La apertura de la conferencia de prensa estuvo a cargo de Hugo Yasky, quien explicó que el próximo miércoles “vamos a presentar nuestra propuesta para que el Pacto Social al que convoque el Gobierno sea realmente la posibilidad de discutir la distribución de la riqueza en la Argentina, que es mucho más que discutir precios y salarios. Es discutir un nuevo modelo distributivo y un nuevo modelo productivo”. Asimismo, que demandó que hay que “consolidar una práctica de libertad y democracia sindical. Por eso, dentro de este planteo, incorporamos también la necesidad de que definitivamente se resuelva el pedido de personería gremial para la CTA”.
En referencia al denominado Pacto Social que impulsa el Gobierno nacional aseveró: “Si es solamente acuerdos de precios y salarios, sobre todo, si es un acuerdo corporativo entre cúpulas que representan a un solo sector de los empresarios, o a un solo sector de los trabajadores, no sirve”. Afirmó que hace falta “una verdadera discusión, amplia, para garantizar que se empiece realmente en este país a hacer reformas estructurales de fondo, a hacer que los que más tienen, más paguen; para que haya crédito para la pequeña y mediana empresa; para que el campo empiece a tener un nuevo modelo productivo y para que los salarios y el ingreso digno esté asegurado para todos los trabajadores”. Para eso hay que incluir “a los pequeños y medianos productores, tanto de la ciudad como del campo, que son los que garantizan la incorporación intensiva de la mano de obra y que son los que pueden democratizar la economía junto con los trabajadores”.
Por su parte, Carlos Heller, señaló que “hace falta una reforma al sistema financiero”. “hace falta -argumentó- una nueva ley de entidades financieras que defina el carácter del servicio financiero. La ley de entidades financieras en la Argentina es la ley de la dictadura militar, de Videla y Martínez de Hoz y sigue vigente. Debería ser cambiada porque es uno de los pilares en los que se apoyó el modelo que se llevó adelante a partir de la dictadura. En el modelo de sociedad que nosotros imaginamos, la entidad financiera debe ser vista como un servicio público. Y si es un servicio público, debe ser regulada. Crear reglas que determinen, por ejemplo, qué porción de la capacidad prestable de los bancos debe ir a incentivar el consumo y qué porción debe ir a apoyar el desarrollo de la actividad productiva y en especial el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. O cómo se quiere ayudar al desarrollo regional y entonces cómo a través de encajes diferenciados se lleva a los bancos a obligarlos a distribuir créditos con un sentido más federal, respetando el concepto de revertir localmente lo que se capta en cada uno de los lugares y no con un sistema que actúa como una verdadera aspiradora de fondos que recoge en todo el país y presta en ámbitos concentrados”.
Manifestó también que “un pequeño número de empresas tiene alrededor del 25 o 30% de todo el crédito que da el sistema financiero, que son unas 110 empresas. Entonces, en realidad, el sistema reproduce el modelo de concentración económica, lo acentúa y lo facilita, en vez de actuar como un elemento modificador que a través del financiamiento posibilite, por ejemplo, la creación de pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de las empresas de la economía social, las cooperativas, las empresas recuperadas. Hay amplísimos espacios de la economía que el sistema financiero debe ayudar a recrear y fortalecer si queremos construir una sociedad más justa y equitativa”.
Ante la consulta periodística sobre la continuidad de Carlos Tomada al frente del Ministerio de Trabajo, Yasky indicó que “es un hecho que de alguna manera nos exime de tener que empezar otra vez a juntar frasquitos de orina en el trámite de la personería gremial para la CTA”. Apuntó que: “Están todas las cosas dichas, todos los fundamentos legales; y el ministro Tomada, que conoce bien de qué se trata, sabe que hay absoluta justicia en el reclamo que estamos haciendo”. Y culminó diciendo que “es una decisión que el gobierno debe tomar para que sea creíble y no resulte absolutamente incongruente cualquier convocatoria al Pacto Social, habida cuenta que seríamos los únicos que participaríamos ahí en disparidad de condiciones, con el resto de los que estarían representando a sectores a los que nadie le impone por ley en qué lugar tienen que sentirse representados”.
Del acto participaron los dirigentes de la CTA Cecilia Martínez, Gustavo Rollandi y Norberto Gonzalo, además de representantes de las demás organizaciones convocantes.
Algo huele mal en el puerto marplatense. Hay aires de bronca que se acrecientan con las promesas incumplidas de los funcionarios que después del último conflicto que paralizó terminal marítima, prometieron soluciones que nunca llegaron. Varios miles de trabajadores persisten desempeñandose "en negro". Otros directamente fueron despedidos. La lucha persiste: los fileteros mantienen tomada una sede del Ministerio de Trabajo, en reclamo del blanqueo de “unos ocho mil trabajadores del sector”. (+)
El gobierno de Santiago del Estero impulsa la creación de un comité mixto con la intervención del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) para intervenir y evitar los conflictos de tierra originados en el desalojo de campesinos en la provincia, informaron las autoridades. (+)
[20/11/2007 – ACTA] Una delegación de trabajadores de la Multisectorial de Corrientes llegó a la Ciudad de Buenos Aires para denunciar gravísimos episodios de injusticia social y de cercenamiento al derecho de los trabajadores que ocurren en su provincia. (+)
[20/11/2007 – ACTA] La pretensión del gobierno provincial de impulsar la extensión de la jornada laboral en diversas dependencias del estado mereció un enérgico rechazo de la conducción bonaerense de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). (+)
En este contexto, durante el 2007 se produjo un fuerte retroceso en nuestro país con la sanción de la Ley Antiterrorista, que establece severas penas, de hasta veinte años de prisión, para quienes sean acusados de pertenecer a organizaciones acusadas de participar en actos vinculados a una supuesta “guerra contra el terrorismo”, que es a todas luces una excusa promovida por los EEUU para implantar “su” terror al margen de todo el derecho internacional desarrollado con posterioridad a la segunda guerra mundial.
Sin embargo, la aplicación local de esta ley podrá tener consecuencias muy graves para las organizaciones del campo popular en general, y para los sindicatos en particular.
En efecto, leyes similares a la aprobada en nuestro país son actualmente utilizadas para reprimir la actividad de organizaciones sindicales en España y del pueblo mapuche en Chile.
El peligro de su aplicación extensiva en nuestro país debe operar como razón suficiente para que desde la CTA impulsemos acciones para lograr su derogación. Mientras tanto, entendemos que esta ley, en la práctica, funcionará como un nuevo marco jurídico represivo del cual se nutrirá el sistema judicial argentino para continuar persiguiendo y criminalizando a los luchadores sociales de todo el país. La penalización de muchos tipos de reclamos públicos actuará, de esta manera, como elemento de disuasión en causas populares.
Un ejemplo de la existencia de una regionalización de estos conflictos es la arbitraria detención de seis integrantes del Movimiento de Campesinos del Paraguay, quienes han solicitado refugio político en nuestro país. La CTA ha realizado un acompañamiento permanente en el pedido de libertad y refugio de estos compañeros.
En este sentido, observamos con gran preocupación la reaparición de los procesos penales como mecanismo de amedrentamiento y control social de los militantes populares, tal como ha sucedido en los casos de los hospitales Garraham y Francés, los motosierristas de Misiones, y los trabajadores del Subte.
Este proceso se complementa con la persistencia de estructuras represivas enquistadas en el aparato del Estado. Desde el regreso de la democracia en 1983 han sido asesinadas por causas de gatillo fácil alrededor de 1700 personas, a pesar de las muchas purgas y desplazamientos realizados, la situaron sigue siendo crítica. Las fuerzas policiales continúan manejándose con un nivel de impunidad, que afecta por sobre todo, a los sectores mas vulnerables.
La Ley Antiterrorista, legitima el poder de la represión en este sentido. Paradójicamente muchos jueces suelen ser garantistas a la hora de juzgar a los responsables de estos crímenes: desde 1983 a la actualidad tan sólo siete causas en todo el país han tenido condena de prisión perpetua por el delito de tortura seguida de muerte, a pesar de ser una práctica recurrente en dependencias de las fuerzas de seguridad.
Por el contrario, un logro en ese sentido es que en la Provincia de Jujuy, en un hecho que no registra antecedentes, se haya juzgado a policías involucrados en la muerte de militantes populares. La CTA Jujuy, con el fundamental apoyo de la Organización Tupac Amaru, permitieron sostener este proceso que, luego de 15 meses de investigación, concluyó con el dictado de las condenas para los responsables del asesinato de Josué Mendoza, militante de la Tupac.
Finalmente, la última y brutal expresión este retroceso ha sido el asesinato del docente Carlos Fuentealba, que volvió a mostrar la persistencia de dichos aparatos represivos en la estructura estatal.
Nuevamente, desde el gobierno de la provincia de Neuquén se intentó presentar un hecho político como un supuesto exceso. Por el contrario, se trató de un policía prontuariado en actividad, que disparó a sangre fría contra un militante popular que reclamaba contra un gobernador que favorece claramente los intereses de las compañías petroleras privatizadas, y que ningunea los derechos de los trabajadores. En tal sentido, dichos asesinatos políticos no resultan de un exceso, sino de la consecuencia de la concentración y extranjerización de los recursos naturales, al margen de los intereses populares.
En este contexto, resulta más actual que nunca promover, desde la CTA, las acciones que sean necesarias para fortalecer la campaña por el reclamo de justicia por el crimen de Carlos Fuentealba.
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