Es una crisis que recrudece y un problema que se multiplica día tras día. En la ciudad de Buenos Aires son entre 170.000 y 200.000 las personas que viven hoy en casas usurpadas, según datos de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña.
Según esas estadísticas, son cerca de 50.000 las familias que conviven con el hacinamiento, la desidia y las quejas de los vecinos. Aseguran los diputados que el gobierno porteño se ve desbordado por una crisis habitacional que aumenta sin cesar.
Cuando en 2004 se declaró la emergencia habitacional en la ciudad, la cantidad de ocupantes ilegales, según la Legislatura, llegaba a 100.000.
"El crecimiento de las usurpaciones es exponencial", afirma el arquitecto Carlos Ibáñez, actual asesor de la Comisión de Vivienda.
Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Social porteño asegura que los números son menores, que la cantidad de personas que vive en casas usurpadas ronda las 100.000.
La ministra de Desarrollo Social, Gabriela Cerrutti, admitió a LA NACION que la situación habitacional es uno de los flagelos más importantes de la Capital y que la emergencia aumentó en el último tiempo como consecuencia de los desalojos.
En julio de 2004, cuando los legisladores porteños declararon la emergencia habitacional, cerca de 360.000 personas vivían en condiciones precarias en Buenos Aires. La ley 1408 establecía la declaración del estado de emergencia habitacional por tres años y el otorgamiento de un subsidio de $ 50 millones por parte del gobierno nacional. Dos vetos del entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, impidieron su reglamentación.
Quejas de los vecinos
La Comisión de Vivienda estima que son más de 10.000 los inmuebles intrusados en la ciudad. La mayoría de ellos se concentra en la zona sur, donde San Telmo y Boedo llevan la delantera.
Según arriesga Horacio Cortes Salvagno, vicepresidente de la Cámara de Propietarios argentina, en San Telmo "hay cerca de 25.000 personas viviendo en casas usurpadas".
Los vecinos de la zona señalan, aquí y allá, la existencia de casas tomadas: "Sobre la calle México hay un montón", indica Lucía Neznamova, que hace cuatro años atiende un quiosco en Chacabuco al 600.
"No puedo asegurar, aunque lo piense, que la delincuencia venga de los habitantes de las casas tomadas", dice Santiago Copello, que trabaja en un hostel lindero a una vivienda usurpada, sobre la calle Piedras.
Pero lo que sí está claro es que a nadie le agrada la presencia de usurpadores. Susana Campra, que trabaja en una cerrajería situada en Chile al 500, sintetiza la idea de la mayoría de los vecinos: "A lo mejor no hacen nada, pero cierta inseguridad dan".
Falta de planes
Según la diputada Sandra Bergenfeld, ex presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, las políticas del gobierno porteño respecto de las casas tomadas son "nulas".
El único plan integral oficial frente a esta problemática es el Programa de Recuperación de la Traza de la Ex AU3, donde más de 1600 familias viven en casas usurpadas.
En ese tramo, comprendido entre las calles Donado, Holmberg, avenida Congreso y avenida de los Incas, la última dictadura militar había proyectado la creación de una vía rápida que atravesara toda la ciudad, para lo cual dispuso la expropiación de más de 800 viviendas. Finalmente, el proyecto quedó en la nada y las casas vacías, poco a poco, fueron intrusadas.
La iniciativa lanzada en 2001 por el gobierno local plantea diferentes alternativas para los pobladores de la ex AU3: pueden optar entre la obtención de un crédito para comprar un inmueble, la adquisición de la vivienda usurpada, la construcción de unidades habitacionales colectivas, o la solicitud de un subsidio para la autoconstrucción de viviendas económicas.
Otra de las medidas del gobierno porteño respecto de la emergencia habitacional tiene que ver con el otorgamiento de subsidios.
"El subsidio no soluciona el problema, porque no se hace un seguimiento para ver si se utiliza para fines habitacionales", afirmó Bergenfeld. Según la diputada, muchas familias subsidiadas, después, "vuelven a tomar otra casa, con lo que se continúa con el círculo vicioso".
En 2003, para hacer frente a la crisis habitacional, se creó el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Según los datos otorgados por el organismo, entre las viviendas iniciadas y por iniciar, son más de 6800 las soluciones habitacionales. A esto hay que sumar los 1300 créditos entregados y los 1500 en trámite.
Más allá de estas cifras, lo cierto es que de 2004 hasta la fecha, el IVC entregó sólo 24 viviendas. A este ritmo, teniendo en cuenta los créditos otorgados y los inmuebles ya construidos, se tardarían más de cien años en solucionar la emergencia habitacional en la ciudad.
Por María Eugenia Baliño
De la Redacción de LA NACION
Con la colaboración de Adriana M. Riva y Laura Rocha
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