Pino Solanas: “La ley de las ART del Kirchnerismo es traidora al legado de Perón”.

Comunicados de Proyecto Sur.

Con el apoyo del macrismo, el oficialismo aprobó la ley de las ART que beneficia a las sociedades comerciales y perjudica a los trabajadores.

“El oficialismo impulsa una ley de reforma de ART contraria a los intereses de los trabajadores”, sentenció Fernando “Pino” Solanas, diputado nacional de Proyecto Sur, sobre el proyecto de reforma de la ART que la bancada oficialista impuso hoy en la Cámara Baja. “Esta reforma asegura el lucro de las sociedades comerciales con el sistema mientras los trabajadores siguen siendo víctimas de siniestros laborales”, manifestó el diputado.

“En la modificación que pretende el oficialismo, los conflictos entre las ART y las víctimas se dirimen ante las comisiones médicas. Esta situación encuentra el trabajador en una abismal disparidad frente al tremendo poder económico de las aseguradoras y sus ejércitos de médicos, contadores y abogados. Todo lo que estas empresas ganan, lo pierden los trabajadores siniestrados”, explicó Solanas.

El diputado nacional agregó que “la ley que se vota hoy parece redactada por Domingo Cavallo y tiene el típico cuño neoliberal de los ‘90. El proyecto oficial es una burla a la credibilidad, hay pocas leyes más antiperonistas y más traidoras al legado de Juan Domingo Perón de protección de la clase obrera. Los derechos de los trabajadores son derechos humanos indivisibles”.

Por último, el líder de Proyecto Sur propuso “ir hacia una mayor justicia laboral con la creación de un banco reparador, con delegados que representen a los trabajadores y un seguimiento de los siniestros.

 

 

 DIPUTADOS

Modificación de la Ley de ART: Posición de Proyecto Sur

Compartimos las participaciones de nuestros diputados durante la sesión de tratamiento de modificación de la Ley de ART.

Posición del Bloque Proyecto Sur sobre la reforma de la ley de las ART.

Fernando “Pino” Solanas – Señor presidente: el presente proyecto de ley sobre reforma de las ART es claramente contrario a los intereses de los trabajadores. Continúa asegurando a las ART el lucro con los trabajadores que son víctimas de los siniestros laborales y no termina con la famosa litigiosidad, dados sus claros aspectos inconstitucionales y discriminatorios.

Estamos ante un favor grosero al poder económico y a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo. Las ART son producto de la privatización del sistema de la seguridad social. Su existencia incuba en una gran contradicción. Son las sociedades comerciales con fines de lucro que operan en el sistema y tienen intereses opuestos a los de las víctimas de accidentes y enfermedades. Lo que ellas ganan, lo pierden los trabajadores siniestrados. La Corte Suprema de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, cuestionando la obligatoriedad de recurrir a una vía administrativa ante organismos de orden federal, como son las comisiones médicas, pero sin embargo la reforma que se intenta votar insiste en la necesidad de recurrir a ellas como una vía para la determinación de la incapacidad laboral.

Seamos claros, los conflictos entre las ART y las víctimas de siniestros laborales se dirimen ante las comisiones médicas, que actúan como tribunales médico? administrativos. Esta situación encuentra al trabajador en una abismal disparidad frente al tremendo poder económico de las aseguradoras y su ejército de médicos, abogados, contadores y actuarios.

Ésta es la realidad de los trabajadores argentinos frente a esta ley de típico cuño neoliberal. Ahora, desde el punto de vista de los intereses laborales, este proyecto es también discriminatorio, porque obliga al trabajador a renunciar a uno de los sistemas de responsabilidad que lo puede proteger, que es la Justicia laboral. Además, lo inhabilita a utilizar una de las herramientas más eficaces para solicitar reparaciones adicionales si lo considera justo.

Obligar a la víctima de un siniestro laboral a optar por un sistema de responsabilidad renunciando a otro, es un claro retroceso respecto de la situación actual, afectándose el principio de progresividad, cuya vigencia ha declarado la Corte Suprema en varios pronunciamientos con fundamento en nuestra Constitución Nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos.

En el mundo laboral, en el que rige como postulado fundamental el principio de irrenunciabilidad de los derechos, exigir al trabajador que opte entre un sistema de responsabilidad y otro, sin garantizarle el debido asesoramiento médico y legal, vicia de nulidad tal manifestación de voluntad. Pretender que el colectivo de trabajadores sea el único que no pueda utilizar los mecanismos existentes para defenderse ante los siniestros y para limitar los efectos de la correlación de fuerzas desfavorable que se le presenta ante sus patrones, es claramente inconstitucional.

En síntesis, Proyecto Sur ve con enorme agrado las propuestas que se hicieron algunas horas antes por parte del diputado Víctor De Gennaro, de creación de un banco reparador, de crear los delegados de salud laboral, y de crear el instituto de salud que haga el seguimiento de todos estos siniestros. Nosotros estamos ante un hecho no sólo vergonzoso sino que recuerda la siniestra e hipócrita historia de los años 90, cuando Domingo Cavallo hablaba de solidaridad previsional para hacer votar a la mayoría justicialista la ley de las AFJP.

Estamos ante otra ley que parece dictada por Domingo Cavallo, aquel que en el 93 le redujo a las patronales al 50 por ciento los aportes que debían hacer para promover la creación de empleo y mayores salarios. Estamos ante una ley y un Parlamento de una gran impostura. Hemos escuchado discursos que realmente son una burla a la credibilidad. Pocas leyes más antiperonistas y más traidoras al legado de Juan Perón y su modelo argentino, donde la protección de los trabajadores estaba en la centralidad de su proyecto político.

La verdad que es una vergüenza escuchar a legisladores de una bancada que se dice de procedencia peronista, como a otros legisladores de sectores de izquierda, que no titubearon en votar a cuatro manos la ley antiterrorista. (Aplausos.)

Voy a terminar diciendo que ayer el gobierno nacional, la presidenta de la Nación, capituló ante los fondos buitres al abandonar la Fragata Libertad, y hoy capitulan groseramente los derechos laborales de los trabajadores, que son derechos humanos indivisibles.

¿Hasta cuándo va a capitular esta Cámara de Diputados su reglamento y el respeto mínimo que nos debemos para debatir democráticamente leyes tan esenciales como ésta? Hasta ahora venimos votando a libro cerrado, sin modificar una coma, y llegando a las comisiones con los dictámenes ya firmados. 

Alcira Argumedo – Señor presidente: creo que tendríamos que humanizar un poco la situación y darnos cuenta de que estamos hablando de un tema donde por un lado se encuentra la tragedia de un trabajador y su familia, sea por muerte, incapacidad o cualquier otro aspecto que ha afectado duramente su salud, y por otro lado encontramos a las aseguradoras, cuyo objetivo es el negocio y el lucro. Aquí debemos tener en claro de qué lado de esta confrontación nos encontramos: si vamos a ser solidarios con la tragedia de los trabajadores o con el objetivo de lucro de las grandes aseguradoras.

Aquí se dice que una de las correcciones que se busca con esta ley es bajar la litigiosidad de los juicios por accidentes de trabajo. Nos preguntamos si este aumento de los juicios se debe al hecho de ciertos negocios de los abogados o a un incremento del masoquismo de los trabajadores, que han decidido alguna forma de amputación o agresión hacia su persona de manera tal de entrar en el litigio por accidentes de trabajo.

Se nos dice aquí que tenemos un modelo de inclusión que defiende a los trabajadores. Me permito dudar de esta afirmación. Debemos tener en cuenta que hasta comienzo de los 70 casi el 90 por ciento de los trabajadores argentinos estaba cubierto por el conjunto de los derechos sociales. Hoy esa cobertura no alcanza a más allá del 50 por ciento, porque el 50 por ciento de la población económicamente activa de la Argentina está precarizada, tercerizada, en negro o desocupada. Llamo la atención acerca de que esta proporción en los trabajadores jóvenes de entre 18 y 29 años alcanza al 75 por ciento.

Si en nueve de los últimos diez años se ha crecido a tasas sin precedentes, como se reitera muchas veces, ¿cuántos más años de crecimiento a tasas sin precedentes vamos a necesitar para tratar de devolver al conjunto de los trabajadores esos derechos conculcados, principalmente a partir de la dictadura militar genocida, que fue la condición para imponer un modelo neoliberal de explotación de los trabajadores y de saqueo de nuestros recursos estratégicos?

El tema es que frente a ese 50 por ciento y ese 75 por ciento de jóvenes trabajadores sin cobertura social, pareciera ser que los trabajadores en blanco tienen un cierto privilegio. Utilizo la palabra “privilegio” con cierta indignación, porque si esto se hace en nombre de un proyecto supuestamente nacional y popular e invocando la memoria del general Perón, es una verdadera herejía y una burla. Es la misma herejía que se hizo en esta Cámara cuando se votó la ley antiterrorista. Les digo a los legisladores que tengan cuidado con la obediencia debida, porque recuerden que la ley antiterrorista fue votada por víctimas, familiares e hijos de desaparecidos y fue repudiada por mucha gente que estaba cercana a ellos, pero era el conjunto de los organismos de derechos humanos que había llevado adelante la epopeya de la defensa de esos derechos contra la dictadura y sus secuelas.

Por eso, les digo: ustedes saben que ésta es una ley vergonzosa. Como aquí se mencionó, no están las banderas ni los militantes; ni siquiera trajeron a los “gordos”, los dirigentes sindicales más vendidos de la historia.

Señores del Frente para la Victoria: se cumplen sesenta y siete años del 17 de octubre de 1945, pero estamos haciendo leyes cada vez más regresivas. Por lo menos, no lo hagan en nombre de determinadas personas o tradiciones que son muy queridas para las mayorías sociales.

Cuidado con la obediencia debida. He conocido a muchos que después de esa obediencia debida sintieron vergüenza cuando se abrieron los archivos. He conocido a muchos que se autocriticaron por haber votado la ley de flexibilización laboral. Las consecuencias fueron sufridas por mucha gente, y eso no se revierte. 

Jorge Cardelli – Señora presidenta: en el último tiempo el gobierno nacional ha empezado a dar señales en una dirección diferente. El antecedente de esta norma es la ley antiterrorista, que también se votó por mecanismos y procedimientos que nada tienen que ver con la consulta a la ciudadanía y menos aún con los antecedentes que tenía este gobierno en materia de juicio y castigo a los genocidas.

Ahora aparece esta iniciativa que claramente tiene un sentido “antitrabajador”, justo con el mismo procedimiento, ya que la consulta a las organizaciones sindicales prácticamente ha sido inexistente; en todo caso, las que fueron consultadas no tuvieron presencia pública para debatir y debieron denunciar en otros ámbitos.

Tampoco un proyecto de estas características ha tenido la suficiente consulta. De modo que el procedimiento utilizado ha sido francamente antidemocrático. No se puede negar que esta iniciativa expresa un acuerdo político del gobierno con algunos sectores, donde la prioridad la tienen los empresarios. Está claro que los empresarios están pidiendo –más aún, exigiendo? condiciones para invertir, algunas de las cuales –así lo plantearon el año pasado? son poner techo a las paritarias, establecer un bajo salario mínimo y contar con una ART donde el costo de la salud laboral sea realmente bajo.

Insisto con lo que dije al principio: este gobierno empieza a hacer concesiones y a dar señales hacia otros sectores. No solo sigue presente el modelo mercantilista, sino que se ha profundizado. Hay sectores de la sociedad en los que el Estado no se encuentra presente: la educación, la salud y las ART.

De ninguna manera se puede decir, como tantas veces se ha jactado el gobierno, que tenemos más Estado en el control de la salud de los trabajadores o del empleo en negro. En todo lo que se vincula con la protección de los trabajadores, venimos heredando la legislación que se generó en los años 90 con el achicamiento del Ministerio del Trabajo; nada ha mejorado en materia de protección laboral.

Hay que decir la verdad: para las ART, los trabajadores son una fuente de ingresos, mientras no se enfermen mucho y denuncien poco. Podríamos decir que los trabajadores funcionan como un negocio, pero también como un enemigo. ¿Cómo podemos esperar que de las ART aparezcan políticas de prevención? No les interesa absolutamente para nada el tema de la prevención, porque tienen que vender sus servicios a las empresas y éstas no quieren pagar costos laborales.

Creemos que esta norma acentúa o profundiza un cierto gesto hacia otros sectores, concretamente los más poderosos. Teniendo en cuenta estos conceptos, no vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, y como adherimos a la propuesta de la Central de Trabajadores Argentinos adelanto que apoyaremos el dictamen presentado por el compañero De Gennaro.

5 comentarios en “Pino Solanas: “La ley de las ART del Kirchnerismo es traidora al legado de Perón”.

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