Señaló, además, que "Uruguay actuó en forma unilateral, sin consultar a la Argentina" cuando autorizó las inversiones de las compañías ENCE, de España, y Botnia, de Finlandia, en obras "de carácter monumental" sobre la margen oriental del río.

A su turno, su par uruguayo en esta instancia, el embajador Héctor Gros Espiell, dijo, también en francés, que "sería catastrófico" que las obras fueran paralizadas. "No representan ninguna amenaza actual, ni inminente, de causar daños con carácter irreversible", alegó. Y agregó, en forma sorpresiva por no formar parte de la discusión planteada en La Haya, que Uruguay "respeta los derechos de los otros, en especial los derechos humanos, así como el combate de la corrupción" y que "el gobierno argentino no impidió los cortes en los puentes", lo cual ocasionó pérdidas millonarias a su país.

Gros Espiell prometió, al igual que los expositores uruguayos siguientes, que rebatirá hoy los "elementos nuevos" que, como anticipó ayer LA NACION, nutrieron la presentación argentina. El mensaje quiso ser claro: "Los alegatos no tienen sustancia".

Las meras menciones de la corrupción y de los bloqueos de los puentes salieron del libreto que contemplaba la delegación argentina, centrada en plantear ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas que Uruguay "violó" el Estatuto del Río Uruguay, firmado en 1975, por haber permitido que plantas con riesgo de ser contaminantes se instalaran en su ribera.

Ruiz Cerutti dijo que sería bueno que se tomen "medidas antes de que sea muy tarde". El mensaje también quiso ser claro: la soberanía, por ser un río fronterizo, pasa por el Estatuto.

En la primera jornada de las audiencias, ambas partes iban a exponer sus posiciones. Llevaba la voz cantante la Argentina por haber iniciado la demanda. Los oradores uruguayos aprovecharon el segundo turno para rebatir los argumentos e incorporaron a su discurso dos temas sobre los cuales, según Ruiz Cerutti, no habrá réplicas: los bloqueos de los asambleístas de Entre Ríos (materia del Mercosur) y la corrupción.

Para hoy está previsto que, de nuevo, tomen la palabra en el mismo orden. Con dos bajas en el tribunal por "razones médicas", su presidenta, la baronesa Rosalyn Higgins, británica, presentó a los jueces designados por la Argentina y Uruguay, Raúl Vinueza y Santiago Torres Bernárdez, respectivamente, y explicó que el Estatuto contempla a La Haya como instancia judicial en caso de controversias.

Después de Ruiz Cerutti, la presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambientales (Cedha), Romina Picolotti, se valió de imágenes satelitales y mapas para apelar a la sensibilidad del tribunal por el medio ambiente. La última foto proyectada correspondía a las primeras marchas contra las plantas, en la cuales había banderas argentinas y uruguayas en los puentes. "La Argentina no cuenta con la información sobre la magnitud del daño que causará la monstruosa construcción", resumió.

Entre los "elementos nuevos", incorporados ayer, la Argentina planteó la figura del "daño irreversible", "la dualidad de criterios con un país hermano", "la violación estrictamente legal del Estatuto", "el apuro por la paralización de las obras, de modo de evitar que se agrave el conflicto" y "la necesidad de evitar que se consume la política del hecho consumado después de la decisión unilateral de Uruguay", según explicó a LA NACION uno de los miembros de la delegación.

Los cuatro abogados extranjeros contratados por la Argentina (Marcelo Kohen es argentino, pero, por los años que lleva en el exterior, lo han incorporado en ese equipo) trazaron los ejes sobre los cuales se sustanció la demanda.

"Proyecto faraónico"

Philippe Sands, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Londres, dijo que Uruguay "tenía la obligación de consultar a la Argentina y de entregarle toda la documentación que requirió antes de tomar cualquier decisión". Kohen, profesor de la misma materia y graduado en el Instituto Internacional de Estudios de Ginebra, hizo un recuento de los pedidos no atendidos. Lawrence Boisson de Chazournes, profesor de Derecho Internacional y también graduado en Ginebra, destacó que "la buena fe es la base de la confianza recíproca". Y Alain Pellet, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de París, redondeó las consecuencias del "daño irreversible" y tildó las obras de "proyecto faraónico".

Tanto Sands como Pellet fueron los blancos de las réplicas tempranas de la delegación uruguaya. En apenas una hora y media, actualizaron los discursos que debían entregar media hora antes, por escrito, al tribunal.

"La Argentina no presentó evidencia alguna -disparó el británico Alan Boyle después de la introducción del embajador Gross Espiell-. Uruguay protege el medio ambiente; es una premisa constitucional. El tribunal nunca suspendió la construcción de una planta, menos aún en este caso, en que el daño es mínimo."

Cuestionó más tarde la interpretación del informe de la Comisión Financiera Internacional (CFI), del Banco Mundial, por el cual todo préstamo a las compañías depende de estudios complementarios, y la queja argentina por no haber recibido información.

Los expositores uruguayos destacaron que Néstor Kirchner dio por superado el conflicto en su discurso ante la Asamblea Legislativa de 2004, al igual que los cancilleres Rafael Bielsa y Didier Operti. "No hay justificativo alguno para detener las obras", concluyó el italiano Luigi Condorelli.

En realidad, si los jueces tomaran esa decisión, debería aceptarlo, así como la Argentina si fallan en contra de su petición. Apenas terminaron las presentaciones, la delegación uruguaya desapareció como un rayo con la consigna de no revelar la estrategia que aplicará hoy. Ruiz Cerutti, también acosada por ello, concluyó que, después de las presentaciones, "Uruguay no ha incorporado el Estatuto" y que "está convencido, también, de que las plantas no son contaminantes".

Si en castellano no se entendían, menos aún, parece, en francés y en inglés, los idiomas oficiales del tribunal, en donde cada parte se aferró a su posición y, más allá de las promesas de réplicas, no cedió un centímetro.

"Uruguay no puede hablar solo", concluyó Ruiz Cerutti, confiada en que el tribunal podría expedirse sobre la medida cautelar de paralización de las obras antes de su receso de verano, a mediados de julio. Contribuiría, por sí o por no, a mitigar tensiones.

Por Jorge Elías
Enviado especial