Las mayores partidas están previstas, principalmente, para hacer frente a obligaciones del sistema de seguridad social, por medidas que ya están aplicándose: aumentos de montos y de cantidad de beneficios jubilatorios, y subas de las asignaciones familiares y de las pensiones graciables y de ex combatientes de la guerra de Malvinas.

Según un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), la decisión incluye un aumento de $ 11.016 millones en los créditos para gastos corrientes y de 921 millones para aplicaciones financieras, que tienen por motivo la constitución de un fondo de reserva del sistema jubilatorio de reparto. A ese fondo deberán destinarse 4653 millones, que surgen de cuentas traspasadas desde el sistema de capitalización. Respecto de esa suma, el informe de ASAP no aclara si está incluida en el monto total de incremento de partidas.

Más recaudación

Los recursos para aumentar las partidas surgen de la mayor recaudación de impuestos y de aportes y contribuciones sociales, respecto de lo que se había previsto en la ley de presupuesto. El mecanismo es repetidamente criticado por miembros de la oposición, que entienden que, al enviar el proyecto de ley de gasto anual, el Poder Ejecutivo subestima los ingresos para después poder disponer de los recursos a su antojo. Pero la mayor cantidad de fondos también responde a hechos extraordinarios, como el traspaso de ahorros previsionales que estaban en las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) y que pertenecían a personas que fueron traspasadas a reparto.

La mayor asignación va a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Exactamente, se le asignan $ 9999 millones, un 22% más que el crédito que tenía vigente al 31 de octubre, según el análisis de la ASAP.

La mayor parte de esos recursos ($ 8657 millones) tiene como destino las prestaciones previsionales, y allí se incluyen los beneficios otorgados por las moratorias que permitieron la jubilación de 1,2 millones de personas que tenían pocos aportes o ninguno. Las transferencias que la Anses debe hacerle a la obra social de los jubilados, PAMI, se incrementan en unos $ 248 millones y el pago de asignaciones familiares -cuyos montos subieron un 40% a partir de los sueldos de julio- insume una erogación extra de 750 millones, un 21% del crédito pendiente, según la ASAP.

En cuanto a los recursos de la seguridad social, los anexos de la decisión administrativa mencionan un alza de casi $ 11.780 millones, de los cuales 4653 millones surgen del traspaso de los ahorros de quienes estaban afiliados a una AFJP y teniendo 50 años (mujeres) o 55 años (varones) no llegaban a un saldo de 20.000. Además, hay otros 2827 millones que también provienen de las AFJP, en este caso de las cuentas de personas incluidas en los regímenes de docentes, científicos, jueces o diplomáticos, en los que el Estado garantiza un haber jubilatorio inicial del 82% o del 85% del último salario activo.

Al margen de la Anses, la Jefatura de Gabinete, en uso de los denominados superpoderes otorgados por ley, asignó más partidas presupuestarias al Ministerio de Desarrollo Social ($ 477 millones) para el pago de pensiones no contributivas, y a los ministerios del Interior y de Defensa (con montos de 284 y 205 millones, respectivamente), en ambos casos para afrontar los aumentos de jubilaciones y pensiones de sus cajas.

También fueron beneficiados el Ministerio de Salud, con $ 31 millones para la atención médica de beneficiarios de pensiones no contributivas; el de Economía, con 13 millones para políticas de promoción industrial; el de Justicia, que tendrá 3,6 millones para la caja jubilatoria del Servicio Penitenciario, y el Teatro Cervantes, con 3,3 millones. Si se suma la anterior ampliación del presupuesto, que fue de 14.219 millones, la cartera más beneficiada es la de Planificación, que conduce Julio De Vido y que recibió un 66% más que lo inicialmente presupuestado. Le sigue Economía, con un 63% más.