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CAEL PROPONE CAMBIAR UN FERIADO RELIGIOSO POR OTRO LAICO.

Libre Diversidad

Comunicado. La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) presentó a ambas cámaras del Congreso de la Nación un proyecto de ley para avanzar en un calendario de feriados más acorde al de un Estado Laico. En particular, el proyecto propone que el feriado del 8 de diciembre, relativo a una festividad específica del culto católico, deje de ser tal, a la vez que un nuevo feriado se agregue al calendario cada 10 de diciembre como el «Día de la Democracia y los Derechos Humanos».

La semana pasada CAEL presentó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca dar un paso más en el sentido de un Estado Laico. Se trata de los expedientes P-92 (Cámara de Diputados/as) y P-31 (Senado), que presentan ante ambas cámaras un anteproyecto de ley que propone una modificación al calendario de feriados nacionales desde una perspectiva laicista. Se propone que el 8 de diciembre de cada año, en tanto feriado nacional por ser una festividad del culto católico apostólico romano, deje de serlo. Al mismo tiempo, se propone un nuevo feriado nacional de carácter laicista y argentino: el 10 de diciembre, «Día de la Democracia y los Derechos Humanos». La propuesta, también será presentada a la Presidenta de la Nación para su consideración.
El 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX estableció por revelación divina que «la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo-Jesús, Salvador del género humano». Esta afirmación debe ser considerada por las personas católicas un dogma incuestionable, en función de la doctrina de la infalibilidad pontificia que el propio Pío IX definió pocos años después.

Pero dicha supuesta infalibilidad nada tiene que ver con los principios de nuestra Constitución Nacional, que desde 1853 garantiza la libertad religiosa y de conciencia a todas las personas. Por el contrario, sostener un dogma establecido por un gobernante de un Estado extranjero, elegido por un consejo de «notables», que concentra en su figura los tres poderes del Estado y dicta declaraciones incuestionables bajo pretexto de inspiración divina y en el que sólo los varones pueden ser elegidos y participar de la toma de decisiones, colisiona abiertamente con los principios de un estado republicano, con división y control entre poderes, que promueve la igualdad entre varones y mujeres, y donde todas las decisiones de un gobernante son recurribles judicialmente y rigen plenamente libertades fundamentales de conciencia, pensamiento y expresión. Los dogmas religiosos son así incompatibles con el espíritu republicano, democrático e igualitario de nuestra Carta Magna.

Por otro lado, el 10 de diciembre tiene en nuestro país un doble sentido democrático. A nivel internacional, se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dada en la ONU en 1948, y a nivel nacional, celebramos el restablecimiento de la Democracia en 1983. Además, cada dos años autoridades nacionales y de otros niveles de gobierno eligen esa fecha para asumir sus mandatos.

Sin dudas el 10 de diciembre es un día que debería ser reivindicado para recordar la importancia de la vigencia de la Democracia y reflexionar sobre la necesidad de profundizarla y de entenderla como la base fundamental para la plena vigencia de los derechos humanos, incluyendo en estos a la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Y el 30º aniversario del retorno a la democracia es sin dudas la ocasión ideal para dar este paso.

Llamamos a todas las fuerzas políticas, en especial a las que tienen representación en el Congreso, a impulsar esta modificación para seguir avanzando hacia un Estado cada vez más laico y democrático, que garantice la plena vigencia de los derechos humanos y la libertad de conciencia y la igualdad para todas las personas.

El proyecto presentado, con sus fundamentos, puede leerse aquí.

 

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Los Pueblos Indígenas recuerdan que las consecuencias del colonialismo persisten.

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas – ODHPI

El Informe 2013 del ODHPI puntualiza en la situación de los pueblos indígenas de la Patagonia. Avanzada territorial (petrolera, minera y de estancieros), criminalización de la lucha de las comunidades y la responsabilidad del Poder Judicial y político. Advierten que el proyecto de nuevo Código Civil provocará más desalojos de comunidades originarias.

(9/4/13) – La lucha mapuche en Río Negro, la resistencia indígena ante la avanzada minera en Chubut, la judicialización de 347 miembros y autoridades indígenas en Neuquén y la violación de derechos que implica la reforma del Código Civil. Son sólo algunos de los ejes del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI). “En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos”, afirma el ODHPI.

“Informe de Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la Patagonia”, es el nombre del nuevo trabajo del ODHPI, de 97 páginas, y que cuenta con la colaboración de reconocidos defensores de pueblos originarios de la Patagonia. El informe está dividido en dos grandes apartados. El primero, puntualiza la situación de cada provincia (Neuquén, Río Negro y Chubut) y, el segundo, expone casos concretos de violación de derechos colectivos.

En el inicio dedica un apartado a la actual reforma del Código Civil y las consecuencias que tendrá sobre las comunidades. “Este proyecto (enviado por el Ejecutivo Nacional) será promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación”, asegura el Observatorio, y recuerda que se violó el derecho a consulta de los pueblos indígenas (establecido en normas supralegales) e incluso contradice a la Constitución Nacional al no reconocer que la posesión tradicional indígena implica propiedad.

El informe puntualiza una decena de carencias, que vulneran derechos indígenas, del proyecto que es tratado en el Congreso Nacional. “Nadie en su sano juicio podría decir, sin pagar costos políticos, que las organizaciones y los pueblos indígenas apoyan el texto impulsado y sostenido por el gobierno nacional, tal cual como se quiere aprobar en el Congreso”, advirtió el informe 2013.

Respecto a la situación en Neuquén, puntualiza que es “particularmente grave” la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburífera, especialmente de los llamados “no convencionales” (con el método de fracking o hidrofractura) con la explotación de la formación geológica “Vaca Muerta”. Explica que el gobierno nacional y el provincial han ya reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. “Ninguno ha tomado en cuenta ni la consulta ni la participación de las comunidades mapuce afectadas. Esto es una constante y muchas de las veces se constituye a su vez, en origen de otras múltiples violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Recuerda que recién en 2012 se firmó el convenio para la ejecución de la Ley 26160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las órdenes judiciales de desalojos e insta a un relevamiento territorial). Puntualiza que la aplicación en Neuquén sigue demorada. Y todo un apartado se dedica a la criminalización. Desde 2005 hasta 2012, al menos 347 miembros del Pueblo Mapuce han enfrentado procesos judiciales.

“Los datos mencionados muestran que el objetivo del Estado en la utilización del sistema penal contra los mapuce tiende a perseguir las acciones que demuestran ejercicio de derechos (…). El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para, en definitiva, transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”, resume el informe.

De Río Negro destaca avances legislativos pero denuncia que la violación de los derechos de las comunidades mapuce son “recurrentes” y aclara que no funcionan los canales que debieran encausar los reclamos. En cuanto a la aplicación de la Ley 26160, se relevaron 64 de las 124 comunidades indígenas y, en la actualidad, se encuentra suspendido el trabajo del Equipo Técnico Operativo). Y recuerda el informe, de 2012, de la Auditoría General de la Nación, en el que se denuncian irregularidades y desmanejos presupuestarios.

En la situación de Chubut sobresale la “avanzada de la megaminería”, sobre todo en la meseta de la provincia (zona del Pueblo Mapuche-Tehuelche), de la mano de la empresa Pan American Silver en el proyecto llamado “Navidad” (de plata y plomo). El ODHPI recuerda que en Chubut está vigente la Ley 5001 (que prohíbe la actividad), pero igual el gobierno provincial habilitó la exploración en cercanías de Gan Gan y Gastre. Y recuerda que fue (y es) vulnerado el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que en Argentina tiene rango supralegal).

El Apartado II del informe puntualiza los conflictos por violaciones a los derechos colectivos. Detalla los casos de la comunidad Quintriqueo (sur de Neuquén), el Lof Prafil-Calfupán (Río Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut). También aborda la equidad de género desde el punto de vista Mapuce,

Conclusión

“Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia (…) Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos”, afirma el ODHPI y apunta como causante, en parte, al “modelo económico impulsado y profundizado, tanto a nivel nacional como en los gobiernos provinciales, que pone el centro en la explotación de los recursos naturales para su exportación o para garantizar las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas”.

Remarca las consecuencias en la Patagonia de la actividad petrolera y minera, afirma que “los Pueblos Indígenas recuerdan que las consecuencias del colonialismo persisten a pesar de la descolonización” y subraya como “lo más grave” es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se producen con “el impulso del Gobierno, la inhibición de la legislatura y el respaldo de la Justicia”.

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Todos con Andalgalá y Tinogasta, Catamarca. PROYECTO DE DECLARACIÓN.

Comunicado.

Publicamos a continuación el proyecto de declaración presentado en la Legislatura Porteña por el diputado del MST en Proyecto Sur, Alejandro Bodart,  denunciando lo que está sucediendo en Andalgalá y repudiando la represión de Tinogasta.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su rechazo y preocupación por el bloqueo a la Ciudad de Andalgalá por patotas a sueldo de las mineras y los allanamientos selectivos realizados por la policía provincial a los ciudadanos que luchan contra la megaminería en defensa del agua y los Recursos Naturales. Y su más enérgico repudio a la violenta represión sufrida por los habitantes de Tinogasta, que realizaban una concentración pacífica en rechazo al desarrollo de la megaminería a cielo abierto en la zona del yacimiento La Alumbrera, Catamarca.

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

Los hechos de Tinogasta, que suceden a los ocurridos en Belén y antes en Famatina, y los que están sucediendo actualmente en Andagalá, configuran una profundización de la criminalización de la protesta social y el cercenamiento de las más elementales libertades democráticas consagradas en la Constitución Nacional.

En la ciudad de Andalgalá donde la mayoría de la población se opone a la explotación minera a cielo abierto, se ha instalado un bloqueo por parte de personal a sueldo de las empresas mineras, quienes amparados por la policía de la provincia de Catamarca, gobernada por Lucia Corpacci del Frente para la Victoria, actúan como fuerzas de choque y ocupación, intentando decidir quien puede entrar o no a la Ciudad, con el objetivo de amedrentar y evitar la presencia de periodistas, representantes de organismos de derechos humanos y todo aquel que tenga la apariencia de apoyar el reclamo en defensa del agua y la vida.

Mientras se produce el estado de sitio de la corporación minera extranjera, que se cree con derecho a actuar como en tiempos de la Colonia, seguramente por sus contactos con el poder político y judicial de la región, se están realizando allanamientos de la policía provincial, con orden de la fiscal Karina Name, contra los pobladores. Que según miembros de la Asamblea El Algarrobo, “allanan incluso casas de gente de más de 70 años, algunos que no son asambleístas, pero que solidariamente les llevan agua cuando lo necesitan”.

En Tinogasta, los vecinos que se concentraban en la Ruta Nacional 60, realizando un corte pacífico y selectivo exclusivamente destinado a impedir el paso de los camiones con destino al yacimiento La Alumbrera, fueron desalojados por las fuerzas de seguridad bajo las órdenes de la misma Gobernadora, disparando balas de goma, gases lacrimógenos y produciendo una agresión física directa contra los manifestantes que sufrieron traumatismos varios y debieron más de una decena ser internados en el Hospital de la zona. Como agravante también actuaron grupos de choque vinculados con la empresa.

Los pobladores de Tinogasta ejercían su legítimo derecho a manifestarse contra la Megaminería a cielo abierto, denunciando el impacto negativo a nivel ambiental, social, económico y cultural de este modelo extractivo causado por el agotamiento del agua, la contaminación de los bienes comunes, la pérdida de la biodiversidad, la destrucción del paisaje, las economías regionales y el grave riesgo para la salud por la utilización y liberación de sustancias tóxicas.

La no resolución del caso de Tinogasta, así como las protestas de Amaicha del Valle, en Tucumán y las que se preparan en Andalgalá estos días a dos años de la histórica gesta ambientalista en dicha ciudad, demuestran una creciente y extendida organización territorial en defensa del ambiente, que genera el riesgo de nuevas respuestas antidemocráticas y nos obliga a pronunciarnos rechazando las mismas.

Más allá del debate y las diversas opiniones alrededor del modelo extractivo, es nuestra obligación pronunciarnos en salvaguarda del derecho a la protesta y al reclamo de las poblaciones afectadas, consagrado por las constituciones nacional y provinciales y numerosos convenios internacionales que obligan a nuestro país a su irrestricto respeto.

Asimismo expresamos la necesidad y urgencia en encarar una profunda investigación y castigo a los responsables políticos y materiales de los actos represivos e ilegales que se están produciendo, que incluya a la empresa y sus grupos de choque, las fuerzas de seguridad y aquellos funcionarios políticos y judiciales que corresponda.

 

Represión en Tinogasta. Solidaridad del MST.

Declaraciones de Sergio García dirigente del MST en el Movimiento Proyecto Sur y de la CTA Capital en solidaridad con los ambientalistas reprimidos en Tinogasta, en ocasión de hablar en el abrazo al Hospital Alvarez, y a continuación reproducimos las imágenes de la represión transmitidas por TN.

 

Cristina Fernández de Kirchner dialoga con un supuesto obrero, destacando que no es un «dirigente político».