El oficialismo quitará el pie del acelerador en materia de reformas laborales. Después de recibir una catarata de críticas del sector empresarial, preocupado por el inusitado impulso que cobraban algunas iniciativas en la Cámara de Diputados tendientes a erradicar algunas normas flexibilizadoras, el Gobierno ordenó "actuar con mayor prudencia".

Así lo anticipó ayer una importante fuente oficialista que aclaró, no obstante, que las iniciativas ya presentadas -alrededor de una docena- seguirán en tratamiento, aunque los tiempos para su aprobación en el recinto serán más laxos para al menos escuchar posibles objeciones.

Con esta respuesta se procura tranquilizar a los empresarios que anteayer expresaron personalmente sus inquietudes al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en la Casa Rosada. En la reunión también participaron los presidentes del bloque del PJ en Diputados, Agustín Rossi (Santa Fe), y de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde (FV-Buenos Aires), abogado de la CGT y uno de los principales fogoneros de las reformas laborales.

La decisión de aminorar el avance de esas iniciativas no significa que el Gobierno le haya quitado el apoyo a Recalde, aclaró una encumbrada fuente oficialista. De hecho, el abogado laboralista fue designado interlocutor frente a los empresarios a la hora de discutir las futuras reformas.

"Es necesario formular correcciones a la legislación laboral de los años 90, pero a partir de ahora los tiempos serán distintos. Hay que actuar con prudencia: si vamos a los empujones, lo más probable es que la reacción de la contraparte -los empresarios- nos haga fracasar en nuestro objetivo final", se sinceró la fuente.

"Además -agregó-, no podemos torpedear al sector [empresarial] cuando acabamos de sellar con ellos acuerdos de precios."

En la reunión de anteayer en la Casa Rosada los empresarios -entre quienes se contaban los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez; de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Luis Pagani; de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Alfredo Coto, y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Alberto Alvarez Gaiani, y el director de Asuntos Laborales de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Autocargas (Fadeeac), Lucio Zemborain- plantearon como una de sus principales preocupaciones la nueva ley de riesgos del trabajo. El proyecto del Ejecutivo está muy próximo a ser presentado en el Congreso y, según las fuentes consultadas, no sería del agrado de los empresarios.

El oficialismo buscó llevar tranquilidad al sector y le anticipó que sus disidencias e inquietudes serán tenidas en cuenta durante el debate parlamentario de la norma. "Por unanimidad, la comisión [de Legislación del Trabajo] ha decidido escuchar a todos los sectores importantes involucrados en esta y otras iniciativas", enfatizó Recalde.

El legislador coincidió con la decisión oficial de avanzar gradualmente en las futuras reformas laborales. Hasta ahora, Recalde había logrado en el Congreso lo que pocos diputados pudieron: aprobar en tiempo récord determinadas derogaciones a la ley de contrato de trabajo, cuestionadas por la CGT por su sesgo flexibilizador. Una de ellas es la que posibilita a un empleado accionar ante la Justicia cuando sus condiciones de trabajo se modifiquen de manera unilateral por parte del empleador.

Esa ley -promulgada anteayer pese al rechazo empresarial- dispone que hasta que se expida el juez, el empleador no podrá alterar las condiciones laborales del empleado. Además, los legisladores convirtieron en ley, también este año, el proyecto que reforma la ley de quiebras, que apunta a dar prioridad al pago al trabajador en caso de quiebra de una empresa y establece que los juicios laborales deben resolverse en el contexto de la justicia laboral, en lugar del fuero civil y comercial, como hasta ahora.

Recalde tiene en carpeta otras iniciativas favorables al trabajador; algunas ya están listas para ir al recinto. Una de ellas es la que elimina los topes indemnizatorios: la iniciativa busca ahora restituir el viejo sistema, en el que la indemnización es equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses tomando como base la mejor remuneración mensual devengado el último año. No sólo eso: el proyecto dispone que las futuras indemnizaciones no podrán ser inferiores al sueldo de dos meses.

La iniciativa está lista para ser debatida en el recinto. Pero la orden del Gobierno fue tajante: "Ahora vamos a esperar; no hay fecha fija", deslizó un diputado oficialista.

Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION

Los empresarios

• Los empresarios participarán de una comisión junto a los legisladores para analizar las iniciativas laborales.

• Una de las preocupaciones de los empresarios es la ley de riesgos del trabajo, que aún no fue modificada desde que se declaró la inconstitucionalidad.

• También pidieron el veto de la reforma del artículo 66 de la ley de contrato de trabajo.

• El Gobierno pidió actuar con cautela, después de una reunión en la que los empresarios le hicieron saber sus inquietudes.

• El diputado oficialista Agustín Rossi (Santa Fe) será el encargado de hacer de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

 

 

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