No es «reestatización»: es YPF Sociedad Anónima. La ley de Cristina K. es tramposa

Por Pablo Vasco para Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.

El gobierno toma esta medida porque las cuentas no le cierran. Y aunque la propaganda K busque hacer creer que es una reestatización, la nueva ley mantiene a YPF como sociedad anónima. O sea, continúa como una empresa privada.
Siempre que puede, el kirchnerismo presenta como progresistas a sus medidas de gobierno que no lo son. Así como hace unos años Néstor Kirchner le llamó argentinización a la entrega del 25% del capital de YPF a su amigo empresario Eskenazi y sin que pusiera un solo peso, ahora Cristina Kirchner difunde que su ley es la recuperación de YPF y que va camino a la soberanía energética, dejando correr que es una reestatización.
Si bien esta iniciativa ha generado expectativas, cualquier análisis serio del texto de la ley permite asegurar que ninguna de esas tres cosas es cierta.

¿Qué recuperación? ¿El 8% del petróleo y pagando?

La ley no plantea expropiar el 100% de las acciones de YPF, sino el 51%. La multinacional Repsol seguirá teniendo el 6.43%, Eskenazi (Grupo Petersen) el 25.46%, y otras empresas y bancos extranjeros el 17.09% restante que cotiza en la Bolsa.
Además, como YPF solamente maneja un 32% del negocio petrolero del país, expropiar el 51% en realidad significa expropiar el 16% del total.
Por otra parte, de lo que se expropia de YPF un 51% es para la Nación y el otro 49% para las diez provincias productoras (miembros de la OFEPHI) -que transan por su cuenta con las transnacionales-, lo que deja afuera del reparto a las otras 14 provincias. Por eso no es una nacionalización, se mantiene la nefasta provincialización menemista y la parte real que le termina quedando al Estado nacional es apenas el 8% del petróleo total (ver gráfico).
Como si eso fuera poco, y pese a que Repsol debería indemnizar a nuestro país por las enormes ganancias retiradas, por el endeudamiento de YPF, por los incumplimientos de exploración, por el saqueo de recursos naturales no renovables y por la contaminación ambiental que nos deja, esta expropiación es realizada con pago a los saqueadores. Entonces preguntamos: ¿de qué recuperación habla Cristina?

¿Qué reestatización? ¿S.A. y sin control estatal?

Según el artículo 1º, el objetivo de la ley es «garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo… y el crecimiento equitativo y sustentable». Y el artículo 2º dice que se logrará todo eso «con el concurso del capital público y privado nacional e internacional».
Suena fenómeno, pero es verso. Jamás el capital privado, y menos aún si es extranjero, garantiza desarrollo con equidad social, ni creación de empleo, ni crecimiento equitativo y sustentable. Su único fin es obtener más y más ganancias, a costa de explotación a la clase trabajadora, despidos, saqueo al país y desigualdad social.
Para peor, en su artículo 3º, la ley eleva esa tramposa concepción de empresa mixta público-privada a la categoría de un principio estratégico. Incluye entre los «principios de la política hidrocar-burífera» el inciso c: «la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas». Y en el artículo 17º lo repite: «YPF S.A. acudirá a fuentes de financiamiento internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras».
Aparte, el hecho de que YPF no sea una empresa estatal sino una sociedad anónima tiene una gravísima consecuencia directa en cuanto al control. El artículo 15º lo dice claramente: «para el desarrollo de su actividad, YPF S.A. continuará operando como una sociedad anónima abierta… no siéndole aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades que el Estado nacional o los estados nacionales tengan participación».
El gobierno nacional, por ejemplo, hoy no ejerce ningún control en boca de pozo para saber cuánto extraen las petroleras privadas. Por eso calculan impuestos y regalías según lo que ellas mismas indican en sus «declaraciones juradas».
Con YPF operando como sociedad anónima privada, asociada a las transnacionales y sin control estatal, ¿de qué reestatización habla el kirchnerismo?

¿Qué soberanía energética? ¿84% del petróleo en manos privadas y extranjeras?

La política petrolera antina-cional aplicada por los gobiernos desde Carlos Menem hasta hoy nos hizo perder soberanía y el autoabastecimiento de combustibles. De tener el 100% del petróleo y el gas en manos del Estado, pasamos a ser el país del mundo con mayor nivel de entrega. De exportar crudo y combustibles, pasamos a sufrir problemas de abastecimiento y a tener que importar combustibles por más de 10.000 millones de dólares anuales. No se explora, se agotan los pozos existentes y cae el stock de reservas, como parte de una crisis energética que se viene agravando año tras año.
Soberanía energética significa que el país disponga de los recursos energéticos y de la tecnología para utilizarlos, y que la ciudadanía participe en las decisiones y el control sobre la energía. Acá nada de eso ocurre. El 90% de nuestra energía tiene como fuente el petróleo y el gas. Mientras esa matriz no cambie en favor de energías renovables, si los hidrocarburos los maneja el Estado habrá soberanía. Si no, fuiste.
Con esta ley de Cristina, el 92% del petróleo no lo manejará el Estado y el 84% seguirá en manos de grandes pulpos privados, como la propia Repsol, Pan American Energy (Bulgheroni y capitales chinos), la yanqui Chevron, Tecpetrol (Grupo Techint), la china Sinopec, la francesa Total y otros. Ya el ministro De Vido se está reuniendo con Petrobras y con multinacionales como la Total, la canadiense Talisman y las yanquis Exxon y Conoco para ofrecerles negocios compartidos…
Además de todo lo que arriba explicamos, la plata que el gobierno obtenga de YPF no se va a usar para las necesidades sociales, el país deberá seguir importando nafta, gasoil y fuel oil, y seguramente aumentarán sus precios.
Entonces, ¿de qué soberanía energética hablan Cristina y los K?

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