"Vera es un mentiroso, un vividor. Nosotros no nos consideramos esclavos, nosotros trabajamos más porque queremos ganar más dinero", dijo a LA NACION Franklin Robles, uno de los manifestantes.

Según los talleristas, el problema reside en el precio que los fabricantes establecen para cada prenda. "La diferencia entre lo que se paga y lo que después se vende en el mercado es abismal", afirmó Walter Cartagena, integrante de la comisión coordinadora de organizaciones bolivianas.

Gilberto Ribero, miembro de la Feria de Comerciantes de La Salada, explicó que, en la actualidad, los trabajadores reciben alrededor de 60 y 70 centavos por prenda liviana terminada y entre 1,20 y 1,50 pesos en el caso de los jeans. "Por eso, estamos pidiendo precios razonables, para poder tener salarios dignos y terminar con la ilegalidad", agregó Ribero.

Sentados sobre el asfalto, con banderas de Bolivia y pancartas, los manifestantes exigían con gritos y cánticos "precios razonables", a la vez que desmentían la existencia de una relación de explotación.

Alrededor de las 14, Rolando Nogales, vocero de la comisión coordinadora, tomó un micrófono e improvisó un breve discurso. "Queremos trabajar legalmente, pero con precios justos", fueron sus primeras palabras. Nogales se encargó también de repudiar las mafias que traen bolivianos a la Argentina y de aclarar que el sistema de explotación no sólo está encabezado por sus mismos compatriotas, sino además -dijo- por "integrantes de las comunidades judía, coreana y peruana".

"Víctimas"

Héctor Kolodny, director de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), destacó que la existencia de talleres ilegales y los bajos salarios es un problema que viene ocurriendo desde hace años en el sector textil. "La gente que trabaja en estos lugares es una víctima. Sus ingresos mensuales se acercan a un 30 por ciento de lo que gana un obrero oficializado. Es parte de la explotación", afirmó a LA NACION.

En tanto, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), Jorge Kirszenbaum, dijo que no le "consta que haya miembros de la comunidad judía que sean responsables de talleres ilegales ni de explotación".

Por su parte, Jorge Kim, consejero de la Asociación de Comerciantes Coreanos en Avellaneda, dijo que "no es justa la acusación [de explotadores] porque el precio se forma en el mercado". Kim agregó: "Ellos [los bolivianos] dicen que los estamos explotando, pero explotar significa obligar a alguien y nosotros no obligamos a nadie".

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