Los jueces vienen reclamando desde hace más de un año que Kirchner solucione la situación en la que se encuentra el cuerpo, que, según la legislación vigente, debe estar integrado por nueve jueces, mientras que, en rigor, sólo tiene siete.

La renuncia de Augusto Belluscio y la destitución de Antonio Boggiano abrieron dos vacantes. Desde entonces, la Corte tiene muchos problemas para lograr los cinco votos necesarios para conseguir mayoría. No es lo mismo conseguir cinco votos de nueve que cinco votos de siete.

Por eso, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti reclamaron reiteradamente que Kirchner debe completar las dos vacantes o, preferiblemente, promover un proyecto de ley que reduzca la Corte a siete escaños.

A comienzos de año, el Gobierno dejó trascender que no pensaba completar los cargos vacantes. En la conferencia judicial realizada, a instancias de la Corte, en Santa Fe, el mes último, varios de los ministros volvieron a formular el reclamo al Poder Ejecutivo. Ayer, Clarín publicó la versión según la cual el Presidente ahora sí estaría dispuesto a nombrar a los dos jueces vacantes.

Todavía no hay nombres ni fechas, pero la eventual decisión de Kirchner, que sorprendió a varios de sus ministros, puede ser una forma de reducir el flanco de críticas que le formulan quienes sostienen que el mandatario está especulando con la postergación de los nombramientos para efectuarlos cuando políticamente lo necesite, frente a un fallo adverso de la Corte.

Un ministro del Gobierno afirmó a este diario que la nueva posición de Kirchner no es la respuesta a una presión de la Corte, con cuyos integrantes no mantienen ningún enfrentamiento. La medida, en cambio, le cerraría un frente de críticas al Presidente.

Expedientes sin solución

En la Corte se cuentan de a miles los expedientes que no tienen solución.

Entre ellos, en un primer momento se intentó destrabar más de 40.000 causas vinculadas con el corralito y la pesificación de los depósitos bancarios -también hay decenas de expedientes jubilatorios-. Pero los jueces están tan lejos de lograr la mayoría de cinco jueces que buscaron otra categoría de casos: las hipotecas en dólares.

Esta semana, el tema les estalló a los jueces en la cara: cuando el Senado aprobó otra prórroga de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias para viviendas inferiores a $ 100.000, los senadores culparon a la Corte de no haber resuelto el asunto mediante un fallo. Mientras cuatro jueces sostienen que los deudores de bajos recursos deben ajustar la deuda por el coeficiente de variación salarial, el quinto considera que el esfuerzo compartido obliga a un sacrificio mayor.

En suma, solucionar la composición de la Corte es positivo. Pero los jueces temen por las designaciones.

Por Adrián Ventura
De la Redacción de LA NACION

Fallos pendientes

La última sentencia fue dictada hace dos semanas y ha sido la más drástica de todas: prisión perpetua, lo que significa que sólo cuando el acusado haya purgado 35 años y siempre y cuando haya observado buena conducta, podrá solicitar la libertad condicional.

Desde septiembre de 2005 se han realizado con esta modalidad siete procesos. Dos de los 11 imputados fueron absueltos. La semana pasada comenzó otro juicio en Río Tercero y próximamente otra docena de causas serán sometidas a juicios en los que intervendrán tribunales integrados por 3 jueces de carrera y 8 ciudadanos comunes elegidos del padrón electoral.

Estos, junto a los magistrados, deben decidir la culpabilidad o inocencia de los acusados, pero sólo los jueces son los que pueden fijar las penas.

Córdoba es la primera provincia donde este sistema se puso en práctica. El gobernador José Manuel de la Sota lo impulsó hace dos años y la Legislatura provincial lo aprobó en medio de la ola de multitudinarias manifestaciones que promovió Juan Carlos Blumberg en Buenos Aires.

Con este tipo de jurados se pretende incluir a la sociedad en la administración de justicia, aunque sólo podrá hacerlo en los delitos más graves, aberrantes o de corrupción pública. En realidad, hace décadas que están contemplados en la Constitución, pero no se instrumentaban.

Desconocimiento

A dos años de la ley y a ocho meses del primer juicio, el grado de desconocimiento o indiferencia de la mayor parte de la gente sigue siendo importante. Durante una recorrida realizada por LA NACION en el centro de la capital cordobesa, se pudo comprobar esa incertidumbre que contrasta con las cotidianas airadas voces que suscitan los hechos delictivos y los cuestionamientos a políticos y jueces.

"No tengo ni idea", contesta José G., controlador de una playa de estacionamiento en el centro de Córdoba. La misma respuesta se obtiene de Sandra A., moza de un bar. "Nada. No sé nada", responde a su vez Alberto P., empleado de una casa de computación.

En cambio, Rosa Albornoz, empleada de un supermercado, identifica el tema por su asociación con las películas norteamericanas. Sólo Raúl Alberto Heredia, encargado de la recepción en el edificio de la Bolsa de Comercio de Córdoba, maneja con bastante dominio la cuestión, a tal punto que sostiene que los jurados populares no sólo deben pronunciarse respecto de si el imputado es culpable o inocente, sino también de que tienen que votar la cantidad de años de cárcel.

"Está bien si agiliza la administración de justicia", evalúa el comerciante Alberto Nebbia. Eduardo Martínez, profesional, considera: "Si bien el juicio por jurados funciona muy bien en otros países, me parece que nuestra sociedad no está preparada para esto. Además, hace falta que la Justicia sea más eficiente, transparente y rápida".

Imperturbables

El primer juicio tuvo lugar en agosto de 2005 en los tribunales de San Francisco. Víctor Fernando Luna, de 25 años, fue declarado culpable de la muerte de Marcos Luis Brito, de 22. Parapetado en el techo de la casa de su padre, Luna esperó el paso de su víctima y con un certero disparó le destrozó el corazón. El fiscal enmarcó el caso en una guerra de pandillas.

Cinco jurados populares y dos jueces entendieron que fue el homicida: tres ciudadanos tuvieron dudas y se pronunciaron por la absolución.

El último proceso concluyó el martes pasado en Villa María. El fallo fue unánime: Ariel Luis Roa fue declarado responsable de haber matado de 11 puñaladas por la espalda a Graciela del Valle Saine, remisera. El móvil fue el robo. Los jueces técnicos aplicaron a Roa la máxima pena: prisión perpetua.

En este juicio, dos de los jurados suplentes -que también participan de las audiencias- se descompusieron cuando debieron analizar la autopsia y las fotografías que ilustraban el estado en que quedó el cuerpo. "Sí, me impresionaron las fotos: soy muy sensible", confió Norma Lazarte a LA NACION.

Ese episodio alimenta la polémica acerca de si un ciudadano común está en condiciones de juzgar como un magistrado de carrera. El fiscal de Villa María, Francisco Márquez, sostiene: "Hay que estar entrenado para estos hechos tan graves", y deja entrever que no está muy convencido del sistema, aunque reconoce que la experiencia lleva poco tiempo. Se inclina por un mecanismo intermedio como el de Estados Unidos, en que un jurado técnico determina previamente el mérito de las pruebas acusatorias, de modo de que la causa llegue tamizada al jurado popular.

En cambio, el doctor Cristián Requena, que presidió el tribunal del primer juicio en San Francisco, dijo que tampoco los jueces están exentos de esas impresiones fuertes. El camarista añadió que al principio él mismo tenía muchas reservas en torno del sistema, pero que hoy está persuadido de algo: "Es sumamente útil y abre una vía de participación popular en un campo dónde no existía". Estima que la suma de casos irá dando la experiencia suficiente para ir perfeccionando el sistema.

Por Juan Carlos Vaca
Corresponsal en Córdoba

Opiniones de expertos

Aída Tarditti, vocal del Superior Tribunal de Justicia

"La realización de juicios con jurados se ha desarrollado sin inconvenientes. Hasta el momento se carece de datos negativos que indiquen que no deba ser continuada. Por el contrario, para el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba la experiencia es positiva"

Oscar Roger, abogado penalista

"Los juicios que se han realizado con jurados populares han dado buenos resultados. Todas las obras del hombre son perfectibles. A medida que los jurados vayan funcionando se verán cuáles son los defectos y cuáles las ventajas."

Cristian Requena, presidente del primer juicio por jurados realizado en San Francisco

"Al principio, tenía reservas pero hoy estoy convencido de que el sistema es sumamente útil y abre una vía de participación popular en un campo donde no existía."

Carlos Hairabedian, abogado penalista

"En general, se opina que ha sido plausible el esfuerzo que han realizado los jurados, que se han mostrado conscientes de las responsabilidades que han asumido. Para opinar si el sistema debe ser o no perfeccionado hay que verlo funcionar un poco más."

Los siete juicios

En San Francisco

Fallo dividido

– Víctor Luna, condenado a 12 años de prisión por uso de arma de fuego con alevosía. .

En Bell Ville

– Eduardo Altamirano y Héctor Beewsaert, condenados a 12 años de prisión por violación de domicilio, robo calificado y tenencia ilegal de arma. Fallo unánime.

En Córdoba capital

– Carlos y Pedro Trejo fueron condenados a 15 y 19 años de prisión, respectivamente, por robo calificado y homicidio simple agravado. .

– Víctor Hugo Aguirre, a 14 años de prisión por homicidio en ocasión de robo. Fallo por unanimidad.

En Villa Dolores

– Walter Mora, 18 años de prisión por tentativa de homicidio simple agravado. Fallo unánime. – Alfredo Briones: absuelto de homicidio calificado. Fallo por unanimidad.

En Villa María

– Ariel Luis Roa: prisión perpetua. Fallo dictado por unanimidad. Juan Manuel Albornoz fue absuelto del cargo de encubrimiento.