El acuerdo del Senado representa el primer triunfo claro para el presidente George W. Bush en su agenda doméstica de los últimos meses. El proyecto, sin embargo, podría sufrir profundos cambios. La Cámara de Representantes aprobó su propio texto, aún más duro, en diciembre pasado, y ahora los legisladores deberán acordar entre ellos un proyecto de ley único para que pueda ser promulgado.

En un año electoral, la iniciativa disparó de inmediato una ola creciente de marchas, protestas y movilizaciones de inmigrantes, grupos defensores de los derechos civiles y la Iglesia Católica, que incluyó un paro laboral y un boicot comercial el 1° de este mes.

El Senado aprobó por 62 a 36 votos su proyecto, tras ocho días de enmiendas, retoques y acaloradas discusiones entre republicanos y demócratas.

De seguir su camino, esta reforma migratoria afectará el porvenir de millones de trabajadores y familias, en su mayoría provenientes de América latina.

El proyecto aprobado por el Senado incluye el endurecimiento de los controles fronterizos y la construcción de un triple muro de casi 600 kilómetros de largo en el límite con México. Autoriza, además, la contratación de hasta 4000 agentes adicionales para la Patrulla Fronteriza.

También establece aumentos en las multas que deben pagar los ciudadanos norteamericanos que contraten a inmigrantes ilegales y declara al inglés el idioma oficial.

Pero el proyecto también abre la vía para que unos 10 millones de inmigrantes ilegales obtengan la ciudadanía y crea un programa de empleos temporarios para que 200.000 trabajadores extranjeros puedan ingresar en Estados Unidos por tiempos prefijados.

Si se mantiene la propuesta del Senado, quienes hayan vivido en Estados Unidos de manera irregular durante menos de dos años deberán salir del país y sólo podrán aspirar a una visa de trabajo temporal, sin garantías de obtenerla. Aquellos que lleven aquí entre dos y cinco años -unos 3 millones de personas- deberán salir del país si desean obtener una visa temporaria que les permita retornar y quizá luego solicitar la residencia legal. Pero si llevan más de cinco años -otros 7 millones-, podrán aspirar a la ciudadanía si tienen un empleo fijo, están al día con el pago de sus impuestos y hablan inglés.

"¿Por qué no podemos decirles a los trabajadores indocumentados que están haciendo el trabajo que el resto de nosotros no queremos hacer: «Salgan de las sombras»?", se preguntó durante la sesión el senador republicano John McCain, uno de los principales arquitectos del proyecto de reforma, el más amplio desde 1986.

Más inclusivo

La votación de ayer representó un triunfo para Bush, que durante sus dos campañas electorales defendió un programa laboral e inmigratorio más inclusivo, al recordar que Estados Unidos siempre fue un país de puertas abiertas, y que la semana pasada dejó en claro su apoyo al proyecto del Senado, en un mensaje a la nación.

"Ellos [los inmigrantes] sólo quieren para sus familias lo mismo que ustedes quieren para las suyas", argumentó el mandatario.

De todos modos, y buscando el apoyo del ala más conservadora de su propio partido, Bush anunció la semana pasada el despliegue de más de 6000 soldados de la Guardia Nacional en California, Arizona, Nuevo México y Texas, para detener a las 500.000 personas que cada año intentan cruzar la frontera.

Incluso antes de la votación de ayer, todas las miradas comenzaron a apuntar hacia las negociaciones en puerta para limar las profundas diferencias de criterio con la Cámara de Representantes.

El proyecto aprobado en diciembre último en ese recinto es mucho más duro, ya que incluye la construcción de un muro a lo largo de los 3200 kilómetros de la frontera con México, cierra toda posibilidad de una legalización de quienes ya viven en Estados Unidos -lo que tildan, críticamente, de "amnistía"- y criminaliza a quienes intenten vivir aquí sin documentos y también a quienes los ayuden.

El representante Tommy Tancredo, uno de los republicanos que impulsan una ley más restrictiva, anticipó que, al negociar, mantendrá con los senadores su posición "en defensa de una visión sobre la inmigración que priorice la seguridad".

Esa es la visión que defiende un sector del electorado que tendrá un peso decisivo en las elecciones legislativas de noviembre próximo, en las que se renovarán las bancas del Senado y la Cámara de Representantes. De hecho, la oposición más fuerte a los inmigrantes tiende a observarse en las zonas del interior del país, donde los extranjeros representan menos del 5 por ciento de la población, según un estudio del instituto Pew.

"Unificar el proyecto del Senado con el de la Cámara de Representantes será un proceso muy difícil", anticipó el legislador republicano Michael Castle, una de las voces moderadas del recinto. "Hay algunos miembros de la Cámara que piensan que el Senado ha ido demasiado lejos", admitió.

Fuentes legislativas esperan que todo el proceso culmine antes del 28 de julio próximo, cuando el Congreso entre en receso por un mes.

Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.