PURGA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE

Clarín

Por corrupción y torturas echaron a 71 guardiacárceles

Un total de 71 efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron separados de la fuerza por malos tratos o corrupción. La purga fue adoptada por el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, en el marco de la ley de Emergencia Penitenciaria que aprobó la Legislatura provincial el año pasado luego de reiteradas denuncias contra el SPB.

Según la resolución, los 71 oficiales y suboficiales ya no tendrán posibilidades de reinserción en el SPB. La mayoría habían tenido denuncias por malos tratos, tortura o corrupción. De acuerdo a las situaciones que contempla la Ley de Emergencia, 16 oficiales y 2 suboficiales pasarán a retiro; y 8 oficiales y 45 suboficiales fueron declarados prescindibles.

Entre los echados figuran los penitenciarios del penal de Junín que habían sido pasados a disponibilidad en febrero de 2005 por varias denuncias de presos por maltratos y apremios ilegales.

También dejaron el SPB el ex jefe de la Unidad 24 de Florencio Varela y otros cinco funcionarios que también estaban en disponibilidad, sospechados de vender clandestinamente 150 kilos de pan por día que era elaborado por los presos para colaborar con un hogar de chicos sin recursos.

Otro de los echados fue un prefecto mayor que tenía denuncias por malos tratos en su paso por las unidades 9 y 29, y otra denuncia de la 24 por "venta de cupos" (privilegios para los presos al momento de designarle un pabellón). Otro grupo está compuesto por guardias "que no cumplieron cabalmente sus deberes o no mostraron contracción al trabajo", informó el Ministerio.

En la mayoría de los casos, hay una causa judicial en trámite. Sin embargo, hay casos en que los propios detenidos prefirieron no hacer la denuncia ante el fiscal, pero de cualquier manera el Ministerio decidió actuar para no generar en el resto del personal y los internos "una sensación de impunidad", según aseguraron fuentes cercanas a Di Rocco.

"Solicitamos la ley para poder establecer estos criterios: el que pretende que la persona privada de libertad se inserte en la sociedad, cumpla su pena y sea una persona útil, tiene lugar en nuestra institución. Pero el que crea que el preso dejó de ser persona o ha perdido todos sus derechos, tiene que buscar otro lugar", dijo Di Rocco.

 
 
 
 
 
 
 
 

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