Los estudiantes, a los que la Iglesia Católica pidió ayer "cordura", convocaron al paro luego de largas deliberaciones sobre las medidas anunciadas por la presidenta Michelle Bachelet el jueves, que no cumplieron del todo con sus demandas.
La protesta, que incluiría también a trabajadores de varios gremios, estuvo precedida de versiones de que dentro del movimiento estudiantil hay signos de quiebre y fricciones entre sus líderes, reconocidos por algunos de ellos, que buscarían seguir negociando con el gobierno.
Los estudiantes exigen básicamente más calidad en la educación y pasajes gratuitos en el transporte público. Justamente en este punto no parecen dispuestos a ceder, pese a que el gobierno aseguró que no está en condiciones de financiar ese subsidio, que demandaría más de 200 millones de dólares anuales.
Los secundarios exigen también un cambio sustancial a la actual ley de educación, que firmó el ex dictador Augusto Pinochet un día antes de entregar el poder, en 1990.
La protesta estudiantil es el mayor desafío que enfrenta Bachelet, que aún no cumplió tres meses en el poder. Se la conoce como la "revolución de los pingüinos", por el color oscuro del uniforme escolar, que incluye una camisa blanca.
A los escolares secundarios se unieron el fin de semana los universitarios y los profesores, además de otros gremios y movimientos. Pese a que la convocatoria es a mantenerse en las escuelas o lugares de trabajo y a no marchar, el gobierno ya está preparado en caso de que se realicen nuevas manifestaciones, como la del martes último, cuando se registraron masivas protestas en las calles de Santiago.
"El gobierno está preparado para hacer lo que tiene que hacer, para resguardar el orden público", dijo el vocero presidencial Ricardo Lagos Weber, que condenó que haya sectores ajenos a los estudiantes secundarios que convoquen a marchas y manifestaciones callejeras. Lagos Weber consideró que la situación "es bastante condenable y repudiable porque es instrumentalizar lo que es un movimiento legítimo de los estudiantes".
"Llamó a ser muy prudentes mañana [por hoy] y a tener muy en claro que el orden público se va a respetar", dijo, y anunció que dio instrucciones a los carabineros para que impidan "los desórdenes", durante la jornada de paro.
Bachelet anunció el jueves por la noche medidas extraordinarias para frenar las manifestaciones, que costarán unos 135 millones de dólares por año, con lo que dio por cerrada la negociación. El gobierno entregará además 200.000 raciones alimenticias adicionales y financiará prácticas profesionales de 70.000 alumnos de enseñanza técnica, pero sólo concedió el pase escolar gratuito para los más pobres.
Por su parte, la Iglesia Católica pidió ayer a los estudiantes actuar con "cordura", además de llamar a reforzar el diálogo y a priorizar recursos para la educación, aunque manifestó una clara crítica a las brechas económicas del país. "El llamado es a obrar con cordura, con racionalidad y evitar todo tipo de presiones", dijo a radio Bío Bío el obispo Alejandro Goic, presidente del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal chilena.
"Entre otras cosas, lo que está sucediendo manifiesta un profundo y sentido malestar, que hunde sus raíces en la escandalosa brecha social que afecta nuestra convivencia", manifestó la Iglesia en un comunicado de la Conferencia Episcopal.
Agencias AP, Reuters, AFP y EFE