Comunicado.
Proyecto Sur y Unidad Popular apoyaron la sanción de una Ley que, sancionada en Democracia, sustituyese a la Ley de la Dictadura; una ley que, en el espíritu invocado y contenido de su texto implicaba un significativo avance en el camino hacia la democratrización de las comunicaciones y del inmenso espacio de radio y televisión. La apoyamos en general y propusimos 25 modificaciones, de las que fueron tomadas 17 no sólo por el oficialismo, sino también por varias fuerzas de la oposición; desde un principio estuvimos en contra de la participación de las empresas telefónicas y nos opusimos a los plazos propuestos del artículo 161.
En tal sentido, estamos convencidos de que hemos contribuido significativamente a darle jerarquía legal a gran parte de los 21 puntos reclamados por la “Coalición por una Radiodifusión Democrática”. Pero las intenciones fueron defraudadas: en lugar de afianzarse la pluralidad y la desconcentración, se facilitó la fusión de Telecom con Telefónica -que siendo de capital extranjero esta en abierta violación con la ley votada- y fueron conformado una nueva concentración mediática con los amigos del gobierno.
En estos tres años, la ley no se ha aplicado porque fundamentalmente el Gobierno no quiso, y por el recurso de inaplicabilidad de los artículos 45 y 161 interpuesto judicialmente por el Grupo Clarín que derivó en la maraña de recusaciones y apelaciones cruzadas entre las partes. La no aplicación le ha permitido al Gobierno crear un multimedio propio. Llegando al extremo de que, a través del AFCA, desnaturaliza el sentido de la desconcentración de medios, ya que permite que los grupos comunicacionales se dividan en empresas manejadas por testaferros, y a la barbaridad sostenida por su titular de plantear que Telefónica de Argentina no tiene presencia en medios de comunicación.
No se ha cumplido con ninguna de las disposiciones que apoyamos en defensa de las emisoras comunitarias, de los contenidos nacionales, de la promoción y defensa de nuestro cine en las pantallas de televisión, de la democratización en la producción y en el acceso a la información. En lugar de ello, se incumplió y desnaturalizó la Ley que apoyamos: no se hizo público el Censo de Emisoras, no se hizo el Plan Técnico, se maltrató y se maltrata a las emisoras comunitarias, se aplica la pauta publicitaria con un ilegal criterio de partido, se utiliza la Cadena Nacional para agredir ciudadanos, se envía la AFIP en represalia a aquellos que osan señalar la crisis y el ajuste, además de insultar a trabajadores y jubilados, amenazar a sectores de oposición y a pequeñas empresas que sólo desean poder subsistir.
La autoridad de aplicación que terminó siendo impuesta -el AFSCA- es una caricatura de lo que siempre defendimos y propusimos: aspirábamos, y seguiremos haciéndolo, a un organismo realmente autónomo, con representación democrática de todos los sectores involucrados, sin hegemonía gubernamental y fiscalizado por un gran consejo asesor donde estén representados todos los sectores de la sociedad. Criterios que respetan taxativamente el espíritu que sobre este eje reclamaban los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
El único artículo de la Ley que parece interesarle al Gobierno y a sus operadores es el que puede utilizar para combatir al Grupo Clarín, a la vez que brinda indemnidad a sus amigos -como el grupo Vila-Manzano- y a la empresa Telefónica; para que ellos transiten sin problemas en el incumplimiento de la ley.
Proyecto Sur y Unidad Popular han defendido y defenderán la desconcentración de las licencias, pero ello realizado en el estricto respeto de las Garantías Constitucionales, con normas claras y estables, que no deben hacerse y rehacerse a la medida de la prepotencia, con el absoluto respeto de la independencia del Poder Judicial y del derecho a la defensa que, en el régimen Constitucional, todos tenemos.
Hoy el Gobierno Nacional, y sus operadores callejeros, están perdiendo el rumbo institucional y agraviando el pacto constitucional de convivencia, generando un injustificado clima de enfrentamiento que está afectando a la sociedad argentina. La sistemática y serial recusación de los magistrados que, ejerciendo sus facultades de “Tercer Poder Independiente”, deben intervenir en el conflicto judicial con el Grupo Clarín, evidencia una vez más la manifiesta intención de impedir un pronunciamiento conforme a Derecho.
Asimismo, la desubicada y agresiva declaración del Ministro Alak considerando que la extensión de una medida cautelar, dispuesta por el Poder Judicial de la Nación, sería “un alzamiento contra una ley de la Nación” y “un conflicto de poderes” pone en evidencia el grado de atropello que, en estos días, planifica y ejecuta el Gobierno Nacional contra su rival de turno. La desopilante declaración del diputado Carlos Kunkel, en relación a que la “corporación judicial está gestando un golpe institucional”, demuestra el grado de extrema enajenación de la realidad del kirchnerismo.
Respete el Gobierno la Constitución y la Ley, como es su indeclinable obligación. Respete el derecho de todos y cada uno de los argentinos y respete la independencia del Poder Judicial. No hacerlo, y continuar avanzando por el camino de la chicana judicial, la amenaza y la presión indebida, implicará sembrar vientos y tempestades en la sociedad argentina, agredirnos a todos y provocar reacciones cuyas consecuencias, seguramente, han de producir lesiones irreparables en nuestras instituciones y en nuestro cuerpo social.-
Firman los diputados nacionales: Fernando Pino Solanas, Claudio Lozano, Víctor De Gennaro, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Jorge Cardelli, Graciela Iturraspe y Antonio Riestra.
LEY DE MEDIOS
Pino Solanas: “Cristina se lleva por delante a la Justicia”.
Comunicado. El diputado Fernando “Pino” Solanas crtiicò la escalada del Gobierno y afirmó que “está generando desestabilización institucional”.
El diputado nacional, Fernando “Pino” Solana criticó al Gobierno Nacional al afirmar que “el avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre la Justicia está generando desestabilización institucional.
“Estamos ante una tergiversación de las cosas, dijo el diputado. Hace tres años que se votó la ley y el Gobierno no la aplicó. El cuento de Clarín fue la excusa que le permitió llevar al Gobierno la fusión entre Telefónica y Telecóm y organizar los negocios para que los amigos del poder se adueñaran de licencias y conformaran como nunca una concentración monopólica en manos del Estado”.
“Desde los años ’90 venimos trabajando por la democratización del espacio audivisual, por una orientación antimonopólica, por el derecho a la información cierta y oportuna, pero el Gobierno nunca aplicó la ley y ahora en esta transición no respeta las garantías institucionales”, sostuvo Solanas.
Para el líder de Proyecto Sur, “la Presidenta Cristina Fernánadez es la gran responsable de esta situación y se lleva por delante a la justicia, y nos está haciendo perder un tiempo valioso para resolver los grandes problemas de los Argentinos: la situación de los jubilados, los bajos salarios, la inflación, la mentira de la estadísticas públicas y el transporte”.
