Así lo sostuvo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que reveló los detalles de esta maniobra en un fallo del viernes pasado, en el que procesó al secretario general del sindicato, José Pedraza, y a otros siete imputados por el delito de “defraudación por administración fraudulenta”.

Según el fallo de los camaristas Mariano Palazzo, Carlos González y Alberto Seija, la estafa se consumó entre 1993 y 1998 y fue de más de 34 millones de pesos.

El mecanismo, según las constancias de la causa, era el siguiente: cada mes el sindicato descontaba compulsivamente a todos sus agremiados un monto que varió a lo largo de los años, pero que siempre superó los siete pesos, para formar un fondo de sepelios.

Según informó a LA NACION un funcionario que interviene en la causa, estos descuentos, que son de dudosa legalidad -como se informa por separado- fueron, en promedio, de diez pesos.

El fondo para sepelios fue creado en 1980. Siete años más tarde, la Unión Ferroviaria tercerizó la prestación de los servicios fúnebres: contrató para que se hiciera cargo de estas prestaciones a la Asociación Mutual Intersindical de Recíproca Asistencia y Protección Integral (Amiraypi).

Mediante esta entidad, en teoría sin fines de lucro, se consumó la estafa.

Cada mes, la Unión Ferroviaria le giraba a la mutual lo obtenido por los descuentos a los trabajadores, unos ocho millones de pesos (en algunos períodos, el dinero que se le transfería a Amiraypi superaba incluso lo recaudado con los descuentos).

De acuerdo con la investigación judicial, ni siquiera la mitad de esos fondos volvieron a los ferroviarios.

Los dirigentes de la mutual no pudieron justificar el destino del 64 por ciento del dinero que recibieron del sindicato de Pedraza.

Los peritos que intervinieron en la causa sostuvieron que los acusados sólo acreditaron la salida del 36 por ciento de sus ingresos con pagos "concretados en favor de las empresas que efectivamente son prestadoras de los servicios de sepelio".

El resto, 34.359.187 pesos, fue retirado del circuito financiero "con destino desconocido".

Irregularidades

Para justificar la desaparición de ese dinero se consignaron falsas erogaciones. En ellas, según la Justicia, había "groseras" irregularidades: por ejemplo aparecían familiares de los directivos como prestadores, los proveedores tenían domicilio en el mismo edificio de la mutual y cobraba honorarios por servicios contables una mujer que no tenía experiencia en la materia (según relató una fuente judicial, era la esposa del presidente de Amiraypi, que reconoció en la causa que sólo había estudiado contabilidad en el colegio).

Pero la mayor parte del dinero de los trabajadores ferroviarios se esfumó a través de una empresa fantasma: Parcelas Argentinas.

La mutual le transfería a esta firma aproximadamente la mitad de los fondos que recibía. Su trabajo consistía en brindarles la posibilidad a los afiliados al gremio de ser enterrados en cementerios privados.

Aunque todos los meses Parcelas Argentinas cobraba unos 350.000 pesos por sus servicios, nunca un agremiado fue inhumado en estos lotes. Los investigadores llegaron a la conclusión de que jamás se les comunicó a los ferroviarios que tenían derecho a ser enterrados en cementerios privados. Así se garantizaron de que nadie reclamara este beneficio.

Como si fuera poco, la Cámara Argentina de Cementerios Parque Privados informó en el expediente que jamás había operado con Pacelas Argentinas, y cuando la Justicia allanó el domicilio en el que la empresa había denunciado que estaban sus oficinas no encontró ningún rastro de ella. Era un edificio abandonado.

En este sentido, los peritos judiciales sostuvieron que tanto la mutual Amiraypi como Parcelas Argentinas habían sido empleadas "a los efectos de extraer fondos del sistema financiero existente entre las mismas" y que se desconoce el destino final de las sumas de dinero.

Además, los camaristas destacaron que, pese a que la mutual decía ser intersindical, se probó que los únicos ingresos que tuvo venían de la Unión Ferroviaria.

Si bien Parcelas Argentinas fue el principal instrumento para la malversación, otras supuestas empresas fueron utilizadas con el mismo propósito de simulación.

Una de ellas fue Líneas Aéreas CAS. Una fuente con acceso al expediente relató a LA NACION que se demostró que la mutual contrató los servicios de esta empresa para que transportara a los trabajadores del gremio en caso de emergencia. Para tener siempre a su disposición un avión, la mutual pagaba unos 30.000 pesos mensuales, pero el servicio jamás fue utilizado por un afiliado. Sí, en cambio, por directivos del gremio.

También se pretendió hacer pasar como destinataria de los fondos de Amiraypi a una empresa de ambulancias, pero nunca pudo probarse siquiera su existencia.

Con estos elementos, la Cámara tuvo por acreditado que se crearon empresas "para hacerlas figurar como receptoras de relevantes sumas de dinero", pero que no pueden exhibir la realización de ningún trabajo.

Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION