En dos años se duplicó el número de usurpadores

La Nación
 
En la Capital
Ya viven 200.000 en casas tomadas

La tendencia no hace más que acentuarse: en los últimos dos años se duplicó el número de usurpadores que viven en casas y edificios tomados en la Capital Federal. Las cifras indican que hoy 200.000 personas –100.000 más que en 2004– residen en inmuebles ocupados ilegalmente en los 48 barrios que tiene la ciudad.

Los datos se desprenden de un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y de la Legislatura porteña, que además precisa que en la Capital hay otras 70.000 personas que viven en inquilinatos y 70.000 más que residen en hospedajes y alojamientos.

El fenómeno es parte de un problema mayor: la crisis habitacional y el constante flujo migratorio que llega a la ciudad desde el conurbano, las provincias y algunos países limítrofes.

Aunque el gobierno de Jorge Telerman sostiene que no hay registros de la cantidad de casas y edificios tomados, durante la gestión del destituido Aníbal Ibarra funcionarios del área de vivienda estimaban que en la Capital había unas 2500 propiedades ocupadas.

Voceros del gobierno porteño dijeron a LA NACION que sólo se actúa cuando se trata de edificios públicos tomados o viviendas que están por ser entregadas. Y agregaron que durante el último año y medio se les dieron contención social y subsidios de hasta 500 pesos mensuales de por vida a unas 4100 familias de usurpadores que en ese período habían sido desalojadas.

Según fuentes policiales y del gobierno de la ciudad, la mayoría de los inmuebles ocupados se encuentra en el sur de la Capital. Muchos están en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y en San Telmo, Barracas, San Cristóbal, Balvanera, Constitución y La Boca. En este último barrio, hace dos semanas una riña en un conventillo usurpado por unas 80 familias terminó con tres muertos y un prófugo. También hay edificios tomados en Palermo Viejo, Villa Crespo y la traza de la ex AU3, en Colegiales y en la Paternal.

Las fuentes consultadas coinciden en que la mayoría de los habitantes de las casas tomadas provienen del conurbano; en segundo término, del interior del país, y, por último, de países limítrofes, muchos de ellos, inmigrantes indocumentados.

Quizás el flujo migratorio interno y externo explique en parte la proliferación de las usurpaciones en la Capital. Mas muchos vecinos, que pidieron no revelar su identidad por temor a represalias, aseguran que en algunos casos agrupaciones políticas de izquierda, como el Polo Obrero, el MTR y Túpac Amaru, se encargaron de buscar casas vacías y de coordinar las usurpaciones (ver aparte).

Preocupación policial

La multiplicación de tomas de edificios públicos y privados no sólo preocupa al gobierno porteño. También a la Policía Federal, que asegura que en muchos casos las propiedades usurpadas se convierten en verdaderos "aguantaderos" de delincuentes.

"Los vecinos que viven cerca de casas tomadas habitualmente denuncian diversos delitos protagonizados por los usurpadores. La policía, con autorización judicial, constantemente hace operativos para detenerlos. Pero para desalojar la policía tiene que esperar a que el propietario del inmueble impulse la restitución y un juez dé la orden para poder intervenir", dijo a LA NACION una calificada fuente de la fuerza.

En el Ministerio de Derechos Humanos porteño las ocupaciones son tratadas desde su costado social. Así, durante el último año y medio, el ministerio prestó contención a más de 20.000 usurpadores que habían sido desalojados de edificios tomados.

Los números dicen que en 2005 unos 15.000 usurpadores (3600 familias) que habían sido desalojados recibieron asistencia y subsidios del gobierno porteño, y en el primer semestre del actual otros 6000 (1500 familias) contaron con ayuda del Ministerio de Derechos Humanos.

"Nosotros vemos el lado social de la cuestión. Enviamos a nuestros asistentes y prestamos ayuda. En algunos casos, las familias que son desalojadas de edificios usurpados reciben subsidios, que pueden llegar hasta 450 pesos mensuales, por tiempo indeterminado. Con ese dinero se los ayuda a buscar un lugar para vivir", explicó a LA NACION Patricia Malanca, directora general del Sistema de Atención Inmediata del Ministerio de Derechos Humanos porteño.

Lo cierto es que las cifras revelan que la ocupación ilegal de casas y edificios se agudizó a partir de 2004. En ese año la Legislatura porteña había declarado el estado de emergencia habitacional y se estimó que en la ciudad había unas 100.000 personas en edificios tomados.

Situación deficitaria

Precisamente el informe de la Defensoría asegura que dos de cada diez habitantes de la ciudad se encuentran en una situación habitacional deficitaria. Es decir que hoy hay unas 580.000 personas que no tienen casa propia y que residen en edificios abandonados, casas tomadas, inquilinatos, conventillos y en casillas de madera, en algunas de las 18 villas reconocidas oficialmente en la Capital.

La ficha técnica se completa con el siguiente dato: en los últimos cinco años se han consolidado 24 nuevos asentamientos de emergencia en la Capital. La Coordinadora de Villas estima que en ese mismo período los asentamientos precarios pasaron de cobijar a unas 110.000 personas a albergar a más de 150.000.

Consultado por LA NACION, el diputado y presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Marcelo Meis (Recrear), dijo que la proliferación de casas usurpadas no es sólo un problema judicial.

"Acá no hay una política habitacional seria. Es un tema que sólo puede ser resuelto con un trabajo serio del Estado porteño junto con los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires, pues muchos usurpadores llegan del conurbano, de otras provincias y de países limítrofes. Mientras no haya un ley habitacional que se cumpla, los usurpadores seguirán tomando casas y edificios", concluyó.

Por Jesús A. Cornejo
De la Redacción de LA NACION

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