lunes próximo. El gobierno porteño cuenta con 52 inspectores en el área de trabajo.

Un convenio previo había sido firmado en 2001 entre Patricia Bullrich, por entonces ministra de Trabajo, y el hoy destituifo jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. En esa oportunidad, se pasó a la ciudad el control laboral en el distrito, pero quedó en manos del gobierno nacional el denominado "trabajo a domicilio". Es decir, aquel que incluye los talleres de bordado, como el que se acaba de incendiar.

Fuentes oficiosas del Ministerio de Trabajo dijeron a LA NACION que no tenían registrado el lugar donde ocurrió la tragedia como establecimiento ni como fábrica, sino como "dador de trabajo sin empleados a su cargo"; en el mismo sentido, explicaron que la Ciudad de Buenos Aires debería haberlo controlado en el ámbito de la Seguridad e Higiene del Trabajo.

Así también lo entiende Rodríguez, que dijo que se realizará una minuciosa investigación para determinar las responsabilidades. Ayer, según detalló el funcionario, se clausuró otro local que sería del mismo dueño.

Según adelantó el funcionario, pondrán en marcha la convocatoria y formación de un cuerpo de 20 nuevos inspectores que tendrán la misión de realizar un trabajo preventivo para hacer un rastrillaje de estos talleres clandestinos en la Ciudad que, según denuncias de organizaciones sociales, superan los 400.

Además, mañana se lanzará una campaña oficial de lucha contra el trabajo en negro en la Capital que tendrá a disposición una línea telefónica -el 0800-9992727- para que los vecinos puedan hacer denuncias sobre este tipo de ilícitos.

"Hay que terminar con las redes mafiosas que reclutan gente desesperada, que no tienen la más mínima consideración con los niños. Realizaremos un combate frontal contra estas mafias hasta su eliminación total", dijo Telerman, que antes de desempeñarse como jefe de gobierno, ocupó las secretarías de Desarrollo Social y de Cultura en la ciudad.

"Esto no daña mi imagen, esto revuelve las tripas", dijo el jefe de gobierno, al tiempo que agregó que no tenían denuncias de vecinos sobre el funcionamiento del local incendiado, que fue habilitado en 2001. El funcionario también mantuvo un diálogo con el canciller, Jorge Taiana, con quien coincidió en que es necesario un refuerzo en los controles migratorios.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo porteña recordó ayer que su titular, Alicia Pierini, se había presentado ante la justicia federal en octubre pasado para denunciar penalmente la existencia de talleres clandestinos de costura que somete a familias enteras de inmigrantes bolivianos a condiciones de trabajo infrahumanas.

Y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentará una denuncia pasado mañana para que se investigue la existencia de una asociación ilícita que haría ingresar ilegítimamente al país a ciudadanos bolivianos para reducirlos a servidumbre. La Legislatura porteña también se hizo eco de la tragedia. Mientras que Rubén Devoto, del interbloque de izquierda, pedirá la interpelación de Gorgal y de Enrique Rodríguez; los diputados Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires) y Alejandro Ravinovich solicitaron informes al Poder Ejecutivo local por el incendio.

Por su parte, voceros de la industria textil, agrupados en la asociación Pro Tejer, repudiaron el hecho y aclararon: "Se trataba de un establecimiento irregular que nada tiene que ver con lo que nosotros entendemos por una industria textil", expresaron mediante un comunicado.

Por Laura Rocha
De la Redacción de LA NACION

Empleo y legalidad

Constitución Nacional

  • En su artículo 16 establece la igualdad ante la ley de todos los habitantes. En el 20, otorga a los extranjeros los mismos derechos que a los nacionales.

Código Penal

  • El artículo 140 establece que será reprimido con reclusión o prisión de tres a 15 años el que redujere a una persona a servidumbre.

Ley nacional de migraciones

  • Los artículos 116 y 117 se refieren al tráfico de personas. Reprimen con prisión o reclusión de uno a seis años a quien realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas, así como la permanencia. Las penas se agravan de tres a diez años cuando haya un funcionario público involucrado.

Derechos del Niño

  • La Convención de los Derechos del Niño obliga a los gobiernos a proteger a los niños de "la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación del niño, o que sea peligroso para su salud física, mental o espiritual".

El cónsul pide una solución

Mientras intenta resolver la incierta situación de los trabajadores del taller incendiado y de los familiares de las seis víctimas de la tragedia de anteayer en Caballito, el cónsul de Bolivia en la Argentina, Alvaro González Quint, espera una solución de parte del Gobierno para que termine la situación de explotación laboral en talleres clandestinos.

"Hay situaciones que no se debieron haber permitido desde hace mucho. No sé cuál es la norma argentina que permite que un lugar pueda servir de fábrica y vivienda al mismo tiempo", dijo a LA NACION. El cónsul, que asegura conocer el problema desde que comenzó su gestión, hace dos años, también analiza la responsabilidad de su gobierno.

"Debemos alertar a nuestras autoridades para que prevengan a la gente sobre dónde se los trae a trabajar", dijo.

 
 
 
 
Después de la tragedia en Caballito: protagonistas de un día políticamente complicado
 

El drama de vivir como esclavos

 Testimonios de inmigrantes bolivianos que escaparon de talleres textiles ilegales
 
Tras 41 años de sufrimiento en Potosí y en La Paz, Sonia Aruquipa creyó que en ese taller textil del barrio de Flores lograría, por fin, estabilizarse.

Nada más lejano a la realidad. Allí pasó los peores meses de su vida, trabajando 18 horas diarias, sin tiempo libre y viendo cómo los hijos del dueño del local golpeaban al suyo. El cuarto luminoso y los $ 300 mensuales que le habían prometido fueron meras ilusiones.

"Me la pasaba el día agachada, ordenando, barriendo, cocinando. Me daban unos minutos para comer y de vuelta a trabajar", recuerda esta inmigrante boliviana, que hace dos años vagaba perdida por Buenos Aires, cuando escuchó un aviso en la radio que le llamó la atención: "Se buscan costureros para taller textil".

"Algunos tenían colchones, pero nosotros dormíamos sobre unos pedazos de cartón tirados en el piso, al lado de las máquinas", cuenta Sonia, que, además, tenía que soportar el sufrimiento de su hijo Hugo, que en ese momento tenía ocho años. "El me decía: «Mamá, yo quiero ver la tele», pero los hijos del dueño le pegaban, así que yo lo traía conmigo y le pedía que me ayudara con las etiquetas para que no se aburriera", relata. Huyó luego de tres meses, en los que recibió sólo $ 40 y tres garrafas de gas.

Un pago de 70 centavos

El caso de Sonia es sólo uno entre los cientos que existen en la ciudad. Una pareja sobreviviente al incendio de anteayer, en Caballito, confesó a una vecina que cobraba 70 centavos por pantalón y que, entre los dos, sumaban 700 pesos por mes. El hijo de la pareja, de tres años, estaba en el primer piso cuando se inició el fuego, al que no logró sobrevivir.

En las denuncias presentadas ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a las que tuvo acceso LA NACION, hay testimonios de más de diez personas que trabajaron en dos talleres situados en la zona de Parque Avellaneda, que dan cuenta de las condiciones laborales de esos lugares.

En uno de ellos, una mujer declaró que había discutido con la dueña del lugar porque ésta no quería darle de comer a su hija. Tras maltratarla e insultarla, le dio de comer en el plato del gato, que había lavado previamente.

En otro se explica que, además del trabajo de costura, debían encargarse de limpiar la casa los fines de semana con los elementos de limpieza que adquirían con el dinero a cuenta.

También hay un testigo que presentó como prueba una foto en la que puede observarse a su hija sobre una manta junto a dos máquinas de coser y cables de electricidad sueltos.

Un caso extremo es el de una mujer embarazada que, según las denuncias presentadas ante la Defensoría, se vio obligada a trabajar hasta un día antes del parto, que fue atendido de urgencia porque nunca la dejaron asistir a controles médicos. No salía por temor a ser despedida. Tras estar internada una semana, retornó al taller, donde comenzó a trabajar al día siguiente de volver del hospital y realizó la misma jornada de trabajo: de 8 a 1 de la madrugada.

Además de detallar los tormentos que sufrieron en los talleres, los declarantes también describieron cómo fueron reclutados en su país de origen y traídos bajo engaño a la Argentina.

"La señora se encargó del pago de los pasajes desde La Paz hasta Buenos Aires. Les dijo que el precio era de 115 dólares por cabeza y que se los descontaría de la remuneración del primer mes", explica un testigo. Luego describe el viaje en ómnibus hasta Buenos Aires. Al cruzar la frontera debe declarar que viene a la Argentina a visitar a una tía y la dueña del taller le da 350 dólares para que los muestre, en caso de que las autoridades se lo requieran. Luego del cruce, debe devolver el dinero.

Carlos Fernández, marido de Sonia, pasó por una situación similar cuando llegó al país. "Le ofrecieron el trabajo en una peluquería a la que él iba en La Paz. En la frontera tenía que decir que venía a pasear. El dueño del taller lo esperaba del otro lado", cuenta Sonia, que decidió venir al país unos meses después, cuando recibió una llamada de su marido: "Estoy sufriendo, me duele la espalda, mis pulmones no dan más. Tenías razón, no tendría que haber venido", le dijo entonces.

Por Claudio Weissfeld
De la Redacción de LA NACION

 
 
 

 

Una ruta clandestina: de Bolivia a Retiro

Cómo llegan aquí los trabajadores
 
 
"Básicamente, los talleristas reclutan a los ciudadanos bolivianos de dos formas: con cartelitos que se colocan en los negocios y mediante avisos clasificados que salen en los diarios locales de La Paz. En los anuncios se ofrece trabajo en la Argentina como costurero, y con buenas posibilidades de desarrollo económico", aseguró en diálogo con LA NACION Gustavo Vera, presidente de la cooperativa La Alameda, que funciona en Lacarra y Directorio, justo frente al parque Avellaneda.

Hoy, de los 40 trabajadores que se desempeñan allí bajo el sistema de cooperativa, Vera asegura que el 80 por ciento son costureros que huyeron de talleres clandestinos de la Capital.

Pero, ¿cómo llegan las familias bolivianas hasta estas fábricas textiles? Vera, que además de presidir la cooperativa es maestro de grado en la Escuela N° 10, en Lugano, detalla los pasos de una ruta siniestra; un camino de encierro y clandestinidad que, en muchas ocasiones, no tiene retorno.

"El costurero establece un contacto con el tallerista o algún familiar y, generalmente, se les hace firmar un contrato trucho. Allí se especifica que el tallerista se hará cargo del traslado, un gasto que luego el empleado deberá reintegrar -explicó-. Como se trata de una mafia, en este circuito también participan las empresas de ómnibus, que en la terminal de La Paz, actúan como prestamistas, al ofrecer a cada trabajador boliviano entre 500 y 600 dólares para que de esta manera pueda ingresar en el país como turista."

Según los testimonios que, tanto Vera como luego los abogados de la Defensoría del Pueblo obtuvieron de los mismos costureros (y que en octubre último fueron expuestos en la denuncia penal que la ombudsman porteña, Alicia Pierini, presentó ante el fuero federal), al llegar a Retiro o a Liniers, las familias bolivianas son trasladadas en remises hasta cada uno de los talleres.

"Estas fábricas trabajan para dos mercados diferentes. Por un lado, las marcas truchas y, por otro, las firmas de primera línea. Por una campera termosellada que en un local de Florida cuesta entre 300 y 600 pesos, al costurero le pagan 1,50 pesos. En el taller que se incendió en Caballito se confeccionaban jeans para una marca con locales en Avellaneda, y por cada prenda terminada se pagaba 0,70 centavos", detalló.

Vera, de 42 años, señaló que en los talleres de la cooperativa hoy se confeccionan camperas y buzos para egresados escolares, guardapolvos y otras prendas. "Mediante el plan nacional Manos a la Obra obtuvimos las máquinas, pero antes en La Alameda ya funcionaba una panadería artesanal, y también un comedor comunitario."

Por Soledad Vallejos
De la Redacción de LA NACION

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