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Educación Federal POLÍTICA

16/9 Razones para no implementar la Nueva Escuela Secundaria – NES.

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Por Ademys Violeta en el Frente de Unidad Docente.

La implementación de la NES en escuela piloto y las propuestas curriculares impulsadas por el Ministerio de Educación de la CABA, han sido motivo de mucha incertidumbre sobre el futuro de muchas materias y la situación laboral docente, mientras se “aceleró” la implementación y la elección de orientaciones sin haber definido aún la caja curricular del ciclo orientado. Las propuestas y “soluciones” curriculares como los“contenidos orientados” intentan cubrir el evidente recorte en la carga horaria de algunos materias sin fundamento disciplinar ni pedagógico sólido. Estas “soluciones”, lejos de homogeneizar los contenidos de la enseñanza, podrían dispersarlos aún más, profundizando a una fragmentación que entra en contradicción con los objetivos de la propia reforma.

Seleccionamos algunos  fundamentos para no implementar la NES:

Situación edilicia no resuelta: La mayoría de las instituciones escolares no cuentan con el espacio adecuado para las nuevas necesidades surgidas con la reforma que implican: cursado simultáneo, espacio para talleres, tutorías, etc. Las instituciones que comparten edificios en distintos turnos, verán afectado su funcionamiento por cuanto, con el aumento de la carga horaria, se superpondrían en un mismo espacio. Pese a que estos problemas vienen siendo reiteradamente denunciados desde las escuelas, el gobierno no ha hecho público ni garantiza un plan integral de reformas edilicias ni el aumento presupuestario que las mismas requieren.

Corre riesgo el turno vespertino: al extenderse el horario del turno tarde, en las instituciones que comparten edificio, no quedaría espacio ni horario para el desarrollo del turno vespertino.

Impacto de la reforma no esclarecido: El nuevo ciclo básico en las “escuelas pioneras”, y los sucesivos “lineamientos” y “propuestas” bajadas por el Ministerio para adecuar el currículum a la Resolución 84/09 del CFE, evidencian que la NES afecta las posibilidades edilicias actuales, modifica y recorta cargas horarias afectando la enseñanza y las plantas docentes, precariza afectando a “proyectos” a algunos docentes y cesantea a otros, y genera incertidumbre sobre las incumbencias de títulos requeridas para las nuevas materias, entre otras cuestiones graves. Pero el gobierno no ha hecho público ningún estudio cuantitativo ni cualitativo de ninguno de estos impactos de la reforma de la NES, y descarga sobre las escuelas sus costos y perjuicios pedagógicos y laborales sin previsión ni garantía alguna.

Reducciones de materias y cargas horarias: Para cumplir con los parámetros de homologación definidos por la Resolución 84/09 que el macrismo votó favorablemente en el CFE, el gobierno de la CABA impulsa fusiones de materias, reducciones y sobrecargas de contenidos para “ajustar” la caja curricular,“contenidos orientados” en algunas disciplinas y reducción de cargas horarias que desvirtúan el sentido de la formación general en la escuela secundaria y agravan el impacto sobre el trabajo docente, entre otras “soluciones” para “homologar”. Estos “ajustes” se impulsan sin estar definida aún la formación específica del ciclo orientado. Sin embargo, los mismos parámetros de la Resolución 84/09 establecen una disminución general para la formación específica, permitiendo prever que los impactos negativos sobre la enseñanza y el trabajo docente se extenderán también allí.

Por otra parte, aunque el gobierno dice seguir los lineamientos pedagógicos de la resolución 93/09 del CFE, en la práctica suprimió las parejas pedagógicas en Taller de Tecnología y los EDI propuestos por algunas escuelas. Así, en vez de dar garantías presupuestarias para sostener formatos pedagógicos formalmente promovidos por la propia reforma, el gobierno simplemente profundiza el ajuste sobre las escuelas.

Estabilidad docente no garantizada: La resolución 2360/13 no garantiza la estabilidad laboral de los docentes cuyas horas serán recortadas. Sólo se los mantendrá hasta la finalización de la primera cohorte en “proyectos a término” sin garantía de estabilidad. Los docentes suplentes quedarán cesanteados. A pesar de que el gobierno no ha publicado un solo estudio de impacto con datos estadísticos confiables, la cantidad de docentes que se prevé quedarán en calidad de disponibles no podrán ser reabsorbidos por el sistema en los plazos requeridos, que además fueron reducidos por la Ley 4909 de modificación de Juntas. Se requiere la elaboración de una normativa superadora de dicha resolución para evitar cesantías masivas.

Ausencia de debate pedagógico público, fundamentado e informado: El gobierno hasuplantado el debate pedagógico por “encuestas” y “consultas” superficiales sobre medidas supuestamente“técnicas”: cuántas horas se agregan o quitan de una o varias disciplinas, o qué materias se eligen para “fusionarse”, para ajustar una caja curricular mediante métodos parecidos a los ejercicios “contables. Ningún proceso de redefinición curricular e institucional puede omitir aquel debate.

Ausencia de democratización institucional: No se ha democratizado en todos los establecimientos la toma de decisiones institucionales, lo que implica una sobrecarga de responsabilidad en las definiciones y toma de decisiones en manos de los directivos. Pero además, mediante capacitaciones en universidades privadas y otros mecanismos de cooptación ideológica, el gobierno impulsa modalidades de gestión que favorecen una mayor concentración de decisiones en los directivos, apuntando a un modelo escolar basado en el gerenciamiento y la precarización laboral docente. Se impone un fuerte debate y el firme compromiso de una reorganización escolar que permita una democratización en la gestión institucional con un mayor protagonismo de todos los actores del hecho educativo.

Profesores por cargo: Aun no se ha implementado el régimen de profesores por cargo en la mayoría de las instituciones de la CABA, lo que complica aun más las posibilidades de implementación de esta reforma.

En todas las consultas realizadas a las escuelas, los docentes han respondido por unanimidad que una simple reforma curricular no podrá solucionar los graves problemas que aquejan a la escuela secundaria hoy. Hace falta una política educativa que enfrente hoy esas problemáticas. Consideramos que hoy esas políticas no existen, por esto, sugerimos a los docentes elaboren y las instituciones elaboren sus propios informes, observaciones, críticas y propuestas para fundamentar por qué, EN ESTAS CONDICIONES, NO ES POSIBLE IMPLEMENTAR LA NES.

Nuevo Régimen Académico de Primaria. Torres: “Un aplazado para la reforma educativa, Scioli debería derogarla”

Ante los cuestionamientos en la reunión de ministros bonaerenses sobre el Régimen Académico de Primaria, Francisco Torres, dirigente del MST Nueva Izquierda y Coordinador de Alternativa Docente en la Mesa de la Federación Nacional Docente (CTA), señaló. “Un ‘aplazado’ mereció la reforma educativa. El gobernador y sus ministros están molestos por cómo se la difundió, pero Scioli … Leer más »

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POLÍTICA

Reforma Judicial K: Una Multisectorial y las Centrales de Trabajadores CTA y CGT se movilizaron en contra de la propuesta del Gobierno Nacional.

Acto realizado frente al Congreso de la Nación, convocado por  la CGT, la CTA y la Multisectorial contra la reforma judicial propuesta por el Gobierno. Entrevistas a Alejandro Bodart, diputado porteño del MST – Mov. Socialista de los Trabajadores y a Vilma Ripoll, dirigente nacional del MST. Para más información ver http://www.msr.org.ar

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CONOCIMIENTO CULTURA Y COMUNICACIÓN Historia - Antropología - Arqueología POLÍTICA

Los Pueblos Indígenas recuerdan que las consecuencias del colonialismo persisten.

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas – ODHPI

El Informe 2013 del ODHPI puntualiza en la situación de los pueblos indígenas de la Patagonia. Avanzada territorial (petrolera, minera y de estancieros), criminalización de la lucha de las comunidades y la responsabilidad del Poder Judicial y político. Advierten que el proyecto de nuevo Código Civil provocará más desalojos de comunidades originarias.

(9/4/13) – La lucha mapuche en Río Negro, la resistencia indígena ante la avanzada minera en Chubut, la judicialización de 347 miembros y autoridades indígenas en Neuquén y la violación de derechos que implica la reforma del Código Civil. Son sólo algunos de los ejes del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI). “En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos”, afirma el ODHPI.

“Informe de Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la Patagonia”, es el nombre del nuevo trabajo del ODHPI, de 97 páginas, y que cuenta con la colaboración de reconocidos defensores de pueblos originarios de la Patagonia. El informe está dividido en dos grandes apartados. El primero, puntualiza la situación de cada provincia (Neuquén, Río Negro y Chubut) y, el segundo, expone casos concretos de violación de derechos colectivos.

En el inicio dedica un apartado a la actual reforma del Código Civil y las consecuencias que tendrá sobre las comunidades. “Este proyecto (enviado por el Ejecutivo Nacional) será promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación”, asegura el Observatorio, y recuerda que se violó el derecho a consulta de los pueblos indígenas (establecido en normas supralegales) e incluso contradice a la Constitución Nacional al no reconocer que la posesión tradicional indígena implica propiedad.

El informe puntualiza una decena de carencias, que vulneran derechos indígenas, del proyecto que es tratado en el Congreso Nacional. “Nadie en su sano juicio podría decir, sin pagar costos políticos, que las organizaciones y los pueblos indígenas apoyan el texto impulsado y sostenido por el gobierno nacional, tal cual como se quiere aprobar en el Congreso”, advirtió el informe 2013.

Respecto a la situación en Neuquén, puntualiza que es “particularmente grave” la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburífera, especialmente de los llamados “no convencionales” (con el método de fracking o hidrofractura) con la explotación de la formación geológica “Vaca Muerta”. Explica que el gobierno nacional y el provincial han ya reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. “Ninguno ha tomado en cuenta ni la consulta ni la participación de las comunidades mapuce afectadas. Esto es una constante y muchas de las veces se constituye a su vez, en origen de otras múltiples violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Recuerda que recién en 2012 se firmó el convenio para la ejecución de la Ley 26160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las órdenes judiciales de desalojos e insta a un relevamiento territorial). Puntualiza que la aplicación en Neuquén sigue demorada. Y todo un apartado se dedica a la criminalización. Desde 2005 hasta 2012, al menos 347 miembros del Pueblo Mapuce han enfrentado procesos judiciales.

“Los datos mencionados muestran que el objetivo del Estado en la utilización del sistema penal contra los mapuce tiende a perseguir las acciones que demuestran ejercicio de derechos (…). El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para, en definitiva, transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”, resume el informe.

De Río Negro destaca avances legislativos pero denuncia que la violación de los derechos de las comunidades mapuce son “recurrentes” y aclara que no funcionan los canales que debieran encausar los reclamos. En cuanto a la aplicación de la Ley 26160, se relevaron 64 de las 124 comunidades indígenas y, en la actualidad, se encuentra suspendido el trabajo del Equipo Técnico Operativo). Y recuerda el informe, de 2012, de la Auditoría General de la Nación, en el que se denuncian irregularidades y desmanejos presupuestarios.

En la situación de Chubut sobresale la “avanzada de la megaminería”, sobre todo en la meseta de la provincia (zona del Pueblo Mapuche-Tehuelche), de la mano de la empresa Pan American Silver en el proyecto llamado “Navidad” (de plata y plomo). El ODHPI recuerda que en Chubut está vigente la Ley 5001 (que prohíbe la actividad), pero igual el gobierno provincial habilitó la exploración en cercanías de Gan Gan y Gastre. Y recuerda que fue (y es) vulnerado el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que en Argentina tiene rango supralegal).

El Apartado II del informe puntualiza los conflictos por violaciones a los derechos colectivos. Detalla los casos de la comunidad Quintriqueo (sur de Neuquén), el Lof Prafil-Calfupán (Río Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut). También aborda la equidad de género desde el punto de vista Mapuce,

Conclusión

“Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia (…) Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos”, afirma el ODHPI y apunta como causante, en parte, al “modelo económico impulsado y profundizado, tanto a nivel nacional como en los gobiernos provinciales, que pone el centro en la explotación de los recursos naturales para su exportación o para garantizar las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas”.

Remarca las consecuencias en la Patagonia de la actividad petrolera y minera, afirma que “los Pueblos Indígenas recuerdan que las consecuencias del colonialismo persisten a pesar de la descolonización” y subraya como “lo más grave” es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se producen con “el impulso del Gobierno, la inhibición de la legislatura y el respaldo de la Justicia”.

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El diputado Alejandro Bodart del MST en Proyecto Sur habla sobre la Reforma Judicial.

Intervención de Alejandro Bodart, diputado porteño del MST en el Mov. Proyecto Sur, contra la Reforma Judicial propuesta por el Gobierno Nacional y sus diferencias con las posturas de la oposición de derecha. Bodart desarrolla las propuestas del MST para una real democratización de la justicia, con la elección directa de los jueces, la disolución del Consejo de la Magistratura y los juicios por jurado, entre otros cambios de fondo. Para más información ver http://www.mst.org.ar