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Mientras permanecen cerrados dos de los tres pasos fronterizos que vinculan a Entre Ríos con Uruguay, una denuncia promovida por el gobernador Jorge Busti llegó ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La presentación había sido radicada el 19 de enero en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, por el presunto delito de "contaminación ambiental en grado de tentativa". Y ahora termina involucrando en el conflicto por las papeleras a la máxima instancia de la Justicia, luego de que sumara al Gobierno nacional y, esta semana, al Congreso.

En medio de la escalada de esta crisis con Uruguay, diputados y senadores aprobarán seguramente la semana próxima una declaración de aval al Gobierno para que recurra, cuando lo considere necesario, al Tribunal Internacional de La Haya con una demanda contra la construcción de las papeleras en Fray Bentos.

El canciller Jorge Taiana fue el encargado de fundamentar la posición oficial en el Congreso: el martes en Diputados y el jueves en el Senado. En la primera cita cuestionó con dureza a Uruguay y lo responsabilizó por la criris. Y dos días después, reveló que el Gobierno estudia plantear ante La Haya una medida cautelar para que sean suspendidas las obras antes de que se resuelva la cuestión de fondo sobre el posible impacto ambiental.

Esa medida había sido requerida a fines del mes pasado, y en forma unánime, por la Legislatura de Entre Ríos, que sancionó un proyecto de resolución a través del cual solicitó a la Nación que lleve la controversia a un tribunal internacional.

La sanción de esa iniciativa había sido pedida por Kirchner el 24 de enero, cuando convocó de urgencia a Busti a la Casa Rosada para definir los pasos a seguir.

Ahora, el tema llega a la Corte, porque el juez federal Guillermo Quadrilli se declaró incompetente en el caso abierto por la denuncia de Busti. El magistrado de Concepción del Uruguay consideró que la competencia originaria y exclusiva de la causa es del máximo tribunal, ya que se trata de un conflicto entre Estados y pueden estar involucrados funcionarios uruguayos.

El fallo de Quadrilli, que la semana anterior también aceptó como querellantes en la causa a Busti y su vicegobernador, Pedro Guastavino, no fue apelado Busti lo explicó diciendo que así se evita perder tiempo. Y adelantó que seguirá de cerca todo lo que suceda en la Corte Suprema.

El expediente ingresó ayer en la Secretaría Penal del máximo tribunal, a cargo de Esteban Canevari, y el lunes sería girado al procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien deberá emitir un dictamen. Si bien su opinión no es vinculante, es un paso habitual antes de que los ministros de la Corte traten el tema.

De todos modos, aquí se espera que el dictamen de Righi convalide la competencia de la Corte. Así lo entienden los abogados que patrocinan a Busti, que en su denuncia recordaron la resolución 72 de la Procuraduría, emitida el 30 de agosto de 2002.

A través de esa directiva se indicó a los fiscales federales "que deben defender la competencia del fuero de excepción en este tipo de delitos", según consta en la denuncia efectuada por Busti contra cinco directivos de Ence (Fernando García Rivero, Rosario Pou, José Luis Méndez López, Juan Ignacio Villena Ruiz-Clavijo y Pedro Blanquer Gelabert) y otros cuatro de Botnia (Ronald Beare, Kaisu Annala, Carlos Faropa y Erkki Varis).

Lo cierto es que no existen demasiados antecedentes en esta materia. Y tampoco se descarta que la Corte Suprema pueda intervenir según lo previsto en el artículo 1 del Código Penal, que refiere a "delitos cometidos o cuyos efectos deban producrise en el territorio de la Nación argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción".

En su denuncia, Busti advirtió que el funcionamiento de las papeleras en Ururguay puede llegar a contaminar el agua, el suelo y el aire de una amplia región.