LO QUE PASA en el País

 
 

Hospital Moyano.

La Justicia obligó al gobierno porteño a presentar en no más de un mes, un cronograma definitivo de obras para encarar "una reparación integral estructural" del neuropsiquiátrico y le otorgó un plazo máximo de un año para ejecutarlas.

La jueza en lo contencioso administrativo y tributario Alejandra Petrella fue más allá y, con el objeto de asegurar que la sentencia se cumpla, instó a las autoridades a incluir en el presupuesto de 2008 las partidas necesarias para financiar tanto la reforma de las instalaciones como la asignación de recursos humanos, que también ordenó.

"Es evidente que el hospital Moyano necesita reforzar su dotación de personal. Las pacientes necesitan más y mejor atención y el edificio necesita contar con más personal de seguridad y mantenimiento", sostuvo la magistrada en un extenso fallo. En ese sentido, fijó un plazo de 30 días para que el director del establecimiento elabore un informe referido a la cantidad de personal requerido y para que el gobierno de la ciudad presente el plan de acción correspondiente para cubrir esos cargos.

El futuro jefe porteño, Mauricio Macri, deberá dar cumplimiento a la resolución judicial en una causa iniciada por una funcionaria de su espacio político, en febrero de 2005, cuando Aníbal Ibarra tenía en sus manos la administración, y que continuó durante toda la gestión de Jorge Telerman, sin que ninguno de los dos solucionara la situación de las enfermas del Moyano.

Ayer, Iván Pavlovsky, vocero de Macri, anticipó a LA NACION: "Vamos a hacer todo lo que haya que hacer en el Moyano. Dentro de la partida presupuestaria del Ministerio de Salud hay un porcentaje dedicado a mejoras estructurales en todos los hospitales".

En su fallo, Petrella considera que "de todo el proceso surge claramente que la salud mental no ha sido una prioridad del Estado" y que "no hay dudas de que existe una falta de acción concreta por parte del Estado, que lesiona derechos de sólida raigambre constitucional". Y concluye: "Tales derechos deben ser restablecidos. No sólo los derechos de las pacientes internadas, sino el colectivo de derechos de vecinos, que deben contar con un neuropsiquiátrico que cumpla las pautas dadas por la Constitución porteña, la ley básica de salud y la ley de salud mental".

Censo y alternativas

La jueza ordenó, además, al gobierno porteño, realizar, en un plazo de 60 días, un censo de las pacientes internadas y ambulatorias para determinar sus patologías, cuáles tienen alta médica y cuáles alta social.

De la misma manera, para superar el modelo de atención psiquiátrica basado sobre la institucionalización de las enfermas, la magistrada urge al Poder Ejecutivo que ponga en práctica alternativas terapéuticas "necesarias y suficientes para que las pacientes con alta médica pero sin alta social puedan reinsertarse paulatinamente en la sociedad".

"Hace casi tres años empezamos a reclamar por la violación de los derechos humanos de las enfermas y exigimos condiciones de vida dignas para ellas. Tardó, pero nos dieron la razón. Queda el sabor amargo de que los responsables de la situación no sufren ninguna consecuencia", reflexionó la diputada Acuña y reiteró: "Nos queda la responsabilidad a nosotros. Y nos vamos a hacer cargo".

Por su parte, el asesor tutelar de la ciudad, Gustavo Moreno, que custodia los derechos de los menores e incapaces e impulsó el recurso de amparo junto con Acuña, elogió el fallo judicial. "Es muy, muy bueno. Recoge todo lo que pedimos. Lo esperable es que el gobierno reconozca que no viene cumpliendo con las necesidades de infraestructura y de recursos humanos ni con las políticas de salud mental. Hasta ahora sólo el director y los médicos mostraron voluntad para cambiar", detalló.

Pese al requerimiento de LA NACION, en el Ministerio de Salud de la ciudad, hoy a cargo de Alberto de Micheli, no efectuaron declaraciones.

 

 
 

Las prepagas aumentarán un 24% antes de fin de año
Se lo comunicarán a sus afiliados en los próximos días; tienen la aprobación del Gobierno. La Nación

 

 

 

Ley de tránsito La discusión continuará hoy en la Legislatura, pero fuera de la esfera de las comisiones que aún deben evaluar la iniciativa. Ahora está en manos de los principales operadores políticos de la cámara, que esta tarde recibirán a los representantes de los camioneros, los taxistas y los colectiveros. Escucharán sus inquietudes las máximas autoridades de la Legislatura y los jefes de los bloques parlamentarios mayoritarios.

Estarán, en principio, el kirchnerista Diego Kravetz, Diego Santilli, jefe de uno de los bloques de Pro; el macrista Santiago de Estrada, vicepresidente 1° del cuerpo, y Alejandro Rabinovich, vicepresidente 3° (Coalición Cívica).

Los gremios del transporte mostraron que no están dispuestos a ceder: convocaron a un paro para el jueves 29 y a una protesta frente a la Legislatura. Adherirían a la medida de fuerza los trabajadores camioneros, colectiveros, tranviarios y marítimos.

 

 

Hubo aumentos de hasta un 14% en las naftas y el gasoil

La situación varía según la empresa, la zona y el combustible; en el interior es más caro.

 

 

 

Guillermo Moreno presiona a la Industria láctea
El secretario de Comercio Interior quiere que les paguen menos a los tamberos para que no suban los precios domésticos

 

 

 

Aumento de retenciones.

La conducción de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la entidad gremial empresarial más combativa del sector, definiría cuándo y cómo expresará su rechazo al reciente aumento de las retenciones.

Por lo pronto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) -integrante de CRA- consultará a sus bases en dos asambleas que se harán mañana y pasado mañana en Nueve de Julio y Carhué, respectivamente. "Algo deberíamos hacer, pero no sé si ahora, con el gobierno que se va o después del 10 de diciembre", afirmó el presidente de esa entidad, Pedro Apaolaza.

CRA, que agrupa a más de 300 sociedades rurales de todo el país, encabezó dos lock out contra la administración del presidente Néstor Kirchner, y Carbap  hizo un tercero en mayo pasado. Pero ahora dos cuestiones serán especialmente tenidas en cuenta a la hora de decidir una nueva protesta: el avance de la siembra de granos gruesos y la capacidad que tenga cada confederación regional para movilizar a sus bases. "Vamos a analizar cómo seguir adelante y habrá alguna definición, porque indiscutiblemente el productor está preocupado, está mal", dijo Néstor Roulet, vicepresidente de CRA.

En el resto de las entidades ruralistas prevalece la idea de seguir apostando por el diálogo y siguen esperando que el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, se muestre nuevamente disponible para recibir a los dirigentes. Pero, ante la amenaza de protestas, esa posibilidad todavía es algo remota.

 

 

 

 

 

Un comentario en “LO QUE PASA en el País

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