Si no surgen escollos administrativos de último momento, antes del jueves santo el ferrocarril Belgrano Cargas comenzará a transitar una nueva etapa que tendrá como actores principales al Estado y a un consorcio privado más que llamativo, en cuyo directorio deberán convivir tres grupos privados locales, un inversor chino y tres entidades gremiales.

Por medio de un decreto, el Gobierno se apresta a declarar al Belgrano en estado de "emergencia" con el doble fin de auxiliar económicamente a la empresa y habilitar el desembarco del consorcio que encabeza el grupo Macri y que —por decisión del presidente, Néstor Kirchner— tendrá como acompañante al gremio de camioneros de Hugo Moyano.

Con el paraguas legal de la emergencia, el Gobierno implementará un esquema de aportes para afrontar los gastos corrientes de la empresa y los subsidios operativos que solicitó para los primeros años de gestión el consorcio privado que lidera Macri.

Tras la firma del decreto de emergencia que se concretaría entre el martes y miércoles, la Secretaría de Transporte suscribirá un "convenio de gerenciamiento" con la empresa que hoy administra el gremio de la Unión Ferroviaria (UF). Por esa vía, ingresarán al ferrocarril los representantes del grupo privado y un coordinador estatal, quienes se harán cargo del pago de los sueldos de los 1.500 empleados y los gastos operativos. La incorporación definitiva de los nuevos socios recién quedará sellada una vez que el Gobierno autorice a la UF a vender las acciones que hasta ahora son intransferibles.

De acuerdo con los datos obtenidos por Clarín, la nueva distribución accionaria del Belgrano Cargas sería la siguiente: Macri y sus socios, 70%; la UF, 12%; el Estado Nacional, 8%; la Federación de Camioneros, 4% y otro porcentaje similar para La Fraternidad, el gremio de maquinistas.

Tras un fallido intento de venta que demoró casi dos años y un proyecto de reestatización que no caminó, la administración kirchnerista terminó aceptando, a mediados de 2005, una propuesta de "reprivatización" que había presentado el grupo Macri con el holding chino Sanhe Hopefull.

Por indicación del Gobierno, Macri tuvo que ampliar el consorcio para que el ingreso del grupo Roggio y Emepa. Luego de numerosas discusiones por la participación de cada una, las empresas locales acordaron repartirse así la mayoría accionaria del Belgrano: el 51% para Macri y el socio oriental y el 49% para Emepa y Roggio.

La propuesta que Macri le elevó al Gobierno y que ahora se pondrá está armada sobre la base de inversiones privadas y estatales. Para los 24 años que restan de la concesión, el grupo privado prometió invertir $ 860 millones, siempre y cuando el Estado concrete otro desembolso en obras por $ 750 millones. A esos se recursos se agregaría un préstamo de China a largo plazo de $ 900 millones para importar locomotoras y vagones.

Más allá de las inversiones en juego, la "reprivatización" del Belgrano Cargas enfrenta un fuerte cuestionamiento de las provincias y los legisladores norteños, que consideran "inaceptable" el ingreso de Moyano.

Tras el faltazo que pegó el titular de Transporte, Ricardo Jaime, a la reunión de la cámara alta convocada para el último martes, los senadores Gerardo Morales (UCR-Jujuy) y Ricardo Gómez Diez (PR-Salta) salieron a reclamar la interpelación al funcionario. Quieren saber por qué razón el Gobierno le cederá gratis a Moyano las acciones del ferrocarril y no les dará a las provincias la participación que les viene prometiendo desde el 2003.