El juez subrogante del juzgado de Instrucción N° 33, Eliseo Otero, dispuso este abultado embargo contra el gremialista y sus siete presuntos cómplices como consecuencia de la sentencia de la Cámara del Crimen que, hace dos semanas, procesó a Pedraza y lo dejó a un paso del juicio oral.

El monto del embargo está vinculado con el de la presunta defraudación a los empleados ferroviarios, que según las constancias del expediente, superó los 34 millones de pesos.

En su resolución, el juez explicó que esta medida apunta a garantizar que los acusados, de ser condenados, paguen el "perjuicio cierto" y el "lucro cesante" derivados del delito, además de las costas del juicio.

Otero quedó a cargo de juzgado de Instrucción 33 para cubrir la vacante de la jueza Ana Dieta de Herrero, que fue ascendida. La magistrada fue quien sobreseyó, a fines de 2005, a Pedraza y a los demás acusados.

Ayer, LA NACION se comunicó con el titular de la Unión Ferroviaria, que no quiso hacer declaraciones.

No obstante su comprometida situación judicial, el gremialista estuvo reunido anteayer con el presidente Néstor Kirchner y otros sindicalistas y empresarios para analizar el futuro del ferrocarril Belgrano Cargas, de cuya explotación participa la Unión Ferroviaria.

La presunta estafa de la que está acusado Pedraza se consumó entre 1993 y 1998, según el fallo de la Cámara del Crimen que firmaron los jueces Mariano Palazzo, Carlos González y Alberto Seija.

Durante estos seis años, dirigentes de la Unión Ferroviaria aplicaron descuentos mensuales -que variaron a lo largo del tiempo, pero siempre superaron los siete pesos- en los salarios de los trabajadores de su gremio.

Servicios fúnebres

Esos descuentos tenían el supuesto fin de garantizarles servicios fúnebres a los agremiados y sus familiares, pero, de acuerdo con la investigación judicial, ni siquiera la mitad de esos recursos volvieron a los ferroviarios.

El fondo para sepelios fue creado en 1980. Siete años más tarde, la Unión Ferroviaria tercerizó la prestación de los servicios fúnebres: contrató para que se hiciera cargo de estas prestaciones a la Asociación Mutual Intersindical de Recíproca Asistencia y Protección Integral (Amiraypi).

Mediante esta entidad se consumó la estafa. Cada mes, la Unión Ferroviaria le giraba a la mutual lo obtenido por los descuentos a los trabajadores, unos ocho millones de pesos.

Según el informe de los peritos judiciales, los dirigentes de la mutual no pudieron justificar el destino del 64% del dinero que recibieron del sindicato de Pedraza: $ 34.359.187, que fueron retirados del circuito financiero "con destino desconocido".

La mayor parte del dinero se esfumó a través de una empresa fantasma: Parcelas Argentinas. Esa firma debía garantizarles a los afiliados al gremio la posibilidad de ser enterrados en cementerios privados. Para eso, la mutual transfería la mitad de los fondos que recibía (unos $ 350.000 mensuales). Pero la Justicia demostró que nunca un agremiado fue inhumado en estos lotes.