La diputada Stella Maris Córdoba (Frente Para la Victoria-Tucumán) impulsa un proyecto que estudia la Cámara baja
Todos quieren que se apruebe la ley que permitirá reprimir el tráfico de personas en la Argentina. Lo quiere el Gobierno, lo quiere el Congreso y lo quieren los Estados Unidos. Pero el proyecto continúa demorado por diferencias de criterio sobre hasta dónde llegar. ¿Debe abocarse a la represión del delito o también abordar la faceta social?
El Senado aprobó en diciembre un proyecto de ley que aborda la dimensión penal, en la que tipifica el delito de tráfico de personas. Lo envió a la Cámara de Diputados; allí recaló en la Comisión de Legislación Penal, donde coincidió con otra iniciativa que a lo penal le suma la prevención y la asistencia a las víctimas.
"Nuestro proyecto trata de ser integral. Además de tipificar el delito y colocarlo dentro de la órbita de la justicia federal, elevamos el mínimo de la pena para que no sea excarcelable y encaramos la idea del supuesto «consentimiento» de la víctima. Muchos confunden el tráfico con la prostitución, cuando se trata de mujeres sometidas, amenazadas", dijo aquí la diputada Stella Maris Córdoba (Frente Para la Victoria-Tucumán).
Autora del proyecto, presentado junto con legisladores justicialistas y de la oposición en octubre de 2006, Córdoba dice que la "sensibilizó mucho" la desaparición de Marita Verón, en abril de 2002, y "la lucha" de su madre, Susana Trimarco, por encontrarla.
"Escuché mucho a Susana y seguí la información que me había pasado. Tenemos la oportunidad de combatir realmente la trata de personas, un delito que está muy ligado a redes de poder, con víctimas que son las más desvalidas, mujeres humildes", cuenta.
La lucha de Susana Trimarco llevó al Departamento de Estado norteamericano a elegirla como una de las ocho figuras de todo el mundo que se destacaron por su defensa de las mujeres, según difundió en su informe sobre tráfico humano.
El Congreso de EE. UU. y el Departamento de Estado abogan por que la Argentina ponga en práctica una ley que le permita mejorar su coordinación con Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay, a través de cuyas fronteras en común florece la explotación.
"Es un delito muy complejo, difícil de ser perseguido. Hay contactos internacionales similares a los del narcotráfico, por eso es vital que el delito resulte visible para que la sociedad comprenda lo que pasa", explica Córdoba. Justamente, una de las hipótesis sobre Marita Verón es que la sacaron del país, según indicaron a LA NACION fuentes del Gobierno. Pero no existe certeza. Su madre aún busca datos ( www.casoveron.org.ar ).
Según Córdoba, un proyecto de ley consensuado podría salir de Diputados "este mes o el mes próximo" porque "existe el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen mucho interés en que lo sancionemos", aunque resta determinar el alcance del proyecto.
Según el informe del Departamento de Estado, "la Argentina es un país originario, de tránsito y de destino para hombres, mujeres y chicos traficados con fines de explotación sexual comercial y de trabajo forzado". Y coloca al país en la tercera de cuatro divisiones dentro de la "lista de vigilancia", junto con México, Egipto, China, Libia, Rusia, Camboya, Armenia y Mozambique, entre otros.
Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.
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