García está acusada de haberse apropiado de bienes de víctimas de la dictadura. La justicia federal investiga si participó de una empresa vinculada con familiares del ex almirante Emilio Massera, a la que se habrían transferido bienes de empresarios detenidos en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La Comisión de Acusación del Consejo aprobó el martes último el dictamen contra la magistrada, que lleva las firmas de los consejeros Carlos Kunkel, Marcela Rodríguez, Luis Pereyra Duarte y Federico Storani.

Ahora, la ley indica que el plenario del Consejo debe votar si apoya este dictamen. Si lo hace, el caso pasa al Jurado de Enjuiciamiento, que en un plazo de seis meses debe resolver si la repone o la destituye. Ante esa perspectiva, García optó por renunciar.

La dimisión aún no fue aceptada por el Ejecutivo, según informó la agencia de noticias Télam. Ayer LA NACION intentó comunicarse, sin éxito, con el Ministerio de Justicia, que asesora al Presidente en estos casos.

Habitualmente el Consejo solicita al Ejecutivo que rechace las renuncias de los magistrados cuestionados y permita que avance el juicio político. Este caso podría ser diferente: si el Presidente acepta su renuncia, la jueza perderá inmediatamente sus fueros y quedará en condiciones de ser llamada a prestar declaración indagatoria ante la justicia federal.

La jueza fue investigada por el Consejo en 2001. Entonces, evitó el juicio político. En ese momento, la jueza admitió a los consejeros que colaboró, pero "sin saberlo", con los acusados de transferir bienes de empresarios detenidos en la ESMA y alegó que había sido forzada a integrar una escribanía en la que presuntamente se realizaban las transacciones ilegales.